STC14750-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14750-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03658-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Patricia Vergara Mercado contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Juli\u00e1n Alberto Soler inici\u00f3 ejecutivo contra M\u00f3nica Patricia Vergara Mercado \u2013aqu\u00ed libelista\u2013, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2021-00178), quien libr\u00f3 mandamiento de pago, por lo que, al comparecer, propuso las excepciones de falsedad material del t\u00edtulo base del recaudo, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En la diligencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, se declararon no probadas tanto la tacha de falsedad como las dem\u00e1s defensas de m\u00e9rito, raz\u00f3n por la cual se orden\u00f3 seguir adelante el recaudo en contra de la demandada, a la vez que se le conden\u00f3 de forma solidaria junto con su mandatario judicial, al pago del 20% del valor de las obligaciones contenidas en el pagar\u00e9 ($64.000.000), en aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el canon 274 ejusdem1. <\/p>\n
2.4. As\u00ed mismo, en lo atinente a la elaboraci\u00f3n del contrato de mandato y la facultad de tachar de falso el t\u00edtulo que origin\u00f3 el compulsivo, el colegiado sostuvo que \u00abyergue otro indicio que extiende un manto de duda sobre la fecha incorporada \u201317 de noviembre de 2021\u2013 si se analiza que el poder y ese contrato se suscribieron el mismo d\u00eda, en dos ciudades diferentes, habi\u00e9ndose autenticado el primero para ante la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Sincelejo como lo confirma el folio vuelto del mandato, al paso que la prestaci\u00f3n de servicios se suscribi\u00f3 en Bogot\u00e1. Esa dualidad reclamaba que, para la exculpaci\u00f3n del profesional, estuviera presente ese dato de cardinal relevancia, informaci\u00f3n no tra\u00edda al plenario de manera oportuna, previsiones de las que se deriva que no se equivoc\u00f3 la funcionaria al imponer la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, en criterio de la accionante, en el rese\u00f1ado pronunciamiento no se analiz\u00f3 \u00edntegramente la \u00abcausa il\u00edcita\u00bb sobre la que se edific\u00f3 el litigio, aunado a que tampoco se tuvo en cuenta que \u00abla decisi\u00f3n de sancionar de manera solidaria tanto al ejecutado como su apoderado, se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por cuanto, como se logra evidenciar, el hecho de que no se vea reflejada la facultad expresa de tachar de falso un documento, dentro del memorial poder, arribado al proceso, no significa que no hubiera existido una autorizaci\u00f3n expresa por el ejecutado, para que se adelantara tal actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidi\u00f3, en compendio, que se ordene al tribunal ad quem \u00abrealizar una interpretaci\u00f3n probatoria adecuada y en raz\u00f3n al debido proceso, de forma que se declar\u00e9 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n alegada por la parte demandada y se revoque la condena a la demandada la se\u00f1ora M\u00f3nica Patricia Vergara Mercado y la sanci\u00f3n al suscrito apoderado Juan Diego Diavanera Tovar de manera solidaria, de pagar a favor del demandante el valor del 20% del monto de las obligaciones contenidas en el pagar\u00e9\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado a quo en la causa revisada alleg\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital y relat\u00f3 las actuaciones. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adujo que \u00abla apelaci\u00f3n de la sentencia proferida el 2 de agosto de 2022 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta urbe, dentro del proceso 11001310300820210017800, fue resuelto en su debida oportunidad, el cinco de octubre de la anualidad que transcurre. Acto seguido, se devolvi\u00f3 el expediente para el despacho de origen conforme consta en el sistema Siglo XXI\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que se inici\u00f3 contra la aqu\u00ed solicitante (rad. n.\u00ba 2021-00178), por confirmar, en segunda instancia, la orden de seguir adelante el recaudo y la condena solidaria \u2013junto con su abogado\u2013 al pago del 20% de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n contra la aqu\u00ed censora, as\u00ed como la condena solidaria \u2013junto con su apoderado judicial\u2013 al pago del 20% sobre el monto de las obligaciones contenidas en el pagar\u00e9, en aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 274 del Estatuto Procesal, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, el ad quem precis\u00f3, inicialmente, que \u00aben la ejecuci\u00f3n para el pago del derecho incorporado en el pagar\u00e9 pueden plantearse como defensivas la inexistencia, invalidez o el incumplimiento del contrato g\u00e9nesis del t\u00edtulo valor. No en vano, la regla en cita [canon 784 C.Co.], de manera literal, se\u00f1ala que entre partes se pueden hacer valer las excepciones derivadas del negocio originario, autorizaci\u00f3n que concurre en la situaci\u00f3n sub judice, al estar plenamente probado que entre los contendientes existieron negocios vinculados a una sociedad comercial\u00bb, no obstante: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la deudora se abstuvo de plantear y discutir las vicisitudes nacidas de las \u00fanicas relaciones obrantes entre ellos [las partes] y que, por tanto, motivaban la inexistencia de la obligaci\u00f3n, al no fungir el acreedor como un completo extra\u00f1o que justificara la absoluta imposibilidad de ejercer la contradicci\u00f3n, tanto m\u00e1s ante las gestiones de cobro y la denuncia penal que antecedi\u00f3 al inicio de esta ejecuci\u00f3n, cuyo esbozo motivaba que el funcionario las asumiera de fondo y dentro de ese an\u00e1lisis decretar las pruebas solicitadas \u2013y a\u00fan de oficio\u2013. Por el contrario, la ejecutada comprimi\u00f3 su defensa a la afirmaci\u00f3n de no haber suscrito el t\u00edtulo valor \u2013en contrav\u00eda de la flagrante realidad que emanaba del pagar\u00e9\u2013 y, ante el infortunio que tuvo ese embate como resultado de la prueba grafol\u00f3gica en la que se analizaron los legajos sobre los que se impuso la m\u00e1cula de duda, se concluy\u00f3 en la uniprocedencia de las r\u00fabricas de la se\u00f1ora Vergara Mercado, quien en la actualidad pas\u00f3 a porfiar que no hay d\u00e9bito que pagar porque ella no recibi\u00f3 ese dinero\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es de recibo la justificaci\u00f3n de la precariedad defensiva que se viene comentando, seg\u00fan la cual el resguardo t\u00e9cnico solo habr\u00eda podido plantearse correctamente cuando escuch\u00f3 en el interrogatorio del demandante que la suscripci\u00f3n ocurri\u00f3 por un acto de voluntaria contrici\u00f3n de la se\u00f1ora Vergara\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ante esa novedad y a pesar de estarle vedado reorientar su defensa en ese instante procesal con la aducci\u00f3n de otras excepciones, ni siquiera aludi\u00f3 de cu\u00e1les pruebas suger\u00eda el decreto oficioso, omisi\u00f3n en la que nuevamente incurri\u00f3 en esta instancia en la que se limit\u00f3 a que se acopiara el contrato de prestaci\u00f3n de servicios que lo exoneraba de la multa impuesta y la declaraci\u00f3n del perito y de la ejecutada para refrendar que s\u00ed ten\u00eda la autorizaci\u00f3n para proponer la tacha, pero nada reclam\u00f3 para desvirtuar que el pagar\u00e9 se hubiera creado en el a\u00f1o 2018 o alguna circunstancia que enervara la pretensi\u00f3n ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
Con todo, enfatiz\u00f3 en que, a pesar de que en el sub ex\u00e1mine no se aludi\u00f3 a los elementos f\u00e1cticos en los que se soportaron las defensas esgrimidas por el apoderado de la ejecutada \u2013ya que, como all\u00ed se anot\u00f3, todas se fundaron en la supuesta falta de suscripci\u00f3n del documento cambiario\u2013, el colegiado estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como el art\u00edculo 282 adjetivo impone el deber oficioso de declarar las excepciones que el juez encuentre probadas, salvo las de prescripci\u00f3n, nulidad relativa y compensaci\u00f3n, las cuales deben alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda. Dicha norma super\u00f3 la otrora discusi\u00f3n doctrinaria que explay\u00f3 la se\u00f1ora jueza de instancia sobre la posibilidad del reconocimiento de oficio de los hechos que contrar\u00eden, extingan o modifiquen el derecho en disputa en los procesos de ejecuci\u00f3n, los que deben ser declarados, al disponer expressis verbis que esa potestad procede \u201cen todo proceso\u201d esto es, sin excepci\u00f3n alguna, supuesto avalado por la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que de encontrarse probadas \u201csituaciones jur\u00eddicas concretas que enerven o desvirt\u00faen total o parcialmente la pretensi\u00f3n, el juez est\u00e1 obligado a su reconocimiento de oficio\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, recalc\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es de rigor analizar a partir del material persuasivo acopiado si la obligaci\u00f3n incorporada al pagar\u00e9 no existe, hecho que la ejecutada aspira extraer del interrogatorio de parte del ejecutante quien manifest\u00f3 que ese dinero se le entreg\u00f3 a do\u00f1a M\u00f3nica en el a\u00f1o 2011 \u201ccomo acuerdo de pago del 50% de la participaci\u00f3n de una sociedad llamada Pallares y Vergara CIA LTDA\u201d y que \u201cyo nunca le he prestado plata a la se\u00f1ora M\u00f3nica Vergara, es el mismo negocio de siempre\u201d. En criterio de la demandada, ello denota una confesi\u00f3n de \u201cuna causa il\u00edcita, de la cual no puede sacar provecho con la anuencia del despacho, puesto que si ten\u00eda reparos respecto de la compra de las acciones de la sociedad Vergara y Pallares CIA LTDA \u2026 deb\u00eda demandar a quien se la vendi\u00f3, es decir al se\u00f1or Edgar Pallares, y no a la se\u00f1ora M\u00f3nica Vergara que nada tuvo que ver respecto de ese negocio jur\u00eddico\u201d, cuadro factual corroborado por Javier Manolo Soler, hermano del actor. <\/p>\n
Sobre la materia ha de precisarse que a pesar de que es un hecho probado la presencia de relaciones que involucraron la entrega de dinero por parte del actor para el a\u00f1o 2011 con motivo de la compra de unas acciones que aparec\u00edan a nombre de un tercero, que ese dinero se le entreg\u00f3 a la ejecutada en esa \u00e9poca, el fracaso de esa relaci\u00f3n comercial y los m\u00faltiples inconvenientes que involucraron una frustrada denuncia penal por la no restituci\u00f3n de esas erogaciones-, ello hac\u00eda imperativo, ante el cobro que se califica como injustificado, que se esbozaran todas las contingencias que informaron aquella relaci\u00f3n que, como causa remota de la emisi\u00f3n del negocial, tienen aptitud para explicar la real naturaleza del conflicto y su correcta definici\u00f3n. <\/p>\n
Empero, la omisi\u00f3n de explayar los problemas surgidos entre las partes en el pasado tornan en cierta manera inocua la posibilidad de defensa en el presente, en especial respecto de la expresi\u00f3n del consentimiento cambiario manifestado con la suscripci\u00f3n del pagar\u00e9, que ante la ausencia de material suasorio que mine el valor probatorio de esa data habr\u00e1 de tenerse por cierto que ella se materializ\u00f3 en el mes de septiembre de 2018 \u2013en palabras del demandante y de su hermano ante un acto de satisfacci\u00f3n moral y de arrepentimiento de la deudora\u2013. Este motivo que, si bien se viene a descubrir en la pr\u00e1ctica de pruebas y que, indudablemente, introduce un elemento con entidad para causar cierta perplejidad y resistencia para aceptar su realidad o certitud \u2013dados los antecedentes conflictivos obrantes entre ellos, pero que tampoco la hacen imposible\u2013, hab\u00eda podido superarse en gran manera con la descripci\u00f3n de los acontecimientos sufridos cuando la sociedad estaba en funcionamiento, la cual se frustra ante la absoluta falta de actividad demostrativa y argumentativa de la demandada que, en sentido contrario, refrendan la evocada fecha de creaci\u00f3n que obra en la literalidad del t\u00edtulo, al haberse confinado a aseverar que no firm\u00f3 el pagar\u00e9 ni la carta de instrucciones, hecho que, como ya se explic\u00f3, result\u00f3 anonadado con la prueba t\u00e9cnica. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, ese defecto en la contestaci\u00f3n tambi\u00e9n coart\u00f3 la posibilidad de que, desde el umbral del contradictorio se hubiere constre\u00f1ido al actor para que, en el traslado de las excepciones basadas \u2013por ejemplo\u2013 en que entreg\u00f3 el documento completamente en blanco, o con espacios sin llenar, o para cumplir una eventual funci\u00f3n de garant\u00eda, etc., procediera a explicar las condiciones de creaci\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, expuso que \u00abla versi\u00f3n del actor fue ratificada por su hermano \u2013testigo no redarg\u00fcido de sospechoso a pesar del inocultable inter\u00e9s que tiene en las resultas del proceso, pues es socio del demandante\u2013 quien con coherencia narr\u00f3 que por solicitud de la pasiva se produjo una reuni\u00f3n en el domicilio de ella, en la que se gest\u00f3 la suscripci\u00f3n del pagar\u00e9 y de las instrucciones, relatando los pormenores de tiempo, modo y lugar en que ello ocurri\u00f3, precisando que esos documentos ya iban elaborados en formato de computador con la inclusi\u00f3n no solo de la cantidad sino de los plazos estipulados por la propia ejecutada\u00bb. Adem\u00e1s, reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que entre las partes surgieron profundas diferencias ante el frustrado negocio societario, lo cierto es que no se ha desvirtuado de ninguna manera la fecha de suscripci\u00f3n del pagar\u00e9, la cual responde al a\u00f1o 2018 \u2013mucho tiempo despu\u00e9s de agotarse esas relaciones comerciales\u2013, graf\u00eda de la que la ejecutada ni siquiera mencion\u00f3 alguna presi\u00f3n para su imposici\u00f3n ni se aventur\u00f3 a que se determinara en la prueba pericial alg\u00fan vestigio de que la fecha asignada no corresponde a esa anualidad, omisiones que dejan como \u00fanico derrotero el entendimiento de que con esa signatura se acept\u00f3, de manera incondicional y voluntaria, la deuda. De todas formas, la literalidad del instrumento confabula contra el actual intento de esclarecimiento de que el mismo se cre\u00f3 en el a\u00f1o 2011 y que el demandante de manera abusiva lo llen\u00f3 a placer, porque no tiene ninguna explicaci\u00f3n l\u00f3gica que en esa anualidad se entregu\u00e9 un pagar\u00e9 cuyo derecho incorporado va a tener un vencimiento ocho a\u00f1os despu\u00e9s y sobre todo ante los problemas que exist\u00edan entre ellos. <\/p>\n
Ante la pobreza en la formulaci\u00f3n de las excepciones edificadas \u2013 se repite\u2013 en que la r\u00fabrica no era de su autor\u00eda y su ulterior fracaso por las resultas de la tacha, tambi\u00e9n fracasa la mutaci\u00f3n defensiva dirigida a sentar que el origen de ese escrito responde a que como representante legal de la sociedad era usual que girara en garant\u00eda documentos, incluso avalando como persona natural algunos compromisos. Esas afirmaciones \u2013como bien lo analiz\u00f3 la falladora de primer nivel\u2013 resultan dudosas porque aquellas garant\u00edas se extend\u00edan a relaciones con terceros por negociaciones que involucraban a la sociedad, quedando ayuna esa explicaci\u00f3n respecto del pagar\u00e9 objeto de cobro, en particular porque de su literalidad se avizora una deuda entre personas naturales sin fianzas que involucren a la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Tampoco tiene trascendencia que se hubiere manifestado que no existieron entregas de dinero en mutuo para cuando, se dice, se suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 y que con esas sumas se estaba pagando la adquisici\u00f3n de las acciones, porque en la demanda no se consign\u00f3 que el numerario se hubiera suministrado como pr\u00e9stamo de dinero para ese momento y lo que se expres\u00f3 en el hecho 1 es que la deudora \u201cadquiri\u00f3 una obligaci\u00f3n con el se\u00f1or Juli\u00e1n Alberto Soler\u201d, el cual obtuvo como riposta que \u201cNo es cierto, dado que mi poderdante no firm\u00f3 ning\u00fan pagar\u00e9\u201d, desechando la oportunidad para controvertir, con todo vigor, la literal obligaci\u00f3n cambiaria, adosando las circunstancias habidas en el pasado, los antecedentes entre las partes, etc., en particular porque la inexistencia de la obligaci\u00f3n no solo surge de la ausencia de suscripci\u00f3n del documento que la contiene, obrando un c\u00famulo de causas jur\u00eddicas que pueden llevar a ese estado. En sentido adverso, existe variedad de documentos que revelan que los pagos de las acciones se efectuaron directamente a la demandada quien de su pu\u00f1o y letra firm\u00f3 a satisfacci\u00f3n por haberlos recibido, cantidades que superaron incluso el valor del capital base del recaudo, situaci\u00f3n que no fue desconocida en el interrogatorio de parte rendido por la pasiva\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, anot\u00f3 que \u00abexistiendo un documento que tiene valor de plena prueba entre partes, el cual no ha sido desvirtuado, le correspond\u00eda al ejecutado probar el hecho exceptivo, como lo ordenan los art\u00edculos 167 procesal y 1757 del C\u00f3digo civil, ya que como es bien sabido toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, las cuales deben cumplir con la funci\u00f3n de llevar al juez el grado de convicci\u00f3n suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de controversia, carga que la demandada no satisfizo\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo que a la segunda cuesti\u00f3n ata\u00f1e, esto es, la sanci\u00f3n procesal de orden pecuniario a la aqu\u00ed tutelante, dada la falta de demostraci\u00f3n de la tacha de falsedad alegada, as\u00ed como a su mandatario judicial, por no acreditar la autorizaci\u00f3n expresa para proponerla, el ad quem explic\u00f3 que \u00abesta resulta razonable y efectiva como medida de control para castigar la injustificada dilaci\u00f3n del contradictorio y el actuar temerario del proponente\u00bb; de modo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ante la frustraci\u00f3n de tal mecanismo defensivo el extremo vencido est\u00e1 llamado a asumir las consecuencias previstas en el art\u00edculo 274 adjetivo, esto es una multa equivalente \u201cal 20% del monto de las obligaciones contenidas en \u00e9l\u201d, la cual se extiende solidariamente al apoderado cuando este no tiene la \u201cautorizaci\u00f3n expresa de su mandante\u201d, sin que, para su aplicaci\u00f3n \u2013cuando el ataque recae en un documento suscrito entre partes\u2013 sea necesario un rito adicional con miras a determinar o establecer la mala fe \u2013pues este elemento subjetivo solo tiene importancia cuando se trate de instrumentos provenientes de terceros\u2013 como expl\u00edcitamente regula el inciso final de la norma en cita. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el incumplimiento de las cargas procesales genera unas secuelas adversas, las cuales en el sub judice se aplicaron ante su espec\u00edfica inobservancia tanto a la parte como a su apoderado, quien cuestiona que a pesar de que en el poder no consta esa permisi\u00f3n si la ten\u00eda, solicitando en esta instancia la pr\u00e1ctica de unos testimonios y que se ordenara la incorporaci\u00f3n del contrato de servicios profesionales4 , de las que el Tribunal decret\u00f3, de manera oficiosa, la \u00faltima de ellas, con el prop\u00f3sito de que se constatara esa realidad, en el que la mandante de manera expresa lo facult\u00f3 para \u201ctachar de falso el t\u00edtulo ejecutivo base del proceso\u201d <\/p>\n
Empero, la excusa en referencia no medra, en consonancia con las siguientes reflexiones: <\/p>\n
3.1. La informaci\u00f3n para el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n tiene como fuente directa la versi\u00f3n que el demandado otorga a su apoderado judicial, por ser aquella la que tiene un contacto directo con los antecedentes del conflicto y, por ende, en ella reside \u201cla verdad\u201d que se va a corroborar en el contradictorio. En el caso concreto, esa informaci\u00f3n recay\u00f3 en la atestaci\u00f3n de que las firmas que militan en los documentos base de la ejecuci\u00f3n no son de su autor\u00eda y que, por tanto, la tacha se hubiera interpuesto con la avenencia de la ejecutada, es en el profesional en quien recae la carga de informar y dar consejo sobre las consecuencias que su formulaci\u00f3n puede traer en contra de su procurada y respecto de \u00e9l mismo, de donde se desgaja que para estos efectos no basta el simple benepl\u00e1cito o inter\u00e9s de la parte sobre el descubrimiento de la cuestionada autenticidad, sino que, adem\u00e1s, la representada tenga plena conciencia del peligro y riesgo que encarna esa ligera proposici\u00f3n, el cual va a asumir con la expresa concesi\u00f3n de ese permiso, en particular porque el cometido repulsivo de las pretensiones pod\u00eda lograrse con la escueta proposici\u00f3n de la excepci\u00f3n apoyada en la inexistencia de la obligaci\u00f3n, sin necesidad de abordar la autenticidad de las graf\u00edas puestas en duda. <\/p>\n
As\u00ed mismo, esa exposici\u00f3n defensiva fundada en que quien dio la informaci\u00f3n de la falsedad fue su poderdante denota una censurable confusi\u00f3n en el recurrente, comoquiera que existe gran diferencia entre la atestaci\u00f3n de la ejecutada de no haber firmado esos documentos y la expresa autorizaci\u00f3n de interponer el evocado mecanismo, acto cuya prueba, por prevenci\u00f3n \u2013como ya se explic\u00f3\u2013 deb\u00eda adosarse en su formulaci\u00f3n, sin que tampoco sea relevante que no hubiera mala fe o que la ejecutada hubiera pagado el dictamen, pues contrario a lo alegado por el censor ese estado subjetivo solo tiene importancia respecto de los documentos provenientes de terceros. <\/p>\n
3.2. De otra parte, lo que la ley reclama para la formulaci\u00f3n de aquel medio defensivo es que el apoderado tenga la tantas veces citada autorizaci\u00f3n, la cual puede estar inserta en el poder \u2013aconsejable para que no quede resquicio de duda de la permisi\u00f3n\u2013 o en cualquier otro documento, pero este debe haberse incorporado o por lo menos anunciado antes de que el juzgador decida sobre la falsedad. Lo anterior b\u00e1sicamente porque trat\u00e1ndose de un medio demostrativo se impone el mandato de su oportuna aportaci\u00f3n como asunto de inter\u00e9s del plenario o, por lo menos, la alegaci\u00f3n de la imposibilidad de su aporte, en tanto que el beneficiario de la multa es la contraparte, quien tiene un particular inter\u00e9s en las resultas de esa actuaci\u00f3n, esencialmente porque, de comprobarse la falsedad, es \u00e9l quien va a ser el penalizado con tal castigo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, aun cuando en la fijaci\u00f3n del litigio se puso de relieve la eventual procedencia de las sanciones econ\u00f3micas cuando fracasa la citada tacha de falsedad, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que la parte inconforme desaprovech\u00f3 ese momento procesal \u00abpara plantear el tema de la previa permisi\u00f3n\u00bb; sumado a que: <\/p>\n
\u00abA pesar de que esta magistratura aval\u00f3 la adjunci\u00f3n del contrato de servicios profesionales en este grado de jurisdicci\u00f3n, su simple aducci\u00f3n no conduce a que se acepte, sin m\u00e1s, su m\u00e9rito demostrativo, por cuanto los efectos probativos (sic) de ese escrito privado se gestan frente a terceros desde la fecha de arribo al contradictorio, sin que tenga aptitud para demostrar la celebraci\u00f3n de ese apoderamiento desde la calenda que registra ese pliego \u2013 17 de noviembre de 2021\u2013. Ciertamente, en consonancia con lo reglado en el art\u00edculo 253 del C\u00f3digo General del Proceso, su fecha cierta respecto de terceros ha de surgir de un hecho que permita tener certeza de su existencia para ese momento, como a t\u00edtulo ejemplificativo lo desarrolla el precepto citado, esto es, su inscripci\u00f3n o presentaci\u00f3n en un registro o ante funcionario p\u00fablico, el fallecimiento de algunos de los firmantes o su aportaci\u00f3n al proceso, previsi\u00f3n que tolera como efecto que al no haberse actualizado otro hito que admita conclusi\u00f3n distinta sobre el punto, la data incuestionable avalada por la ley, ser\u00eda el 5 de agosto de 2022, cuando el apoderado los alleg\u00f3 al expediente, lo que provoca como secuela jur\u00eddica su ineptitud o inutilidad para demostrar la existencia de ese negocio como hecho ocurrido en el pasado y, por ende, afectando la prueba de la previa autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En el mismo sentido desestimatorio, en la formulaci\u00f3n de los reparos izados en la audiencia respecto de esa punici\u00f3n, el abogado manifest\u00f3 que \u201cexisten otros medios probatorios que allegar\u00e9 en su momento, incluso correos en los que consta que fue ella quien manifest\u00f3 que ese documento era falso y por eso la propuse. Claramente yo ten\u00eda autorizaci\u00f3n y por eso lo propuse\u201d, sin especificar que preexist\u00eda un contrato de prestaci\u00f3n de servicios y, lo m\u00e1s importante, sin adosar los mensajes que pod\u00edan otorgarle certitud a la fecha que obra en ese legajo. <\/p>\n
La citada falencia verificativa no pod\u00eda superarse con la eventual declaraci\u00f3n del perito ni tampoco con la versi\u00f3n ex post de la ejecutada \u2013 pruebas negadas en el rito de segundo grado\u2013, ya que el dictamen se decret\u00f3 y practic\u00f3 mucho tiempo despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n del apoderamiento y ante la negativa de la juzgadora de ordenar que la misma se efectuara a trav\u00e9s del Instituto Nacional de Medicina Legal. Por consiguiente, al experto no le era posible tener conocimiento de la autorizaci\u00f3n concedida por medio del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, pues \u00e9l no estuvo presente en su suscripci\u00f3n y en la pr\u00e1ctica de esa probanza, no se comprob\u00f3 que el auxiliar ya tuviera conocimiento de los pormenores de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Por igual, sobre la confecci\u00f3n del contrato de mandato se yergue otro indicio que extiende un manto de duda sobre la fecha incorporada \u201317 de noviembre de 2021\u2013 si se analiza que el poder y ese contrato se suscribieron el mismo d\u00eda, en dos ciudades diferentes, habi\u00e9ndose autenticado el primero para ante la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Sincelejo como lo confirma el folio vuelto del mandato, al paso que la prestaci\u00f3n de servicios se suscribi\u00f3 en Bogot\u00e1. Esa dualidad reclamaba que, para la exculpaci\u00f3n del profesional, estuviera presente ese dato de cardinal relevancia, informaci\u00f3n no tra\u00edda al plenario de manera oportuna, previsiones de las que se deriva que no se equivoc\u00f3 la funcionaria al imponer la sanci\u00f3n, comoquiera que la misma se expidi\u00f3 con respeto de la garant\u00eda constitucional al debido proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCuando la tacha de falsedad se decida en contra de quien la propuso, se condenar\u00e1 a este a pagar a quien aport\u00f3 el documento el valor del veinte por ciento (20%) del monto de las obligaciones contenidas en \u00e9l, o de diez (10) a veinte (20) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) cuando no represente un valor econ\u00f3mico. La misma sanci\u00f3n se aplicar\u00e1 a la parte que adujo el documento a favor de la que prob\u00f3 la tacha. Cuando el apoderado judicial formule la tacha sin autorizaci\u00f3n expresa de su mandante, ser\u00e1 solidariamente responsable del pago de la suma a que se refiere el inciso anterior y de las costas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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STC14750-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14750-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03658-00 (Aprobado en Sala de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Patricia Vergara […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68621","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68621\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}