STC14751-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14751-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00816-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, dirime la Corte la impugnaci\u00f3n que Andr\u00e9s Enrique Mej\u00eda Rodr\u00edguez formul\u00f3 frente al fallo emitido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Paola Andrea Montero Mart\u00ednez le promovi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de dicha ciudad y a la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n, extensiva al procedimiento de violencia intrafamiliar 01\/22. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, actuando en nombre y en el de su menor hija, solicit\u00f3 que \u00abse deje sin efecto jur\u00eddico alguno la [providencia] del 6 de junio del 2022, del Juzgado 1 de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, en la que se decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Usaqu\u00e9n, de no otorgar medida de protecci\u00f3n\u00bb dentro el procedimiento de violencia intrafamiliar que le impuls\u00f3 a su expareja y padre de su hija, Andr\u00e9s Mej\u00eda Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Y en su lugar, se ordene a la autoridad judicial \u00abproferir una providencia que est\u00e9 conforme a [sus] derechos fundamentales debido proceso, a vivir una vida libre de violencias y a los de mi hija, al inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as y a ser escuchadas, al precedente constitucional y las exigencias normativas pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Para soportar sus anhelos adujo, en esencia, que el fallador querellado asumi\u00f3 que el conflicto entre ella y Andr\u00e9s Mej\u00eda estaba asociado al r\u00e9gimen de visitas acordado respecto de la menor, sin tener en cuenta que, en realidad, \u00e9l ejerc\u00eda violencia psicol\u00f3gica hacia ella y la ni\u00f1a. Relat\u00f3, adem\u00e1s, que el juzgado al momento de fallar no tuvo en cuenta que la justicia penal le dict\u00f3 medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os, siendo v\u00edctima la ni\u00f1a, as\u00ed como las evidencias que reposaban en la respectiva investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Las autoridades convocadas y Andr\u00e9s Mej\u00eda, por conducto de apoderado judicial, se opusieron al amparo. Mientras que la Defensor\u00eda de Familia Adscrita al Tribunal de Bogot\u00e1 y la Procuradora 152 Judicial II de Familia coadyuvaron la queja. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 Alberto Loiza, apoderado de la progenitora de la menor en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
3.- El Tribunal invalid\u00f3 la providencia emitida por el despacho accionado, y le orden\u00f3 que resolviera nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la negativa a conceder la medida de protecci\u00f3n implorada por la actora. Lo anterior, porque no tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que el padre de la ni\u00f1a fue capturado y est\u00e1 siendo judicializado por la presunta comisi\u00f3n del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
4.- Inconforme con esa determinaci\u00f3n, Andr\u00e9s Mej\u00eda Rodr\u00edguez impugn\u00f3 con fundamento en los siguientes argumentos: i) la investigaci\u00f3n penal son circunstancias novedosas, ajenas a la causa que se le formul\u00f3; ii) el juez de familia no tiene competencia para valorar pruebas de tipo penal, iii) se le est\u00e1 violando el principio de Non bis In Idem, comoquiera que es objeto de dos tr\u00e1mites, en virtud de un solo de hecho; iii) cualquier riesgo para la menor ha desaparecido, porque adem\u00e1s de que est\u00e1 privado de la libertad, la Comisar\u00eda de Usaqu\u00e9n, el 8 de julio de 2022, en el proceso de restablecimientos de la ni\u00f1a, suspendi\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas acordado con la madre y le prohibi\u00f3 \u201casechar, ingresar, merodear en lo sucesivo en cual espacio en que se encuentre la menor\u201d; y finalmente, iv), las resoluciones objetadas se adoptaron con respeto a las garant\u00edas de las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que el Tribunal otorg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada porque el juzgado accionado no evalu\u00f3 la existencia de la investigaci\u00f3n penal adelantada contra el padre de la ni\u00f1a, y, seg\u00fan el recurrente, dichas diligencias no incid\u00edan en el resultado de la controversia, la Corte circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n a dicha circunstancia. <\/p>\n
2.- Pues bien, revisado el expediente objeto de constitucional, la Sala advierte que, en efecto, la falladora convocada deb\u00eda dirimir el asunto tomando en cuenta que Andr\u00e9s Mej\u00eda Rodr\u00edguez era investigado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, en la humanidad de su hija. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, porque el hecho se le puso en conocimiento antes de que definiera el procedimiento, concretamente, mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2022, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Pues bien, en este caso se ha evidenciado que la reclamada protecci\u00f3n de mi poderdante y su hija eran los antecedentes de hechos muchos m\u00e1s graves. El se\u00f1or Andr\u00e9s Enrique Mej\u00eda Rodr\u00edguez, padre de DMM, fue capturado el pasado 18 de marzo de 2022; la respectiva audiencia de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento se llev\u00f3 a cabo el pasado 19 de marzo de 2022 y el Juzgado XX Penal municipal con funci\u00f3n de garant\u00edas de Valledupar orden\u00f3 su detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os, en el cual la v\u00edctima es DMM, la hija de mi poderdante (\u2026). <\/p>\n
Por lo anterior solito de la manera m\u00e1s respetuosa lo siguiente: (\u2026) En aplicaci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, se tenga en cuenta para la decisi\u00f3n de apelaci\u00f3n la informaci\u00f3n allegada a Usted por medio de este memorial. De requerirse la informaci\u00f3n del proceso penal, los datos del mismo son los siguientes: Juzgado XX Penal Municipal C.U.I.: xxxxxxxxxxxxxxxxx. Denunciado: Andr\u00e9s Enrique Mej\u00eda Rodr\u00edguez. V\u00edctima: D.M.M. <\/p>\n
2.2. Asimismo, el hecho era relevante para zanjar el asunto. Por un lado, a trav\u00e9s de \u00e9l, la peticionaria denunci\u00f3 que los derechos de la ni\u00f1a estaban en riesgo a ra\u00edz de los contactos que ten\u00eda con su padre. Y por otro, como se evidencia de las piezas integrantes de la causa penal, esta versa sobre hechos ocurridos en ese contexto. <\/p>\n
Ahora, la importancia de considerar la pluricitada investigaci\u00f3n penal, no es por su simple existencia, pues, su emprendimiento, por s\u00ed solo, no puede repercutir en los derechos y obligaciones parentales. Su trascendencia radica en que all\u00ed se practicaron distintos medios de convicci\u00f3n, varios de ellos, destinados a evaluar la relaci\u00f3n de la ni\u00f1a con su progenitor, y los efectos que la misma le genera. Luego, si el objeto de las diligencias combatidas era determinar si Andr\u00e9s Mej\u00eda Rodr\u00edguez ejerc\u00eda actos de violencia frente a la menor, lo l\u00f3gico era que, para resolverlas, se consideraran todas las probanzas que pod\u00edan dar cuenta del citado v\u00ednculo. <\/p>\n
2.3. En tercera medida, si bien, como alega el recurrente, el acceso carnal por el que fue acusado era un hecho extra\u00f1o a la denuncia por violencia intrafamiliar, no por eso pod\u00eda dejarse de lado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de su pertinencia con el conflicto, mem\u00f3rese que, por mandato del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual es aplicable en virtud de la remisi\u00f3n que el inciso final del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996 hace al Decreto 2591 de 19911,\u201cen la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de oficio\u201d. <\/p>\n
A su vez, el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la misma disposici\u00f3n establece que \u201c[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultra-petita y extra-petita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, no debe perderse de vista que al estar comprometido el derecho de la accionante y de la ni\u00f1a a una vida libre de violencia, era deber de la servidora de familia, adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir, investigar y sancionar cualquier hecho que atentara contra dicha garant\u00eda. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, es reprochable, desde la perspectiva constitucional, que el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 respaldara el rechazo de las medidas de protecci\u00f3n reclamadas por Paola Montero Mart\u00ednez y su hija frente a Andr\u00e9s Mej\u00eda Rodr\u00edguez, sin evaluar que en contra de \u00e9l se adelanta una investigaci\u00f3n penal relacionadas con actos de violencia sexuales contra la ni\u00f1a. <\/p>\n
2.5. Por otra parte, y a prop\u00f3sito de las dem\u00e1s inconformidades alegadas por el impugnante, debe decirse que, pese a lo anterior y, en todo caso, el procedimiento de violencia intrafamiliar fue definido, nuevamente, sin tomar en consideraci\u00f3n el pleito penal. N\u00f3tese que la juez demandada mediante prove\u00eddo del pasado 6 de septiembre concedi\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n pedidas con base en otros medios suasorios, advirtiendo sobre aquellas diligencias que: <\/p>\n
(\u2026) aunque parte de la base probatoria de la decisi\u00f3n que por v\u00eda de tutela provoc\u00f3 el presente pronunciamiento, anunci\u00f3 como elementos las actuaciones penales dispensadas en la investigaci\u00f3n por el presunto reato de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os, agravado, ejecutado al parecer por Andr\u00e9s Mej\u00eda Rodr\u00edguez en la persona de su hija DMM, cierto es que tales medios se ofrecieron sobrevinientes como quiera que su remisi\u00f3n al despacho lo fue en tiempo en que el expediente hab\u00eda sido devuelto a la Comisar\u00eda de origen para su complementaci\u00f3n y por tal dichas piezas hab\u00edan sido redireccionadas con el mismo destino seg\u00fan parece advertirse de las comunicaciones suscritas por quien firma como escribiente adscrita al juzgado y en tal virtud no hac\u00edan parte del legajo genitor al momento de resolver con el prove\u00eddo del 6 de junio de 2022. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que fue objeto de la salvaguarda que promovi\u00f3 el aqu\u00ed recurrente con posterioridad a este auxilio (2022-00932-01), y que fue desatada por la Sala, en segunda instancia, en forma desfavorable a sus intereses (STC14129-2022). <\/p>\n
2.6. Finalmente, se precisa, que la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n a favor de la ni\u00f1a en escenarios distintos al asunto acusado, como las expedidas por la Comisar\u00eda de Familia de Chapinero el 8 de julio de 2022, o que el recurrente no pueda acercarse a ella, por estar privado de la libertad, no son razones para revocar el mandato constitucional. Esto, porque el mismo fue expedido para salvaguardar los derechos de la progenitora y la menor en el referido procedimiento, respecto de las autoridades convocadas. <\/p>\n
4.- Por lo discurrido, y sin que sean necesarios argumentos adicionales, se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El mencionado inciso final del precepto 18 consagra: \u00abSer\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u00bb. A su vez, el referido Decreto regula lo concerniente a las acciones constitucionales, a las cuales se les aplica el C\u00f3digo General del Proceso, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, seg\u00fan el cual: Para la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto. <\/p>\n
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