STC14787-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14787-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga el 29 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Purificaci\u00f3n Ballesteros Monta\u00f1o, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, el Centro de Conciliaci\u00f3n Fundafas y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, seccionales Buga y Buenaventura, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Elkin Cuero Monta\u00f1o, la Inmobiliaria e inversiones Pacific Global SAS, la Sociedad Constructora y Servicios Profesionales, Leslie Jonathan Ocor\u00f3 Perlaza, Cristian Javier Vente Cocoro y Yerson Varela Ortiz y citadas las partes del proceso ejecutivo de radicado 2016-00026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los accionados en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Elkin Cuero Monta\u00f1o en el que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, profiri\u00f3 sentencia en la que conden\u00f3 al demandado a pagar los perjuicios. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, una vez iniciada la ejecuci\u00f3n de la providencia, el demandado ha incurrido en maniobras y artificios tendientes a eludir su cumplimiento, raz\u00f3n por la que formul\u00f3 denuncia penal, que no ha sido asignada a un fiscal para su conocimiento. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el se\u00f1or Cuero Monta\u00f1o, promovi\u00f3 en el Centro de Conciliaci\u00f3n Fundafas tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante, sin tener esta calidad, raz\u00f3n por la cual, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 532 del C\u00f3digo General del Proceso, debi\u00f3 ser rechazado de plano, adem\u00e1s que, tampoco cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n impuesta por el numeral 3 del art\u00edculo 545 ib\u00eddem, deficiencias que, reiter\u00f3, ameritaban el rechazo del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Indic\u00f3 que solicit\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura y al Centro de Conciliaci\u00f3n accionados, abstenerse de suspender el proceso ejecutivo, y solicitar la informaci\u00f3n necesaria para la adecuada orientaci\u00f3n del procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas, no obstante el Juzgado de conocimiento suspendi\u00f3 el proceso ejecutivo, sin realizar control de legalidad de la solicitud del tr\u00e1mite de insolvencia, y teniendo conocimiento de la prueba de la C\u00e1mara de Comercio que hace inaplicable el referido r\u00e9gimen al demandado. <\/p>\n
2. De conformidad con lo narrado, solicit\u00f3 \u00abcomo mecanismo transitorio y para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, ordenar, <\/p>\n
ii) \u00abal Centro de Conciliaci\u00f3n Fundadas rechazar de plano el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural presentado por el se\u00f1or Elkin Cuero Monta\u00f1o\u00bb y, <\/p>\n
iii) \u00aba la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, iniciar persecuci\u00f3n (sic) penal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, manifest\u00f3 haber expuesto motivadamente las razones por las que consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a suspender el proceso ejecutivo, en tanto que el auto criticado por la accionante se fundament\u00f3 en la normativa que gobierna la tem\u00e1tica, providencia frente a la cual no se interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que como la demandante present\u00f3 solicitud de rechazar el tr\u00e1mite de insolvencia con fundamento que fue admitido sin tener en cuenta los requisitos contemplados en el art\u00edculo 532 del C\u00f3digo General del Proceso, y sin analizarse el perfil del deudor, la remiti\u00f3 al Centro de Conciliaci\u00f3n Fundafas. <\/p>\n
2. La Conciliadora del Centro de Conciliaci\u00f3n Fundafas, refiri\u00f3 que el tr\u00e1mite que inici\u00f3 Elkin Cuero Monta\u00f1o, se ajust\u00f3 a lo previsto en la Ley 1564 de 2012, y dentro de los acreedores quirografarios que present\u00f3, relacion\u00f3 a Purificaci\u00f3n Ballesteros Monta\u00f1o. <\/p>\n
Relat\u00f3 que un abogado se present\u00f3 al tr\u00e1mite en nombre de la se\u00f1ora Ballesteros Monta\u00f1o, presentando para el efecto un escrito que no cumpl\u00eda con las exigencias del art\u00edculo 77 del C\u00f3digo General del Proceso, y agreg\u00f3 que el procedimiento se llev\u00f3 a cabo, y dicho apoderado no acept\u00f3 las propuestas del deudor, dado que su voto fue negativo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga, neg\u00f3 el amparo invocado, y para el efecto sostuvo que la accionante no acredit\u00f3 haber recurrido en reposici\u00f3n la decisi\u00f3n de suspender el juicio ejecutivo, ante la noticia de admisi\u00f3n del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas presentado por el demandado. <\/p>\n
Estim\u00f3, adem\u00e1s, que con la decisi\u00f3n cuestionada no se vulner\u00f3 el debido proceso de la accionante, puesto que de conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso, ante la aceptaci\u00f3n de la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas es imperativo disponer ese efecto inmediato, y afirm\u00f3 que, en ese caso, no cabe para el juez de ejecuci\u00f3n un camino diferente que decretar la suspensi\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que otra cosa es que en ese tr\u00e1mite se hubiese omitido verificar si el deudor ejerc\u00eda actividades de comercio, y esto no corresponde al Juez de la ejecuci\u00f3n, sino al conciliador del respectivo centro que es a quien le compete decidir sobre la aceptaci\u00f3n, inadmisi\u00f3n o rechazo, e inclusive las controversias que se susciten son definidas por el juez civil municipal del domicilio del deudor. <\/p>\n
Relat\u00f3 que cualquier controversia en punto de la presunta calidad de comerciante del deudor, deb\u00eda ser presentada ante el Centro de Conciliaci\u00f3n que conoce la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas formulada por el ejecutado, tr\u00e1mite al que fue vinculada la accionante, y no en esta senda constitucional de marcada excepcionalidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La plante\u00f3 la accionante con fundamento en que, respecto a la idoneidad del recurso de reposici\u00f3n, la misma Corporaci\u00f3n de primera instancia sostuvo que nada pod\u00eda hacer el despacho accionado ante la solicitud del Centro de Conciliaci\u00f3n de suspender el proceso por apertura del tr\u00e1mite de insolvencia, de manera que de nada serv\u00eda haber hecho uso de los recursos de ley. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se valor\u00f3 el material probatorio mediante el cual se acreditaba la calidad de comerciante del deudor, tales como la comunicaci\u00f3n a la C\u00e1mara de Comercio de Buenaventura del embargo del establecimiento de comercio inscrito a su nombre, junto con la constancia de su inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el Centro de Conciliaci\u00f3n accionado omiti\u00f3 informar que en el tr\u00e1mite de insolvencia desde el inicio se insisti\u00f3 en su rechazo en atenci\u00f3n a la calidad de comerciante del deudor, y no estar presente todos los acreedores. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que aport\u00f3 copia de su c\u00e9dula para acreditar su edad, y fotograf\u00edas para demostrar que no tiene sustento econ\u00f3mico porque debido a la destrucci\u00f3n de su vivienda, debe pagar arrendamiento, circunstancias que hacen urgente que se adopten medidas, dado el tiempo que lleva en tr\u00e1mite el proceso declarativo y luego la ejecuci\u00f3n de la sentencia <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
1.1 Este tr\u00e1mite constitucional se formul\u00f3 con la finalidad de que se ordenara a los accionados rechazar el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante presentado por Elkin Cuero Monta\u00f1o y en su lugar, proseguir con el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 en contra del mismo. <\/p>\n
Contra ese argumento la accionante replica que no se examin\u00f3 que el recurso de reposici\u00f3n no era id\u00f3neo para detener la suspensi\u00f3n, puesto que el juzgador constitucional de primera instancia sostuvo que nada se pod\u00eda hacer ante la apertura del tr\u00e1mite de insolvencia, argumento que no resulta de recibo para hacer de lado el requisito de la subsidiariedad, y abrir paso a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Para ese efecto, basta tener en cuenta que el argumento relativo a que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura deb\u00eda decretar la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite, no proviene de este \u00faltimo sino de un juzgador diferente, y de haber sido presentado el recurso de reposici\u00f3n, correspond\u00eda era al Juzgado de conocimiento resolverlo, raz\u00f3n por la cual, no puede predicarse que ese recurso ordinario no resultaba id\u00f3neo. <\/p>\n
Sea esta una oportunidad m\u00e1s para refrendar que, el recurso de reposici\u00f3n es un medio id\u00f3neo para la defensa de los derechos que se estimen vulnerados por una decisi\u00f3n judicial contra la que proceda. Se trata de \u00abun medio por el cual el juez o tribunal que conoce del proceso enmienda su propia resoluci\u00f3n y pronuncia otra ajustada a derecho\u00bb1. <\/p>\n
No puede entonces restarse eficacia a ese recurso, solo porque se resuelve por el mismo funcionario que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada, atendiendo que su prop\u00f3sito es brindar una oportunidad adicional para que revise su decisi\u00f3n, y si es del caso, se ajuste al ordenamiento jur\u00eddico, finalidad que se aviene a principios como la econom\u00eda y celeridad procesal, y que propende por garantizar el derecho de defensa (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, STC 8909-2017, 21 jun., reiterada en STC11109-2022). <\/p>\n
1.2 Igualmente reclam\u00f3 la impugnante que el Centro de Conciliaci\u00f3n accionado omiti\u00f3 informar que solicit\u00f3 el rechazo del tr\u00e1mite de insolvencia en atenci\u00f3n a la calidad de comerciante del deudor. <\/p>\n
No obstante, revisado el expediente, pese que se encontr\u00f3 solicitud en ese sentido, la foliatura tambi\u00e9n revela incuria de la accionante, lo que cierra el paso al amparo suplicado. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, si bien en auto de 23 de mayo de 2022, el Centro de Conciliaci\u00f3n Fundafas acept\u00f3 la solicitud de procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas del se\u00f1or Elkin Cuero Monta\u00f1o, y fij\u00f3 fecha para audiencia el 22 de junio de 2022, en esa oportunidad se hizo presente el apoderado judicial de la accionante, y seg\u00fan la respectiva acta solo \u00abmanifiesta el valor de la acreencia\u00bb, momento en el que \u00abeste cr\u00e9dito queda en firme\u00bb. (034 expediente conciliaci\u00f3n. Pdf. 69). <\/p>\n
Con posterioridad, esto es mediante correo electr\u00f3nico de 23 de junio de 2022, la aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 tanto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, como al Centro de Conciliaci\u00f3n, rechazar el tr\u00e1mite de insolvencia por tener el deudor la calidad de comerciante. (034 expediente conciliaci\u00f3n. Pdf. 69) <\/p>\n
No obstante, y pese a que el representante judicial de la accionante se present\u00f3 en el Centro de Conciliaci\u00f3n a la audiencia de 8 junio, 25 de julio y 5 de agosto de 2022, (034 expediente conciliaci\u00f3n. Pdf. 86, 108, 118), y en esta \u00faltima oportunidad vot\u00f3 negativamente a la propuesta de pago, no se observa que se hubiese insistido en que se resolviera la mencionada solicitud antes de que se llegara a un acuerdo de pago. <\/p>\n
Tampoco formul\u00f3 objeciones fundadas en los hechos que se alegan por esta v\u00eda, a pesar de que los art\u00edculos 550 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso lo permiten, y en caso de no ser conciliadas, adem\u00e1s de proceder la suspensi\u00f3n de audiencia, una vez surtido el tr\u00e1mite respectivo, \u00ablos escritos presentados ser\u00e1n remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolver\u00e1 de plano sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite recursos, y ordenar\u00e1 la devoluci\u00f3n de las diligencias al conciliador\u00bb. <\/p>\n
Todo este recuento para llegar a la conclusi\u00f3n, que si bien es cierto en el mencionado tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante se formul\u00f3 la solicitud de rechazo por las razones indicadas, tambi\u00e9n lo es, que la actora se present\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial a tres audiencias mientras se encontraba pendiente la resoluci\u00f3n de esa petici\u00f3n y nada dijo al respecto. <\/p>\n
2. Debe tenerse presente, que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa judicial, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022). <\/p>\n
Todas las circunstancia descritas enmarcan esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. Cabe tambi\u00e9n sostener que a pesar de que qued\u00f3 demostrado que la accionante tiene m\u00e1s de 60 a\u00f1os, circunstancia que en cierta medida impone un examen menos estricto de las reglas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la misma ha estado representada por apoderado en los tr\u00e1mites censurados circunstancia que pone de manifiesto que ha contado con defensa t\u00e9cnica, uno de los pilares del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse adem\u00e1s, que el hecho de aludir a la edad de la actora no comprueba per se el quebranto de sus garant\u00edas y tampoco, que los mecanismos de defensa a su alcance no le permitan la protecci\u00f3n de los intereses que aqu\u00ed invoca, pues como lo ha indicado la Sala en casos similares, \u00abEn relaci\u00f3n con la avanzada edad de la proponente (70 a\u00f1os), aspecto en el que hizo especial \u00e9nfasis, t\u00e9ngase en cuenta que \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada\u00bb (CSJ STC1200-2014, reiterada en STC4541-2021 y STC2793-2022, entre otras). <\/p>\n
Por otra parte, en este caso solo se incorporaron v\u00eda impugnaci\u00f3n algunas im\u00e1genes fotogr\u00e1ficas insuficientes que impiden concluir la finalidad perseguida, esto es, el perjuicio irremediable que se quiere hacer ver, y en las caracter\u00edsticas que se requiere para que se conceda el amparo como mecanismo transitorio, pues para tal evento se debi\u00f3 acreditar que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ. STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC9677-2022, 28 jul. 2022, rad. 00125-01 STC 10710-2022). <\/p>\n
4. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 MORALES MOLINA, HERNANDO. Curso de Derecho Procesal Civil. D\u00e9cima Edici\u00f3n. Editorial ABC. Bogot\u00e1. 1988. P\u00e1g. 577. <\/p>\n
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