STC14771-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14771-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00951-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Antonio Guerrero Vanegas contra el Juzgado Catorce de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2020-00649. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al despacho encartado a responder \u00abde manera clara, precisa y congruente lo [requerido] en el mencionado Derecho de Petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juzgado Catorce de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el coercitivo 2020-00649 se encuentra terminado y archivado. Agreg\u00f3 que \u00abse dictaron 2 autos fechados 20 de septiembre de 2022, en los que se le explica la forma de los pagos y se ordena el pago de dinero restante. Frente a los reparos que indica el se\u00f1or accionante el suscrito considera que los hechos se encuentran superados\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita a la agencia judicial querellada se\u00f1al\u00f3 que \u00abel actuar del Juez (\u2026) est\u00e1 acorde con los postulados legales constitucionales que rigen su actuar\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo invocado por carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que \u00abla Juez convocada resolvi\u00f3 las solicitudes pendientes, motivo por el cual, cualquier orden que se impartiera resultar\u00eda in\u00fatil\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el censor y aleg\u00f3 que su requerimiento no fue atendido en debida forma por el despacho encartado, toda vez que, \u00abno ha tenido a bien informar sobre el detalle de la liquidaci\u00f3n, la cual hasta la fecha no coincide en [su] ejercicio contable con los dineros producto del embargo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; citada en STC12851-2022, 28 sep. 2022, rad. 00660-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC12851-2022, 28 sep. 2022, rad. 00660-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no a un asunto relacionado con la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento en cuesti\u00f3n tiene v\u00ednculo con el ejecutivo radicado n\u00ba 2020-00649 que curs\u00f3 en el Juzgado Catorce de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la s\u00faplica, toda vez que el promotor no se encontraba habilitado para pretender, mediante escrito petitorio, que la autoridad tutelada respondiera sobre un asunto propio del proceso judicial en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, todo lo que est\u00e9 intr\u00ednsecamente ligado a las controversias sometidas a la competencia del juez ordinario, debe resolverse a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada no puede abrir camino al amparo solicitado. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al margen de lo anterior, se tiene que tampoco podr\u00eda atribuirse violaci\u00f3n de ninguna otra garant\u00eda fundamental, dado que, de acuerdo a lo informado en estas diligencias por el estrado enjuiciado, la petici\u00f3n del tutelante fue tramitada el 20 de septiembre de 2022 – antes de la presentaci\u00f3n de este amparo (15 de septiembre de la presente anualidad)- y se emiti\u00f3 auto informando que \u00abse han entregado al demandado $24.481.875,oo; cifra que sumado el valor ordenado entregar a la demandante por valor de $7.000.000.oo, da como resultado $31.481.875,oo quedando pendiente la suma de $801.586,oo, por entregar al demandado, para as\u00ed completar la totalidad del monto que se le descont\u00f3 al extremo pasivo, esto es la suma de 32.283.461,oo., suma que coincide con el monto que aduce el demandado hab\u00e9rsele descontado\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, se desprende que la reclamaci\u00f3n del querellante resulta claramente infundada, ya que el despacho encartado atendi\u00f3 lo pretendido con el proferimiento de la determinaci\u00f3n referida. <\/p>\n
En eventos como este, cuando del examen del ruego constitucional se revela la ausencia de vulneraci\u00f3n los derechos invocados, deviene su desestimaci\u00f3n, pues es imprescindible, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final \u2013 Subsidiariedad. <\/p>\n
No obstante lo anterior, y comoquiera que, lo que el tutelante depreca (seg\u00fan lo que manifest\u00f3 en el escrito impugnatorio), es que se conmine al juzgado convocado \u00aba hacer una relaci\u00f3n detallada de cuales (\u2026) fueron los dineros embargados (\u2026) y se (\u2026) d\u00e9 un relaci\u00f3n de los mismos, ya que como se pudo evidenciar en el cuadro que se anex\u00f3, esto no coinciden con el reintegro una vez terminado el proceso\u00bb, se trata de un reclamo que debi\u00f3 formularse ante esa autoridad recurriendo los prove\u00eddos del 20 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Es decir, frente a ese punto el mecanismo supralegal tampoco puede salir avante, puesto que no se satisface el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, pues el interesado desperdici\u00f3 la oportunidad de refutar las decisiones rese\u00f1adas, en los t\u00e9rminos que plantea a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
En ese sentido, cabe reiterar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Por lo discurrido, se negar\u00e1 la salvaguarda porque resulta improcedente el derecho de petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial; no obstante, sin perjuicio de ello, conforme se constat\u00f3 en esta actuaci\u00f3n, como el despacho accionado se pronunci\u00f3 frente a la solicitud elevada (antes de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela), se descarta el desconocimiento de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
5.2. Por la incuria revelada, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos desperdiciados por el descuido del interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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