STC14782-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14782-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00770-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 7 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Rafael P\u00e9rez Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones y las Juntas Nacional y Regional (Atl\u00e1ntico) de Calificaci\u00f3n de Invalidez, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00435. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Wilson Rafael P\u00e9rez Hern\u00e1ndez, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Colpensiones y las Juntas Nacional y Regional (del Atl\u00e1ntico) de Calificaci\u00f3n de la Invalidez, en procura de \u00abla revocatoria de[l] dictamen de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral (\u2026) expedido por la Junta Nacional (\u2026) as\u00ed como el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad, quien en fallo del 26 de agosto de 2022 declar\u00f3 improcedente el amparo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel accionante podr\u00eda acudir ante un proceso laboral para refutar en ese escenario el dictamen de la Junta Nacional (\u2026), que es el medio id\u00f3neo para tal fin\u00bb. Providencia que \u00abfue comunicad[a] a las partes (\u2026) mediante oficio No.01195 del 29\/08\/2022, el d\u00eda 30 de agosto del presente a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el 9 de septiembre de esta anualidad, el gestor present\u00f3 impugnaci\u00f3n respecto de dicha determinaci\u00f3n, sin embargo, el estrado querellado la declar\u00f3 extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Inconforme, el convocante promueve la presente salvaguarda, argumentando, en lo fundamental, que el despacho enjuiciado \u00abdesconoc[i\u00f3] los elementos probatorios que determinan que pade[ce] una enfermedad incapacitante, que no (\u2026) podr[\u00e1] realizar ninguna labor debido a las secuelas dejadas por la isquemia. que no [le] permitir\u00e1n cotizar las 107 semanas que faltan para cumplir con las 1.300 semanas que se requiere para la pensi\u00f3n por vejez\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos la sentencia del 26 de agosto de 2022 y en su lugar se conceda la prestaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad solicit\u00f3 rechazar la protecci\u00f3n, pues \u00abla acci\u00f3n (\u2026) objeto de reproche se tramit\u00f3 en forma legal otorg\u00e1ndole a los intervinientes la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. En concreto, a lo que el hoy accionante se refiere \u00e9ste dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino de ley previsto en el art\u00edculo 31 del decreto 2591 de 1991, incluso si engracia de discusi\u00f3n se aceptara que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 2213 de 2022, adicional se le concedieran dos (2) d\u00edas, en total hubiese tenido el chance de ejercer este derecho hasta el 6 de septiembre y el escrito de impugnaci\u00f3n fue enviado el juzgado solo hasta el 9 de septiembre, tal como se especific\u00f3 en el auto que declar\u00f3 extempor\u00e1nea la misma\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto \u00abteniendo en cuenta que lo [pedido] no va dirigido contra esta Administradora y adem\u00e1s no se tienen la competencia para entrar a responder por lo requerido\u00bb. <\/p>\n
3. La Junta Nacional de Calificaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de esta entidad fue MODIFICAR el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral definido por la Junta Regional al probarse que la Junta Regional incurri\u00f3 en imprecisiones t\u00e9cnicas (\u2026) debi[endo] MODIFICAR esta asignaci\u00f3n estableciendo el real porcentaje que presenta el paciente, correspondiendo \u00fanicamente al 35.77%\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abNO ES CIERTO que esta entidad no tuvo en cuenta los dem\u00e1s diagn\u00f3sticos que padece el paciente, esta entidad revis\u00f3 todo el historial cl\u00ednico obrante en el expediente de la paciente, no obstante, es pertinente aclarar al despacho que en el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n no se califican anotaciones m\u00e9dicas, sintomatolog\u00edas, ni diagn\u00f3sticos en s\u00ed, sino las secuelas o limitaciones documentadas que persisten a\u00fan despu\u00e9s de agotado el periodo de Mejor\u00eda Medica M\u00e1xima certificaci\u00f3n que expide el m\u00e9dico tratante\u00bb. <\/p>\n
4. De la providencia de primer grado se extracta que \u00abla Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Atl\u00e1ntico solicit\u00f3 la improcedencia del presente amparo, al considerar que no se incurri\u00f3 por su parte en vulneraci\u00f3n alguna, as\u00ed como desarrollaron el procedimiento acorde con los lineamientos legales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, dado que la presente tutela se dirige contra las decisiones proferidas en un asunto de similar naturaleza y en ese sentido \u00abno podr\u00eda accederse al estudio de las pretensiones aqu\u00ed elevada (sic), pues ello no solo implicar\u00eda la invasi\u00f3n de la independencia del juzgado accionado, sino tambi\u00e9n vulnerar la seguridad jur\u00eddica atentando contra la cosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el recurrente para insistir en los motivos de su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00ab[a]l sufrir de un accidente cerebrovascular isqu\u00e9mico, y al contar con 57 a\u00f1os de edad, estando disminuida mi capacidad laboral debido a las secuelas de la enfermedad, no podr[\u00e1] realizar ninguna actividad laboral que me permita cotizar las ciento tres (103) semanas, que me hacen falta para cumplir con las mil trecientas (1.300) semanas que establece la ley\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abal estar bajo tratamiento m\u00e9dico mediante el control a la enfermedad del sistema neural (\u2026) se hace indispensable la protecci\u00f3n del derecho al m\u00ednimo vital. Mediante el reconocimiento de la pensi\u00f3n por invalidez que se dar\u00eda si se obliga a la junta nacional de calificaci\u00f3n de invalidez que [lo] califique de manera presencial y no virtual teniendo en cuenta la calificaci\u00f3n de la junta de invalidez regional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad; de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la salvaguarda que formul\u00f3 el querellante contra Colpensiones y las Juntas Nacional y Regional (del Atl\u00e1ntico) de Calificaci\u00f3n de la Invalidez (rad. 2022-00435), por cuanto no le concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n solicitada, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra una decisi\u00f3n de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el actual ataque lo dirige el actor, para quebrantar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad, el 26 de agosto de 2022, en el marco del mecanismo supralegal promovido por el gestor frente a Colpensiones y las Juntas Nacional y Regional (del Atl\u00e1ntico) de Calificaci\u00f3n de la Invalidez (rad. 2022-00435), al considerar que tal despacho incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, puesto que no le concedi\u00f3 la pensi\u00f3n pretendida. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con un nuevo ruego constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de incuria, toda vez que, el interesado no impugn\u00f3 -en el t\u00e9rmino establecido para ello-el fallo de tutela que a su juicio le fue adverso, es decir, desaprovech\u00f3 la oportunidad de plantear ante el juez competente, los argumentos que ac\u00e1 refiere, situaci\u00f3n que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
Adicional a ello, la desatenci\u00f3n del prenotado requisito se da tambi\u00e9n por la existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, el convocante aun cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la improcedencia de la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; (ii) el interesado no impugn\u00f3 -en el t\u00e9rmino establecido para ello- el fallo de tutela que a su juicio le fue adverso y (iii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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