STC14819-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14819-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01535-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Roberto Noriega Fern\u00e1ndez le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3, a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Barranquilla, a la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones, al Distrito Especial, Industrial y Portuario y a la Alcald\u00eda Distrital de esa urbe, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, por medio de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00absalud, vida, m\u00ednimo vital, vida digna, seguridad social, igualdad, favorabilidad, justicia, equidad y debido proceso\u00bb para que, <\/p>\n
\u00abi) Se ordene a la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla y la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones indexe la primera mesada pensional a que tiene derecho conforme a la Ley, la Constituci\u00f3n y la jurisprudencia, en la fecha en que adquiri\u00f3 el derecho de la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n convencional de 5 de enero de 2008, por la suma inicial de $2.723.458 y para los a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
ii) Conforme a lo anterior, y una vez amparados lo derechos fundamentales del actor, solicito se deje sin efecto o valor jur\u00eddico alguno la resoluci\u00f3n No. 123 de 23 de agosto de 2021 proferida por la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones y por el contrario se deje en firme la Resoluci\u00f3n No. 098 de fecha 15 de septiembre de 2020. <\/p>\n
iii) Como resultado de su indexaci\u00f3n, m\u00e1s los incrementos legales causados y el pago de la diferencia que se gener\u00f3 entre lo que ven\u00eda cancelando como mesada pensional y lo que corresponde luego de la indexaci\u00f3n se le cancele el retroactivo pensional a que tiene derecho\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla conden\u00f3 a la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de Barranquilla y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de esa ciudad a \u00abreconocer y pagar a su favor desde el 5 de enero de 2008, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional en cuant\u00eda de $2.723.458,46, con sus incrementos legales y convencionales y absolvi\u00f3 a la parte pasiva de las dem\u00e1s pretensiones\u00bb (27 feb. 2013), decisi\u00f3n que ad quem modific\u00f3 respecto a que \u00abel monto de la pensi\u00f3n ascend\u00eda era a la suma de $2.071.416, 82 y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s\u00bb (22 jul.) y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 no cas\u00f3 esta (SL366-2020, 12 feb.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que luego requiri\u00f3 \u00abel cumplimiento de la sentencia\u00bb ante la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, por lo que mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 098 de 1\u00b0 de septiembre de 2020, fue incluido en \u00abn\u00f3mina de jubilados\u00bb de la extinta empresa Distrital de Telecomunicaciones de ese lugar, a partir de octubre de 2020 con una mesada de $4.361.445. <\/p>\n
Sostuvo que en vista que el Tribunal Superior de Barranquilla \u00abal modificar su mesada pensional reconocida por el a quo no aplic\u00f3 la indexaci\u00f3n correctamente\u00bb, rog\u00f3 a la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de esa capital \u00abtal indexaci\u00f3n\u00bb, empero por Resoluci\u00f3n n\u00b0 123 (23 ag. 2021) se le \u00abdeclar\u00f3 deudor por $13.030.412 y se le orden\u00f3 la restituci\u00f3n de dicho valor correspondiente al periodo octubre de 2020, incluyendo la mesada adicional de diciembre de 2020 a agosto de 2021 y la de junio de 2021, con cargo al retroactivo pensional al evidenciarse un error en la liquidaci\u00f3n, en tanto, se reconoci\u00f3 sobre un valor inicial conforme al fallo de primera instancia $2.723.458, debi\u00e9ndose reconocer era lo ordenado por la segunda instancia $2.071.416\u00bb, por lo que exterioriz\u00f3 su consentimiento para que se ajustara la mesada pensional reconocida en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que como en el citado acto administrativo se le \u00abneg\u00f3 la solicitud de indexaci\u00f3n\u00bb, interpuso recurso de reposici\u00f3n, siendo enterado que \u00abrespecto a la censura que la mesada reconocida por el juzgado de primera instancia que ascendi\u00f3 a la suma de $4.361.446 es la correcta, dicha tem\u00e1tica fue definida toda vez que la sentencia de segunda instancia corrigi\u00f3 el valor de la mesada inicialmente dispuesta y este punto no fue objeto de pronunciamiento expreso por parte de la Corte Suprema de Justicia por lo que no es de recibo que en sede administrativa se pretenda variar una decisi\u00f3n judicial\u00bb (5 en. 2022). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el 13 de enero del a\u00f1o en curso, nuevamente elev\u00f3 \u00absolicitud de indexaci\u00f3n ante la Secretaria Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, siendo remitida por competencia a la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de esa ciudad\u00bb, donde se le indic\u00f3 que \u00absobre ese aspecto ya se hab\u00edan pronunciado\u00bb (16 feb.). <\/p>\n
En su opini\u00f3n con los pronunciamientos referidos se lesionaron sus derechos fundamentales, por cuanto \u00abse debe indexar su pensi\u00f3n a su valor real y de esta manera impedir que su valor pierda su poder adquisitivo por el fen\u00f3meno inflacionario\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00absu pareja Betty Judith Dom\u00ednguez Manga depende econ\u00f3micamente de lo que devenga por lo que existe una afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital con la desproporci\u00f3n existente, de acuerdo con los criterios que para el efecto ha fijado la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 dijo que \u00aben la sentencia SL366-2020, se resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto solo por la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, por lo que obviamente lo concerniente al valor de la mesada pensional decretada desde la primera instancia no fue objeto de pronunciamiento, es decir, el accionante se conform\u00f3 con la cuant\u00eda de la pensi\u00f3n, por lo que esta no es la v\u00eda para remediar su omisi\u00f3n\u00bb, aunado a que \u00abcuenta con otros mecanismos de defensa para solicitar lo que por este medio pretende\u00bb. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla inform\u00f3 que \u00abdesat\u00f3 la segunda instancia de manera pronta y sin quedar otro asunto pendiente\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa metr\u00f3poli adjunt\u00f3 el link del expediente para su estudio. <\/p>\n
La Alcald\u00eda Distrital de ese lugar enunci\u00f3 que \u00absi el actor y su apoderado consideraban que en ese momento se hab\u00eda cometido un error por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior debi\u00f3 interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero no lo hicieron, por lo que no hay lugar a acceder al amparo\u00bb. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones se opuso al amparo, ya que \u00abno es cierto que el accionante sea una persona de la tercera edad conforme los lineamientos de la Corte Constitucional por cuanto actualmente tiene 64 a\u00f1os de edad; no se encuentra amenazado su m\u00ednimo vital toda vez que mediante oficio 202210002068-1 de 25 de marzo de 2022 se le cancel\u00f3 la suma de $605.000.000 por concepto de lo ordenado en el proceso laboral que se tramit\u00f3 y la se\u00f1ora Betty Dom\u00ednguez Manga quien figura reportada como compa\u00f1era permanente del actor es titular de una pensi\u00f3n de vejez otorgada por Colpensiones en el R\u00e9gimen de Prima Media desde el a\u00f1o 2014, por lo que existen contradicciones con los dichos del accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el auxilio, principalmente, porque \u00absi el actor censura una presunta irregularidad en el pronunciamiento emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, respecto al valor de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, se incumple el requisito de la inmediatez, dado que el fallo fue proferido hace nueve a\u00f1os y no se satisface con la subsidiariedad pues el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue promovido por la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de Barranquilla y no por el aqu\u00ed accionante, por lo que no es posible que ahora pretenda se\u00f1alar presuntos yerros cuando tuvo la oportunidad y no la utiliz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Replic\u00f3 el precursor con los mismos planteamientos inaugurales, agregando que \u00abno es de recibo la posici\u00f3n adoptada frente al supuesto incumplimiento de la inmediatez al ir en contrav\u00eda con la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional\u00bb y, \u00abfrente a la obligaci\u00f3n de acudir a las v\u00edas judiciales para solicitar el amparo de lo pretendido, si el proceso ordinario laboral demor\u00f3 en resolverse de fondo m\u00e1s de ocho a\u00f1os, es excesivo que tenga que adelantar un nuevo proceso para solicitar la indexaci\u00f3n cuando las accionadas lo pueden resolver oficiosamente\u00bb, por lo que es procedente que \u00abmediante la presente acci\u00f3n constitucional se ordene la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
1.- Liminarmente, advierte la Sala que, aunque la presente \u00abtutela\u00bb se radic\u00f3 (22 jul. 2022) dos (2) a\u00f1os y cinco (5) meses despu\u00e9s de haberse dictado el \u00faltimo veredicto recriminado (12 feb. 2020), el requisito temporal establecido en la jurisprudencia para el estudio de fondo de la salvaguarda se tiene por superado, dado que el debate recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se estima actual (STC20333-2017, que memor\u00f3 la SU1073-2012). <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, la Sala avizora la no violaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas y, por ende, la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado, porque Roberto Noriega Fern\u00e1ndez, actu\u00f3 descuidadamente en la defensa de sus atributos fundamentales como \u00abdemandante\u00bb en el dossier adelantado contra la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. <\/p>\n
En efecto, de la respuesta ofrecida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral n\u00b0 3 y los medios de prueba aportados, surge claro que una vez el Tribunal Superior de Barranquilla modific\u00f3 lo resuelto por el a quo, en el sentido de \u00abprecisar\u00bb que el monto de la pensi\u00f3n reconocida al tutelante ascend\u00eda a la suma de $2.071.416, 82 y no a $2.723.458,46, contra esa disposici\u00f3n no se formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues qued\u00f3 demostrado que \u00fanicamente hizo uso de tal herramienta la Direcci\u00f3n Distrital de Liquidaciones de Barranquilla. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene que \u00abel monto determinado\u00bb qued\u00f3 en firme ante la omisi\u00f3n del quejoso de agotar el \u00abmedio de defensa\u00bb que ten\u00eda a su alcance para alegar lo tra\u00eddo a esta v\u00eda tutelar, por tanto, no es viable atribuir irregularidad alguna a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime cuando el querellante estaba representado por su abogado de confianza, por ello, era su deber y el de este estar atentos a las resultas del litigio, pero no lo hicieron. <\/p>\n
De modo que, no puede valerse de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb para solventar su incuria o desatenci\u00f3n, ya que era la Litis el escenario id\u00f3neo donde deb\u00eda hacer valer \u00ablos privilegios que anhela\u00bb, debido al car\u00e1cter residual de esta senda especial (STC762-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (STC6663-2018, citada en STC3157-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC1325-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo ese entendido no es factible conceder las s\u00faplicas rogadas, ya que, no puede el memorialista acudir a la justicia constitucional con el objeto de revivir oportunidades precluidas, que no aprovech\u00f3. <\/p>\n
3.- Sin perjuicio de lo anterior y conforme el mismo recurrente lo reconoce en su escrito, ante la \u00abResoluci\u00f3n No. 123 de 23 de agosto de 2021 y sostenida en enero de 2022 que negaron la indexaci\u00f3n\u00bb puede formular el respectivo proceso laboral ante la autoridad competente para que se le \u00abreconozca tal ajuste a su mesada pensional\u00bb, tr\u00e1mite en el que, de resultarle desfavorable lo dictaminado, podr\u00e1 hacer uso de los instrumentos estatuidos para tal efecto, sin embargo, opt\u00f3 por ejercer directamente esta acci\u00f3n, omitiendo agotar previamente el procedimiento a su disposici\u00f3n bajo la excusa que \u00abson procesos demorados\u00bb lo que no es de recibo. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte espec\u00edficamente ha puntualizado que, <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, STC8897-2017, STC10432-2017, STC6904-2020, STC1441-2021 y STC10853-2021)- Subraya la Sala. <\/p>\n
4.- Tampoco resulta procedente la guarda como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al promotor, como quiera que no alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para acreditarlo, sin que sea suficiente para ello la mera expresi\u00f3n de su existencia, dado que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2039-2020, reiterada STC15498-2021). <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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