STC14757-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14757-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03657-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la empresa solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso que ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, cursa proceso ejecutivo \u00abcontra la empresa constructora B&G por el no pago de unas facturas\u00bb, en el que \u00abel 8 de junio de 2016 se expide el mandamiento de pago [y] \u00f3rdenes de embargo las cuales fueron radicadas en las diferentes entidades donde algunas de ellas no cumplieron con la obligaci\u00f3n de retener los dineros y ponerlos a disposici\u00f3n del despacho, [sin que este hubiera adoptado] las medidas necesarias para corregir el desacato\u00bb. <\/p>\n
Que al referido asunto, \u00abel municipio de Fonseca fue vinculado por no acatar una orden judicial de embargo [y] adem\u00e1s se vincularon unos dep\u00f3sitos judiciales (\u2026), que entregaron como abono a la deuda [aunque] estaban como remanente de otro proceso ejecutivo [pero] ahora se niega a expedir las \u00f3rdenes judiciales de embargo contra las cuentas del municipio o alcald\u00eda de Fonseca [circunstancia que] ha generado una mora judicial y un proceso de una duraci\u00f3n de m\u00e1s de 6 a\u00f1os, sin contar [a\u00fan] con los dineros para cancelar la obligaci\u00f3n que se pretende recaudar, [situaci\u00f3n que conlleva] perjuicios irremediables a la empresa [y a su representante legal, pues] hoy en d\u00eda entr\u00f3 en etapa de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n por no poder desarrollar su objeto social\u00bb, y la falta de recursos econ\u00f3micos impide \u00abpagarme mi salario como gerente\u00bb. <\/p>\n
Que tras haberse ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n y estar aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, con \u00abauto del 22 de noviembre de 2021\u00bb se autoriz\u00f3 \u00abla entrega de los dineros o dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, empero, como el \u00ab15 de febrero de 2022\u00bb el juzgado \u00abneg\u00f3 la entrega de los embargos de la alcald\u00eda\u00bb, apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, sin que, transcurridos \u00abm\u00e1s de 4 meses\u00bb, la colegiatura de segunda instancia haya emitido decisi\u00f3n, comportamiento este que \u00abtrasgrede los fines esenciales de la administraci\u00f3n de justicia y los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y pronta soluci\u00f3n de los procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abse ordene a [la sala enjuiciada, que] resuelva la impugnaci\u00f3n del auto donde se solicita que el Juzgado 01 Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar La Guajira, expida las \u00f3rdenes judiciales de embargo contra las cuentas que tenga el municipio o alcald\u00eda de Fonseca como vinculado al proceso por no aplicar las \u00f3rdenes de embargo contra la firma constructora B&G en su momento, [y] a dar al proceso celeridad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La magistrada del tribunal a cargo del asunto objeto del reproche, inform\u00f3 que \u00absi bien es cierto el auto [apelado] data 11 de febrero de 2022, fue hasta el 23 de mayo de 2022 que el mismo fue sometido a reparto ante este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta agencia judicial, [y que como su] ingres\u00f3 efectivamente al despacho [se produjo] el 28 de junio de 2022 (\u2026) este mecanismo fue utilizado de forma anticipada, toda vez que a la fecha no puede alegarse la configuraci\u00f3n de una mora judicial en cabeza de este despacho, [porque desde esa data], han trascurrido menos de cuatro meses\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abesta Sala de Decisi\u00f3n atiende multiplicidad de asuntos en las especialidades civil, familia y laboral, esta \u00faltima donde se discuten asuntos que involucran ciudadanos de especial protecci\u00f3n constitucional y donde adem\u00e1s se debaten situaciones que afectan el m\u00ednimo vital de los mismos, como lo son las pensiones\u00bb, as\u00ed como \u00ablos asuntos constitucionales tales como tutelas, habeas corpus [y] los incidentes por desacato\u00bb, sumado a los casos que se les remiti\u00f3 por competencia tras cesar la competencia de las extintas Salas Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura, y reiter\u00f3 su compromiso en \u00abgarantizar a los usuarios la prestaci\u00f3n adecuada del servicio en igualdad de condiciones y con el respeto del debido proceso (\u2026), respetando los tiempos estipulados por ley y agotando el estudio juicioso de cada uno de los expedientes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la actora, porque supuestamente, no ha otorgado el impulso pertinente a recurso de apelaci\u00f3n dentro del ejecutivo n\u00b0 2016-00104. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, 23 abr., rad. 00545-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, examinados los argumentos de la presente querella y cotej\u00e1ndolos con la informaci\u00f3n proporcionada por la funcionaria cognoscente, esta Corporaci\u00f3n desestimar\u00e1 el amparo implorado, en raz\u00f3n a su improcedencia, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque de cara al recurso de apelaci\u00f3n contra el auto proferido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar el 11 de febrero de 2022, se establece que el ad quem viene dando el respectivo impulso a dicho asunto, y tanto que si \u00abfue hasta el 23 de mayo de 2022 que [se someti\u00f3] a reparto\u00bb, e \u00abingres\u00f3 efectivamente al despacho el 28 de junio de 2022\u00bb, el lapso transcurrido para su resoluci\u00f3n se muestra prudencialmente razonable, habida cuenta las exculpaciones presentadas por la magistrada cognoscente. <\/p>\n
En efecto, para justificar los motivos por los que no se ha obtenido la resoluci\u00f3n del recurso vertical, la funcionaria querellada, adem\u00e1s de referir la data en que entr\u00f3 el proceso al despacho, expuso que \u00abes entendible que las partes propendan por la pronta resoluci\u00f3n de sus negocios jur\u00eddicos; sin embargo, el quejoso echa de menos que esta Sala de Decisi\u00f3n atiende multiplicidad de asuntos en las especialidades civil, familia y laboral, esta \u00faltima donde se discuten asuntos que involucran ciudadanos de especial protecci\u00f3n constitucional y donde adem\u00e1s se debaten situaciones que afectan el m\u00ednimo vital de los mismos, como lo son las pensiones\u00bb, precisando al respecto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los asuntos constitucionales tales como tutelas y habeas corpus; los incidentes por desacato, que por m\u00e1s en el presente a\u00f1o han representado algo de congesti\u00f3n en la medida que recientemente las otroras Salas Disciplinarias del Consejo Seccional, perdieron competencia para conocer de acciones de tutelas, remitiendo a la Corporaci\u00f3n para continuaci\u00f3n de su tr\u00e1mite m\u00faltiples incidentes por desacato, ha generado el deber de reorganizar por prelaci\u00f3n y orden de llegada los negocios ordinarios. <\/p>\n
En este sentido, y para muestra de los incidentes que fueron repartidos, tenemos los siguientes: i) el rad. 2013-00343-00 Javier Rojas Uriana, representante legal del Consejo Mayor de Alaulayuu del Resguardo de la Media y Alta Guajira, en cabeza de Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales Ind\u00edgenas Wayuu Shipia Wayuu contra el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, Ministerio del Interior, Gobernaci\u00f3n de La Guajira y las alcald\u00edas de Manaure y Urib\u00eda, del cual se sigue una acci\u00f3n de cumplimiento; ii) 2017.00390.00 el Dr. Davinson Pedrozo Urrea, en representaci\u00f3n del sr. \u00c1ngel Antonio Torres Torres y otros, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el cual pudo ser archivado hasta el 06 de septiembre de los corrientes; iii) y el 2016.00057.00. incidente por desacato en la acci\u00f3n de tutela incoada por Armando Guariyu Epiayu \/ Ever Heriberto Ojeda (acumulado) contra el Ministerio del Interior (Direcci\u00f3n de Etnias, Rom y Minor\u00edas), Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y alcald\u00eda municipal de Hatonuevo \/ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual se encuentra en tr\u00e1mite; entre otros, que ya formaban parte del inventario de procesos a cargo de este despacho\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, para solicitar la denegaci\u00f3n del amparo, agreg\u00f3 que \u00abcomo funcionaria judicial me encuentro comprometida con la labor que me ha sido asignada, por lo que en busca de garantizar a los usuarios la prestaci\u00f3n adecuada del servicio en igualdad de condiciones y con el respeto del debido proceso, se ha procurado resolver los negocios jur\u00eddicos respetando los tiempos estipulados por Ley y agotando el estudio juicioso de cada uno de los expedientes que los componen, situaci\u00f3n que no es ajena al expediente [2016-00104-01]\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se observa que frente al proferimiento de la providencia dirigida a resolver el recurso de apelaci\u00f3n promovido por la ac\u00e1 querellante dentro de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2016-00104, la autoridad enjuiciada hubiera mostrado una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el pleito bajo su conocimiento, sino una justificada tardanza surgida de las circunstancias excepcionales antes esbozadas, las cuales, como lo asever\u00f3 la funcionaria al responder la acci\u00f3n, est\u00e1n siendo sorteadas para no afectar los intereses superiores de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En situaciones como la del caso sub j\u00fadice, el resguardo invocado se torna improcedente, ya que, conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun. 2022, rad. 00297-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha sostenido que para la viabilidad del amparo, \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se desestimar\u00e1 el ruego tuitivo, porque, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n a prerrogativas superiores por parte de la corporaci\u00f3n convocada, no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, se declara IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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