STC14749-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14749-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02013-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por WND Colombia S.A.S. frente al fallo de 30 de septiembre de 2022, emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la sociedad recurrente le instaur\u00f3 al Tribunal de Arbitraje conformado por la \u00e1rbitra \u00fanica Andrea Mart\u00ednez G\u00f3mez, con sede en el Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, extensiva a QMC Telecom Colombia S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 que se revoquen las providencias mediante las cuales la \u00e1rbitro denunciada rechaz\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda que le impuls\u00f3 QMC Telecom Colombia S.A.S. (15 jul. 2022), y neg\u00f3 el amparo de pobreza que pidi\u00f3 para afrontar el litigio (10 ag. 2022). <\/p>\n
Respecto del primero de los interlocutorios confutados, precis\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, comoquiera que las condiciones de la notificaci\u00f3n y el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino para replicar la demanda se verificaron a la luz del art\u00edculo 23 de la Ley 1563 de 2012, cuando deb\u00edan determinarse conforme al art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, vigente para el momento en que fue enterado del reclamo judicial de QMC Telecom Colombia S.A.S. <\/p>\n
Frente al segundo de los prove\u00eddos, destac\u00f3 que la \u00e1rbitro al resolver la petici\u00f3n de amparo de pobreza, le exigi\u00f3 acreditar que \u201cel atender los gastos del proceso, atentar\u00eda gravemente contra la subsistencia de la empresa\u201d, pese a que el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo General del Proceso solo pide afirmar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento. Agreg\u00f3 que, en todo caso, mediante el recurso de reposici\u00f3n que enfil\u00f3 contra la negativa acredit\u00f3 que su situaci\u00f3n financiera le imped\u00eda asumir los costos del juicio, sin embargo, sus reclamos fueron deso\u00eddos. <\/p>\n
Expuso, finalmente, que intent\u00f3 conjurar los defectos alegados, recurriendo las directrices acusadas, pero sin \u00e9xito, ya que la \u00e1rbitro las mantuvo mediante resoluciones de 10 y 31 de agosto, respectivamente. <\/p>\n
2.- La \u00e1rbitro y QMC Telecom Colombia S.A.S. se opusieron al amparo. <\/p>\n
3.- El Tribunal neg\u00f3 la tutela en virtud de la razonabilidad de las determinaciones objetadas. Inconforme, la quejosa impugn\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1.- Como lo ha dicho la Corte, la injerencia constitucional frente a providencias judiciales solo puede provocarse en casos de indiscutible arbitrariedad, esto es, cuando \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u201d (CSJ STC4330-2021). <\/p>\n
1.2.- En el caso, no se configura un yerro de esa naturaleza, toda vez que los mandatos criticados obedecen a una interpretaci\u00f3n plausible de las normas llamadas a regir la materia que zanjaron, as\u00ed como a un an\u00e1lisis objetivo de los hechos que las provocaron. <\/p>\n
Del rechazo de la contestaci\u00f3n de la demanda (autos 15 jul. y 10 ag. 2022). <\/p>\n
La \u00e1rbitro tuvo por extempor\u00e1nea la oposici\u00f3n de la precursora porque consider\u00f3 que, de acuerdo con el estatuto arbitral, la hab\u00eda presentado fuera de los veinte (20) d\u00edas que ten\u00eda para ese fin. <\/p>\n
Para ello, puntualiz\u00f3 que: i) a voces del art\u00edculo 23 de la Ley 1563 de 2012, \u201c[l]a notificaci\u00f3n (\u2026) del auto admisorio de la demanda (\u2026) se considerar\u00e1 hecha el d\u00eda que se reciba en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del destinatario\u201d; i) el acto de enteramiento se produjo el 1\u00b0 de junio de 2022; iii) los veinte (20) d\u00edas para replicar la demanda se cumplieron el viernes 1\u00b0 de julio siguiente; y iv) el escrito de oposici\u00f3n se radic\u00f3 el 5 de ese mes. <\/p>\n
Ahora, para descartar la aplicaci\u00f3n del canon 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020, seg\u00fan el cual, \u201c[l]a notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezaran a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u201d, esboz\u00f3, en lo esencial: <\/p>\n
i) La pauta especial regulaba \u00edntegramente la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, en el sentido de indicar que, para su materializaci\u00f3n, bastaba con poner \u201cen conocimiento del demandado\u201d la referida providencia, \u201csu remisi\u00f3n junto con la demanda y sus anexos para el respectivo traslado\u201d, sin necesidad de otras diligencias. <\/p>\n
ii) El legislador, en virtud de la libertad de configuraci\u00f3n, no incluy\u00f3 en el art\u00edculo 23 del Estatuto de Arbitraje, \u201cun t\u00e9rmino de gracia para entender surtida la notificaci\u00f3n personal\u201d. <\/p>\n
iii) El art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020 no derog\u00f3 ni modific\u00f3 dicha disposici\u00f3n; \u201csu prop\u00f3sito fue permitir la posibilidad de sustituir el tr\u00e1mite del env\u00edo previo del citatorio y del aviso\u201d, establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso, \u201cpor un sistema de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica directa, como ya estaba previsto para el proceso arbitral en el citado art\u00edculo 23 del Estatuto de Arbitraje\u201d. <\/p>\n
iii) En el presente caso, \u201cel \u00e1rbitro dispuso [en el auto admisorio de la demanda] que la notificaci\u00f3n se surtiera mediante el mecanismo especial contemplado en el art\u00edculo 23 de la Ley 1563 de 2012, que implica una notificaci\u00f3n electr\u00f3nica directa, sin previo citatorio ni aviso y sin el t\u00e9rmino de gracia previsto en el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020\u201d. <\/p>\n
iv) A su vez, la Secretar\u00eda del Tribunal de Arbitramento advirti\u00f3 \u201cexpresamente que, por esa raz\u00f3n, \u201cno hay lugar a remitir citatorio ni aviso, ni a aplicar el t\u00e9rmino de gracia de que trata el inciso tercero del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020\u2019\u201d, y que, \u201c\u2018[e]n consecuencia, a partir del d\u00eda siguiente a esta notificaci\u00f3n comienzan a contar los t\u00e9rminos respectivos\u2019\u201d. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que no luce caprichosa, si se tiene en cuenta que un caso de similares contornos a este, la Sala dijo: <\/p>\n
En el proceso arbitral, conforme al art\u00edculo 23 de la Ley 1563 de 2012, podr\u00e1n utilizarse medios electr\u00f3nicos en todas las actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto del Tribunal con las partes como con terceros, para la notificaci\u00f3n de las providencias, la presentaci\u00f3n de memoriales y la realizaci\u00f3n de audiencias, as\u00ed como para la guarda de la versi\u00f3n de las mismas y su posterior consulta. <\/p>\n
De esa manera, la notificaci\u00f3n transmitida por medios electr\u00f3nicos se considerar\u00e1 recibida el d\u00eda en que se envi\u00f3, salvo que se trate de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, caso en el cual se considerar\u00e1 hecha el d\u00eda que se reciba en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del destinatario. [Inciso 2\u00b0 art\u00edculo 23 Ejusdem] <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este tipo de notificaciones, la Corte dej\u00f3 establecido, que: <\/p>\n
\u00abpueden efectuarse a trav\u00e9s del env\u00edo de la providencia como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del destinatario, entendi\u00e9ndose para el efecto que dicha forma de notificaci\u00f3n queda surtida una vez que se acredite que su destinatario pudo tener acceso a la misma, circunstancia esta que se demuestra cuando el mensaje se encuentre disponible en la bandeja de entrada del usuario y no necesariamente con la revisi\u00f3n del mensaje por parte de su destinatario, contextos estos de distinta envergadura\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De modo que las partes no acordaron \u00abuna forma o m\u00e9todo determinado\u00bb para efectuar el mencionado \u00abacuse de recibo\u00bb, por lo que el mismo podr\u00eda verificarse, en t\u00e9rminos de ley: \u00abmediante: a) Toda comunicaci\u00f3n del destinatario, automatizada o no, o b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos.\u00bb [Art. 20\/ Ley 527 de 1999] o \u00abrealizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje\u00bb [Art. 8\u00b0 \/ Decreto 806 de 2020] o, en cualquier caso, \u00abhecha el d\u00eda que se reciba en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del destinatario\u00bb [Art. 23\/ Ley 1563 de 2012] <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no resultaba ni desproporcionado ni caprichoso que la autoridad accionada hubiese inferido que la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la controversia en comento hubiese sido recibida por su destinataria [aqu\u00ed accionante] en la fecha que claramente refleja el acuse de recibo varias veces mencionado [26 de abril de 2022] y de all\u00ed haber concluido que esta no hab\u00eda contestado la demanda, si a eso se le suma la conducta silente que en tal sentido se registr\u00f3 por parte de la interesada (se enfatiza, STC5420-2022). <\/p>\n
La resoluci\u00f3n censurada, entonces, no merece reproche alguno desde la perspectiva constitucional. <\/p>\n
De la negativa a otorgar el amparo de pobreza (autos 5 y 31 ag. 2022). <\/p>\n
Revisados los prove\u00eddos atacados, se concluye que no es cierto, como lo afirma la gestora, que la \u00e1rbitro enjuiciada le hubiese exigido acreditar sus condiciones para concederle o negarle el amparo de pobreza. Simplemente, consider\u00f3, a la luz de las evidencias aportadas por la actora, que la misma no atravesaba por dificultades econ\u00f3micas que le impidieran atender los gastos del proceso. N\u00f3tese que, entre otros aspectos, expuso: <\/p>\n
En el presente caso el Tribunal estima que no se dan las condiciones que permiten acceder al amparo porque lo revelado en los documentos remitidos dan cuenta de una situaci\u00f3n coyuntural, quiz\u00e1s de un simple apuro econ\u00f3mico derivado de la pandemia que no pone en riesgo la sostenibilidad o supervivencia de la empresa. <\/p>\n
En efecto, advierte el Tribunal que habiendo sido creada con apenas $10.000.000 de capital suscrito, en calidad de microempresa, seg\u00fan se informa en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, ha logrado, en apenas cuatro a\u00f1os y medio un patrimonio bruto de m\u00e1s de $10.000 millones de pesos, aun teniendo en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio impuesto en virtud de la pandemia derivada del Covid-19 en el a\u00f1o 2020, que motiv\u00f3 una solicitud de aplazamiento en el pago de impuestos. <\/p>\n
De hecho, la comparaci\u00f3n de los estados financieros entre los a\u00f1os 2022 (parcial) y 2021, \u00fanicos que remiti\u00f3 la peticionaria \u2212siendo este \u00faltimo apenas el inicio de la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica\u2212, informan de un crecimiento en sus activos corrientes totales de m\u00e1s del 4% y un crecimiento de los activos no corrientes totales de casi el doble. La utilidad bruta aument\u00f3 casi en el 450% y la utilidad operacional se vio afectada por un incremento en los gastos operaciones del orden del 400%, que no aparecen justificados frente a la situaci\u00f3n descrita por la peticionaria. <\/p>\n
An\u00e1lisis que tampoco luce descabellado, pues al respecto esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u00abde tal marco fluye que no es necesario que la parte o el tercero acrediten \u2013 ni siquiera sumariamente \u2013 la insuficiencia patrimonial que los mueve a \u2018solicitar el amparo de pobreza\u2019; basta que aseveren encontrarse en esas condiciones bajo la \u2018gravedad del juramento\u2019. (\u2026) <\/p>\n
Ciertamente tambi\u00e9n se advierte que el Juez accionado al analizar los medios de prueba existentes en el proceso, actuaci\u00f3n aceptada por esta Corporaci\u00f3n, para vislumbrar la situaci\u00f3n de apremio de la solicitante del amparo – \u00ab(\u2026) pues si bien para la concesi\u00f3n del amparo solicitado se deben analizar la oportunidad y las razones de \u00edndole econ\u00f3mico expuestas por la parte interesada, lo cierto es que, todo ello debe ser con los medios de convicci\u00f3n que reposen en el expediente (\u2026)\u00bb (Cit)-, no expuso argumentos que se pudiesen considerar descabellados, en la medida que, para concluir que no exist\u00edan circunstancias especiales de estrechez monetaria en cabeza de la impugnante, apel\u00f3 a las documentales aportadas, las que daban cuenta de las relaciones contractuales de la gestora, los bienes que posee y los recursos con los que cuenta (\u2026)\u201d (STC13320-2022). <\/p>\n
Ahora, no puede afirmarse que a ra\u00edz de dicha negativa el derecho de defensa de la sociedad promotora se encuentre en riesgo, toda vez que, como lo expres\u00f3 el Tribunal Arbitral, \u201c(\u2026) tiene la posibilidad de financiar [los gastos del proceso] con terceros o mediante el pago que la convocante puede hacer en su nombre en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012\u201d. Sumado a que \u201cen caso de falta de desembolso de los recursos las partes pueden acudir a la justicia ordinaria, esencialmente gratuita\u201d. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las conclusiones reprochadas, lo cierto es que no pueden ser tildadas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una hermen\u00e9utica respetable. Por ende, se avalar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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