STC14810-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14810-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro An\u00edbal Rodr\u00edguez Acosta, contra los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Ochenta y Cinco Civil Municipal, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes del proceso de responsabilidad civil contractual de radicado n\u00famero 085-2017-01457-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, Jairo S\u00e1nchez Pacheco se comprometi\u00f3 a vender el inmueble de matr\u00edcula 160-10134 a la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca y una vez realizada esa venta tendr\u00eda derecho a una comisi\u00f3n, pero como la referida gobernaci\u00f3n no acept\u00f3 la compra y orden\u00f3 subsanar unas falencias que no fueron acreditadas, no surgi\u00f3 el derecho a cobrar comisi\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en el asunto, se debi\u00f3 aplicar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 20 de 1998, radicado 11036, en la que con toda claridad se establece que se requiere que el resultado de la gesti\u00f3n sea exitoso. Por esta raz\u00f3n, consider\u00f3 que la interpretaci\u00f3n de segunda instancia es err\u00f3nea. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, pese a que el inmueble se vendi\u00f3 a persona jur\u00eddica diferente, en ambas instancias se tuvo por cierto que el demandante cumpli\u00f3 a cabalidad. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abOrdenar a el JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA, que (\u2026) adecue su fallo conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales, REVOCANDO la decisi\u00f3n tomada y haciendo una sentencia con mejores argumentos, (\u2026) en el sentido de que el contrato nunca se realiz\u00f3 (\u2026) con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca y tampoco se cumpli\u00f3 con la relaci\u00f3n bifronte por ende el demandante no le asiste el derecho a reclamar la indemnizaci\u00f3n del perjuicio reclamado (\u2026) aplicando la sentencia dic 12\/2014 rad. 2004-00193 M.P. (\u2026) y sentencia nov 20\/98 rad. 11.036(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia de la apelaci\u00f3n de la sentencia de 13 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de esta ciudad en el proceso radicado 085-2017-01457-0, recurso que fue resuelto en providencia de 14 de septiembre de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 los numerales 1 a 7 y dispuso revocar el numeral 8 de la decisi\u00f3n censurada por las razones all\u00ed expuestas. <\/p>\n
2. El Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que obr\u00f3 con diligencia, orden\u00f3, evacu\u00f3 y practic\u00f3 las pruebas con apego a la ley procesal. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo invocado, con fundamento en que ning\u00fan reproche merece el marco jurisprudencial bajo el cual se estructur\u00f3 la sentencia que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se ocup\u00f3 de explicar que, si bien la compraventa del bien por el cual se reconocer\u00eda la comisi\u00f3n pactada, no se concret\u00f3 con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, el negocio fue exitoso con una entidad diferente y en tanto \u00abel pilar del contrato de corretaje es el alcance o satisfacci\u00f3n de los intereses de quien lo contrata para la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico, esto es, con su ayuda de una u otra forma, sin que la ley exija que para perfeccionarse el corretaje se determine que deba ser a un cliente determinado el que lleve a cabo el negocio, salvo que as\u00ed se pacte de forma expresa, que el contrato es ley para las partes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la jurisprudencia empleada por el ad quem para desatar la alzada, se encuentra acorde con la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento que no es otra que el incumplimiento contractual con fundamento en un contrato de corretaje. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inclusive la sentencia a la que refiere el accionante como \u00abm\u00e1s adecuada\u00bb, esto es la proferida el 12 de diciembre de 2014 rad. 2004-00193, remite a su vez al pronunciamiento del 9 de febrero de 2011, que es precisamente la criticada por el actor de la acci\u00f3n constitucional, y que, en ambas providencias se establece que \u00ablas gestiones aleda\u00f1as o adicionales, al decir de la Corte, (\u2026) no miden el cumplimiento de [la] labor [del corredor], en tanto (\u2026) \u00e9sta se agota con el simple hecho de juntar la oferta y la demanda. Como en este mismo antecedente se indic\u00f3, \u201c(e]n suma, si se acredita que el corredor propici\u00f3 el acercamiento de las partes, si \u00e9stas finalmente llegan a un acuerdo y si existe un nexo de causalidad entre tales circunstancias, se configura el derecho a percibir la remuneraci\u00f3n estipulada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que la misma sentencia tra\u00edda a colaci\u00f3n por el accionante alude a que \u00aben el corretaje, la labor del intermediario se agota con el simple hecho material de acercar a los interesados en la negociaci\u00f3n, sin ning\u00fan requisito adicional. Y el corredor adquiere el derecho a la remuneraci\u00f3n cuando los terceros concluyen el contrato y entre \u00e9ste y el acercamiento propiciado por el corredor, existe una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que la motivaci\u00f3n del ad quem no evidenciaba que hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria, sino que, al ser decisi\u00f3n contraria a los intereses del accionante, \u00e9ste busc\u00f3 atacar la providencia por esta v\u00eda, olvid\u00e1ndose que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, con fundamento en que se equivoc\u00f3 la primera instancia constitucional al concluir que la jurisprudencia citada por el ad quem era correcta, porque el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, cit\u00f3 la sentencia de 8 de agosto de 2000. Exp. 5383, la que no es procedente para el presente asunto, puesto que en ese caso el corredor cumpli\u00f3 y exigi\u00f3 su comisi\u00f3n, acerc\u00f3 las partes y se perfeccion\u00f3 el contrato, y en el presente asunto incumpli\u00f3 la labor para la que se contrat\u00f3 expresamente que era la venta directa a la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca el predio Las Minas. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que la jurisprudencia m\u00e1s acertada es la que cit\u00f3 en su escrito inicial, en donde la conclusi\u00f3n del contrato es condici\u00f3n para la remuneraci\u00f3n, raz\u00f3n por la que los jueces de ambas instancias se apartaron de lo que exig\u00eda la jurisprudencia que era el an\u00e1lisis del cumplimiento de la obligaci\u00f3n para llegar al cobro de la comisi\u00f3n. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el demandante no cumpli\u00f3 con el encargo porque nunca junt\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca con \u00e9l, puesto que no hubo acuerdo, raz\u00f3n por la que no se configura el derecho a recibir remuneraci\u00f3n. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que \u00e9l fue quien hizo la gesti\u00f3n de la venta, porque el obligado se desentendi\u00f3 totalmente del contrato y nunca realiz\u00f3 gestiones, hecho que confes\u00f3 en el curso de tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2 Las quejas del accionante v\u00eda impugnaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia de 14 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el proceso radicado 085-2017-01457-01, giran en torno a los siguientes asuntos, i) el demandante no cumpli\u00f3 las obligaciones establecidas en contrato de corretaje, puesto que no se concret\u00f3 el negocio encomendado con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca; y ii) el precedente que se cit\u00f3 en esa providencia no era aplicable al caso, atendiendo que corresponde a un asunto donde el corredor cumpli\u00f3 y en este evento no fue as\u00ed. <\/p>\n
De esa manera, se tiene que para el accionante su inconformidad con dicha providencia es que, si bien se concret\u00f3 la venta del mencionado predio, esto ocurri\u00f3 con una persona diferente a la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, situaci\u00f3n que traduce incumplimiento del reclamante, y, por tanto, no se gener\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n cobrada. <\/p>\n
2.3 Sin embargo, una vez revisada el expediente, se evidencia una situaci\u00f3n que cierra la puerta a esa queja, esto es, que el recurrente no cuestion\u00f3 la conclusi\u00f3n de primera instancia alusiva a que la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas, entre \u00e9stas la manifestaci\u00f3n del demandado, en el sentido que firm\u00f3 un poder y el contrato cuestionado para la venta del mencionado predio, no solo en favor de la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, sino a cualquier posible comprador, y no de manera exclusiva, raz\u00f3n por la que se vuelve acertado no ver un incumplimiento en este \u00faltimo evento. <\/p>\n
Tampoco discuti\u00f3 la conclusi\u00f3n probatoria relativa a que el accionante en este tr\u00e1mite, actu\u00f3 en ese negocio jur\u00eddico con mala fe, atendiendo que el proyecto encomendado en el contrato de corretaje al reclamante y el precio fijado por esta v\u00eda, sirvi\u00f3 como referente para la compra materializada el 18 de diciembre de 2015, en favor de dicho municipio, y menos que esas circunstancias se conclu\u00eda no haberse tra\u00eddo como testigo a juicio a quien se aleg\u00f3 hab\u00eda adelantado toda la gesti\u00f3n para que se perfeccionara la compraventa del bien. <\/p>\n
Si esos temas no fueron cuestionados por parte del recurrente en apelaci\u00f3n, sin duda no pod\u00edan ser abordados por el Juez de segunda instancia, atendiendo que el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone, \u00abEl recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4 V\u00e9ase c\u00f3mo, en la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, en audiencia de 13 de agosto de 2019, se lleg\u00f3 a las siguientes conclusiones, <\/p>\n
De los medios probatorios obrantes en la foliatura, y de las pruebas practicadas en este despacho, las mismas brindan plena certeza y convicci\u00f3n respecto de lo siguiente (\u2026) <\/p>\n
Primero, de la prueba documental e interrogatorios se puede establecer que efectivamente el contrato escrito aportado por el extremo actor configura el contrato de corretaje previsto en el art\u00edculo 1340 del C\u00f3digo de Comercio, lo anterior de conformidad a la interpretaci\u00f3n que del mismo hiciera el despacho al momento de su valoraci\u00f3n a tenor de lo previsto en el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Segundo. Dicho acuerdo expreso y escrito tuvo como objeto la venta del inmueble predio rural denominada las Minas. <\/p>\n
Tercero. Que dicha venta generaba una remuneraci\u00f3n definida en el acuerdo convencional. <\/p>\n
Cuarto. La gesti\u00f3n encomendada se tradujo en la estructuraci\u00f3n de un proyecto desarrollado por el actor encaminado este al perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para la venta del predio rural denominado las Minas. <\/p>\n
Quinto. De la gesti\u00f3n encomendada, reconoce el demandado haber recibido papeles de la Gobernaci\u00f3n y desde ese entonces no volvi\u00f3 a ver al extremo actor, lo que da cuenta de la gesti\u00f3n desplegada por el actor (\u2026). <\/p>\n
Sexto. Se evidencia la culpa grave de la pasiva, (\u2026) este manifiesta que firm\u00f3 el poder como el contrato para su venta no solo a la Gobernaci\u00f3n, sino a cualquier posible comprador, y de manera exclusiva al actor, al tenor de la cl\u00e1usula quinta del contrato que si bien era confusa, no imped\u00eda a este juzgador inferir tal afirmaci\u00f3n (\u2026). De igual forma, es clara su mala fe, pues el mentado proyecto obra en la foliatura sendo avalu\u00f3 como prueba documental en el que se establece un valor comercial de $118.507.000, es de resaltar, se denomina listado de chequeo para la presentaci\u00f3n de iniciativas de compra de predios de inter\u00e9s h\u00eddrico en el cual, claramente si las partes auscultaron en el mismo, se relaciona como apoderado al extremo actor, precio que sin lugar a dudas sirvi\u00f3 de referente para la compra materializada el d\u00eda 18 de diciembre de 2015, el cual se instrumentalizara mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 303, en la cual el demandado vende al municipio de Jun\u00edn por la suma de $143.968.000, el inmueble rural denominado Las Minas. De igual forma, aflora y se hace m\u00e1s evidente la mala fe del extremo pasivo en raz\u00f3n a que este en todo su interrogatorio que de manera oficiosa realizara este juzgador, cita como responsable de toda la negociaci\u00f3n con el actor, a un ciudadano de nombre Dagoberto, ni siquiera lo cual, pone en entredicho la buena fe de la pasiva, ni siquiera es propuesta por su defensa como testigo clave a efecto de desvirtuar la realidad documental que obra en la foliatura. <\/p>\n
S\u00e9ptimo. El negocio jur\u00eddico antes descrito que dio vida al reconocimiento de la obligaci\u00f3n de remunerar por parte de la pasiva, se perfeccion\u00f3 con posterioridad y sin la revocatoria de la gesti\u00f3n encomendada de conformidad al acuerdo convencional que obra en la foliatura. (Audiencia de 13 de agosto de 2019, Hora 1:50:00 y ss). <\/p>\n
Y a manera de conclusi\u00f3n se afirm\u00f3, \u00abSe abrir\u00e1 paso a la declaratoria de responsabilidad contractual, y la prosperidad de las pretensiones presentadas por la parte actora, toda vez que de la prueba documental allegada al plenario, y de la testimonial es demostrativa de la realidad convencional, y del claro encargo para la venta del predio rural denominado Las Minas, la no revocabilidad del mismo, de la forma y manera pactada, de su actuar gravemente culposo de la parte pasiva al realizar la venta vali\u00e9ndose del proyecto estructurado por el actor y del da\u00f1o o perjuicio material ocasionado con la no sufragaci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n pactada acto dispositivo y enajenaci\u00f3n realizada por el demandado\u00bb. (Audiencia de 13 de agosto de 2019, Hora 1:12:11 y ss.) <\/p>\n
Como puede apreciarse, en primera instancia se lleg\u00f3 a las siguientes conclusiones probatorias, i) se celebr\u00f3 contrato de corretaje entre los contendientes, ii) su objeto se enfil\u00f3 a la venta del predio \u00abLas Minas\u00bb, iii) la venta generaba remuneraci\u00f3n, iv) la obligaci\u00f3n del corredor consist\u00eda en la estructuraci\u00f3n de un proyecto desarrollado encaminado al perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para la venta y, v) el demandado reconoci\u00f3 haber recibido papeles de la Gobernaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual modo se tuvo por demostrado, i) la culpa grave del demandado aqu\u00ed accionante, quien manifest\u00f3 que firm\u00f3 el poder como el contrato para su venta no solo a la Gobernaci\u00f3n, sino a cualquier posible comprador, y de manera exclusiva al actor, ii) el demandado actu\u00f3 con mala fe porque el mentado proyecto obra en la foliatura, iii) el precio fijado sirvi\u00f3 de referente para la compra materializada el d\u00eda 18 de diciembre de 2015 y, iii) es evidente la mala fe del demandado porque si bien cit\u00f3 como responsable de la negociaci\u00f3n a un ciudadano Dagoberto, no se trajo como testigo para acreditar desvirtuar lo que acreditaban los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2.5 Ahora bien, revisados los motivos de inconformidad del apelante, se tiene que cuestion\u00f3 los siguientes temas, i) indebida valoraci\u00f3n del dictamen pericial para determinar perjuicios y se trajo un testigo de o\u00eddas, ii) no se estudi\u00f3 la tacha propuesta, iii) no se hizo contradicci\u00f3n del dictamen dado que el perito no compareci\u00f3, iv) la gesti\u00f3n ineficaz no produce comisi\u00f3n y se valor\u00f3 como si se hubiese perfeccionado el contrato con la Gobernaci\u00f3n, v) el demandado ten\u00eda una obligaci\u00f3n de resultado, no subsan\u00f3 la inadmisi\u00f3n que en su momento produjo esa entidad, raz\u00f3n por la que se err\u00f3 en la apreciaci\u00f3n del cumplimiento, v) el \u00abdocumento\u00bb que firmaron las partes fue para transferir en favor de dicha entidad y no para la Alcald\u00eda de Jun\u00edn; y vi) inconformidad con la compulsa de copias. (Cuaderno 4 Recurso de Queja. 01 Recurso de Queja Digitalizado). <\/p>\n
Puede verse entonces que, v\u00eda recurso de apelaci\u00f3n lo m\u00e1s cercano a discutir el asunto que nos ocupa, fue que la obligaci\u00f3n del demandado era de resultado y no se subsan\u00f3 lo que se requer\u00eda para negociar con dicha entidad territorial no se pod\u00eda predicar cumplimiento, adem\u00e1s que el \u00abdocumento\u00bb que suscribieron los contendientes fue para celebrar un negocio con la referida Gobernaci\u00f3n y no con la Alcald\u00eda de Jun\u00edn. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se cuestion\u00f3 en estrictez la valoraci\u00f3n en conjunto de la prueba y en particular que por virtud de la manifestaci\u00f3n del demandado, se concluy\u00f3 que este \u00faltimo firm\u00f3 un poder y el contrato para la venta del mencionado predio no solo a la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, sino a cualquier posible comprador, y de manera exclusiva por parte del actor, tampoco que se actu\u00f3 con mala fe por aqu\u00ed accionante quien utiliz\u00f3 el proyecto encomendado al reclamante en particular el precio fijado por esa v\u00eda, y este sirvi\u00f3 como referente para la compra materializada el 18 de diciembre de 2015, y menos que esa circunstancia se conclu\u00eda no haberse tra\u00eddo como testigo a quien se aleg\u00f3 en el curso del juicio que hab\u00eda adelantado toda la gesti\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, atendiendo que esta acci\u00f3n no corresponde a una instancia adicional, tampoco se trata de un instrumento para rescatar oportunidades procesales fenecidas, no puede reabrirse el debate alusivo a que la obligaci\u00f3n del accionado era de resultado con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, puesto que, desde la primera instancia qued\u00f3 establecido que por virtud del principio procesal de unidad de la prueba, tambi\u00e9n se pod\u00eda vender a cualquier otro comprador, finalidad que se cumpli\u00f3 con parte de la gesti\u00f3n adelantada por reclamante, tem\u00e1tica que no fue atacada v\u00eda recurso de apelaci\u00f3n, circunstancias que en ultimas impiden ver en la interpretaci\u00f3n grosera o arbitraria en la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada por esta v\u00eda, y que seg\u00fan puede entenderse dio por sentadas esas circunstancias. <\/p>\n
Lo anterior porque si para el juzgador a quo el accionante adelant\u00f3 la gesti\u00f3n encomendada puesto que hizo un proyecto que contribuy\u00f3 en la materializaci\u00f3n de la compraventa celebrada con el municipio de Jun\u00edn, y que esta \u00faltima gesti\u00f3n fue la que abri\u00f3 paso a que se generara la remuneraci\u00f3n reclamada, aseveraciones frente a las cuales no elev\u00f3 reproche concreto el demandado y aqu\u00ed accionante, no puede ahora v\u00eda acci\u00f3n de tutela pedir que se entienda que esta \u00faltima situaci\u00f3n solo se daba si se materializaba la venta con la entidad territorial tantas veces citada. <\/p>\n
2.6 Ahora bien, para el juzgador de segunda instancia era un hecho no controvertido que el reclamante cumpli\u00f3 con el encargo de gestionar el referido proyecto, y este sirvi\u00f3 para la venta que se materializ\u00f3 con un tercero, camino que no estaba vedado en la contrataci\u00f3n discurrida, tampoco hay lugar a examinar si la jurisprudencia citada no aplicaba al asunto, puesto que este reproche se edific\u00f3 en que hubo incumplimiento, y las razones para concluir lo contrario no fueron atacadas por el ahora interesado. <\/p>\n
V\u00e9ase que en la providencia que aqu\u00ed se cuestiona, concluy\u00f3 el ad quem que la decisi\u00f3n de primera instancia se ajustaba a lo que revelaba el expediente, puesto que, <\/p>\n
(\u2026) en el plenario obra poder especial otorgado por el se\u00f1or Pedro An\u00edbal Rodr\u00edguez Acosta (poderdante) a Jairo S\u00e1nchez Pacheco (apoderado) para que en su nombre se haga la transferencia a t\u00edtulo de venta directa del predio rural \u201clas minas\u201d (\u2026) as\u00ed mismo figura contrato de comisi\u00f3n o corretaje \u2013 venta predio rural \u201cLAS MINAS\u201d del municipio de Jun\u00edn- Cundinamarca- (\u2026), en el que el demandado contrat\u00f3 al actor, con el prop\u00f3sito, en resumen, de elaborar estudio o proyecto, tr\u00e1mite y gesti\u00f3n de documentos o requisitos para la venta directa a la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca del predio rural de nombre \u201cLAS MINAS\u201d ubicado en jurisdicci\u00f3n del Municipio de Jun\u00edn en la vereda Maracaibo con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 160-10134 (\u2026). <\/p>\n
En desacuerdo con la decisi\u00f3n de primera instancia, el demandado apel\u00f3 con fundamento en una indebida valoraci\u00f3n probatoria (\u2026), aduce el censor que la obligaci\u00f3n es de resultado, por tanto deb\u00eda el contrato de compraventa con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca para que se perfeccionara el contrato, situaci\u00f3n que no acaeci\u00f3, como tampoco se demostr\u00f3 por el actor que se hubiesen subsanando las falencias que advirti\u00f3 la gobernaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n presentada, por lo que se abre paso a los medios defensivos presentados (\u2026). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el negocio celebrado entre los contendientes se concluy\u00f3 que se trataba de un corretaje con el fin de vender un inmueble. Se dijo, \u00abDel material probatorio se evidencia el contrato suscrito por las partes denominado \u201ccorretaje o comisi\u00f3n\u201d, el que ten\u00eda como fin principal la venta del inmueble denominado \u201cLAS MINAS\u201d, el que fue reconocido por la parte demandada en el interrogatorio de parte, sin que se tachara de falsa su firma, agregado a que reconoci\u00f3 la celebraci\u00f3n del negocio con el actor para la compraventa y los estudios del bien, que le fue entregados unos documentos, sin que tuviera contacto posteriormente con el actor\u00bb. <\/p>\n
Igualmente en la sentencia se sostuvo \u00abse da la existencia de un contrato suscrito por las partes, con el prop\u00f3sito de tramitar y gestionar la venta del bien denominado \u201cLAS MINAS\u201d, adem\u00e1s del estudio correspondiente, en el que se convino una comisi\u00f3n por la colaboraci\u00f3n que se prestar\u00e1 para el negocio, y dada la venta que se realiz\u00f3 en la que acept\u00f3 el extremo pasivo se entregaron documentos por parte del actor, sin que se hubiese resuelto de contrato celebrado o revocado el poder, por lo que el detrimento o perjuicio se configura ante la falta de pago de la suma comprometida por la gesti\u00f3n, monto que se cimienta en el dictamen rendido\u00bb. <\/p>\n
La gesti\u00f3n que se encontr\u00f3 efectuada por el demandante en el tr\u00e1mite verbal, consisti\u00f3 en que permiti\u00f3 que el accionante se acercara en primera medida con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, en tanto que se argument\u00f3, \u00abLa gesti\u00f3n que se despleg\u00f3 por el actor fue la necesaria para los acercamientos en primera medida con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, situaci\u00f3n que no se desconoci\u00f3 por el extremo pasivo, sin que el legislador prevea una obligaci\u00f3n cierta a cargo del \u201ccorredor\u201d para la perfecci\u00f3n del contrato, aunado que tampoco se resolvi\u00f3 el convenio por el extremo pasivo, ni acredit\u00f3 inconformidades\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en esa providencia se concluy\u00f3 que la obligaci\u00f3n adquirida por el entonces demandante no era de resultado, tampoco se pod\u00eda exigir la subsanaci\u00f3n requerida por la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, puesto que, \u00abde miras al contrato celebrado no se estipula las condiciones del trabajo presentado y los efectos que tenga para las partes la devoluci\u00f3n de los documentos que se presentaron por el actor. Agregado, a que se echa de menos estipulaci\u00f3n frente a las condiciones del estudio, la aprobaci\u00f3n del mismo para obtener el pago que se acord\u00f3, siendo fin esencial la transferencia del derecho e dominio del bien con el respectivo pago del precio al demandado, el que se declar\u00f3 se recibi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el accionante insiste en esta instancia constitucional, que el demandante incumpli\u00f3 el contrato subyacente porque a pesar de que lleg\u00f3 a un acercamiento este no fue completo, puesto que no se concret\u00f3 el negocio con la Gobernaci\u00f3n de Cundinamarca, y por tanto no surgi\u00f3 el derecho a recibir remuneraci\u00f3n, adem\u00e1s fue \u00e9l quien finalmente consigui\u00f3 el cliente y vendi\u00f3 a una persona diferente. <\/p>\n
3. Todo el anterior recuento, impone concluir que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible atendiendo la competencia del juez en segunda instancia, es decir los temas que pod\u00eda resolver en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso, descart\u00e1ndose de esta manera la necesidad de intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Con todo, se pone de presente que como el accionante por esta v\u00eda solicit\u00f3 \u00abOrdenar a el JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1, que (\u2026) adecue su fallo conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales, REVOCANDO la decisi\u00f3n tomada y haciendo una sentencia con mejores argumentos\u00bb, se tiene que en ultimas no comparte todos los razonamientos sostenidos en esa providencia para mantener la decisi\u00f3n que le result\u00f3 desfavorable, echando de menos que la acci\u00f3n de tutela no corresponde a un recurso adicional, sino un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, dado que no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
Finalmente, y por su importancia, se reitera que el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para escoger cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juez, o de las partes o intervinientes, resultan m\u00e1s apropiados, y menos \u00abbajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01). <\/p>\n
4. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC14810-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC14810-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02164-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68671","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}