STC14816-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14816-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03329-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Armando Aroca Mart\u00ednez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado Primero de Familia de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del amparo que Erika Patricia Aroca Mart\u00ednez promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, agenciando los derechos del aqu\u00ed libelista (rad. n.\u00ba 2021-00131), la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad dict\u00f3 fallo desestimatorio en primer grado, que, en virtud de la impugnaci\u00f3n que surti\u00f3 ante esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, fue anulado (ATC1153-2021, 10 ago.), ya que se omiti\u00f3 la notificaci\u00f3n de las partes del juicio de alimentos que se censur\u00f3 a trav\u00e9s de ese mecanismo. <\/p>\n
2.2. Al regresar las diligencias al tribunal a quo, para reanudar la actuaci\u00f3n a su cargo, la all\u00ed accionante present\u00f3 desistimiento, el cual fue aceptado, aspecto que el aqu\u00ed gestor considera irregular, comoquiera que \u00abel a quo no tiene la facultad para modificar la sentencia ni mucho menos volver a revivir una primera instancia agotada y tomar decisiones pasando por alto la orden de su superior no encontrando un argumento jur\u00eddico donde plasme que un a-quo constitucional pueda dar por terminado el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela despu\u00e9s de ser conocida y resuelta por su superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que ha formulado varias solicitudes ante los estrados referidos y otras entidades, en procura de que se esclarezca lo all\u00ed acaecido, pues considera que \u00abel se\u00f1or magistrado [del tribunal], al igual que la se\u00f1ora juez (\u2026), [hicieron] transformaciones esenciales en parte de la sentencia para que exprese cosas diferentes de las que expresaba en su estado primitivo (sic), manifestando \u00abque la nulidad se decret\u00f3 sobre la tutela penetrada (sic)en mi nombre, m\u00e1s no en el proceso de alimentos\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de esta nueva salvaguarda, se ordene \u00abcumplir y acatar lo resuelto por la honorable Corte Suprema de Justicia en el auto ATC1153-2021 del 10 de agosto 2021 tal como lo consagra el articulo 27 decreto 2591 de 1991\u00bb; y \u00abque se restablezcan mis derechos fundamentales como son el debido proceso y derecho a la defensa que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n siguen siendo flagrantemente vulnerados de forma sostenida por el tribunal superior del distrito judicial de Valledupar sala civil-familia-laboral y el juzgado primero de familia desacatando la orden de su superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Un magistrado de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar relat\u00f3 las actuaciones de la causa confutada, precisando que, \u00abcumplido el tr\u00e1mite de rigor, previo a dictar sentencia, por auto del 24 de agosto de 2021 se dio por terminado el tr\u00e1mite de tutela, en atenci\u00f3n a la solicitud expresa que present\u00f3 la promotora, Erika Patricia Aroca, decisi\u00f3n que fue debidamente notificada a las partes e interesados y contra la que no se present\u00f3 reparo alguno\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indic\u00f3 que \u00abla providencia objeto de reparo fue proferida hace m\u00e1s de un a\u00f1o y, en su momento, no fue objeto de reproche alguno por parte del interesado, a pesar de haber sido debidamente notificado de la misma\u00bb; sumado a que \u00ablos hechos y pretensiones aducidos en el presente ruego, en el fondo, son id\u00e9nticos a los invocados previamente dentro de la acci\u00f3n de tutela conocida por la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado No. 97159; oportunidad en que se resolvi\u00f3 negar el resguardo, mediante prove\u00eddo STC2319-2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del amparo de la referencia (rad. n.\u00ba 2021-00131), por haber aceptado el desistimiento de quien compareci\u00f3 como agente oficiosa del aqu\u00ed gestor, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Jorge Armando Aroca Mart\u00ednez promovi\u00f3 con antelaci\u00f3n otro amparo contra la colegiatura encartada, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, en el cual tambi\u00e9n pretendi\u00f3 la invalidaci\u00f3n del prove\u00eddo de 24 de agosto de 2021 \u2013a trav\u00e9s del cual el tribunal acept\u00f3 el desistimiento que, en su momento, present\u00f3 su hermana, quien agenci\u00f3 sus intereses en el asunto rese\u00f1ado\u2013, con fundamento en la supuesta inobservancia del auto ATC1153-2021, 10 ago.1, mediante el cual se decret\u00f3 la nulidad de lo actuado en esa foliatura. <\/p>\n
3.1. En efecto, esa acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se profiri\u00f3 fallo desestimatorio STC2319-2022, 2 mar., tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si el promotor consideraba la existencia de una causal de invalidez, concretamente, \u00abcuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido\u00bb, no formul\u00f3 la nulidad ahora alegada ante el tribunal, pese a la autorizaci\u00f3n expresa que en este sentido consagra el art\u00edculo133 del C\u00f3digo General del Proceso, de conformidad con la remisi\u00f3n que efect\u00faa el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, seg\u00fan el cual: \u00abPara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. Mem\u00f3rese que, dado el car\u00e1cter residual de la tutela, a este sendero solo puede acudirse una vez se hayan agotado la totalidad de los mecanismos contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico para remediar la lesi\u00f3n invocada, de modo que, si no se hace uso de ellos o se desperdician, la injerencia constitucional es inviable. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con todo, frente al reparo atinente a que era \u00abimprocedente el desistimiento de la tutela\u00bb se observa que ese punto en particular fue abordado por la colegiatura convocada quien consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa Corte Constitucional por Auto 283-2015, se\u00f1al\u00f3, que el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, establece la posibilidad que el actor desista de la acci\u00f3n de tutela, en cuyo caso el expediente debe ser archivado, lo que \u00ab[\u2026] resulta viable si se presenta antes de que exista una sentencia respecto a la controversia [\u2026]\u00bb, (Auto 008 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao P\u00e9rez). Atendiendo la voluntad expresa de la persona que se registra como promotora de la acci\u00f3n constitucional de la referencia, que en el presente asunto no se ha emitido sentencia que defina la controversia, resulta procedente ordenar la terminaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite y su archivo\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, tras ser impugnada esa resoluci\u00f3n por el aqu\u00ed memorialista, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral la confirm\u00f3 con providencia STL4364-2022, 30 mar., teniendo en cuenta que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la autoridad convocada examin\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del juicio puesto a su consideraci\u00f3n, lo que le permiti\u00f3 en efecto, dar por terminado el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela dada la voluntad manifestada por la se\u00f1ora Erika Patricia Aroca, consignando en el prove\u00eddo que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, las razones que tuvo para tomar tal decisi\u00f3n, as\u00ed como la interpretaci\u00f3n que dio a los hechos y las pruebas del proceso, sin que en la misma se advierta una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del operador judicial, independientemente de que se est\u00e9 de acuerdo o no con \u00e9sta. <\/p>\n
Conforme lo anterior e independientemente de si se comparte o no la decisi\u00f3n controvertida, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurri\u00f3 en los errores evidentes que la parte tutelista le atribuy\u00f3 en el escrito inaugural, dado que resolvi\u00f3 el asunto con fundamento en una interpretaci\u00f3n leg\u00edtima, teniendo en cuenta todo el haz probatorio, las normas y la jurisprudencia aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
3.3. Asimismo, es oportuno precisar que las citadas determinaciones quedaron en firme, en tanto que el expediente fue excluido de la selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, con prove\u00eddo de 29 de julio de esta calenda, expedido por la Sala de Selecci\u00f3n n.\u00ba 7 \u2013y notificado por estado n.\u00ba 13 del 12 de agosto siguiente\u2013, tal como se observa en la consulta realizada en la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda de dicha Corporaci\u00f3n (T-8.810.869), la cual se anexa a la foliatura. <\/p>\n
3.4. Conforme con ello, es claro para la Corte que las s\u00faplicas de estas causas son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a censurar la aceptaci\u00f3n del desistimiento que alleg\u00f3 su otrora agente oficiosa, Erika Patricia Aroca Mart\u00ednez, en el curso del resguardo que inici\u00f3 contra el Juzgado Primero de Familia de Valledupar, con ocasi\u00f3n del proceso de alimentos (rad. n.\u00ba 2014-00365-00), aspecto que ya fue zanjado en la tramitaci\u00f3n que viene de memorarse. <\/p>\n
En ese orden, pese a que el inconforme adujo en el escrito inicial que present\u00f3 varias peticiones sobre el particular con el prop\u00f3sito de que se continuara el proceso constitucional, lo cierto es que esta circunstancia, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de exculpar el ejercicio abusivo de este mecanismo; pues, ciertamente, lo que all\u00ed se evidencia son las reiteradas aclaraciones por parte de las autoridades involucradas, sobre el alcance de las decisiones que se adoptaron2; actuaciones que no constituyen, per se, ning\u00fan presupuesto f\u00e1ctico novedoso. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto expedido por el magistrado ponente, doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, a quien se le acept\u00f3 la manifestaci\u00f3n impeditiva para conocer de esta radicaci\u00f3n, con decisi\u00f3n ATC1457-2022, 3 oct. <\/p>\n
2\u0002 Por ejemplo, ver: autos de 20 de agosto, 23 de septiembre, 8 de octubre y 7 de diciembre de 2021, as\u00ed como el de 1 de septiembre de 2022, mediante los cuales se han resuelto los m\u00faltiples requerimientos radicados por el aqu\u00ed gestor y su n\u00facleo familiar \u2013en los que cuestiona la misma tem\u00e1tica objeto del sub-lite: la aceptaci\u00f3n del desistimiento de la acci\u00f3n de tutela primigenia\u2013, y frente a los cuales se ha sostenido en la causa analizada que \u00ab(\u2026) no debe d\u00e1rsele soluci\u00f3n a lo aqu\u00ed pretendido, por cuanto este Corporaci\u00f3n no tiene funciones consultivas, ni competencia para efectuar conceptos de \u00edndole asesor\u00bb. <\/p>\n
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