STC14754-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14754-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01312-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Montes Salas contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la Universidad La Gran Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante quien act\u00faa en su nombre1, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y al libre ejercicio de la profesi\u00f3n, presuntamente vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Como sustento de lo anterior, manifest\u00f3 que el 18 de junio de 2018 fue admitido al programa de derecho de la Universidad La Gran Colombia, gradu\u00e1ndose como abogado el 4 de mayo de 2022, por lo que el 26 de mayo siguiente, solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de su tarjeta profesional, \u00abadjuntando la documentaci\u00f3n completa que requer\u00eda el Consejo Superior de la Judicatura en la p\u00e1gina Web del SIRNA\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en ante el silencio del Consejo Superior, el 14 de julio de 2022 a trav\u00e9s de un PQRS, pidi\u00f3 informaci\u00f3n acerca del tr\u00e1mite, oportunidad en la que se le comunic\u00f3, que su Alma Mater, no hab\u00eda remitido la informaci\u00f3n que le hab\u00eda sido requerida con el fin de culminar con el proceso. <\/p>\n
Inform\u00f3 que ya el 9 de septiembre, recibi\u00f3 en su domicilio la tarjeta provisional No. 390.019, con vigencia hasta el mes de abril de 2024, por no haber presentado el examen de estado de que trata la Ley 1905 de 2018. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que es incomprensible que en su caso, se apliquen las disposiciones del Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, \u00abpor el cual se establecen normas para la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones\u00bb, cuando la solicitud que efectu\u00f3 para la obtenci\u00f3n del aludido documento, la radic\u00f3 con m\u00e1s de un mes de anterioridad a la fecha de la expedici\u00f3n del referido Acuerdo, m\u00e1xime cuando, (i) varios compa\u00f1eros del pregrado, en las mismas condiciones que las de \u00e9l, s\u00ed obtuvieron su tarjeta profesional, sin ning\u00fan tipo de condicionamiento y, (ii) cuando de manera flagrante se est\u00e1 desconociendo lo ordenado por el Consejo de Estado en el fallo de tutela radicado bajo el consecutivo 11001-03-15-000-2022-03847-00. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo explicado, solicit\u00f3 que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, \u00abexpid[ir] [su] Tarjeta Profesional de abogado (\u2026) sin ninguna observaci\u00f3n, y sin fecha de vencimiento\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE UNO DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, manifest\u00f3, in extenso, lo siguiente: <\/p>\n
3.- La Ley 1905 de 2018 \u201cPor la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u201d, en su Art\u00edculo 1\u00b0 se\u00f1ala que \u201c(\u2026) Para ejercer la profesi\u00f3n de abogado, adem\u00e1s de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deber\u00e1 acreditar certificaci\u00f3n de aprobaci\u00f3n del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura\u201d. (Negrilla y Subraya fuera del original). <\/p>\n
El art\u00edculo 2, dispone \u201cEl requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado establecido en la presente ley se aplicar\u00e1 a quienes inicien la carrera de derecho despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n.\u201d; es decir con posterioridad al 28 de junio de 2018, (Negrilla y Subraya fuera del original). <\/p>\n
4.- Con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a lo preceptuado en la referida Ley, el Consejo Superior de la Judicatura autoriz\u00f3 al Director Ejecutivo de Administraci\u00f3n Judicial, la suscripci\u00f3n de un Convenio Interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013 ICFES, con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la implementaci\u00f3n del examen para ejercer la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
El Convenio Interadministrativo para la Fase I, tiene un plazo de ejecuci\u00f3n que corresponde a 11 meses y las actividades que ser\u00e1n ejecutadas, son las siguientes: <\/p>\n
+ Construcci\u00f3n y entrega del documento contentivo de los insumos, actividades, ruta cr\u00edtica y tiempos relevantes de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
+ Ejecuci\u00f3n de las mesas de trabajo con expertos como insumo para la definici\u00f3n y construcci\u00f3n del marco de referencia. <\/p>\n
+ Definici\u00f3n y construcci\u00f3n del marco de referencia. <\/p>\n
+ Socializaci\u00f3n y validaci\u00f3n del marco de referencia con actores clave del proceso. <\/p>\n
+ Entrega y presentaci\u00f3n al Consejo Superior de la Judicatura de las especificaciones de la prueba a partir de los resultados obtenidos. <\/p>\n
La Fase II: denominada \u201cConstrucci\u00f3n de la prueba y definici\u00f3n del modelo operativo de aplicaci\u00f3n (a\u00f1o 2023)\u201d, comprender\u00e1 los siguientes productos: <\/p>\n
+ Construcci\u00f3n de \u00edtems (preguntas) <\/p>\n
+ Modelo de calificaci\u00f3n <\/p>\n
+ Plan operativo para la aplicaci\u00f3n de la prueba <\/p>\n
+ Gu\u00edas de orientaci\u00f3n <\/p>\n
+ Gesti\u00f3n y proceso de aplicaci\u00f3n de una prueba piloto <\/p>\n
La Fase III desarrollar\u00e1 la Implementaci\u00f3n de la prueba para vigencia del a\u00f1o 2024. <\/p>\n
5.- El Consejo Superior de la Judicatura expidi\u00f3 el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, \u201cpor medio del cual se establecen normas para la expedici\u00f3n de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones\u201d, dentro de las cuales, para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que a\u00fan no presentan el examen de Estado, podr\u00e1n solicitar sin la acreditaci\u00f3n del certificado de aprobaci\u00f3n del examen, su inscripci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados y la expedici\u00f3n de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendr\u00e1 car\u00e1cter provisional con vigencia hasta la publicaci\u00f3n de los resultados de la primera prueba. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que de acuerdo a la informaci\u00f3n suministrada por la Universidad La Gran Colombia, se inscribi\u00f3 al se\u00f1or Juan Manuel en el registro de abogados, asign\u00e1ndole la tarjeta profesional No. 390.019, con vigencia provisional. <\/p>\n
Acerca de la queja del actor, relativa a que varios de sus compa\u00f1eros, que se encuentran en la misma situaci\u00f3n que \u00e9l, obtuvieron la tarjeta profesional sin restricci\u00f3n alguna, expuso que <\/p>\n
analizar\u00e1 cada caso particular y evaluar\u00e1 la posibilidad de comunicar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial en condici\u00f3n de Representante Legal de la Rama Judicial, para que por su conducto de encontrarlo procedente, por observar que en un momento dado se lleg\u00f3 a expedir alguna Tarjeta Profesional, para quienes de conformidad con lo dispuesto por el Art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1905 de 2018, seg\u00fan el cual el Examen de Estado \u201c(\u2026) se aplicar\u00e1 a quienes inicien la carrera de derecho despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n.\u201d, esto es, con posterioridad al 28 de junio de 2018, sin haber presentado el examen de estado, se adelanten las acciones judiciales y administrativas a que haya lugar. <\/p>\n
Finalmente, hizo \u00e9nfasis en que contrario a lo indicado por el accionante, ha dado cumplimiento a la sentencia proferida el 4 de agosto de 2022 por la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado, en tanto que no est\u00e1 exigiendo el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018, hasta que, se pueda materializar la presentaci\u00f3n del examen, es decir, no se est\u00e1 negando la expedici\u00f3n de la tarjeta, sino que, se est\u00e1n generando con \u00abvigencia provisional hasta tanto se publiquen los resultados de la primera prueba realizada que exige la Ley en menci\u00f3n\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Juan Manuel Montes Salas acude a esta acci\u00f3n constitucional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que reclama, porque, seg\u00fan afirm\u00f3, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, trasgredi\u00f3 las prerrogativas que invoc\u00f3, al haberle expedido con car\u00e1cter provisional la tarjeta profesional que le solicit\u00f3, hasta tanto presente la prueba de estado a la que refiere la Ley 1905 de 2018. <\/p>\n
2. Puestas de ese modo las cosas, se advierte el fracaso de las pretensiones del actor constitucional, puesto que, las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, permiten observar que inici\u00f3 sus estudios el 8 de agosto de 2018 (Expediente digital^Demada^pdf^folio 2), esto es, en vigencia de la Ley 1905 de 20182, raz\u00f3n por la cual, debe presentar el examen de estado all\u00ed estatuido. <\/p>\n
Y es que, en estricto sentido, no se encuentra materializada ninguna afectaci\u00f3n real de los derechos del accionante, pues la autoridad cuestionada ya expidi\u00f3 su tarjeta profesional, solo que, con una vigencia provisional hasta cuando le sea posible atender el mencionado requisito. <\/p>\n
Quiere significar lo anotado, que el mecanismo de amparo constitucional es improcedente, en tanto que \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, citada en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01, STC7287-2022 y STC9581-2022, entre otras). <\/p>\n
3. De otra parte, tambi\u00e9n se evidencia la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad, pues Juan Manuel Montes Salas no acredit\u00f3 haber puesto en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura las inconformidades que originaron la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en relaci\u00f3n a la provisionalidad de la vigencia de la tarjeta profesional que le fue entregada, as\u00ed como, los casos en que, compa\u00f1eros de su promoci\u00f3n que se encuentran en la misma situaci\u00f3n que \u00e9l, obtuvieron la tarjeta profesional sin restricci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n enmarca el amparo en la causal de improcedencia que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC784-2022, STC2296-2022, STC5993-2022 y STC13298-2022). <\/p>\n
4. Por lo anteriormente expuesto, se declarar\u00e1 improcedente el amparo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, Declara Improcedente la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Manuel Montes Salas. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Para todos los efectos legales a que haya lugar, t\u00e9ngase en cuenta que el accionante, act\u00faa en causa propia y no a trav\u00e9s de apoderado judicial, como err\u00f3neamente se indic\u00f3 en el auto admisorio de la demanda de tutela (adiado 20 de octubre de los corrientes); esta anotaci\u00f3n se hace con el fin de dar alcance a la solicitud que en ese sentido elev\u00f3 el interesado, d\u00eda 21 siguiente, seg\u00fan reposa en el ESAV. <\/p>\n
2\u0002 Diario oficial No. 50.638 del 28 de junio de 2018- Art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1905 de 2018: \u201cLa presente ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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