STC14790-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14790-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03668-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Obreg\u00f3n de La Torre y Alicia del Carmen Alarc\u00f3n de Obreg\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Superintendencia Financiera, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor 2020-0516 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, obrando por conducto de apoderado, acuden a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que estiman trasgredidos por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Juan Obreg\u00f3n de La Torre y Alicia del Carmen Alarc\u00f3n de Obreg\u00f3n formularon, ante la Superintendencia Financiera, demanda de protecci\u00f3n al consumidor contra Scotiabank Colpatria S.A., la cual fue admitida con auto de 20 de marzo de 2019, notificado por aviso el 22 de abril de 2020. <\/p>\n
2.2. La entidad bancaria contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones previas y de m\u00e9rito, de las cuales se corri\u00f3 traslado mediante prove\u00eddo de 29 de mayo de aquel a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. En la oportunidad procesal, los demandantes solicitaron tener por no contestada la demanda y presentaron reforma a la misma; sin embargo, con providencia de 3 de septiembre siguiente el cognoscente desestim\u00f3 la primera petici\u00f3n y se abstuvo de dar tr\u00e1mite a la modificaci\u00f3n propuesta, decisi\u00f3n frente a la cual interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. En audiencia llevada a cabo el 12 de marzo de 2021, el funcionario jurisdiccional concedi\u00f3, en el efecto devolutivo, la alzada exclusivamente contra la negativa de tramitar la reforma a la demanda; asimismo, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abpleito pendiente\u00bb invocada por la entidad demandada, disponiendo la terminaci\u00f3n del proceso y el archivo de las diligencias. <\/p>\n
2.5. Esta determinaci\u00f3n tambi\u00e9n fue impugnada por la parte demandante, siendo concedida en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.6. Remitida la actuaci\u00f3n a la colegiatura ad quem, fue asignada al magistrado Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena quien, mediante auto de 16 de noviembre de 2021, declar\u00f3 la deserci\u00f3n de las defensas, el cual no fue recurrido por los interesados. <\/p>\n
2.7. Los demandantes formularon incidente de nulidad, rechazado por el magistrado ponente el pasado 5 de julio. <\/p>\n
2.8. En firme la declaratoria de desierto, la actuaci\u00f3n fue retornada a la autoridad de primer grado y con posterioridad a dicha ejecutoria, el representante judicial de los quejosos interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. A lo largo del presente libelo, el apoderado de los actores se limita a atacar a los funcionarios involucrados en la tramitaci\u00f3n del asunto, se\u00f1al\u00e1ndolos de \u00abprevaricadores\u00bb, \u00abdelincuentes\u00bb, \u00abtorticeros\u00bb, \u00abtramposos\u00bb y de conformar \u00abuna verdadera empresa criminal, un engranaje de corrupci\u00f3n que vincula a la empresa demandada\u2026 su abogado\u2026 delf\u00edn de un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a los funcionarios\u2026 de la Superintendencia Financiera\u2026 la Procuradora Judicial 3 Judicial II para asuntos civiles de Bogot\u00e1\u2026 el Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1, el secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u2026 y la joya de la corona, el despacho del Magistrado Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena a donde lleg\u00f3 el proceso despu\u00e9s de una descarada e il\u00edcita manipulaci\u00f3n del proceso [sic]\u00bb; empero, no dirige su queja contra ninguna de las providencias expedidas en el asunto, tampoco encuadra la situaci\u00f3n en alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales ni formula pretensi\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VUNCULADOS <\/p>\n
1. Una funcionaria adscrita al Grupo Contencioso Administrativo Dos de la Superintendencia Financiera advirti\u00f3 que los quejosos promovieron, con anterioridad, dos acciones de tutela fundamentadas en hechos similares a los que expone en el presente resguardo. <\/p>\n
Al margen de ello resalt\u00f3 que la actuaci\u00f3n sobre la que recae la queja constitucional se adelant\u00f3 con apego a las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, por lo que solicit\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
2. El apoderado general de Scotiabank Colpatria S.A. se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria habida consideraci\u00f3n que \u00abla parte demandante ten\u00eda a su disposici\u00f3n medios de defensa id\u00f3neos\u2026 y decidi\u00f3 no acudir a ellos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades convocadas lesionaron las garant\u00edas invocadas por los gestores dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor financiero promovido por ellos contra Scotiabank Colpatria S.A. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Los accionantes acuden al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, desde su componente de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera quebrantado por las autoridades judiciales que adelantaron el proceso de protecci\u00f3n al consumidor financiero que promovieron contra Scotiabank Colpatria S.A. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad puesto que si bien los promotores tuvieron a su alcance los medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que exponen por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente los desaprovecharon. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al ser enterados en debida forma de las providencias por medio de las cuales el tribunal convocado declar\u00f3 desierta la alzada y rechaz\u00f3 la nulidad formulada, bien pudieron haber hecho uso de los recursos de reposici\u00f3n contra la primera y de s\u00faplica frente a la segunda, por virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 318 -primer inciso-, 321 y 331 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realizaron con lo que mostraron su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo pues la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe anotar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
No puede pasar por alto la Sala, el empleo, por parte del abogado que funge como apoderado de los accionantes, de expresiones descorteses y agraviantes para referirse no solo a los funcionarios y servidores judiciales accionados, sino tambi\u00e9n a la delegada del Ministerio P\u00fablico designada para ejercer el acompa\u00f1amiento en la actuaci\u00f3n sobre la que recay\u00f3 la queja y al profesional del derecho que represent\u00f3 los intereses de su contraparte en dicho proceso. <\/p>\n
Ciertamente, manifestaciones como que dichos funcionarios son unos \u00abprevaricadores\u00bb, \u00abdelincuentes\u00bb, \u00abtorticeros\u00bb y que conforman un engranaje criminal que involucra a exmagistrados de esta Corporaci\u00f3n, van m\u00e1s all\u00e1 del razonable disentimiento con la motivaci\u00f3n de las providencias que pudieron serle desfavorables y se enfilan hacia un ataque personal a la probidad y honestidad; por lo que se impone llamar su atenci\u00f3n a efecto de que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en ese reprochable proceder y emplee en sus escritos un lenguaje moderado, acorde con el decoro y respeto inherentes al ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
Esto, porque de conformidad con el art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, es deber de los abogados \u00abobservar\u2026 mesura, seriedad, ponderaci\u00f3n y respeto en sus relaciones con los servidores p\u00fablicos\u00bb, de ah\u00ed que utilizar expresiones injuriosas o acusaciones temerarias como las consignadas en la demanda de tutela podr\u00eda hacerlo acreedor de sanciones de \u00edndole disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 32 de la normativa en cita, concordado con el numeral 4 del canon 78 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, no pretende disminuir el derecho que le asiste de controvertir las decisiones con las que se muestre en desacuerdo, sino que dicho derecho debe ejercerse con responsabilidad y sin superar \u00abel rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, a\u00fan en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial. Es posible igualmente que a trav\u00e9s de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardent\u00eda una posici\u00f3n, pero sin llegar al extremo del irrespeto\u00bb (CC T-017\/07). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se acceder\u00e1 al resguardo solicitado por la incuria revelada, pues la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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