STC14807-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14807-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03677-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Daniel Camilo Ortiz Lasso contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene a la accionada que \u00abproceda a dar pronunciamiento de fondo a recurso extraordinario de casaci\u00f3n o en su defecto acepte desistimiento de dicho recurso\u00bb; y que \u00abde forma oficiosa, se pronuncie u ordene a quien corresponda, la aplicaci\u00f3n de los beneficios a los que t[iene] derecho seg\u00fan la norma\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, en sentencia de 19 de junio de 2018, conden\u00f3 a Daniel Camilo Ortiz Lasso por la comisi\u00f3n de los delitos de homicidio agravado en concurso con homicidio tentado a 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, raz\u00f3n por la que interpuso casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 17 de febrero de 2016 fue capturado en Valdivia -Antioquia-; que en 2018 fue hallado responsable del delito homicidio agravado y homicidio tentado en ambas instancias, por lo que interpuso casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que sumaba 9 a\u00f1os de redenci\u00f3n por trabajo, raz\u00f3n por la que tendr\u00eda acceso a beneficios administrativos y judiciales, empero, como no se hab\u00eda resuelto la casaci\u00f3n, se le imped\u00eda el acceso a los mismos al no existir juez natural que decidiera sobre las solicitudes elevadas. <\/p>\n
2.4. Adujo que elev\u00f3 peticiones en marzo, mayo, agosto y septiembre de 2022 para que se resolviera el recurso o se aceptara su desistimiento, pero no hab\u00eda pronunciamiento; que su situaci\u00f3n jur\u00eddica no hab\u00eda sido definida; y que no contaba con otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Tercera Seccional de la Unidad de Vida de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que conoci\u00f3 del asunto criticado; y que dichas diligencias se encontraban inactivas en virtud de la sentencia condenatoria emitida en ambas instancias. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n fue repartida el 11 de marzo de 2019 y se encontraba pendiente para calificar la demanda; que la determinaci\u00f3n deb\u00eda proferirse siguiendo el orden de entrada de los asuntos al despacho conforme con el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998; que dicha norma ten\u00eda fundamento en los art\u00edculos 13 y 29 de la Carta Pol\u00edtica y constitu\u00eda un criterio de razonabilidad para atender el c\u00famulo de asuntos; que el accionante present\u00f3 una solicitud de desistimiento del recurso, la que de forma inadvertida no hab\u00eda sido tramitada, empero, con auto de 25 de octubre de 2022 se dispuso requerir al defensor del procesado a fin de que manifestara si coadyuvaba dicho desistimiento, pues en el evento de que no lo apoyara, la Corte resolver\u00eda sobre la admisi\u00f3n conforme al aludido turno; que aunque la demanda no hubiese sido calificada ni estuviere en firme la sentencia, el promotor pod\u00eda presentar solicitudes y acceder a beneficios, los que deb\u00eda dirigir al fallador de conocimiento, de acuerdo con el art\u00edculo 190 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; y que el amparo carec\u00eda de objeto. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Ibagu\u00e9 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que el expediente se encontraba en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad relat\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite y asever\u00f3 que en la sentencia emitida analiz\u00f3 el allanamiento de cargos efectuado, se reiter\u00f3 que lo hab\u00eda hecho de forma libre y espont\u00e1nea, asesorado por su defensor y conocedor de las consecuencias de dicha aceptaci\u00f3n; que se consider\u00f3 que las pruebas demostraban m\u00e1s all\u00e1 de toda duda la ocurrencia de los punibles de homicidio agravado y consumado y en grado de tentativa, la autor\u00eda y responsabilidad del ahora accionante, quien al momento de los hechos estaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y determinarse de acuerdo a la misma, sin que fuese procedente eliminar los agravantes ni reconocer leg\u00edtima defensa en exceso; que el defensor del gestor interpuso recurso de casaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de ley, por lo que remiti\u00f3 el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia; que la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales no correspond\u00eda a actuaciones de ese ente, pues las decisiones proferidas eran resultado de un an\u00e1lisis serio y del cumplimiento de los mandatos legales; y que no recibi\u00f3 petici\u00f3n alguna del promotor. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza injustificada de la Sala accionada en pronunciarse frente a la demanda de casaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ago., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Ciertamente, de cara al caso concreto, encuentra la Sala que las actuaciones no muestran comportamientos negligentes del Colegiado acusado, pues la carga laboral y el turno con el que cuenta el proceso, obedecen a circunstancias razonablemente justificadas, destac\u00e1ndose que en auto de 25 de octubre de 2022 se requiri\u00f3 al apoderado del actor con miras a que expresara si coadyuvaba la solicitud de desistimiento del mencionado recurso. <\/p>\n
En en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, esta Colegiatura con fundamento en la jurisprudencia constitucional, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se advierte que el accionante cuenta con la posibilidad de presentar solicitudes de libertad o de beneficios, como el permiso administrativo de 72 horas, ante el juez de conocimiento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 190 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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