STC14794-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14794-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 76001-22-03-000-2022-00184-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el 5 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Humberto N\u00fa\u00f1ez Monta\u00f1o contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario de radicaci\u00f3n n\u00famero No. 015-2002-00108-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido manifest\u00f3 que, en el proceso ejecutivo hipotecario promovido en su contra y de otros por el Banco Av. Villas, solicit\u00f3 el 24 de noviembre de 2020 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, la terminaci\u00f3n del citado litigio promovido por \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito o de la obligaci\u00f3n al tratarse de un t\u00edtulo complejo\u00bb, lo que reiter\u00f3 el 23 y 28 de julio, as\u00ed como el de 10 de agosto de 2021, e inclusive que el 1\u00ba de julio de 2022 tambi\u00e9n la reclam\u00f3 el apoderado judicial de uno de los codemandados Jos\u00e9 Frank N\u00fa\u00f1ez Monta\u00f1o. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en el referido escrito de 10 de agosto de 2021 igualmente advirti\u00f3 al Juzgado de conocimiento del \u00abgrav\u00edsimo problema de haber permitido la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a una persona o firma o persona jur\u00eddica que no ten\u00eda nada que ver con la venta de vivienda digna vigilada por la Superintendencia Bancaria, pues demostr\u00e9 con lujo de detalles que seg\u00fan nuestra normatividad esa cesi\u00f3n est\u00e1 prohibida, pues solo y exclusivamente se pod\u00eda efectuar a entidades crediticias, lo que generaba una nulidad insaneable\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que ha agotado todas las peticiones respetuosas ante el Juzgado accionado, para que se diera por terminado el asunto por ausencia del citado requisito, las que han sido negadas, de igual manera interpuso los recursos de Ley; por tanto, es procedente la solicitud de amparo. <\/p>\n
2. Con fundamento en los anteriores argumentos, solicit\u00f3 que se decrete la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, porque la obligaci\u00f3n no fue reestructurada, o en su defecto, se invalide la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, por prohibici\u00f3n de la Ley, tal y como lo anunci\u00f3 y advirti\u00f3 al Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali contest\u00f3 que, ese despacho ha resuelto todas y cada una de las solicitudes relacionadas por el actor en el proceso ejecutivo No. 015-2002-00108-00, y refiri\u00f3 que el 5 de agosto de 2022 ingres\u00f3 el expediente al despacho para desatar el incidente de nulidad presentado por uno de los ejecutados. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali, declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional, al configurarse la carencia de objeto por hecho superado, al observar que \u00abcon las providencias del 30 de agosto de 2021 y del 28 de febrero de 2022, notificada en estado del 23 de marzo de 2022, el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali atendi\u00f3 la solicitud que elev\u00f3 el extremo pasivo y ahora accionante \u2013terminaci\u00f3n por falta de reestructuraci\u00f3n \u2013 con lo que queda superada cualquier situaci\u00f3n conflictiva con entidad de generar alg\u00fan cisma en las prerrogativas del actor; en ese sentido, advierte esta Corporaci\u00f3n que no hay vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, porque las peticiones sobre la terminaci\u00f3n del compulsivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario para compra de vivienda, fueron sustanciadas por el Juez accionado y puestas en conocimiento de las partes por notificaci\u00f3n que se hizo en estados desde el pasado 23 de marzo de 2022, es decir previo a la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 el fallo, argumentando que, el Tribunal no se pronunci\u00f3 respecto de la postura de la Corte Suprema de Justicia en las que expres\u00f3 que la existencia de embargos de remanentes u otras cautelas, no es impedimento para dar por terminado el proceso por la ausencia de reestructuraci\u00f3n, as\u00ed como tampoco hizo alusi\u00f3n a la capacidad econ\u00f3mica del demandado, ni efect\u00fao un an\u00e1lisis especial y concienzudo de la situaci\u00f3n relacionada con la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito sin los rigores y notificaci\u00f3n prescrita por la Ley, al permitirlo frente a una persona natural. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en su sentir sus s\u00faplicas no han sido resueltas de ninguna manera, por lo que la decisi\u00f3n adoptada en el fallo se encuentra sin motivaci\u00f3n y las respuestas a sus interrogantes brillan por su ausencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el caso en estudio, la inconformidad de las demandantes, se centra en el hecho que el Juzgado de conocimiento no ha resuelto las peticiones que present\u00f3 el 23 de julio y 10 de agosto de 2021, relacionadas con la terminaci\u00f3n del proceso adelantado en su contra por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, y la anulaci\u00f3n de la cadena de cesiones aceptadas en ese despacho judicial. <\/p>\n
1.1 Examinado el expediente, se observa que en el litigio ejecutivo hipotecario que curs\u00f3 en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali con el radicado No. 015-2002-00180-00, promovido por Banco Av. Villas contra Lilia Monta\u00f1o de N\u00fa\u00f1ez, Jos\u00e9 Franky N\u00fa\u00f1ez Montero y Carlos Humberto N\u00fa\u00f1ez Monta\u00f1o, una vez adelantadas las etapas propias de esta actuaci\u00f3n, se profiri\u00f3 sentencia el 26 de noviembre de 2004, en la que se resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00abPrimero: Decretar la venta en b\u00falica subasta del inmueble en garant\u00eda HIPOTECARIA, el cual se encuentra debidamente en los hechos de la demanda.-Segundo: con el producto de la venta P\u00c1GUESE al demandante las sumas de dinero de que habla el auto de mandamiento de pago.-Tercero: Pract\u00edquese el aval\u00fao de los bienes trabados en litis, por medio de peritos que en forma oportuna designara el despacho.- Cuarto: En la forma y t\u00e9rminos indicados en el art\u00edculo 521 del C.P.C., pract\u00edquese la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con sus intereses moratorios, con la salvedad de que estos ser\u00e1n tasados de acuerdo a las fluctuaciones que de ellos certifique la Superintendencia Bancaria mes tras mes, de igual manera teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 en Sentencia #386 de mayo de 1999, con relaci\u00f3n a la figura del UPAC, estableciendo determinados par\u00e1metros para efectos de liquidar las obligaciones de los usuarios del sistema\u00bb. <\/p>\n
1.2 Decisi\u00f3n que apel\u00f3 la codemandada Liliana Monta\u00f1o de N\u00fa\u00f1ez, porque no se hab\u00eda efectuado la \u00abreliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, no se tuvo en cuenta la tasa real de intereses, y se incumpli\u00f3 las Sentencias C-1140 de 200 y C-747, que fue rechazada de plano al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 507 ibidem, porque los ejecutados no propusieron excepciones en el pleito. <\/p>\n
1.3 Los ejecutados interpusieron incidente de nulidad con fundamento en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, porque en la obligaci\u00f3n cobrada no se hab\u00eda efectuado la \u00abreliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb de acuerdo con la Ley 546 de 1999, que negada el 5 de febrero de 2009 fue confirmada por el superior funcional. <\/p>\n
1.4 El 2 de agosto de 2010 se rechaz\u00f3 de plano el nuevo incidente de nulidad fundado en las causales del art\u00edculo 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento, as\u00ed como en el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
1.5 El expediente se remiti\u00f3 a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n, y por reparto le correspondi\u00f3 continuar tramitando el asunto al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, quien avoc\u00f3 conocimiento el 4 de abril de 2016. <\/p>\n
1.6 El 6 de septiembre de 2018 se realiz\u00f3 el remate de los inmuebles hipotecados, registrados a folios de M.I. Nros. 370-518721, 370-518599 y 370-518600 y fueron adjudicados a Guillermo Serrano Plaza, remate que fue aprobado el 24 de septiembre de 2018. <\/p>\n
1.7 El 5 de noviembre de 2019, el demandado Carlos Humberto N\u00fa\u00f1ez Monta\u00f1o, pidi\u00f3 la nulidad del proceso porque la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que se cobra no le fue notificada, la que neg\u00f3 el Juzgado de conocimiento el 7 de noviembre de 2019, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el 3 de febrero de 2020 el se\u00f1or N\u00fa\u00f1ez Monta\u00f1o y rechaz\u00f3 el Juzgado el 27 de febrero siguiente por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
1.8 El 23 de junio de 2021 el demandado Carlos Humberto N\u00fa\u00f1ez, envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico secoecccali@cendoj.ramajudicil.gov.co., un escrito en el que pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso porque el cr\u00e9dito hipotecario no fue reestructurado, y al tratarse de un t\u00edtulo complejo deb\u00eda aportarse la \u00abreestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.10 El 28 de julio de 2021 el Juzgado de conocimiento se resolvi\u00f3, i) negar el control de legalidad, ii) ordenar correr traslado a las partes de la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito elevada por Carlos Humberto y Jos\u00e9 Franky N\u00fa\u00f1ez. <\/p>\n
1.11 El 10 de noviembre de 2021 se requiri\u00f3 a los demandados para que, dentro del t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, pusieran de presente las reales condiciones y capacidad econ\u00f3mica, as\u00ed como el estado de los procesos ejecutivos Nos. 026-2007-674 y 028-2001-00673, providencia censurada en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n presentado por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
1.12 En autos de 28 de febrero de 2022 el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, resolvi\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
i. No acceder a la terminaci\u00f3n del proceso, porque a la fecha existen dos litigios ejecutivos vigentes en los cuales se decret\u00f3 el embargo de remanentes de bienes de propiedad de los ejecutados, \u00abaspecto que hasta el momento no ha cambiado, o lo contrario no se encuentra probado, igualmente debe manifestarse que este despacho en fino acatamiento de lo esbozado por la Corte Suprema de Justicia, respecto de que la existencia de remanentes o de procesos seguidos en contra de los ejecutados per se no impide que se declare la terminaci\u00f3n del proceso ante la inexistencia de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, al no demostrar plenamente la incapacidad de pago de los deudores, sino que en defensa del derecho de vivienda debe establecerse la real situaci\u00f3n financiera de los demandados, se procedi\u00f3 a requerir a las partes en varias oportunidades a los ejecutados para que pongan de presente sus reales condiciones econ\u00f3micas y que informe la suerte de los procesos seguidos en contra de los demandados (radicaciones 026-2007-674, 028-2001- 00673), lo cual fue soslayado por completo\u00bb. (se subraya) <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que, \u00abla terminaci\u00f3n extra\u00f1ada no procede por la existencia de remanentes en contra de los ejecutados, dado que existe embargo de remanentes que se encuentran vigentes (radicaciones 026-2007-674, 028-2001- motivo por el cual se resolvi\u00f3 con las pruebas que obraban en el proceso, agregando que encontr\u00f3 vigente un embargo por parte de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales. <\/p>\n
ii) Desat\u00f3 los recursos formulados as\u00ed, 1) Mantuvo la decisi\u00f3n de 10 de noviembre de 2021 porque lo que se trat\u00f3 de buscar antes de desatar el fondo de la petici\u00f3n, fue establecer la real situaci\u00f3n financiera de los demandados, quienes desatendieron por completo ese requerimiento, y 2) neg\u00f3 el subsidiario por improcedente. <\/p>\n
1.13 Contra el auto que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n formul\u00f3 de manera directa el recurso de queja, que el 5 de mayo de 2022 se rechaz\u00f3 de plano porque no fue interpuesto en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Efectuado ese recuento, advierte la Sala que no se evidencia amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, ya que el Juzgado de conocimiento en auto de 28 de febrero de 2022 resolvi\u00f3 la petici\u00f3n elevada por el accionante y dispuso \u00abnegar la terminaci\u00f3n del proceso solicitada por la parte ejecutada\u00bb (derivado 126 de la carpeta 1. Cuaderno Principal del expediente digital), porque no se comprob\u00f3 la capacidad de pago por parte de los demandados. <\/p>\n
En efecto, para establecer la real situaci\u00f3n de los ejecutados, los requiri\u00f3 para que allegaran los medios de convicci\u00f3n respectivos, llamado que fue desatendido por completo por los interesados, adem\u00e1s el Juez orden\u00f3 librar comunicaciones a distintos despachos judiciales, y la respuesta recibida era que esos litigios ejecutivos adelantados contra los demandados a\u00fan estaban vigentes, y, adem\u00e1s tuvo conocimiento que exist\u00eda un cobro coactivo ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. <\/p>\n
De lo anterior se concluye que la decisi\u00f3n reprochada est\u00e1 motivada y no luce arbitraria, ya que obedece a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revel\u00f3 el asunto y la jurisprudencia m\u00e1s reciente aplicable al caso, toda vez que luego de analizados los documentos obrantes en el expediente, as\u00ed como las pruebas que decret\u00f3 de oficio, consider\u00f3 que no estaba acreditada la falta de capacidad econ\u00f3mica de los obligados; y s\u00ed la decisi\u00f3n result\u00f3 adversa a los intereses del solicitante, ese hecho en s\u00ed mismo, no hace procedente el amparo constitucional implorado. <\/p>\n
Si lo anterior no fuera suficiente, es clara la incuria del accionante, si se tiene en cuenta que, el funcionario cuestionado requiri\u00f3 en varias oportunidades a los demandados para que aportaran los medios de convicci\u00f3n a fin de poder establecer su real situaci\u00f3n financiera, como as\u00ed lo hizo entre otros, en providencia de 10 de noviembre de 2021, evidenciando la Sala que, no presentaron ninguna prueba al respecto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y contrario a lo afirmado en el escrito de impugnaci\u00f3n, el juez de conocimiento en atenci\u00f3n a la postura adoptada por esta Sala en la que se se\u00f1al\u00f3 a los juzgadores de conocimiento que no tuvieran por desvirtuada la capacidad econ\u00f3mica de los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda otorgados en UPAC con la simple existencia de un embargo inscrito sobre el predio gravado hipotecariamente, siendo de \u00absu resorte emprender una actividad proactiva en tal materia\u00bb, orden\u00f3 decretar pruebas de oficio previo a resolver lo pertinente. <\/p>\n
Y es que esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC5248-2021, concluy\u00f3 que \u00abno basta con advertir la existencia de un tr\u00e1mite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto\u00bb. (\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
3. Ahora bien, si en sentir del accionante en el pleito nada se dijo sobre las \u00abcesiones de cr\u00e9dito aceptadas\u00bb, es claro que no puede pretender que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se efectu\u00e9 ese pronunciamiento, cuando se trata de un hecho que no fue expuesto ante el juez natural. <\/p>\n
De igual manera, no se observa que en la actuaci\u00f3n el se\u00f1or N\u00fa\u00f1ez Monta\u00f1o aqu\u00ed accionante haya requerido la nulidad del proceso con fundamento en los hechos que hoy se duele en tutela, para que en caso de ser negada pudiera formular el recurso de apelaci\u00f3n a fin de que el superior funcional [Tribunal Superior], estudiara todas las inconformidades expuestas en esta acci\u00f3n. <\/p>\n
4. En s\u00edntesis, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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