STC14797-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14797-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali el 29 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Ana Ruby Herrera Valencia formul\u00f3 contra los Juzgados Quince Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso declarativo radicado bajo el n\u00famero 76001-40-03-005-2017-00755-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en el mencionado proceso adelantado por \u00c1lvaro Enrique Ortega Medina en su contra y de Adriana Clavijo Tapiero, no fue debidamente notificada del auto admisorio proferido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali, ya que le fueron remitidos citatorios y avisos f\u00edsicos conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3gido General del Proceso, los cuales conten\u00edan errores tales como la equivocada direcci\u00f3n del Juzgado, no se tom\u00f3 en cuenta la pandemia de p\u00fablico conocimiento y no se aplic\u00f3 lo normado en el Decreto 806 de 2020, en relaci\u00f3n a que su citaci\u00f3n deb\u00eda realizarse por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Destac\u00f3, que no resid\u00eda en el predio objeto de arrendamiento en el que se entregaron las comunicaciones, y, que la firma y la c\u00e9dula consignadas en estos no correspond\u00edan a ella, y, resalt\u00f3, que, en cualquier caso, en ese lugar no se estaba recibiendo documentaci\u00f3n f\u00edsica. <\/p>\n
Asever\u00f3, que, para la otra demandada en sus mismas condiciones, se anul\u00f3 el referido enteramiento y, que, no obstante haberlo solicitado en id\u00e9nticos t\u00e9rminos, su petici\u00f3n fue negado por los Juzgados accionados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar la notificaci\u00f3n \u00aben debida forma [d]el auto admisorio de la demanda de restituci\u00f3n a fin de ejercer la contradicci\u00f3n pertinente, y de forma paralela se suspenda[n] los efectos del despacho comisorio que orden[\u00f3] la entrega del predio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali defendi\u00f3 la legalidad de sus decisiones, tras considerar que no se vulner\u00f3 ning\u00fan tipo de garant\u00eda procesal o derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Cali indic\u00f3 que se aten\u00eda a los fundamentos plasmados en sus providencias, las cuales consider\u00f3 razonables. <\/p>\n
<\/p>\n
3. \u00c1lvaro Enrique Ortega Medina precis\u00f3 que las diligencias de notificaci\u00f3n por \u00e9l realizadas se ajustaron a los lineamientos legales existentes y que, pese a que se \u00abcruz\u00f3 la pandemia\u00bb cuando estaba adelantando la comunicaci\u00f3n por aviso, no le era obligatorio notificar conforme a lo previsto en el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020, debido a que este solo \u00abvino a ofrecer una alternativa\u00bb, y no a \u00abderogar\u00bb el tr\u00e1mite original. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cali neg\u00f3 el amparo, pues consider\u00f3 razonables las decisiones cuestionadas por la accionante, en la medida en que las citaciones que le fueron realizadas consultaron las normas vigentes para ese momento, sin que hubiese desvirtuado su legalidad, ya que no prob\u00f3 la existencia de la nulidad alegada ni la veracidad de los hechos en los que la fundament\u00f3. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Ana Ruby Herrera Valencia acudi\u00f3 inconforme con las providencias de 30 de agosto de 2021 y 25 de mayo de 2022, a trav\u00e9s de las cuales, los Juzgados Quinto Civil Municipal y Quince Civil del Circuito de Cali, respectivamente, negaron y confirmaron la solicitud de nulidad que present\u00f3 en el proceso declarativo radicado bajo el n\u00famero 76001-40-03-005-2017-00755-00, en el que fue demandada, en relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n que en dicho litigio se le realiz\u00f3, al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, de forma f\u00edsica, cuando en realidad debieron realizarse por correo electr\u00f3nico, conforme a lo establecido en el Decreto 806 de 2020, y en virtud de la pandemia de p\u00fablico conocimiento.<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se circunscribir\u00e1 el presente an\u00e1lisis a la segunda de las decisiones, proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, con la que, finalmente, se resolvi\u00f3 la controversia. <\/p>\n
Al examinar la pruebas allegadas en este tr\u00e1mite, se observa que, en la providencia de 25 de mayo de 2022, concluy\u00f3 el ad quem, al igual que el Juzgado Quinto Civil Municipal, que la se\u00f1ora Ana Ruby Herrera Valencia hab\u00eda sido debidamente notificada del auto admisorio del proceso, por lo que no se hab\u00eda configurado la nulidad alegada, pues, si bien es cierto, el aviso judicial conten\u00eda una direcci\u00f3n f\u00edsica errada del lugar donde se ubicaba el despacho judicial de conocimiento, no menos lo era, que ese no era un requisito legal para la validez del acto procesal atacado, y que adem\u00e1s, era un \u00abhecho notorio\u00bb que los juzgados civiles municipales de Cali para el a\u00f1o 2020, se encontraban localizados en el Palacio de Justicia \u00abPedro El\u00edas Serrano Abad\u00eda\u00bb de esa ciudad, m\u00e1xime si se tomaba en cuenta que la demandada inconforme era abogada. <\/p>\n
Concretamente, se\u00f1al\u00f3 el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, <\/p>\n
la direcci\u00f3n de ubicaci\u00f3n del juzgado consignada en el aviso de notificaci\u00f3n para esa fecha, no es una irregularidad preceptuada en la materia de notificaciones judiciales, por lo que no que delimita el ejercicio de contradicci\u00f3n y defensa de la demandada, quien adem\u00e1s como se observa; la misma es profesional del derecho y dados sus conocimientos de la materia y en el ejercicio de su profesi\u00f3n; deb\u00eda conocer la ubicaci\u00f3n de los Juzgados en la ciudad de Cali y no argumentar que al no coincidir la direcci\u00f3n all\u00ed incluida no le era permitido dar con la ubicaci\u00f3n del juzgado, m\u00e1xime que fue un hecho notorio la raz\u00f3n que llev\u00f3 a los despachos judiciales a cambiar de sede e igual publicidad se cumpli\u00f3 cuando los juzgados, una vez superada la emergencia que los oblig\u00f3 a trasladarse de las instalaciones del Palacio de Justicia \u201cPedro El\u00edas Serrano Abad\u00eda\u201d regresaron a su sede normal, lo cual se realiz\u00f3, previa disposici\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. <\/p>\n
El tema de la ubicaci\u00f3n de los Juzgados en la ciudad de Cali, evoca un claro hecho notorio para quienes residen en esta ciudad, pues es de p\u00fablico conocimiento que las sedes de todos los juzgados que estaban en el palacio de justicia para el a\u00f1o 2018 tuvieron que desplazarse a otros edificios en raz\u00f3n al desafortunado accidente con ocasi\u00f3n al desplome de uno de los ascensores, por lo que solo hasta comienzos del a\u00f1o 2020 fueron reubicados nuevamente en el Palacio de Justicia, de ah\u00ed que se supone este acontecimiento es conocido por la generalidad de los ciudadanos independiente de su grado de cultura, dentro de un determinado territorio y en determinada \u00e9poca y de manera especial los abogados, pues desenvolverse en los despachos es inherente a su profesi\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 frente al desconocimiento de la \u00abfirma\u00bb y el \u00abn\u00famero de tel\u00e9fono\u00bb que obraban en la gu\u00eda de correspondencia y en la constancia de entrega, ambas emitidas por la compa\u00f1\u00eda de mensajer\u00eda servientrega, para lo que destac\u00f3, <\/p>\n
tal como lo hizo el operador judicial de primera instancia le otorga[ba] credibilidad a la entrega, misma suerte corren los argumentos planteados sobre la exposici\u00f3n que se\u00f1ala que el n\u00famero de celular y la firma las desconoce; pues como ya se refiri\u00f3, son meras afirmaciones que carecen de sustento probatorio, alej\u00e1ndose de la verdad material que reposa en las piezas procesales que obran en el plenario respecto a la efectiva notificaci\u00f3n por aviso efectuada; recu\u00e9rdese, que el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, impone a la parte la carga de probar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto jur\u00eddico persigue. <\/p>\n
Finalmente, expuso que \u00abno se [encontraba] soportada en ninguna prueba\u00bb la r\u00e9plica realizada en relaci\u00f3n con que la \u00abdirecci\u00f3n de notificaci\u00f3n\u00bb, de la destinataria del aviso judicial pertenec\u00eda a un bien inmueble cuyo contrato de arrendamiento se encontraba suspendido para el a\u00f1o 2020. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la situaci\u00f3n de la segunda demandada que se encontraba en similares condiciones, determin\u00f3, <\/p>\n
Si bien el despacho de primera instancia requiri\u00f3 a la parte demandante mediante auto del 3 de agosto del 2020 para que procediera a realizar nuevamente la notificaci\u00f3n por aviso de la demandada Adriana Clavijo, tal mandato lo interpreta esta instancia como aquellas facultades de las cuales est\u00e1 permeado el Juez como director del proceso y no como un precepto legal consignado en la norma procesal que regula la materia de notificaciones judiciales y que de no seguirse como all\u00ed se pregona efectivamente, si [pod\u00eda] dar origen a nulidades por indebida notificaci\u00f3n, caso el cual aqu\u00ed no se produce. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o ilegalidad alguna, si se toma en cuenta que, ciertamente, las diligencias de notificaci\u00f3n realizadas dentro del proceso revisado se realizaron en virtud de una norma procesal que nunca ha perdido su vigencia, ni siquiera con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, esto es, los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, caso en el cual, por causa de lo dispuesto en el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1987, para efectos de aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, era claro que \u00ablas notificaciones que se [estuviesen] surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando (\u2026) comenzaron a surtirse las notificaciones\u00bb, escenario que fue, precisamente, el que se present\u00f3 en aqu\u00e9lla ocasi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Y es que, tales decisiones no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, con base en las disimiles posturas las partes, porque obedecieron a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaba el asunto, lo que de entrada tambi\u00e9n conduc\u00eda a la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes -en su sentir- les fueron desfavorables, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (CSJ. STC138-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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