STC14809-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14809-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2022-00186-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de septiembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfonso G\u00f3mez S\u00e1nchez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene al accionado \u00abretrotraer la actuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n adelantada\u2026 concediendo al demandado la oportunidad procesal de pronunciarse respecto del escrito de sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb; y que \u00abse emita un nuevo fallo teniendo en cuenta las garant\u00edas[,] principio de congruencia en materia civil, en cumplimiento de cargas procesales y de la regla del derecho rogado\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Antonio G\u00f3mez S\u00e1nchez promovi\u00f3 juicio reivindicatorio contra Luis Alfonso G\u00f3mez S\u00e1nchez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, el que en sentencia de 24 de junio de 2021 declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n reivindicatoria y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que en el proceso su contraparte confes\u00f3 que en 1998 se le arrend\u00f3 el bien por $50.000; y que en el t\u00e9rmino propuso las excepciones de prescripci\u00f3n y falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, pero su apoderado sufri\u00f3 quebrantos de salud que le impidieron continuar con el tr\u00e1mite, por lo que ante la ignorancia y desconocimiento de la materia, no hizo las publicaciones ordenadas, declar\u00e1ndose el desistimiento t\u00e1cito del proceso. <\/p>\n
2.5. Adujo que en la audiencia de 2 de junio de 2021, el demandante nuevamente confes\u00f3 el arriendo del inmueble y que recibi\u00f3 dinero; que aleg\u00f3 que no se daban los presupuestos de reivindicaci\u00f3n; que el recurrente no hizo un desarrollo argumentativo conforme al art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso; y que el ad-quem estaba limitado a los reparos concretos del apelante y a los desarrollados en la sustentaci\u00f3n, por lo que no se pod\u00eda salir de ellos. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que su contraparte present\u00f3 el escrito de sustentaci\u00f3n ante el estrado del circuito, pero no cumpli\u00f3 con el deber de enviarle simult\u00e1neamente copia de dicho escrito; que se dict\u00f3 sentencia el 31 de marzo de 2022, en la que se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y se declar\u00f3 que al demandante le correspond\u00eda el dominio pleno del bien, determinaci\u00f3n que presentaba defectos formales y sustanciales. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que al no cumplirse el procedimiento de la apelaci\u00f3n de sentencias previsto en el Decreto 806, no tuvo la oportunidad de controvertir los argumentos expuestos; y que pese a que en el micrositio se fijaron las actuaciones surtidas, en ning\u00fan momento se puso en conocimiento la presentaci\u00f3n del escrito de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se desconocieron los principios de libertad probatoria e igualdad en el tr\u00e1mite judicial, as\u00ed como la congruencia y el cumplimiento de las cargas procesales; y que no se valoraron los testimonios ni los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno, pues la inconformidad del accionante radicaba en actuaciones que no fueron surtidas por ese despacho. <\/p>\n
2. Julieth de los Reyes, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Jos\u00e9 Antonio G\u00f3mez S\u00e1nchez, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicho vinculado. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta se\u00f1al\u00f3 que el 31 de marzo de 2022 emiti\u00f3 sentencia; que una vez fue notificada la determinaci\u00f3n adoptada, devolvi\u00f3 el proceso al despacho de origen; y que no ten\u00eda pendiente actuaci\u00f3n por tramitar. <\/p>\n
4. Rodrigo Pe\u00f1arredonda Due\u00f1as, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado del ahora accionante, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representarlo. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el despacho acusado s\u00ed dispuso el traslado del escrito de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, otra cosa era que el que deb\u00eda surtirse a su favor para controvertir los argumentos del apelante no se haya hecho efectivo, pues si bien aparece en el expediente remitido el escrito de sustentaci\u00f3n, no se encontraba en la plataforma tyba o micrositio web del despacho, as\u00ed como no hab\u00eda constancia de que se le hubiere enviado directamente al no recurrente de conformidad con el art\u00edculo 9 del Decreto 806 de 2020; que se estar\u00eda ante la causal de nulidad del numeral 6 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pues se omiti\u00f3 la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o sustentar un recurso o descorrer su traslado, pero como esa irregularidad se cometi\u00f3 en el tr\u00e1mite de segunda instancia, el accionante contaba con la posibilidad de presentar el recurso de revisi\u00f3n dispuesto en el art\u00edculo 355 \u00eddem; que como ten\u00eda a su alcance otro mecanismo defensa judicial, era inviable estudiar de fondo la causa; que no vislumbraba la existencia de un perjuicio irremediable; y que la tutela no fue dise\u00f1ada para desplazar los procedimientos ordinarios y extraordinarios habilitados para la defensa de los derechos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que la falla encontrada en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n prestaba relevancia constitucional, por lo que era necesario remediar tal quebrantamiento y no someter al afectado a una nueva demanda; y que pretend\u00eda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que el accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, con miras a alegar la nulidad originada en la sentencia por la falta del traslado de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto de la sentencia criticada de 31 de marzo de 2022, pues all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Escuchada la grabaci\u00f3n de la audiencia donde se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo aqu\u00ed esgrimida, se evidencia que la funcionaria de primera instancia al hacer el an\u00e1lisis de la presente demanda estudi\u00f3 los requisitos que doctrinaria y jurisprudencialmente se exigen para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, y luego ello decidi\u00f3 que las pretensiones en principio ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad, sin embargo, al dar paso al an\u00e1lisis de los medios exceptivos resolvi\u00f3 declarar probado el denominado \u201cPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA DE LA ACCI\u00d3N REIVINDICATORIA DEL DEMANDANTE\u201d\u2026 Sobre la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en precisar que esta no se extingue por el simple paso del tiempo, y sobre el particular, en la sentencia SC2122-2021 del 2 de junio de 2021, radicaci\u00f3n 52001-31-03-004-2005-00162-01 mencion\u00f3\u2026 <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
De lo dicho se concluye que en este caso a\u00fan subsiste en cabeza del demandante la acci\u00f3n tendiente a perseguir la restituci\u00f3n de su bien ya que permanece como leg\u00edtimo propietario inscrito en el respectivo folio de matr\u00edcula, y es aqu\u00ed donde la a quo interpreta de manera errada la disposici\u00f3n normativa que cita y entiende que por el hecho de haber pasado el tiempo y que el demandado haya pose\u00eddo el inmueble por mas de 20 a\u00f1os, inmediatamente anula el derecho o la titularidad del actor. <\/p>\n
Est\u00e1 claro que el demandado posee la heredad desde el a\u00f1o 1989 y es algo que fue admitido tanto por la parte actora como por el mismo encartado, y corroborado por los testigos de ambas partes; pero ello no quiere decir que como consecuencia de la pasividad del se\u00f1or Jos\u00e9 G\u00f3mez al no ejercitar la acci\u00f3n reivindicatoria, este hubiera perdido su derecho de dominio legalmente adquirido, lo que solo ser\u00eda posible si, mediante una sentencia debidamente ejecutoriada, Luis G\u00f3mez hubiera logrado la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, circunstancia que no se prueba en el plenario. <\/p>\n
Y es que el demandado contin\u00faa ostentando solo la calidad de poseedor sin que su calidad hubiera variado, pues propuso la prescripci\u00f3n adquisitiva como excepci\u00f3n y no como acci\u00f3n pues si bien la pretendi\u00f3 mediante una demanda de usucapi\u00f3n en reconvenci\u00f3n, la misma fue declarada desistida t\u00e1citamente. <\/p>\n
Desestimados los argumentos que sustentan la decisi\u00f3n apelada, resultar\u00eda del caso estudiar el siguiente medio exceptivo del que no hubo pronunciamiento y que se denomina FALTA DE CAUSA LEG\u00cdTIMA PARA PEDIR COMO GENERICA, sin embargo, el accionado en este caso se limit\u00f3 solo a nombrarla, no expres\u00f3 a que hace referencia con la misma ni los argumentos que la apoyan. <\/p>\n
El numeral 3 del art. 96 del C.G.P claramente ense\u00f1a que en la contestaci\u00f3n de una demanda debe contener las excepciones de merito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante con expresi\u00f3n de su fundamento factico, requerimiento del que adolece la propuesta y que por ende hace imposible un pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
Respecto a los reclamos del extremo activo, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026sea lo primero aclarar que los testigos a que se hace referencia, fueron decretados por el despacho de oficio, siendo los se\u00f1ores Carlos Humberto, Rosalba y Blanca Liliana G\u00f3mez S\u00e1nchez y que, una vez escuchados, la falladora pondero sus dichos en conjunto con los dem\u00e1s medios probatorios e hizo referencia a ellos en su decisi\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la calidad de poseedor del accionado, se logr\u00f3 inferir de las declaraciones y dem\u00e1s material recaudado que el se\u00f1or LUIS ALFONSO G\u00d3MEZ S\u00c1NCHEZ ejerci\u00f3 desde el a\u00f1o 1989 actos de se\u00f1or y due\u00f1o que le atribuyeron tal calidad, la afirmaci\u00f3n del actor en el sentido que el predio le fue arrendado al encartado se limit\u00f3 a ser una apreciaci\u00f3n sin demostrar, m\u00e1xime, si al escucharse las declaraciones de los testigos oficiosos y al pregunt\u00e1rsele por el acuerdo que el libelista dice haber pactado con el accionado, estos se\u00f1alaron que no ten\u00edan conocimiento de que hubieran concretado convenio alguno. <\/p>\n
Por ende, aclarado lo anterior y sin que exista oposici\u00f3n de tal calidad que impida la materializaci\u00f3n de las pretensiones, resulta importante estudiar si jur\u00eddicamente es viable acceder a los pedimentos del actor. <\/p>\n
En cuanto a los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u2026Sobre el primero de los requisitos consistente en que EL DEMANDANTE TENGA DERECHO DE DOMINIO SOBRE LA COSA QUE SE PERSIGUE REIVINDICAR, encuentra esta judicatura que en efecto y tal como se precisa en la sentencia apelada, seg\u00fan el certificado de libertad y tradici\u00f3n que reposa a folios 8 al 10, anotaci\u00f3n 5, el demandante se hizo titular del derecho de dominio sobre el predio a trav\u00e9s de contrato de compraventa suscrito con su se\u00f1ora madre Mar\u00eda de Jes\u00fas S\u00e1nchez de G\u00f3mez y protocolizado mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 2350 del 24 de noviembre de 1995 emitida por la Notaria Primera del C\u00edrculo de Santa Marta. De igual manera, a folios 21 al 23 del paginario se observa copia del t\u00edtulo traslaticio de dominio que para el caso concreto resulta la escritura p\u00fablica antes se\u00f1alada. <\/p>\n
As\u00ed, al encontrarse en el plenario la prueba que acredita el modo de adquirir la propiedad y el t\u00edtulo traslaticio del mismo, se cumple a cabalidad con este primer requisito para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
El segundo de los elementos estructurales de la acci\u00f3n reivindicatoria que se entra a estudiar es el atinente a que se pruebe la POSESI\u00d3N EN CABEZA DEL DEMANDADO, lo que de igual forma esta debidamente demostrado, no solo de los dichos de las partes sino de las manifestaciones de los testigos solicitados por la parte demandada y decretados de oficio por el despacho. <\/p>\n
Fue aceptado por el demandante y demandado que este ultimo ingres\u00f3 al inmueble en el a\u00f1o 1989 con anuencia de su madre, quien era la propietaria del predio en ese momento, se prob\u00f3 que el se\u00f1or Luis Alfonso G\u00f3mez S\u00e1nchez realiz\u00f3 construcciones en el lote, las cuales fueron inspeccionada por el perito Eduard Bladimir Teller quien realizo un experticio en el predio se\u00f1alando no solo las clases de construcciones sino el tiempo en el que estos se materializaron. <\/p>\n
Los testigos solicitados por el accionado quienes eran vecinos del accionado confluyeron en aseverar que han visto al se\u00f1or Luis G\u00f3mez desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os habitando el inmueble, y que este realiz\u00f3 las construcciones, adem\u00e1s dijeron que ellos lo reconocen como due\u00f1o del terreno porque siempre lo han visto all\u00ed\u2026 <\/p>\n
A pesar que el accionante plasm\u00f3 en la demanda que en diversas ocasiones le solicit\u00f3 al encartado la restituci\u00f3n del predio, no se demostr\u00f3 que ello haya sido as\u00ed, y por el contrario qued\u00f3 claro que nunca hubo oposici\u00f3n a su posesi\u00f3n, la cual se mantiene hasta la actualidad, pagando los servicios y el impuesto predial, demostrado esto ultimo con el recibo y la constancia que reposan a folios 59 y 60 del paginario. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la exigencia de QUE SE TRATE DE UNA COSA SINGULAR O CUOTA DETERMINADA DE LA MISMA; el predio se encuentre particularmente determinado, al revisar los hechos y pretensiones de la demanda se advierte que el mismo est\u00e1 identificado por sus medidas, linderos, nomenclatura y direcci\u00f3n, mismos que corresponden con los se\u00f1alados en la escritura N\u00b0 2350 del 24 de noviembre de 1995, as\u00ed como en el certificado de libertad y tradici\u00f3n que corresponde el predio identificado con matricula inmobiliaria N\u00ba080-24759, con el descrito en la demanda, verific\u00e1ndose as\u00ed de que se trata de un bien inmueble debidamente alinderado e individualizado. <\/p>\n
Respecto de QUE HAYA IDENTIDAD ENTRE EL BIEN OBJETO DE CONTROVERSIA CON EL QUE POSEE EL DEMANDADO, al revisar la demanda se establece por el actor en el hecho 1 as\u00ed como en la pretensi\u00f3n primera que el predio en litis es el ubicado en la 14 N\u00b0 4-78 municipio de Gaira, sector de El Rodadero de la ciudad de Santa Marta, con los siguientes linderos y medidas\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, sobre QUE LOS T\u00cdTULOS DEL DEMANDANTE SEAN ANTERIORES A LA POSESI\u00d3N DEL DEMANDADO, sobre el particular se tiene que, de acuerdo con lo que se evidencia en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble objeto de la litis, este es, el identificado con matricula inmobiliaria N\u00ba 080- 24759 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos el predio fue adquirido\u2026 <\/p>\n
De lo dicho se concluye que, si bien solo hasta el a\u00f1o 1995 el demandante adquiri\u00f3 la titularidad del predio, el t\u00edtulo de sus antecesores data del 2 de octubre de 1967 y del 20 de enero de 1989, con lo que se deber\u00eda entender que es anterior a la posesi\u00f3n que alude el accionado, teniendo en cuenta adem\u00e1s que el se\u00f1or Luis Alfonso G\u00f3mez precisa en su interrogatorio que una vez se concret\u00f3 la compra y le fue entregado el predio a su madre por quienes se lo vendieron, esta le permiti\u00f3 ingresar a vivir en \u00e9l. <\/p>\n
As\u00ed, al encontrase probado tambi\u00e9n este \u00faltimo postulado, se establece que en efecto la acci\u00f3n reivindicatoria tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y evidenci\u00e1ndose que el argumento por el cual la a quo neg\u00f3 las pretensiones fue desvirtuado, se proceder\u00e1 a acoger el petitum\u2026 <\/p>\n
Apuntando que: <\/p>\n
Como consecuencia de todo lo antes arg\u00fcido, que se demostr\u00f3 la concurrencia de los requisitos necesarios para la prosperidad de las pretensiones reivindicatorias, se proceder\u00e1 a revocar en su integridad la sentencia de primera instancia y orden\u00e1ndose que se restituya el predio en litis a la accionante y que este \u00faltimo proceda a cancelarle al accionado el valor de las mejoras aqu\u00ed reconocidas. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC14809-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14809-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2022-00186-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}