STC14805-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC14805-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03646-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Carlos S\u00e1nchez Ruiz contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Apartad\u00f3, extensiva a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al accionado le \u00abnotifi[que] legalmente el auto que admite la demanda de restituci\u00f3n y amen de lo anterior\u2026 incluir[lo] como opositor para poder ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso de restituci\u00f3n de tierras, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia dict\u00f3 sentencia el 3 de febrero de 2020, en la que protegi\u00f3 el derecho invocado, declar\u00f3 impr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb alegada por la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia IPUC y dispuso la restituci\u00f3n del bien Parcela No. 13 vereda La Arenosa, Corregimiento El Tres del municipio de Turbo -Antioquia-. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que era poseedor del predio objeto del proceso; y que los d\u00edas 6, 7 y 8 de septiembre de 2022 se llev\u00f3 a cabo una diligencia de entrega por parte del fallador acusado. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el referido inmueble se encontraba adyacente al que \u00e9l pose\u00eda, \u00faltimo que no fue objeto del juicio o si lo fue no estaba notificado para ejercer sus derechos como opositor y tenedor de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2.4. Adujo que cuando se enter\u00f3 de la diligencia, se hizo presente y le inform\u00f3 al Juzgado que hab\u00eda adquirido el predio mediante compraventa a Jos\u00e9 David Soto Cardona en el a\u00f1o 2006, que llevaba m\u00e1s de 15 a\u00f1os como due\u00f1o del bien, que desconoc\u00eda de la actuaci\u00f3n que se adelantaba y que nunca fue notificado por parte de autoridad administrativa y judicial con miras a que ejerciera su defensa. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que no se realizaron las entrevistas requeridas para la caracterizaci\u00f3n de su n\u00facleo familiar ni fue enterado de la actuaci\u00f3n judicial; y que nunca efectu\u00f3 acciones de despojo contra el anterior propietario, sino que mediante \u00abdocumento privado, y debidamente autenticado en la notaria, reali[z\u00f3] el negocio jur\u00eddico de compraventa\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Apartad\u00f3 indic\u00f3 que el terreno del que el petente aduc\u00eda ser poseedor s\u00ed hac\u00eda parte del predio Parcela 13 que fue objeto de entrega material a los beneficiarios de la sentencia emitida; que la verificaci\u00f3n del \u00e1rea y las condiciones f\u00edsicas se hicieron en inspecci\u00f3n judicial en el periodo probatorio y en la entrega material de los bienes restituidos; que si el gestor ostentaba la calidad de poseedor de una fracci\u00f3n del lote, aquel fue enterado y notificado del tr\u00e1mite a trav\u00e9s de las formas prestablecidas por el legislador, esto es, mediante la publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la solicitud en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional; que el promotor no solo conoc\u00eda del proceso, sino que tambi\u00e9n se le asegur\u00f3 la oportunidad de intervenir en el mismo; y que remit\u00eda el expediente criticado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 20 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que en el proceso se llev\u00f3 a cabo la notificaci\u00f3n por edicto y se adelant\u00f3 la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, con presencia de la opositora; que nada dijo del accionante e incluso se adelantaron varios intentos de desalojo desde que se emiti\u00f3 la sentencia, en los que no hizo presencia el gestor, as\u00ed como tampoco en la audiencia de seguimiento del fallo; que la conducta era extra\u00f1a si se ten\u00eda en cuenta que la diligencia fue objeto de publicidad regional, departamental y nacional por m\u00e1s de un a\u00f1o; que no se vulner\u00f3 el debido proceso; y que se dio estricto cumplimiento a los art\u00edculos 86 y siguientes de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia refiri\u00f3 que la diligencia de entrega fue adelantada por el Juzgado acusado; que si el peticionario consider\u00f3 que estaba indebidamente integrado al proceso debi\u00f3 pedir la nulidad de la actuaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 133 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso; que si el promotor consideraba afectados sus intereses por alguna falla en la fase administrativa adelantada por la Unidad, que derivaba en la inscripci\u00f3n del predio en el Registro de tierras despojadas y abandonadas, contaba con las acciones ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y\/o los medios de defensa ordinarios y extraordinarios de la v\u00eda gubernativa; que pese a que el art\u00edculo 100 de la Ley 1448 de 2011 indicaba que no proced\u00eda oposici\u00f3n contra la entrega del bien, esto no obstaba para usar el medio procesal rese\u00f1ado con miras a subsanar error de identificaci\u00f3n que se hubiere podido cometer en dicha entrega, que afectara a terceros; que si se determin\u00f3 de forma errada el inmueble, dicho bien contaba con sendas formas de ser corregido dentro del litigio; y que no se agot\u00f3 el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas adujo que el promotor no se encontraba dentro del registro de v\u00edctimas, ni se evidenciaba la interposici\u00f3n de derecho de petici\u00f3n ante ese ente; que no ten\u00eda dentro de sus competencias legales resolver la solicitud impetrada por el gestor; que no se hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno; y que se configuraba una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de este asunto. <\/p>\n
6. La Agencia Nacional de Hidrocarburos asever\u00f3 que del escrito de tutela no se despred\u00eda ning\u00fan reproche frente a esa entidad, pues no era parte del proceso criticado ni la autoridad encargada de administrar justicia; que no hab\u00eda legitimaci\u00f3n por pasiva; y que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
7. La Agencia Nacional de Tierras se\u00f1al\u00f3 que no era competente para pronunciarse sobre la actuaci\u00f3n desplegada, por lo que no pod\u00eda endilgarsele responsabilidad frente a la presunta omisi\u00f3n de otras autoridades del orden nacional; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que el accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de ventilar sus reclamos respecto a la notificaci\u00f3n surtida dentro del proceso criticado, conforme lo establece el art\u00edculo 921 de la ley 1448 de 2011, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Frente a situaciones semejantes a la que aqu\u00ed se presenta, la Sala insistentemente ha expuesto que: <\/p>\n
(\u2026) el promotor cuenta con la opci\u00f3n de debatir la indebida notificaci\u00f3n que alega en el juicio ordinario, mediante la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u2026), el cual puede promover independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petici\u00f3n en una de las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso]; en tal sentido, resulta ilustrativo el inciso tercero del art\u00edculo 142 ib\u00eddem al se\u00f1alar: \u201c[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse durante la diligencia de que tratan los art\u00edculos 337 a 339, o como excepci\u00f3n en el proceso que se adelante para la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n si no se aleg\u00f3 por la parte en las anteriores oportunidades\u201d. (Subrayado ajeno al texto- CSJ STC, 24 may. 2012, rad. 2012-00999-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 1\u00ba nov. 2012, rad. 2012-00316-01; CSJ STC, 2 oct. 2013, rad. 2013-00043-01; y CSJ STC, 28 nov. 2013, rad. 2013-00121-01)2. <\/p>\n
Para ahondar en razones, cabe a\u00f1adir que en igual sentido se ha pronunciado la Corte en trat\u00e1ndose de las providencias que definen el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, resaltando que: <\/p>\n
Sobre la desatenci\u00f3n al esencial presupuesto de la subsidiariedad de la protecci\u00f3n invocada, por encontrarse vigentes otras posibilidades de defensa judicial, la Sala observa que, como lo menciona el propio accionante, puede, de darse las causales all\u00ed se\u00f1aladas, proponer los reparos que aqu\u00ed manifiesta a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de que trata el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 y las reglas 354 y 355 del C\u00f3digo General del Proceso, respetando los t\u00e9rminos fijados para su interposici\u00f3n en el precepto 356 ib\u00eddem. En esa sede, el juez de conocimiento decidir\u00e1 sobre la admisibilidad de ese recurso extraordinario, as\u00ed como de la prosperidad de las causales invocadas. (CSJ STC12291-2017; reiterada en STC18886-2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002\u00abContra la sentencia se podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. Atendiendo el cambio normativo, debe entenderse que la norma se refiere al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Cabe a\u00f1adir que si bien el precedente citado hace referencia a normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, resulta aplicable al caso de autos, por cuanto el Estatuto Procesal actual conserva una orientaci\u00f3n similar. <\/p>\n
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