STC14799-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14799-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03610-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Ilsa Fuentes Chac\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Trece de Familia de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 30 de septiembre de 2022 por medio del cual el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 1\u00b0 de abril anterior proferida por el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia y, en consecuencia, se le ordene al colegiado que \u00abproceda a decretar la nulidad y\/o la p\u00e9rdida de competencia conforme a lo reglado en el art\u00edculo 121 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. En el curso, el 1\u00b0 de octubre de 2019 el estrado judicial, conforme el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar por 6 meses, el cual \u00abempezar\u00e1 a contar el d\u00eda siguiente del 4 de octubre del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
2.3. Luego, tras diversas actuaciones del proceso, el 31 de marzo de 2022 la promotora con fundamento en el referido canon 121 \u00eddem, pretendi\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde el 4 de abril de 2020; petici\u00f3n negada en la audiencia del 1\u00b0 de abril de los corrientes por el despacho judicial; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal, al considerar que la nulidad pretendida fue saneada ante el actuar silente de la demandada. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, que si bien las nulidades se sanean tras no alegarse oportunamente, lo cierto es que, la anulaci\u00f3n prevista en el citado art\u00edculo 121 de la norma adjetiva citada \u00abdebe operar cuando alguna de las partes cumpla con la carga que, desde el r\u00e9gimen general de las nulidades, se ha establecido, esto es, la de alegar el correspondiente motivo antes de que se profiera la sentencia, como sucede en el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que, para el caso concreto, no existe causal de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso, conforme a lo dispuesto en los c\u00e1nones 159 y 161 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abque permitan justificar el vencimiento del t\u00e9rmino, tanto as\u00ed que el funcionario judicial prorrog\u00f3 por 6 meses la competencia para conocer del asunto, y fenecido el lapso no se emiti\u00f3 resoluci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que lo dispuesto en el mentado art\u00edculo 121 no puede interpretarse a capricho del operador judicial o de las circunstancias ajenas a los intereses del proceso, pues de ser as\u00ed, lo all\u00ed consignado \u00abquedar\u00eda en letra muerta a la voluntad del legislador\u00bb, quebrantando el debido proceso. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que desde el vencimiento del t\u00e9rmino legal para emitir sentencia \u00abhan transcurrido a la fecha 30 meses, que de ninguna manera pueden ser justificables ni tampoco decirse que la competencia para seguir conociendo del proceso sigue inc\u00f3lume en cabeza del juzgado que tramita el conocimiento, si no, por el contrario, ha operado la nulidad planteada de cuya declaraci\u00f3n deviene la p\u00e9rdida de competencia que hoy se reclama por v\u00eda judicial\u00bb; adem\u00e1s que, conforme lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 2019 refiere que tal nulidad es procedente, solo cuando se alega antes de la sentencia, presupuesto que cumple para su caso. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Joan Sebasti\u00e1n M\u00e1rquez Rojas, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Hern\u00e1n Olmos, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 link para consulta del expediente fustigado. <\/p>\n
3. El Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce caprichosa, pues est\u00e1 ajustada a las disposiciones de la sentencia C-443 de 2019 y a los medios suasorios del proceso; que lo pretendido por la promotora en el juicio ha sido el de obstaculizar por todos los medios que se llegue a dictar sentencia, dilatando las diligencias y aplazando las audiencias por su actuar. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso de autos, advierte la Corte que el resguardo no est\u00e1 llamado a prosperar, por cuanto el Tribunal, en la providencia de 30 de septiembre de 2022, que confirm\u00f3 la que dict\u00f3 el 1\u00b0 de abril anterior el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, explic\u00f3 los motivos por los que neg\u00f3 la nulidad por p\u00e9rdida de competencia dispuesta en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, respecto de lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
Como en el caso en concreto la demanda fue radicada el 8 de mayo de 2018 y admitida el 18 de mayo siguiente, esto es, dentro de los 30 d\u00edas que trata la norma antes transcrita; es claro que el t\u00e9rmino con que contaba la juez de primera instancia para proferir sentencia, es el previsto en el art\u00edculo 121 del CGP, que literalmente indica: \u201cSalvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal.\u201d <\/p>\n
La demandada se tuvo por notificada por conducta concluyente mediante auto del 3 de octubre de 2018, de ah\u00ed que el t\u00e9rmino de que trata el precepto rese\u00f1ado, habr\u00eda vencido el 3 de octubre de 2019, pero, la juez en auto del 1 de octubre de 2019 prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino por seis meses que, indic\u00f3, empezar\u00edan a contarse desde el d\u00eda siguiente 3 de octubre del 2019, cumpli\u00e9ndose la pr\u00f3rroga el 3 de abril de 2020, esto sin tomar en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ocasionada por la pandemia. <\/p>\n
Sin embargo, con posterioridad a esta \u00faltima fecha, la demandada por conducto de sus apoderados, intervino en el proceso en varias oportunidades, entre ellas la diligencia de inventario y aval\u00faos llevada a cabo el 11 de febrero de 2020, la solicitud de oficios dirigidos a unos juzgados presentada el 14 de febrero de 2020, el inventario adicional presentado el 21 de julio de 2020, que objet\u00f3 la parte contraria, entre otras; en tales circunstancias la solicitud de nulidad derivada de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del plazo para fallar, que se hizo el 31 de marzo de 2022, no pod\u00eda prosperar, pues tal irregularidad se sane\u00f3 cuando la llamada a alegarla act\u00fao en el proceso sin proponerla (CGP 136-1). <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c6. La validez de la nulidad autom\u00e1tica de las actuaciones procesales extempor\u00e1neas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cCon la declaratoria de inconstitucionalidad, la nulidad originada en la actuaci\u00f3n extempor\u00e1nea queda, al menos en principio, sujeta a las previsiones de los art\u00edculos 132 y subsiguientes de este mismo cuerpo normativo, en tanto ello sea compatible con la naturaleza de la figura prevista en la disposici\u00f3n demandada. \u201cEn este orden de ideas, deben hacerse las siguientes precisiones: <\/p>\n
\u201c(i) Seg\u00fan el art\u00edculo 132 del CGP, el juez tiene el deber de corregir y sanear los vicios que configuren nulidades al agotarse cada etapa del proceso, vicios que no pueden alegarse en las fases siguientes, salvo que se trate de hechos nuevos. Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 135, esta no puede ser alegada por quien despu\u00e9s de ocurrida la irregularidad, act\u00faa en el proceso sin proponerla. Teniendo en cuenta lo anterior, debe entenderse que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas. <\/p>\n
(ii) Por su parte, seg\u00fan el art\u00edculo 136 del CGP, la nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa. Al declararse la inexequibilidad de la expresi\u00f3n de \u2018de pleno derecho\u2019, la nulidad all\u00ed contemplada puede ser saneada en los t\u00e9rminos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiraci\u00f3n de los t\u00e9rminos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeci\u00f3n a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el tr\u00e1mite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores. \u201cDe esta manera, la Sala deber\u00e1 integrar la unidad normativa con el resto del inciso 6 que regulan la figura de la nulidad de las actuaciones extempor\u00e1neas de los jueces, aclarando, primero, que la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del CGP.\u201d (M.P.: doctor LUIS GUILLERMO GUERRERO P\u00c9REZ). <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada con apoyo en la jurisprudencia (C-443\/2019), interpret\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 121, as\u00ed como las disposiciones que regulan las nulidades procesales en el C\u00f3digo General del Proceso, concluyendo que las circunstancias alegadas como fundamento de la solicitud de invalidez por p\u00e9rdida de competencia no eran de recibo, habida cuenta de que dicha petici\u00f3n de nulidad a voces del canon 136 de la norma en cita, qued\u00f3 saneada ante al actuar silente de la gestora; asimismo, se tiene que analizar el actuar dilatorio de las partes en el asunto, por lo que, dicho proceder no puede ser constitutivo para alegar dicha anulaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14799-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14799-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03610-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Ilsa Fuentes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}