STC14774-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14774-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03671-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Agudelo Cort\u00e9s contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintinueve de Familia de la misma ciudad y los intervinientes en el juicio declarativo n\u00b0 2020-00185. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 28 de septiembre de 2022, mediante la cual la magistratura encartada confirm\u00f3 la prosperidad de la demanda de divorcio que se formul\u00f3 en su contra; providencia que, seg\u00fan lo dijo, se finc\u00f3 en una valoraci\u00f3n equivocada del material probatorio recaudado y adem\u00e1s pas\u00f3 por alto la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso respecto del fallo de primer grado. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho pronunciamiento y que, en su lugar, se ordene acoger su solicitud de nulidad de todo lo actuado en primera instancia, desde el momento en que venci\u00f3 el t\u00e9rmino de un a\u00f1o que el juez a quo ten\u00eda para fallar. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Claudia In\u00e9s Toledo Arciniegas pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo, por considerar que la misma no es m\u00e1s que un nuevo intento del accionante por revivir discusiones ya zanjadas y dilatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. <\/p>\n
2. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de la providencia objeto de censura y dijo remitirse a la argumentaci\u00f3n all\u00ed contenida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda invocada en el libelo incoativo, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Ausencia del presupuesto de subsidiariedad, en cuanto a la denunciada nulidad del art\u00edculo 121. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, espec\u00edficamente en lo que ata\u00f1e a la invalidaci\u00f3n procesal reclamada al amparo del canon 121 del estatuto procedimental, puesto que ese mismo pedimento lo formul\u00f3 el querellante ante la magistratura encartada, quien lo deneg\u00f3 en auto de 4 de agosto de 2022, el cual cobr\u00f3 ejecutoria sin protesta alguna del se\u00f1or Agudelo Cort\u00e9s, pese a que ese prove\u00eddo era susceptible de ser recurrido por v\u00eda de s\u00faplica (arts. 321-6 y 331, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante la magistratura encartada los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, orientados a insistir en la configuraci\u00f3n del vicio invalidante previsto en el citado canon 121, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Al revisar el contenido del fallo, tampoco logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal comenz\u00f3 precisando que: \u00abPara el apoderado del recurrente, la sentencia de primera instancia no est\u00e1 en consonancia con lo que acreditan las pruebas recaudadas, el an\u00e1lisis de la Juez para decretar el divorcio con fundamento en las causales invocadas en la demanda inicial, se explica en una apreciaci\u00f3n insular de la prueba, fundada particularmente en el interrogatorio absuelto por el se\u00f1or Carlos Javier, pero adem\u00e1s, tergivers\u00e1ndolas respuestas dadas por \u00e9l, con un alcance distinto en perjuicio de sus intereses, bajo la apariencia de un contexto de g\u00e9nero que, a decir del profesional, no existe, no hay \u201cun solo hecho concreto de violencia\u201d del demandado hacia su esposa, al contrario, el profesional culpa a la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s de la ruina matrimonial, a vuelta de asegurar que incumpli\u00f3 sus deberes de esposa y madre, porque no ayud\u00f3 a sacar adelante el hogar, y dio a su c\u00f3nyuge un trato cruel al negarle el d\u00e9bito conyugal\u00bb. <\/p>\n
Luego de referirse, in extenso, al contenido de las declaraciones testimoniales recaudadas durante la actuaci\u00f3n, la magistratura reliev\u00f3 que <\/p>\n
\u00abpara responder al reparo del apoderado recurrente seg\u00fan el cual, el fallo se fund\u00f3 en un \u201csesgo de g\u00e9nero\u201d, es preciso se\u00f1alar de antemano, que la aplicaci\u00f3n razonada del paradigma de igualdad ante la ley en pos de la Justicia, es lo que define de forma muy precisa la herramienta jur\u00eddica denominada perspectiva de g\u00e9nero, necesaria en la resoluci\u00f3n de algunos conflictos a partir de sus dos premisas esenciales: 1) es leg\u00edtima la igualdad ante la ley entre iguales; 2) no es leg\u00edtima la igualdad ante la ley entre desiguales. <\/p>\n
Ese an\u00e1lisis trasciende el marco legal y constitucional, porque tambi\u00e9n es necesario honrar compromisos convencionales, adquiridos con la suscripci\u00f3n de instrumentos como la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer -CEDAW-de 1981; y la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, aprobada en Colombia mediante la Ley 248 de 1995;aplicaci\u00f3n normativa orientada por decisiones de organismos internacionales, con alcance vinculante que llaman a la protecci\u00f3n efectiva delos derechos humanos de las mujeres; directrices y opiniones consultivas de imperioso acatamiento, ya que al Juez corresponde cumplir y hacer cumplir la Convenci\u00f3n, la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
En acatamiento de ese compendio normativo, el primer nivel de verificaci\u00f3n consiste en determinar si las partes en su relaci\u00f3n se encuentran en condiciones de igualdad o si se avizoran asimetr\u00edas que impongan la aplicaci\u00f3n diferencial de la ley, escenario en el que no se puede negar las relaciones de subordinaci\u00f3n soportadas por la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s Toledo en su vida matrimonial, como trabajadora en el hogar y en la empresa, el primero sin remuneraci\u00f3n ni reconocimiento, el segundo con salario menor al asignado a otros trabajadores, pero con mayor exigencia en t\u00e9rminos de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
Al aplicar esas premisas al caso concreto, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abde esas asimetr\u00edas habla la prueba testimonial, conjuntamente valorada, el propio padre de la demandante recuerda que para atender el cuidado de la ni\u00f1a, la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s se dedic\u00f3 al hogar, \u201cacept\u00f3 que el jefe de la familia fuera como tradicionalmente se ha hecho el soporte de la familia\u201d, circunstancia valorada en el contexto social como el papel que debe cumplir la esposa, a quien seg\u00fan el testigo, visitaban cuando el demandado estaba fuera, seg\u00fan el testimonio de Adriana Patricia Jaramillo, amiga de la demandante, \u201cse olvid\u00f3 casi de todo el mundo, no se dedic\u00f3 sino a su marido y a sus hijos, el resto era por tel\u00e9fono\u201d; a lo que se suma el desvalor de la actividad de cuidado del hogar, pues seg\u00fan el testimonio de la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s Cort\u00e9s Acelas: su hijo \u201csiempre ha estado pendiente de su empresa, de su negocio, y siempre ha sido el que ha trabajado, mi hijo ha sido un trabajador incansable …\u201d, Claudia tambi\u00e9n trabaj\u00f3, no recuerda cu\u00e1ndo ….\u201csiempre, el que estuvo a cargo del hogar, de los gastos de colegio, de salud ha sido mi hijo,.\u201d(…) Desconoce si su nuera \u201ctrabajaba en alguna cosa(…)\u201d. <\/p>\n
En ese contexto la evaluaci\u00f3n diferencial de la prueba, no puede juzgarse sesgada o parcializada, procura superar la desigualdad persistente en las relaciones familiares de la pareja en litigo, impuestas por preconceptos que asignan roles diferenciales a la mujer, como cuidadora sin reconocimiento y con limitadas posibilidades de acceso a espacios laborales y a la seguridad social, al punto de afectar su m\u00ednimo vital, pues seg\u00fan el declarante Ciro Alfonso Toledo Ruiz, la familia solidariamente procura solventar las necesidades de la demandante, porque el desquiciamiento de la vida familiar signific\u00f3 para la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s, quedarse sin ning\u00fan ingreso, factores estos de necesaria consideraci\u00f3n para evaluar la objetividad de la prueba testimonial recaudada\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo particular, anot\u00f3 igualmente que <\/p>\n
\u00aben la valoraci\u00f3n conjunta de la prueba testimonial, encuentra el Tribunal dos grupos de declarantes con versiones distintas frente al alcance del rol desempe\u00f1ado por los c\u00f3nyuges en su matrimonio y su responsabilidad en el resquebrajamiento de la vida familiar, sin embargo, examinados los relatos atendiendo criterios de evaluaci\u00f3n como su espontaneidad, claridad y concordancia, en conjunto con otros elementos de juicio, el Tribunal observa en las manifestaciones de los testigos convocados por el se\u00f1or Carlos Javier Agudelo Cort\u00e9s, un \u00e1nimo pronunciado por favorecer sus intereses e incongruencias que afectan gravemente la firmeza y credibilidad de sus atestaciones. <\/p>\n
(\u2026) Inaceptable es que ahora el demandado desvalorice e invisibilice la labor de la demandante como madre y esposa, a trav\u00e9s de diversas manifestaciones en su interrogatorio de parte, a las cuales se referir\u00e1 el Tribunal m\u00e1s adelante, adem\u00e1s afianzado en los dichos de los testigos Mar\u00eda In\u00e9s Cort\u00e9s Acelas, Jorge Luis Vald\u00e9s C\u00e9spedes, y Luisa Fernanda Torres C\u00e1rdenas, ahora que, volviendo sobre estas versiones, v\u00e9ase c\u00f3mo la madre del demandado en principio manifiesta de forma descalificante no tener conocimiento de cu\u00e1l ha sido el papel de su nuera en la empresa, y afirma que \u201cla form\u00f3 mi hijo y siempre es el que ha estado como representante legal\u201d, \u201csiempre ha estado pendiente de su empresa, de su negocio, y siempre ha sido el que ha trabajado, mi hijo ha sido un trabajador incansable y si le toca estar a las 6 de la ma\u00f1ana all\u00e1 est\u00e1 abriendo, atendiendo all\u00e1 su negocio\u201d, sin embargo, y no de forma espont\u00e1nea, sino por las preguntas del Juzgado, posteriormente admite que Claudia tambi\u00e9n trabaj\u00f3 all\u00ed, y estuvo al frente del negocio mientras dur\u00f3 la enfermedad de Carlos Javier <\/p>\n
(\u2026) puesta la atenci\u00f3n en el interrogatorio de parte del demandado, obs\u00e9rvese que el mismo a lo largo de su amplia exposici\u00f3n, utiliza expresiones denigrantes, tendientes a reducir y desvalorizar a su esposa y el rol desempe\u00f1ado por ella en el hogar, como bien lo advirti\u00f3 la se\u00f1ora Juez de primera instancia. Por ejemplo, al comienzo de su relato dijo \u201cquien se puso el overol y lider\u00f3 ese equipo que hab\u00edamos conformado fui yo, me preocup\u00e9 por sacar adelante esa empresa\u201d, m\u00e1s adelante manifest\u00f3 \u201cpor m\u00e1s que yo he intentado sacar adelante mi familia, lo que quiere es separarse, pero pensionarse conmigo, que entre otras cosas no lo puedo hacer\u201d, al referirse al cumplimiento de las obligaciones con sus hijos, indic\u00f3 \u201cla se\u00f1ora no sabe que es pagar un recibo de agua\u201d, al preguntarle qu\u00e9 papel tuvo su esposa al definir la composici\u00f3n accionaria de la empresa, dijo \u201cninguno, porque ella no es due\u00f1a, no es socia… adem\u00e1s no hace parte de la empresa, de la sociedad comercial y adicionalmente se la pasaba denigrando de la empresa, c\u00f3mo la iba a hacer part\u00edcipe de una decisi\u00f3n de esas que no le compete a ella, le compete al representante legal y a las personas interesadas en ese negocio\u201d, y en otra respuesta indic\u00f3 que no pod\u00eda verse obligado a aceptar un trato de divorcio \u201ccompletamente injustificado, para que la se\u00f1ora est\u00e9 tranquila y no me demande, <\/p>\n
firmarle una boleta de por vida, porque la se\u00f1ora lo que no quer\u00eda era, ni cumplir con sus obligaciones como madre, econ\u00f3micas, ya no vivir conmigo, sino que adem\u00e1s yo la siguiera manteniendo\u201d. <\/p>\n
Estas lamentables expresiones, sumadas a las inconsistencias y visos de parcialidad detectados en las manifestaciones de los testigos convocados por el se\u00f1or Carlos Javier, dejan sin soporte la presunta desatenci\u00f3n e incumplimiento de deberes que se le atribuye a la c\u00f3nyuge, por el contrario, bajo el tamiz de normas e instrumentos internacionales dispuestos para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, de obligatoria observancia como se dijo, so pena de soslayar compromisos internacionales del Estado, revelan la existencia de violencia psicol\u00f3gica y al tiempo econ\u00f3mica al interior del hogar <\/p>\n
(\u2026) En conclusi\u00f3n, al ocuparse del examen de las causales de divorcio alegadas en la demanda inicial y la de reconvenci\u00f3n y acoger las invocadas por la c\u00f3nyuge, no incurri\u00f3 la sentencia en sesgos de g\u00e9nero, ni en la indebida valoraci\u00f3n que alega el apoderado judicial del demandado y demandante en reconvenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los reparos formulados por el accionante, respecto de la cuota de alimentos que se le impuso, el tribunal puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00aben primer lugar, prosper\u00f3 la causal 2\u00aa de divorcio, sobre cuyos alcances autorizada doctrina nacional no duda en calificarla como de car\u00e1cter permanente y por lo mismo, no sujeta a t\u00e9rmino de caducidad, aspecto que no fue motivo de apelaci\u00f3n por el demandado inicial, pues ning\u00fan argumento frontal al respecto expuso, am\u00e9n de persistir la desatenci\u00f3n de los deberes asistenciales del se\u00f1or Carlos Javier, para con su esposa. En segundo lugar, concurren los elementos axiol\u00f3gicos de la obligaci\u00f3n alimentaria post divorcio, cuyo v\u00ednculo o fuente jur\u00eddica encuentra fundamento normativo en la culpabilidad, al tenor de lo previsto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 411 del C.C., seg\u00fan el cual, se debe alimentos \u201cA cargo del c\u00f3nyuge culpable, al c\u00f3nyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa\u201d; tambi\u00e9n en la solidaridad, acorde con interpretaci\u00f3n jurisprudencial sobre la tem\u00e1tica (Sentencia C \u2013919 de 2001). En este caso, la culpabilidad del se\u00f1or Carlos Javier en el resquebrajamiento de la vida familiar, y la inocencia de la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s, se encuentran plenamente establecidos y, con ello, la legitimaci\u00f3n de esta \u00faltima para reclamar alimentos de su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Con respecto a la necesidad de los alimentos, el establecimiento de una cuota alimentaria a favor de la demandante en este caso, se erige sobre la base de no ser suficiente lo que devenga, pues, los ingresos que mensualmente percibe la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s, por actividades informales (bisuter\u00eda, costura) no representan m\u00e1s de $500.000, seg\u00fan lo afirm\u00f3 la demandante en su interrogatorio, y lo corrobor\u00f3 la testigo Adriana Patricia Jaramillo; el joven Iv\u00e1n Jer\u00f3nimo vive con la se\u00f1ora Claudia, y manifiesta que su progenitora no est\u00e1 vinculada laboralmente, y a efectos de solucionar el d\u00e9ficit para atender las dem\u00e1s necesidades que no puede cubrir con sus ingresos, la demandante recibe ayuda de sus familiares y amigos, hecho que reconoce el propio demandado en la forma ya vista, de donde no es dif\u00edcil colegir, bajo las reglas de la experiencia y de la l\u00f3gica, el acierto de fijar una cuota a t\u00edtulo de complemento a favor de la demandante, y a cargo del demandado, cuyo monto de $500.0000 de ninguna manera es excesivo, si se tiene en cuenta lo dicho por el se\u00f1or Carlos Javier frente al nivel de vida que asegura le daba, y en adici\u00f3n, sumados ambos guarismos no superan el salario m\u00ednimo legal mensual vigente. <\/p>\n
La capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or Carlos Javier tambi\u00e9n se encuentra acreditada, el mismo ejerce la direcci\u00f3n y manejo de \u201c11 Technologies SAS\u201d, sociedad inscrita en C\u00e1mara y Comercio el 4 de marzo de 2011, seg\u00fan consta en el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal anexo a la demanda expedido el 21 de enero de 2019, cuya matr\u00edcula mercantil renov\u00f3 el a\u00f1o anterior (2018), que es de donde, en sus palabras, ha derivado la fuente de manutenci\u00f3n del hogar, siempre respondi\u00f3 por los gastos de la casa, y luego de la separaci\u00f3n asume el 100% de los gastos de Valeria, y parcialmente los del Iv\u00e1n Jer\u00f3nimo (educaci\u00f3n y salud). Ahora, el se\u00f1or Carlos Javier argument\u00f3 al contestar la demanda que sus ingresos \u201cse limitan a lo que se relaciona en su[s] declaraciones de renta, a los valores de cotizaci\u00f3n por pensi\u00f3n y salud\u201d, que no superan los $14\u2019000.000 anuales, y al ser indagado en interrogatorio de parte frente a sus ingresos dijo \u201cen este momento y como siempre que he ganado yo es el salario m\u00ednimo\u201d, manifestaci\u00f3n inveros\u00edmil e inconsecuente con sus propias afirmaciones si es que, como el se\u00f1or Carlos Javier lo calcul\u00f3 en la audiencia, los solos gastos de los menores oscilan alrededor de los dos o tres millones de pesos, y en \u00e9poca reciente ha tenido posibilidad de pagar viajes de placer al extranjero, am\u00e9n de no existir prueba de las deudas en que, asegura, ha tenido que incurrir para solventar los gastos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, anot\u00f3 que \u00abTampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el argumento seg\u00fan el cual, la sentencia exoner\u00f3 a la demandante de sus obligaciones econ\u00f3micas para con sus hijos, sino que afianzada en la actual situaci\u00f3n dom\u00e9stica y financiera de la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s, estim\u00f3 que quien se encuentra en condiciones econ\u00f3micas de continuar asumiendo tal responsabilidad en este momento es el padre de los menores, lo que no se opone alineamientos jurisprudenciales en torno a la obligaci\u00f3n alimentaria de los padres separados frente a sus hijos, cuando existen contextos de violencia econ\u00f3mica \u201ces necesario visibilizar las relaciones que surgen cuando hay padres separados e hijos menores, pues, aunque, su proyecto de vida en com\u00fan ha desparecido, los derechos y obligaciones en relaci\u00f3n con el ser humano que depende de ellos los liga como unidad familiar, constituyendo lo que se denomina \u201cfamilia de padres de separados\u201d. De ah\u00ed que deba velarse por la protecci\u00f3n de ese v\u00ednculo y las condiciones en las que se desarrolla, por lo que las autoridades de familia est\u00e1n llamadas a tasar las cuotas de alimentos bajo par\u00e1metros que no den lugar a la subordinaci\u00f3n del padre o madre que tiene menos recursos econ\u00f3micos, esto con el fin de evitar situaciones o actos de violencia econ\u00f3mica\u201d. Lo anterior, no es \u00f3bice para que pueda revisarse lo establecido en torno a la cuota alimentaria a favor de los hijos en el escenario correspondiente, en caso de cambiar las condiciones econ\u00f3micas de la se\u00f1ora Claudia In\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el resguardo, por cuanto la parte querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para impugnar una de las providencias que aqu\u00ed censur\u00f3 y tambi\u00e9n porque la otra decisi\u00f3n cuestionada contiene una argumentaci\u00f3n seria y razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14774-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC14774-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03671-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Agudelo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68641","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68641"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68641\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}