STC14758-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14758-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00469-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 5 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Graciela Ortiz Ortiz contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el verbal sumario n\u00b0 2020-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada al fallar el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que In\u00e9s Marleny Perdomo Carrasco, aduciendo \u00abser [su] acreedora respecto de un t\u00edtulo valor (letra de cambio) por valor de $15.000.000, impetra demanda de cancelaci\u00f3n y levantamiento de patrimonio de familia respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula No. 307-26082\u00bb, gravamen que hab\u00eda sido constituido por sus padres Plutarco El\u00edas Ortiz y Fanny Ortiz (actualmente fallecidos), \u00abseg\u00fan escritura p\u00fablica No. 2072 del 31 de diciembre de 1964 de la Notar\u00eda Primera de Girardot \u201ca favor de sus hijos Henry, Luis Eduardo, Graciela, Ariel y Gicela Ortiz Ortiz\u201d\u00bb, advirtiendo que dentro de la prueba documental allegada para dicho prop\u00f3sito, \u00abbrilla por su ausencia el mandamiento de pago, o en su defecto copia del t\u00edtulo valor [a favor de] la demandante\u00bb. <\/p>\n
Que como codemandada, ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot se opuso mediante excepciones, destacando que a trav\u00e9s de las mismas pretend\u00eda demostrar que la actora \u00abno tiene inter\u00e9s actual y cierto y por consiguiente carece de legitimaci\u00f3n\u00bb; no obstante, tras agotarse la etapa probatoria, el accionado dict\u00f3 sentencia \u00abdonde se viola el derecho sustancial (\u2026), por cuanto no hizo el estudio de los presupuestos procesales\u00bb, e incurri\u00f3 en \u00abyerro en la valoraci\u00f3n probatoria, al tener por probado que en el interrogatorio la demandada conoc\u00eda la obligaci\u00f3n, por cuanto hizo relaci\u00f3n al valor, al precio recibido y la forma de pago, sin tener en cuenta que la interpretaci\u00f3n adujo que esa confesi\u00f3n no era materia del litigio, y tambi\u00e9n hubo yerro [al afirmar] que la demandada no se hab\u00eda opuesto a las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, mediante esta senda jur\u00eddica, se proceda a \u00abdejar sin efecto la sentencia de \u00fanica instancia proferida el 6 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot, y se profiera nueva decisi\u00f3n conforme a los par\u00e1metros del amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del estrado convocado, luego de describir la actuaci\u00f3n surtida dentro de la causa objeto de cuestionamiento, afirm\u00f3 que una vez cumplidas las fases contempladas en el ordenamiento legal, \u00abal proferirse el fallo el Juzgado se refiri\u00f3 a la legitimaci\u00f3n en la causa de la actora y los motivos para considerar que los argumentos al respecto del mandatario judicial de la demandada no enervan la prosperidad de la pretensi\u00f3n, motivo por el cual el respaldo probatorio como sustancial de la determinaci\u00f3n que se pretende censurar por [esta] v\u00eda, reposa en la decisi\u00f3n del 6 de septiembre de 2022 y las pruebas obrantes en el legajo, motivo por el cual, al no existir la irregularidad se\u00f1alada por la accionante, de la manera m\u00e1s respetuosa solicito se niegue el amparo de tutela solicitado\u00bb. <\/p>\n
2. In\u00e9s Marleny Perdomo Carrasco, quien funge como demandante dentro del juicio que la accionante censura, se refiri\u00f3 en extenso a todos y cada uno de los hechos de la demanda tutelar, al cabo de lo cual concluy\u00f3 que \u00abno se evidencia ninguna circunstancia que haya hecho incurrir en un yerro a la parte demandada dentro del proceso (\u2026), toda vez que se efectu\u00f3 en debida forma cada etapa procesal al punto de hacerse 5 notificaciones de la demanda a la parte pasiva para que se hiciera parte dentro del proceso, hecho demostrado dentro del proceso judicial en oposici\u00f3n a incidente de nulidad interpuesto por el apoderado de la parte demandada; as\u00ed mismo se prob\u00f3 la ausencia de requisitos de ley para continuar con la limitaci\u00f3n al dominio del predio en cuesti\u00f3n por patrimonio de familia lo cual permitir\u00e1 a futuro poder garantizar el pago de una obligaci\u00f3n incumplida por la se\u00f1ora Graciela Ortiz Ortiz\u00bb. Por lo anterior, pidi\u00f3 \u00abnegar las pretensiones formuladas por la parte tutelante, al carecer de fundamentos jur\u00eddicos, al buscar dilatar el cumplimiento del pago de una obligaci\u00f3n adquirida y que es de su pleno conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al considerar que, conforme a los precedentes jurisprudenciales, en este tr\u00e1mite \u00abno es viable recriminar la apreciaci\u00f3n de las pruebas efectuadas por el juzgador de instancia, dado que ese es el espacio en el que con mayor \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial\u00bb, a menos que se observara yerro en su valoraci\u00f3n \u00abpresupuesto que aqu\u00ed no se advierte\u00bb, porque la decisi\u00f3n adoptada \u00abfue el resultado de ponderar los medios de convicci\u00f3n que se recaudaron en el devenir del proceso de cancelaci\u00f3n y levantamiento de patrimonio de familia, particularmente, con relaci\u00f3n a las respuestas ofrecidas por la demandada y aqu\u00ed gestora Graciela Ortiz Ortiz sobre una acreencia en favor de la demandante, para de esa manera, determinar que en efecto estaba legitimada aquella para iniciar la acci\u00f3n referida, sumado a que explic\u00f3 por qu\u00e9 el gravamen deb\u00eda levantarse, al no tenerse menores de edad que pudieran beneficiarse (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la demandante sin presentar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la reclamante, al haber proferido sentencia estimatoria de pretensiones dentro del juicio n\u00b0 2020-00189, o s\u00ed, por el contrario, tal actuaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, en particular la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot el 6 de septiembre de 2022, dentro del proceso de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia promovido por In\u00e9s Marleny Monta\u00f1ez Suarez contra Graciela Ortiz y sus hermanos, esta Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del auxilio, comoquiera que tal determinaci\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. En efecto, se advierte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad por la parte actora son incompatibles con la salvaguarda, pues persiguen anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la determinaci\u00f3n que le fue adversa, finalidad que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha dicho que es ajena a la tutela, porque dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
En ese orden, se ha venido reiterando que incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura. <\/p>\n
As\u00ed, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran actuaci\u00f3n defectuosa. <\/p>\n
3.2. Bajo las anteriores premisas, la Sala observa que la quejosa atribuye al fallo que resolvi\u00f3 en \u00fanica instancia el pleito ordinario, vulneraci\u00f3n a prerrogativas fundamentales derivadas del debido proceso, porque, en su sentir, el funcionario cognoscente incursion\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente\u00bb, afectando con ello la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, pues insiste en que la pretensora del levantamiento del patrimonio de familia -constituido a su favor por sus ascendientes-, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Pues bien, analizada la actuaci\u00f3n cuestionada, se establece que ninguno de los yerros en menci\u00f3n se configura, por el contrario, se advierte idoneidad en los presupuestos procesales que desvirt\u00faan yerro sustantivo y procedimental, y del mismo modo, se avizora una razonable ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente dentro de las oportunidades previstas para ello, contenida en una motivaci\u00f3n suficiente para el veredicto consistente en \u00abordenar el levantamiento del patrimonio de familia inscrito sobre el inmueble (\u2026), identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 307-26081 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el juzgado precis\u00f3 que \u00absi bien el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 70 de 1931 [modificado por la Ley 495 de 1990 y Decreto 2817 de 2016 -compilado en el Decreto 1069 de 2015], dispone que el \u201cpatrimonio de familia, salvo que se diga lo contrario en el acto constitutivo, se considera establecido no s\u00f3lo a favor del beneficiario designado, sino de su c\u00f3nyuge y de los hijos que lleguen a tener\u201d, tambi\u00e9n indica la normatividad en el art\u00edculo 29 [que] cuando todos los comuneros lleguen a la mayor\u00eda se extingue el patrimonio de familia y el bien que lo constituye queda sometido a las reglas del derecho com\u00fan, para el presente evento debemos tener en cuenta que la figura de protecci\u00f3n perdi\u00f3 vigencia por el hecho de que los hijos en favor de quienes se constituy\u00f3 dicho patrimonio alcanzaron la mayor\u00eda de edad\u00bb, afirmaci\u00f3n que soport\u00f3 se\u00f1alando que tal \u00abraciocinio\u00bb: <\/p>\n
\u00ab\u2026surge de la fecha de constituci\u00f3n del gravamen, datada del 31 de diciembre de 1964, contenido en la escritura p\u00fablica No. 2072 de la notar\u00eda primera de Girardot \u2013 Cundinamarca, por parte de los constituyentes Plutarco El\u00edas Ortiz y Fanny Ortiz Ortiz, \u00e9poca en la que procrearon a su descendencia conocidos como Henry Ortiz Ortiz, Luis Eduardo Ortiz Ortiz, Graciela Ortiz Ortiz y Ariel Ortiz Ortiz y Gicela Ortiz Ortiz, estos dos \u00faltimos fallecidos, en cuyo favor constituyeron la limitaci\u00f3n del dominio del bien referido, inscrito en la anotaci\u00f3n No. 3 del 11 de febrero de 1965 del FMI, de modo que se puede afirmar que los demandados relacionados son en la actualidad mayores de edad pese a que no se cuente con los registros civiles de nacimiento, n\u00f3tese adicionalmente que la demandada Graciela Ortiz Ortiz al interior de la presente diligencia y bajo la gravedad de juramento manifest\u00f3 que sus hermanos quienes tambi\u00e9n eran beneficiarios de dicho patrimonio de familia en la actualidad eran mayores de edad, motivo por el cual al no existir prueba en contrario de que efectivamente desacredite lo establecido por la fecha de constituci\u00f3n del patrimonio y lo indicado por la demandada por la gravedad de juramento, se entiende que efectivamente a la fecha no existe ning\u00fan menor de edad por el cual efectivamente encuentre alg\u00fan beneficio en el patrimonio de familia que fuera constituido en el a\u00f1o de 1694\u00bb. <\/p>\n
Apoy\u00f3 lo anterior indicando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al respecto la Corte Constitucional dijo que en cuanto al levantamiento de la inembargabilidad y enajenaci\u00f3n de bien inmueble destinado a vivienda en el patrimonio de familia cuando se tengan hijos adem\u00e1s del consentimiento informado del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, se tiene que dar la autorizaci\u00f3n de uno de los hijos menores por intermedio del curador, y permanecer a favor del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y de los hijos menores de edad que conforman el n\u00facleo familiar sin necesidad de autorizaci\u00f3n judicial por ministerio de la ley, situaci\u00f3n que en el presente asunto no se presenta, por cuanto los constituyentes en la actualidad se encuentran fallecidos y sus beneficiarios adem\u00e1s de ser todos mayores de edad, dos de ellos actualmente se encuentran fallecidos, motivo por el cual y bajo estos preceptos es forzoso concluir que la medida de protecci\u00f3n que sobre el bien limit\u00f3 su comercio ha perdido su objeto por el hecho de que sus beneficiarios actualmente son mayores de edad, toda vez que no se re\u00fanen los requisitos para que el inmueble contin\u00fae protegido bajo dicha figura, haci\u00e9ndose necesario terminar el patrimonio de familia inembargable constituido por el se\u00f1or Plutarco El\u00edas Ortiz y la se\u00f1ora Fanny Ortiz Ortiz, el 31 de diciembre de 1994, tal como obra en la anotaci\u00f3n No. 3 de 1995 en el FMI No. 307-626082\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Sobre el refutado punto de la legitimaci\u00f3n por activa, recalc\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien [el mandatario judicial de la demandada Graciela Ortiz] no lo plante\u00f3, ni en la contestaci\u00f3n de la demanda, ni en las excepciones previas, ni en el incidente de nulidad, que a su demandada no se le hubiese notificado el t\u00edtulo por el cual la aqu\u00ed demandante exige su derecho leg\u00edtimo de que se levante el patrimonio de familia sobre el bien del cual pretende gravar para garantizar el pago de su acreencia, lo cierto es que bajo juramento su representada no solo manifest\u00f3 conocer la existencia del proceso, adicionalmente dio cuentas de la manera que le fue desembolsado el dinero, la manera en que se han presentado los abonos, indic\u00f3 igualmente bajo la gravedad de juramento que hab\u00eda sido debidamente notificada, motivo por el cual dichos argumentos expuestos por el mandatario judicial de la parte demandada en relaci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n de la demandante para acudir a este proceso de levantamiento de patrimonio de familia, no tienen asidero jur\u00eddico y no son capaces de enervar las pretensiones que han sido instauradas al interior del presente asunto verbal sumario\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme acaba de verse, los anteriores planteamientos y las disposiciones adoptadas por el accionado se muestran ajustados a la normativa sustancial y procedimental que rige la tem\u00e1tica, y son el resultado de un amplio debate para zanjar la controversia jur\u00eddica en el caso bajo examen, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por la accionante, demuestran que la intenci\u00f3n es que se atienda su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio del fallador de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC13270-2021, 7 oct., rad. 00807-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, porque este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC11444-2022, 31 ago., rad. 00676-01, entre otras). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria criticada por el demandante, la Sala ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada entre otras en STC12574-2022, 21 sep., rad. 00282-01). <\/p>\n
En consecuencia, como ya se hab\u00eda anticipado, la decisi\u00f3n recriminada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad alguno, y, en particular, no configura el de orden f\u00e1ctico, en tanto no se produjo \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-576\/93, T-442\/94, T-538\/94, T-239\/96 y T-567\/98, reiterada en SU-241\/15). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo que desestim\u00f3 el ruego tuitivo, toda vez que providencia objeto de censura, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC14758-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14758-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00469-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}