STC14764-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14764-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00781-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 10 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela impetrada por \u00c1ngel Mar\u00eda Rosada Devia contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito alimentario n\u00b0 2014-00672. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el tr\u00e1mite del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que tras la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria a su cargo y a favor de sus hijos \u00c1ngel Mar\u00eda y Jhonatan Daniel Rosada Carrillo, la progenitora de estos, Roc\u00edo del Carmen Carrillo Saavedra, promovi\u00f3 demanda ejecutiva no obstante que \u00abya mis hijos eran mayores de edad\u00bb, y el primero de los citados \u00abdesde el mes de enero de 2017 est\u00e1 incorporado a la Armada Nacional y desde diciembre de 2018 devenga una suma superior a los $2.500.000, por concepto de asignaci\u00f3n salarial\u00bb. <\/p>\n
Que el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla, \u00abpor auto de 4 de diciembre de 2019 profiri\u00f3 mandamiento de pago en mi contra por la suma de $32.528.859\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n que el accionado desat\u00f3 favorablemente con auto del 25 de octubre de 2021, \u00abpero le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que [se] subsanara la demanda\u00bb, habida cuenta que \u00abla demandante carec\u00eda de derecho de postulaci\u00f3n para esos efectos [pues] este s\u00f3lo [lo] ten\u00edan sus hijos por ser mayores de edad en ese instante de la reclamaci\u00f3n ejecutiva de las pretensas cuotas adeudas por m\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Que en atenci\u00f3n al informe secretarial en el que se informaba que \u00abla demanda hab\u00eda sido subsanada\u00bb, con auto del 18 de enero de 2022 el juzgado libr\u00f3 \u00abnuevamente mandamiento de pago en mi contra [donde] se me ordena cumplir el pago de la suma de $32.528.859\u00bb, pues el estrado acusado entendi\u00f3 como \u00abacto de subsanaci\u00f3n\u00bb, que la abogada que fung\u00eda como apoderada judicial de la se\u00f1ora Carrillo Saavedra, presentara \u00abnueva demanda acompa\u00f1ada de los mandatos especiales que le confirieron mis hijos, ya mayores y en quienes la raz\u00f3n de la necesidad de los alimentos reclamados ha fenecido\u00bb. <\/p>\n
Que, contra la anterior decisi\u00f3n, su mandatario judicial solicit\u00f3 \u00abaclaraci\u00f3n del auto de fecha 18\/01\/2022, por considerar que tal providencia carece de motivaci\u00f3n\u00bb, empero, el juzgado \u00abneg\u00f3 aclarar (\u2026), muy a pesar que los actos de postulaci\u00f3n de la demandante son ileg\u00edtimos\u00bb, y \u00abgracias a un equivocado conteo de t\u00e9rminos por parte de la accionada, he quedado sin oportunidad de excepcionar sobre las pretensiones de mis sobrevinientes demandantes\u00bb, debiendo afrontar las necesidades por la existencia de una \u00abotra hija menor\u00bb y que \u00absiempre he cumplido con la obligaci\u00f3n\u00bb ejecutada. <\/p>\n
Que \u00abla \u00faltima providencia dictada dentro del proceso es el auto de fecha 15\/06\/2022\u00bb, en el que dispuso que fue extempor\u00e1nea la presentaci\u00f3n de excepciones, porque la contestaci\u00f3n se produjo el 25 de marzo de 2022, siendo que los t\u00e9rminos para tal efecto se hallaban \u00absuspendidos por causa del tr\u00e1mite del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que deneg\u00f3 la adici\u00f3n\u00bb, y por ello, \u00abla interposici\u00f3n de las excepciones de m\u00e9rito se contar\u00eda a partir del 15 de marzo de 2022, extendi\u00e9ndose hasta el d\u00eda 30 de marzo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
La titular del despacho convocado pidi\u00f3 denegar por improcedente el auxilio deprecado, al se\u00f1alar que \u00aba pesar de tener conocimiento del mandamiento de pago, el accionante a trav\u00e9s de su apoderado judicial no interpuso las excepciones que pretend\u00eda hacer valer dentro de los t\u00e9rminos establecidos por la ley\u00bb. Adicionalmente, que \u00ablos fundamentos de la decisi\u00f3n atacada por esta v\u00eda excepcional se encuentran consignados en el cuerpo de [la misma]\u00bb, y que de tal actuaci\u00f3n no se evidencia la estructuraci\u00f3n de los presupuestos jurisprudenciales de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. Roc\u00edo del Carmen Carrillo Saavedra, se opuso a lo pretendido aduciendo que \u00abactualmente no hago parte del proceso ejecutivo de alimentos, porque son mis hijos quienes tiene el derecho de postulaci\u00f3n [y a trav\u00e9s del mismo], se est\u00e1 cobrando los dineros que el se\u00f1or \u00c1ngel Mar\u00eda Rosada Devia no suministr\u00f3 a sus hijos\u00bb; asever\u00f3 que el all\u00ed ejecutado \u00abtiene un abogado que lo est\u00e1 representando [quien] ha presentado varios escritos fuera de lugar, [por lo que] no es culpa de la juez que el abogado (\u2026) no aplique a cabalidad lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso [y], no es justo que [el accionante] quiera revivir el tiempo que tuvo para presentar excepciones\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al observar que en lo relacionado con la pretensi\u00f3n \u00abde declararse la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo de alimentos a que se contrae esta acci\u00f3n, no se cumple el requisito de subsidiaridad, ya que dicha petici\u00f3n no ha sido presentada dentro del proceso, para que la Juez Accionada que es la que tiene el conocimiento del mismo, se pronuncie al respecto\u00bb. Frente a los dem\u00e1s cuestionamientos, dijo que \u00abno se avizora una vulneraci\u00f3n a los derechos [invocados], toda vez que el juzgado accionado ha resuelto cada una de las solicitudes que el accionante ha presentado (\u2026), aunque hayan sido desfavorablemente\u00bb, y sobre la extemporaneidad de las excepciones presentadas por el demandado, asegur\u00f3, tras el conteo de t\u00e9rminos, que \u00abla juez accionada no ha incurrido en ning\u00fan de los defectos que hacen procedente el amparo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso para afirmar que \u00abla columna vertebral del tr\u00e1mite ejecutivo iniciado est\u00e1 fincado sobre la providencia que orden\u00f3 subsanar la demanda, reconoci\u00e9ndole personer\u00eda a la madre de los alimentarios mayores de edad, cuando es una condici\u00f3n sustantiva que no posee\u00bb, y que su inconformidad se manten\u00eda al no haberse dado al respecto una adecuada motivaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, porque al interior del ejecutivo de alimentos radicado bajo el n\u00b0 2014-00672: (i) prosigui\u00f3 el tr\u00e1mite promovido por la madre de los alimentarios, pese a que estos \u00abya son mayores de edad\u00bb; y, (ii) rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neas las excepciones de fondo que plante\u00f3 al descorrer el traslado de la demanda en comento. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, precisando que lo ser\u00e1 porque, en relaci\u00f3n con las supuestas irregularidades para dar tr\u00e1mite a la ejecuci\u00f3n seguida contra el accionante, la queja no supera el requisito de la inmediatez, y en lo tocante al rechazo de las excepciones, la decisi\u00f3n denota razonabilidad que impide la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Este impedimento se configura de cara al primer reproche planteado por el quejoso, esto es, frente al mandamiento de pago librado dentro de la demanda ejecutiva de alimentos, porque, sin perjuicio de que pudieran devenir infundados los reparos sobre el \u00abderecho de postulaci\u00f3n\u00bb y\/o \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb, los mismos quedaron definidos en prove\u00eddo del 10 de marzo de 2022, notificado por estado el 14 del mismo mes y a\u00f1o, mientras la instauraci\u00f3n de esta acci\u00f3n tuvo lugar el 26 de septiembre de 2022, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
En efecto, el respectivo expediente digital muestra que luego de que -v\u00eda reposici\u00f3n interpuesta por el ejecutado-, con auto del 25 de octubre de 2021 el accionado revocara el mandamiento de pago inicialmente proferido, el 18 de enero de 2022, adem\u00e1s de reconocer la correspondiente personer\u00eda adjetiva, libr\u00f3 orden de apremio \u00aba favor de los j\u00f3venes \u00c1ngel Mar\u00eda Rosada Carrillo y Jhonatan Daniel Rosada Carrillo (\u2026), contra el se\u00f1or \u00c1ngel Mar\u00eda Rosada Devia, por la suma de $32.528.859\u00bb; enseguida se evidencia que con prove\u00eddo del 3 de febrero del mismo a\u00f1o, el juzgado no accedi\u00f3 a la \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb solicitada por el all\u00ed demandado y ac\u00e1 tutelante, y, a trav\u00e9s de auto adiado el 10 de marzo de 2022, resolvi\u00f3 \u00abrechazar de plano el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado de la parte ejecutada contra el auto de fecha 3 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
De lo antedicho, es claro que a partir de que se le notific\u00f3 la \u00faltima decisi\u00f3n citada donde se manten\u00eda la actuaci\u00f3n que, en sentir del actor era defectuosa, debi\u00f3 promover el resguardo, habida cuenta que la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, insistentemente ha dicho que su procedencia se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul., rad. 00535-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01). <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de la decisi\u00f3n que declar\u00f3 extempor\u00e1neas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por el hoy tutelante, concretamente la providencia fechada el 15 de junio de 2022, mediante la cual resolvi\u00f3 \u00abno reponer el auto de fecha 03 de mayo de 2022\u00bb, pues en ella, despu\u00e9s de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n surtida, con apoyo en el canon 302 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo pertinente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abUna vez estudiado el anterior art\u00edculo, se puede analizar que se incumpli\u00f3 con lo establecido por la ley, en el sentido que, la solicitud de adici\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento suspendi\u00f3 la ejecutoria hasta la resoluci\u00f3n del mismo, por lo que, no fue sino hasta el d\u00eda 09 de febrero de 2022 en el que qued\u00f3 ejecutoriado el nuevo mandamiento de pago, ya que el d\u00eda 03 de febrero se expidi\u00f3 auto negando la solicitud de aclaraci\u00f3n del mandamiento de pago y como contra la misma no proced\u00eda recurso alguno, cumpli\u00f3 con los efectos respectivos. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, la parte pasiva de la demanda, solo ten\u00eda hasta el d\u00eda 23 de Febrero del presente a\u00f1o para presentar las excepciones de fondo que quisiera hacer valer para su defensa dentro del presente proceso, pero las excepciones solo fueron presentadas hasta el d\u00eda 25 de marzo del corriente, ya que el abogado err\u00f3 al pensar que solo hasta el recurso que present\u00f3 contra el auto que deneg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n quedaba ejecutoriado el auto que libra el mandamiento de pago. Queda ejecutoriada la providencia que niega la solicitud de aclaraci\u00f3n del mandamiento de pago desde el d\u00eda 09 de febrero de 2022 por como lo dec\u00edamos anteriormente, contra esta no procede ning\u00fan recurso, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo antes mencionado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, la decantada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que no son susceptibles de enmendarse por esta excepcional y residual herramienta, las decisiones que obedecen a un criterio razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al funcionario de conocimiento. <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n ha reiterado que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, porque este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC11444-2022, 31 ago., rad. 00676-01, entre otras). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en atenci\u00f3n a las manifestaciones del demandante sobre las consecuencias jur\u00eddicas de la ejecuci\u00f3n por no haberse tenido en cuenta sus defensas, en particular aquellas relacionadas con el \u00abcumplimiento\u00bb en el pago de los alimentos objeto de cobranza, sobre la \u00abexistencia de otra obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb a su cargo y la presunta \u00abfalta de necesidad de su hijo mayor para reclamar alimentos\u00bb, porque respecto de todas ellas emerge una clara desatenci\u00f3n a la subsidiariedad y residualidad que caracterizan la tutela, en tanto se avizora la posibilidad de emplear otros medios de defensa judicial tendientes a resolver esas situaciones. <\/p>\n
Ciertamente, en relaci\u00f3n con el posible pago de los alimentos ejecutados, se advierte que a\u00fan sin que se haya planteado oportunamente la correspondiente excepci\u00f3n, durante el curso procesal y especialmente en la etapa de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, se pueden presentar para su valoraci\u00f3n probatoria los soportes que establezcan los abonos efectuados por dicho concepto, como bien lo ha reiterado esta Sala en sendos pronunciamientos. Y de cara a los dem\u00e1s aspectos, se recuerda que, si han variado las circunstancias que dieron lugar a la tasaci\u00f3n de alimentos para sus hijos mayores, la ley faculta para intentar ante el juez ordinario competente, las acciones tendientes a regular las varias pensiones alimentarias o pedir la exoneraci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero precisando la improcedencia del amparo enfilado a censurar la legitimaci\u00f3n de los actores dentro del ejecutivo de alimentos (rad. 2014-00672), porque no se satisface el esencial presupuesto de la inmediatez; y en relaci\u00f3n con el rechazo de las excepciones de fondo propuestas en dicho pleito, porque se advierte que dicha actuaci\u00f3n no es producto de un subjetivo criterio que configure yerro que amerite la intervenci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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