STC14814-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14814-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01751-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones interpuestas por Dejamu Subachoque S.A.S. y Seguros del Estado S.A. frente al fallo proferido el 30 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que accedi\u00f3 parcialmente a la acci\u00f3n de tutela promovida por la primera de las nombradas contra el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad encausada al tener por notificada a su ejecutada en fecha diferente a la que legalmente correspond\u00eda. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00abla revocatoria de los autos proferidos el\u2026 (10) de mayo\u2026 y el\u2026 (29) de julio 2022 para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el\u2026 de\u2026 (25) de febrero de 2022, en virtud del cual, \u201c\u2026la notificaci\u00f3n personal se entendi\u00f3 realizada transcurridos los dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje, esto es el 18 de junio de 2021\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que la actora promovi\u00f3 contra Seguros del Estado S.A., a pesar de que acredit\u00f3 haberle notificado el mandamiento de pago mediante correo electr\u00f3nico remitido el 16 de junio de 2021, de acuerdo al canon 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, con prove\u00eddo del 7 de julio siguiente el Juzgado acusado reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva al apoderado judicial constituido por la ejecutada y dispuso darla por enterada por conducta concluyente; sin embargo, el 25 de febrero \u00faltimo repuso esa decisi\u00f3n para tenerla por enterada personalmente, desde el 18 de junio de 2021, teniendo en cuenta la comunicaci\u00f3n referida al inicio, lo que implicaba la extemporaneidad del escrito de excepciones que present\u00f3 la deudora el 6 de julio de ese a\u00f1o; determinaci\u00f3n que el pasado 10 de mayo repuso nuevamente para dar por sentado que, con apoyo en la misma misiva, ese acto de notificaci\u00f3n no se configur\u00f3 en esa data sino el 21 de junio de 2021, conllevando a que el mentado memorial fuese tempestivo, por lo que dispuso su traslado al extremo ejecutante; veredicto \u00faltimo que finalmente mantuvo el 29 de julio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la accionante critic\u00f3 que en esos dos \u00faltimos autos el juzgador acusado incurri\u00f3 en defectos \u00absustantivo, procedimental y [de] desconocimiento del precedente vinculante del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb, al inaplicar el precepto 59 del C\u00f3digo Pol\u00edtico y Municipal (Ley 4\u00aa de 1913), acorde con el cual es evidente que el lapso de los \u00abdos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje\u00bb a los que se refiere el inciso 3\u00ba del canon 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, para dar por surtido el acto de enteramiento, culminan a la media noche del segundo d\u00eda, de all\u00ed que desde el tercero se comienza a descontar el t\u00e9rmino para oponerse, mas no como lo entendi\u00f3 el Juzgado, que el enteramiento fue efectivo el tercer d\u00eda y al cuarto se principia aquel lapso. <\/p>\n
Destac\u00f3 que con ello, contrariando precedente de esta Corte (CSJ STC588-2022) y lo reglado en los art\u00edculos 431, 440 y 442 del C\u00f3digo General del Proceso, se termin\u00f3 \u00abaceptando unas excepciones que, evidentemente, fueron formuladas de manera extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que la salvaguarda era improcedente porque \u00ablas decisiones que pretende debatir el accionante\u2026 se encuentran ajustadas a derecho[,] aunado a que [ese] Juzgado no ha desconocido el debido proceso y derecho de defensa de las partes en litigio\u00bb. <\/p>\n
2. Seguros del Estado S.A. defendi\u00f3 la legalidad del proceder de la autoridad judicial recriminada, el que adujo se respald\u00f3 con pronunciamiento de su superior jer\u00e1rquico, y deprec\u00f3 el despacho adverso del resguardo al considerar insatisfechos los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia, destacando que \u00ablos hechos planteados por el accionante no resisten un \u201ctest estricto\u201d para evidenciar la existencia de una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que con su reclamo el censor busc\u00f3 imponer su criterio subjetivo de cara a c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse lo referente a la data de enteramiento de su ejecutada, siendo evidente que la determinaci\u00f3n fustigada se fund\u00f3 en la \u00abinterpretaci\u00f3n plausible y razonable de una norma\u00bb, hallando que \u00ab[l]a expresi\u00f3n \u201ctranscurridos dos d\u00edas\u201d[,] contenida en el art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020[,] no ofrece discusi\u00f3n en su aplicaci\u00f3n: estos dos d\u00edas deben transcurrir completos. Por ende, el d\u00eda de la notificaci\u00f3n no podr\u00eda entenderse como el \u00faltimo de esos dos\u2026, sino el d\u00eda que le sigue; caso contrario, el legislador habr\u00eda querido decir, verbi gratia, que la notificaci\u00f3n se entender\u00eda surtida o verificada al finalizar el segundo\u2026, como sucedi\u00f3 en el caso de lo indicado en el Art. 292 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el amparo y dej\u00f3 \u00absin valor ni efecto los autos dictados el 10 de mayo y el 29 de julio de 2022\u00bb, y orden\u00f3 al estrado convocado emitir la decisi\u00f3n que corresponda, atendiendo sus consideraciones. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, en lo medular, consign\u00f3 que el Juzgado acusado, contrariando la regla b\u00e1sica del canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, respecto a la improcedencia del recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo que desata uno de id\u00e9ntica naturaleza, mediante los autos aludidos a espacio, inviablemente, resolvi\u00f3 \u00absobre el mismo punto respecto del cual hab\u00eda decidido el 25 de febrero de 2022, consistente en la forma de notificaci\u00f3n del demandado y el t\u00e9rmino a partir del cual se entend\u00eda cumplida la misma\u00bb; cuando lo adecuado, conforme al par\u00e1grafo de dicho aparte normativo, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 321 ib\u00eddem, debi\u00f3 ser asumir que \u00abla segunda impugnaci\u00f3n era la vertical[,] que s\u00ed tiene cabida contra la providencia que rechaza por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda, como en este caso aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon la accionante y Seguros del Estado S.A., bajo los siguientes supuestos: <\/p>\n
La primera, asever\u00f3 que el Tribunal \u00abno analiz\u00f3 el fondo del asunto, en concreto, los defectos denunciados en la demanda\u00bb, y acogi\u00f3 \u00abuna tesis ex\u00f3tica y muy elaborada\u00bb para imponer \u00abla concesi\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n a todas luces improcedente\u00bb, siendo evidente que en el prove\u00eddo de 25 de febrero de 2022 no se \u00abrechaz\u00f3 ninguna \u201ccontestaci\u00f3n\u201d\u00bb, simplemente se dispuso tener por notificada a la ejecutada desde el 18 de junio de 2021 y controlar los t\u00e9rminos por la Secretar\u00eda; aunado a que, \u00abcomo es bien sabido, en los procesos ejecutivos no se \u201ccontesta la demanda\u201d, sino que se proponen excepciones de m\u00e9rito\u00bb, teniendo estos juicios norma especial de cara a la apelaci\u00f3n frente al auto mediante el cual se rechaza \u00abde plano las excepciones de m\u00e9rito\u00bb, acorde al numeral 4\u00ba del canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso, supuesto no acontecido en el asunto auscultado y que imposibilitaba la aplicaci\u00f3n del numeral 1\u00ba ib\u00eddem; por lo que debi\u00f3 procederse conforme al inciso 2\u00ba del precepto 440 del mismo estatuto, continuando la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, Seguros del Estado S.A. insisti\u00f3 en que la solicitud de protecci\u00f3n insatisfac\u00eda los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia, hall\u00e1ndose edificada en \u00abopiniones subjetivas y personales del accionante frente a la forma como debi\u00f3 abordar los recursos de reposici\u00f3n la autoridad judicial\u2026 accionada\u00bb; reiter\u00f3 que el proceder de \u00e9sta se ajust\u00f3 al ordenamiento jur\u00eddico al partir \u00abde la interpretaci\u00f3n plausible y razonable de una norma contenida en el Decreto 806 de 2020, interpretaci\u00f3n que no es contraria a derecho, ni es grosera, burda o caprichosa -como lo quiere hacer ver el accionante-, pues justamente toma como referencia una decisi\u00f3n de su superior jer\u00e1rquico, decisi\u00f3n contenida en un auto de la Sala Civil del Tribunal Superior\u2026 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, contrario a lo considerado por el a-quo supralegal, era evidente que el Juzgado encausado, en \u00abel auto de\u2026 25 de febrero de 2022[,] introdujo un punto no decidido en el\u2026 de\u2026 7 de julio de 2021, y fue el indicar que la notificaci\u00f3n personal se \u201centendi\u00f3 realizada transcurridos los dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje, esto es el 18 de junio de 2021\u201d y, con fundamento en ello, orden\u00f3 que \u201cpor secretaria se revise la temporalidad de la contestaci\u00f3n allegada por el extremo pasivo\u201d\u00bb; y en todo caso, \u00aben el proceso ejecutivo no se ha proferido auto que \u201crechaza por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d; al contrario, el auto de fecha 10 de mayo de 2022 [la] tuvo por contestada\u2026 por parte del ejecutado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que en el fallo de primer grado el Tribunal concedi\u00f3, con alcance parcial, el resguardo rogado, rest\u00f3 efectos a la decisi\u00f3n mediante la cual el Juzgado acusado repuso su auto del pasado 25 de febrero, en el que tuvo por notificada del mandamiento de pago, desde el 18 de junio de 2021, a la ejecutada Seguros del Estado S.A.; y orden\u00f3 a dicho fallador, bajo el principio pro recurso, conceder el de apelaci\u00f3n frente a tal veredicto. <\/p>\n
Seguros del Estado S.A. impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n tutelar al considerar, en lo medular, que la salvaguarda debi\u00f3 negarse al estar insatisfechos los presupuestos generales y espec\u00edficos para su viabilidad; mientras que la parte actora ciment\u00f3 su inconformidad en que el a-quo supralegal omiti\u00f3 ocuparse del fondo de sus alegaciones en cuanto al control de t\u00e9rminos y termin\u00f3 abriendo paso a una apelaci\u00f3n notoriamente improcedente. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, de entrada, advierte la Corte el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta por la entidad aseguradora y la prosperidad de la incoada por la parte accionante, lo que impone modificar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se pasa a explicar. <\/p>\n
4.1. Sin duda alguna, como acertadamente lo concluy\u00f3 el Tribunal a-quo, con la emisi\u00f3n del auto de 10 de mayo de 2022 el Juzgado enjuiciado incurri\u00f3 en evidente defecto procedimental, al pasar por alto lo expresamente reglado en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso en punto a que \u00ab[e]l auto que decide la reposici\u00f3n no es susceptible de ning\u00fan recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podr\u00e1n interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos\u00bb. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 anotado, en el asunto en cuesti\u00f3n, con prove\u00eddo del 7 de julio de 2021 el despacho convocado tuvo por enterado del mandamiento de pago al extremo ejecutado, por conducta concluyente; sin embargo, ante el recurso horizontal propuesto por la ejecutante, el pasado 25 de febrero repuso esa determinaci\u00f3n para, en su lugar, tenerlo por notificado de forma personal desde el 18 de junio de 2021; determinaci\u00f3n final que la deudora atac\u00f3 en reposici\u00f3n, siendo esa la censura que se desat\u00f3 en el mentado prove\u00eddo del 10 de mayo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Luego, partiendo del hecho indiscutible que, muy a pesar de las alegaciones de la ejecutada, tanto el auto inicial de 7 de julio de 2021 como el de 25 de febrero de 2022 -\u00faltimo en el que se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n propuesta frente aqu\u00e9l-, ciertamente s\u00ed se ocuparon de la misma tem\u00e1tica, a saber, la referente a la forma y data del enteramiento de la parte ejecutada en el juicio reprochado; era evidente la inviabilidad del ataque horizontal definido el 10 de mayo \u00faltimo, acorde con la aludida regla restrictiva inmersa en el inciso 4\u00ba del precepto 318 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el segundo de esos autos, en verdad, no conten\u00eda puntos no decididos en el anterior, que dieran paso a controvertir alg\u00fan aspecto novedoso, en tanto que lo resuelto en uno y otro simplemente se extendi\u00f3, se itera, a la forma y data de la vinculaci\u00f3n de deudora. <\/p>\n
En cuanto al error procedimental como supuesto suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el aludido proceder de la sede judicial acusada, contrario a lo aducido por la otra impugnante, claramente afrent\u00f3 el derecho al debido proceso de la accionante, en tanto que al dejar de aplicar la mentada regla adjetiva, por fuera del tr\u00e1mite establecido y sorpresivamente, termin\u00f3 concediendo una vedada oportunidad adicional a la ejecutada para obtener decisi\u00f3n favorable frente a su ruego; lo que se mostraba suficiente para el buen suceso del presente reclamo supralegal y, por consecuencia, para la desestimaci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n que se ausculta. <\/p>\n
4.2. Ahora, de cara a la impugnaci\u00f3n instaurada por la tutelante, halla la Sala que, efectivamente, el Tribunal dej\u00f3 de ocuparse del fondo de la demanda de amparo, cimentada en el supuesto descuento err\u00f3neo del lapso de dos d\u00edas al que se refiere el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, el cual ense\u00f1a que \u00ab[l]a notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ello, sumado a que ambas impugnantes coinciden en la inexistencia de determinaci\u00f3n alguna que rechazara la contestaci\u00f3n de la demanda y, por ende, diera paso a la inviable apelaci\u00f3n que el a-quo constitucional orden\u00f3 tramitar; son motivos por los que esta Corte considera procedente ocuparse del fondo de tal tem\u00e1tica. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito se observa que en el juicio reprochado, para enterar del mandamiento de pago a su antagonista, acorde con el citado canon 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, el 16 de junio de 2021 la parte actora se lo remiti\u00f3 mediante \u00abmensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb destinada para sus notificaciones, cuya recepci\u00f3n y apertura en la misma data certific\u00f3 la empresa postal a trav\u00e9s de la cual se hizo el env\u00edo, lo que all\u00ed nadie controvirti\u00f3; y en aplicaci\u00f3n de ese precepto, en el auto de 25 de febrero de 2022 el despacho encausado entendi\u00f3 realizada la notificaci\u00f3n personal \u00abtranscurridos los dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje, esto es el 18 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n claramente ajustada a tal aparte normativo, misma a la que arrib\u00f3 esta Corte al conceder un amparo de tutela en un asunto de contornos similares al aqu\u00ed tratado que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora. En esa oportunidad, en lo que aqu\u00ed interesa, se dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026el Juzgado\u2026 no analiz\u00f3, como correspond\u00eda, la problem\u00e1tica suscitada, al interpretar inadecuadamente la norma en comento, dado que siendo enviado el correo electr\u00f3nico de notificaci\u00f3n el 4 de mayo de 2021, la notificaci\u00f3n deb\u00eda entenderse surtida a los dos d\u00edas siguientes, es decir, al finalizar el d\u00eda 6 del citado mes y a\u00f1o; por tanto, la demandada contaba con el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas para contestar la demanda, comenzando a correr el traslado el d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la notificaci\u00f3n, esto es, el 7 de mayo siguiente, y el plazo finalizaba el 4 de junio \u00faltimo; en consecuencia, y comoquiera que la all\u00e1 convocada present\u00f3 los medios defensivos hasta el d\u00eda 8 de junio de 2021, sin duda, lo hizo por fuera del t\u00e9rmino otorgado por la ley (CSJ STC588-2022, 27 en., rad. 2021-00221-01). <\/p>\n
Por tanto, se concluye que el auto de 25 de febrero de 2022 (que tuvo por enterada personalmente a la ejecutada a partir del 18 de junio de 2021, lo que t\u00e1citamente implica la extemporaneidad del escrito de excepciones que present\u00f3) es contentivo de un criterio razonable, por lo que debe d\u00e1rsele plena validez para que, a partir del mismo, el fallador natural contin\u00fae el tr\u00e1mite correspondiente, con observancia de que, acorde con los precedentes de esta Sala respecto al inciso 3\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, finalizados los 2 d\u00edas siguientes a la entrega del mensaje de datos (cuyo recibo el 16 de junio de 2021 no fue controvertido por ninguna de las partes) se entiende surtida la notificaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que producida la indiscutida entrega del mensaje de datos el 16 de junio de 2021, la notificaci\u00f3n se entendi\u00f3 surtida al finalizar el d\u00eda 18 posterior, como acertadamente lo dijo el Juzgado convocado en su veredicto del 25 de febrero de 2022, por lo que a partir del d\u00eda h\u00e1bil siguiente, incluido el mismo (para el caso concreto el 21 de junio de 2021), deb\u00edan descontarse los t\u00e9rminos con los que contaba el extremo ejecutado para pagar o excepcionar. <\/p>\n
5. En consecuencia, se modificar\u00e1 la orden del a-quo constitucional en el sentido de que la concesi\u00f3n del resguardo se restringe, exclusivamente, a dejar \u00absin valor ni efecto los autos dictados el 10 de mayo y el 29 de julio de 2022\u00bb para que, en su lugar, el estrado convocado imprima el tr\u00e1mite que corresponda al juicio recriminado, partiendo del hecho cierto de la improcedencia del recurso propuesto frente al prove\u00eddo del pasado 25 de febrero, \u00faltimo que, por dem\u00e1s, es contentivo de un criterio razonable vinculante para la actuaci\u00f3n subsiguiente. <\/p>\n
Lo dicho implica que las determinaciones adoptadas por la sede judicial accionada con ocasi\u00f3n del fallo del Tribunal a-quo, diferentes a las relacionadas con el aspecto precisado a espacio, de existir, especialmente las dirigidas a dar curso al inexistente y de discutible procedencia recurso de apelaci\u00f3n, quedan sin efecto alguno, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de lo reglado en el canon 7\u00ba del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado en el sentido de que la concesi\u00f3n del resguardo se restringe, exclusivamente, a dejar sin valor ni efecto los autos que el 10 de mayo y el 29 de julio de 2022 emiti\u00f3 el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el juicio ejecutivo que inco\u00f3 la accionante Dejamu Subachoque S.A.S. contra Seguros del Estado S.A. (rad. 11001-31-03-051-2021-00187) para que, en su lugar, esa autoridad imprima al asunto el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, partiendo del hecho cierto de la improcedencia del recurso propuesto frente al prove\u00eddo que ella dict\u00f3 el pasado 25 de febrero, contentivo de un criterio razonable vinculante para la actuaci\u00f3n subsiguiente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, oportunamente, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992. De los efectos de las decisiones de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC14814-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC14814-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01751-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se deciden las impugnaciones interpuestas por Dejamu Subachoque S.A.S. y Seguros […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}