STC14766-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14766-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2022-00221-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n presentada por Marinela Palomino Fragoso contra el fallo de 14 de septiembre de 2022, dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en la acci\u00f3n de tutela promovida por la recurrente contra el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual n\u00ba 2018-00486-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Valledupar, para que, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial que profiera una providencia ajustada a derecho. <\/p>\n
En sustento adujo que demand\u00f3 a Seguros de Vida Suramericana S.A. con el fin que fuera declarada civilmente responsable por el incumplimiento del contrato de seguro denominado Plan Vida Total No. BAN026617754 y condenada a pagar a suma de $89.944.000 por el amparo afectado de \u00abInvalidez por Enfermedad\u00bb, m\u00e1s los intereses moratorios causados. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil Municipal de Valledupar, quien profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3, entre otras cosas, no probadas las excepciones de fondo interpuestas por Seguros de Vida Suramericana S.A., declar\u00f3 su responsabilidad civil contractual y la conden\u00f3 a pagar a la demandante $82.944.000 (24 septiembre 2020). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la referida providencia fue apelada por las partes. Al tramitarse la segunda instancia, el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Valledupar, \u00abel 4 de febrero del 2021, a ruego del extremo pasivo, la juzgadora decret\u00f3 pruebas en segunda instancia. El auto que se menciona est\u00e1 desprovisto de argumentos para el mentado decreto, esto es, la juez simplemente se limit\u00f3 a ser boca de la demandada, y sin ahondar en alguna de las razones\/causales referidas en el canon 327 del CGP, cuales eran de obligatoria alusi\u00f3n por as\u00ed exigirlo la norma en cita, orden\u00f3 oficiar a Colpensiones para que arrimara toda la documental que luego servir\u00eda de \u00fanico sustento para la toma de su decisi\u00f3n de fondo\u00bb. A su juicio, dicho proceder desequilibr\u00f3 las cargas probatorias, lo que configur\u00f3 defecto procedimental absoluto, material y sustantivo. <\/p>\n
Al resolver la instancia, el Juzgado confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n impugnada y declar\u00f3 probada, oficiosamente, la falta de prueba id\u00f3nea para acreditar la ocurrencia del siniestro, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Seg\u00fan la actora, la autoridad judicial incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, toda vez que fund\u00f3 la sentencia \u00aben simples y subjetivas presunciones\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que la actora no promovi\u00f3 recurso contra la decisi\u00f3n por medio de la cual se decretaron pruebas en segunda instancia. Por lo anterior solicit\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
Seguros de Vida Suramericana S.A. adujo que lo consignado en el escrito de tutela corresponde a apreciaciones subjetivas de la accionante que no corresponden con la realidad procesal. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo por considerar que el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante no interpuso los medios de impugnaci\u00f3n contra el auto mediante el cual se decretaron pruebas en segunda instancia (4 febrero 2021); adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia cuestionada no est\u00e1 viciada por defecto procedimental. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que efectivamente el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad para cuestionar el auto que decret\u00f3 pruebas; sin embargo, nada se dijo sobre el defecto f\u00e1ctico alegado, el cual est\u00e1 configurado toda vez que la autoridad judicial desconoci\u00f3 que \u00abla revocatoria de una pensi\u00f3n de invalidez NO le resta valor probatorio y plenos efectos jur\u00eddicos al dictamen de la PCL\u00bb -p\u00e9rdida de capacidad laboral-. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n presentada, se anuncia que el veredicto impugnado ser\u00e1 ratificado por advertirse que la sentencia objeto de censura no est\u00e1 viciada por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
En la referida providencia, el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Valledupar, al resolver la apelaci\u00f3n presentada por las partes, estudi\u00f3 las condiciones del contrato de seguro que la gestora pretend\u00eda hacer efectivo y sobre el mismo estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abEntonces, para concretar las obligaciones de la Aseguradora, siguiendo lo escrito en las condiciones generales y espec\u00edficas, se tiene que estas son las de pagar la indemnizaci\u00f3n acordada si se probase, entre otros, el siniestro de invalidez por enfermedad de la asegurada ocurrido a partir del 24 de febrero del 2017, con un dictamen emitido de conformidad al Manual \u00danico de Calificaci\u00f3n de Invalidez, siempre que esta se estructurase con posterioridad a la vigencia del seguro. La se\u00f1ora Marinela Palomino, como se indic\u00f3 en la demanda, present\u00f3 reclamaci\u00f3n para afectar tal cobertura y para ello aport\u00f3 dictamen de calificaci\u00f3n No. 2017245700JJ emitido por Colpensiones el 30 de octubre del 2017 (fl. 11), que muestra un porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral del 55,79% por enfermedad com\u00fan con fecha de estructuraci\u00f3n 22 de septiembre del 2017, elaborado por la m\u00e9dico Teresa de la Hoz Solano\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la autoridad judicial tambi\u00e9n valor\u00f3 la documental aportada por Colpensiones que dio cuenta que el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral presentado por la demandante, con la cual pretendi\u00f3 acreditar el siniestro objeto de reclamaci\u00f3n para hacer efectiva la p\u00f3liza de seguro que adquiri\u00f3, fue realizado por una profesional que confes\u00f3, en un proceso penal, que alter\u00f3 los dict\u00e1menes de p\u00e9rdida de capacidad laboral de varias personas que s\u00ed estaban enfermas, pero increment\u00f3 el porcentaje de p\u00e9rdida que realmente ten\u00edan, dentro de los cuales se encontraba el de la gestora. Sobre el particular, la autoridad judicial se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn misiva del 22 de febrero, con pruebas adjuntas, Colpensiones respondi\u00f3 al llamado judicial. La entidad precis\u00f3 que el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez a la se\u00f1ora Marinela Palomino fue hecho mediante Resoluci\u00f3n SUB-286580 del 11 de diciembre de 2017, de conformidad con lo establecido en la Ley 860 de 2003 y de acuerdo con el dictamen No. 2017245700JJ del 30 de octubre del 2017, pero luego expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n SUB 353143 del 26 de diciembre de 2019 mediante ordenando la revocatoria del reconocimiento pensional, con base en el auto de cierre No. 2047 del 05 de diciembre de 2019, proferido dentro de la Investigaci\u00f3n Administrativa Especial No. 542-18, llevada a cabo por la Gerencia de Prevenci\u00f3n del Fraude. Esta contestaci\u00f3n fue puesta en conocimiento de las partes y sujeta a contradicci\u00f3n en esta instancia, corriendo traslado de la misma a trav\u00e9s de auto. <\/p>\n
En la Resoluci\u00f3n SUB 286580 de 2017, Colpensiones consign\u00f3 como antecedentes para ordenar el inicio de la investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda 12 Seccional de Valledupar adelanta proceso penal bajo el n\u00famero 200016008792201600014, relativa a hechos relacionados con la elaboraci\u00f3n de dict\u00e1menes espurios por la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Cesar, a cambio de dinero, presuntamente tambi\u00e9n acompa\u00f1ado del \u00e1nimo de los aspirantes a pensionados de copar toda su capacidad de endeudamiento y adquirir p\u00f3lizas de seguros. Dentro de los eventos investigados por la Fiscal\u00eda, figura el nombre de la se\u00f1ora Marinela Palomino Fragozo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El dictamen de calificaci\u00f3n anexado a la demanda fue elaborado por la m\u00e9dica Teresa de Jes\u00fas de La Hoz Solano, misma persona que habr\u00eda confesado la comisi\u00f3n de varios delitos mientras fung\u00eda como calificadora de Colpensiones, conductas que se habr\u00edan cometido entre los a\u00f1os 2017 y 2018, que fue el mismo periodo del dictamen arrimado a este proceso. Adem\u00e1s de lo anterior, no le ha quedado ninguna duda a este despacho, acerca de la menci\u00f3n que la confesa penal habr\u00eda hecho sobre las personas a quienes, presuntivamente, favoreci\u00f3 en forma il\u00edcita. Queda claro que la identidad de la se\u00f1ora Marinela Palomino es sabida por la Fiscal\u00eda 12 Seccional de Valledupar, en donde se adelanta la investigaci\u00f3n por tan el tan difundido esc\u00e1ndalo que involucr\u00f3 a la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Cesar y a m\u00e9dicos calificadores, del que hizo alusi\u00f3n Colpensiones en los actos administrativos aqu\u00ed revisados; la identidad de la hoy demandante es tambi\u00e9n se\u00f1alada, de haber sido una de las personas a quienes se les benefici\u00f3 con una calificaci\u00f3n que no cumple los criterios reglamentados. De otra parte, la misma entidad que defini\u00f3 el porcentaje de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral de la se\u00f1ora Marinela Palomino, se ha separado del dictamen, precisamente, luego de encargar a un tercero, la evaluaci\u00f3n de los criterios t\u00e9cnicos y concluir una sobrevaloraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, el Juzgado concluy\u00f3: <\/p>\n
De esta manera, el dictamen revisado, analizado a la luz de la sana cr\u00edtica, no es prueba plena de la invalidez de la se\u00f1ora Marinela Palomino Fragozo, toda vez que, existe informaci\u00f3n asaz sobre las presuntas irregularidades con que fue elaborado, sin atender con estrictez al Decreto 917 de 1999. Recordemos que el art\u00edculo 4to del Decreto 917 de 1999, trata al dictamen como un documento de car\u00e1cter probatorio que \u201ccontiene el concepto experto\u201d de los calificadores, pero para el presente, la calificadora Teresa de La Hoz declar\u00f3 que obr\u00f3 en forma fraudulenta, sin respetar los criterios t\u00e9cnicos de evaluaci\u00f3n; es por tanto, que racionalmente, debe concluirse que el dictamen No. 2017245700JJ no contiene el verdadero concepto experto del calificador y no prueba la invalidez de la se\u00f1ora Marinela Fragozo(\u2026) <\/p>\n
Tomando el art\u00edculo 242 del C.G.P., que ordena al juez apreciar los indicios en conjunto, teniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso, se deduce que el dictamen de calificaci\u00f3n aportado en \u00e9ste, no puede fundar una sentencia favorable a las pretensiones de la demandante, porque este mismo proceso, puede estar relacionado con aquellas conductas delictivas de las que est\u00e1 conociendo la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, establecido que no existe defecto f\u00e1ctico, puede colegirse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14766-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC14766-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2022-00221-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n presentada por Marinela Palomino Fragoso contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}