STC14825-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14825-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01561-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida, mediante apoderada, por Argemiro Arteaga Bernate contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 39 Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 11001310503920170016400. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jur\u00eddica, seguridad social y dignidad humana. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Banco de la Rep\u00fablica, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n convencional, pactada entre la entidad demandada y la Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados -ANEBRE, de conformidad con lo estipulado en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo del 2 de diciembre de 1997, junto con las mesadas retroactivas indexadas y los intereses de mora, sin declaratoria de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 6 de febrero de 2019, el Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la accionada de todas las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada el 5 de marzo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3. El 9 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que la Sala censurada realiz\u00f3 una errada interpretaci\u00f3n de las normas convencionales que regulaban la pensi\u00f3n pretendida y desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia CSJ SL4650- 2020, en el cual se recogi\u00f3 la \u00abjurisprudencia que decant\u00f3 el tema aqu\u00ed discutido como es el cumplimiento de la edad posterior al 31 de julio de 2010\u00bb y se accedi\u00f3 al reconocimiento de la prestaci\u00f3n reclamada, definiendo \u00abel alcance de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999, suscrita entre el Banco de la Rep\u00fablica y la Asociaci\u00f3n Nacional de Empleados del Banco de la Rep\u00fablica ANEBRE\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y se ordene emitir nueva decisi\u00f3n, en la que tenga en cuenta el precedente jurisprudencial horizontal referido. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n atacada dijo que no vulner\u00f3 los derechos del tutelante, pues su determinaci\u00f3n fue producto de la normativa aplicable y de la jurisprudencia relacionada con la convenci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
2. El Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida en primera instancia acogi\u00f3 los par\u00e1metros establecidos por la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia vigente para el caso en concreto. <\/p>\n
3. Quien dijo actuar como representante legal y apoderada judicial del Banco de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que la providencia citada como presunto precedente judicial, CSJ SL4650-2020, \u00abno tiene tal car\u00e1cter, precisamente por no atender la misma el criterio jurisprudencial aplicable a la situaci\u00f3n en torno a la cual se plante\u00f3 la controversia dentro del proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al alcance del art\u00edculo 18 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo del Banco de la Rep\u00fablica, sostuvo que existen precisos pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en los cuales, al resolver casos id\u00e9nticos de otros empleados de la Entidad, se ha fijado el criterio jurisprudencial que observ\u00f3 la demandada, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al constatar que la determinaci\u00f3n cuestionada estaba soportada en la normatividad que regula la materia y en la jurisprudencia aplicable. Sobre el presunto desconocimiento del precedente contenido en la CSJ SL4650-2020, precis\u00f3 que el tutelante no expuso \u00abrazones suficientes para determinar que se trata de un asunto de similares circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas (\u2026) sin que corresponda al operador judicial (\u2026) emprender un an\u00e1lisis a fin de detectar la posible existencia de falencias en las que pudo haber incurrido el fallador\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y enfatiz\u00f3 en el desconocimiento del cambio jurisprudencial contenido en la sentencia CSJ SL4650-2020, referente a la convenci\u00f3n colectiva del Banco de la Rep\u00fablica, para la cual el cumplimiento de la edad \u00abno es m\u00e1s que un requisito de exigibilidad\u00bb y, en consecuencia, este puede acreditarse despu\u00e9s de \u00abla p\u00e9rdida de vigencia de los derechos convencionales seg\u00fan da cuenta el acto legislativo N\u00b0 1 de 2005, es decir posterior al 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL480-2021, que no cas\u00f3 el fallo dictado el 5 de marzo de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
Al respecto, luego de citar el art\u00edculo 18 de la referida convenci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la pensi\u00f3n all\u00ed contemplada se causa con el cumplimiento del tiempo de servicios de 20 a\u00f1os y la edad de 55 a\u00f1os, trat\u00e1ndose de los hombres, por lo que \u00abel cumplimiento de la edad corresponde a un requisito de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n y no de mera exigibilidad\u00bb; esto, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
[\u2026] el hecho de que la cl\u00e1usula aluda al vocablo \u00abdisfrutar\u00bb no quiere decir que el cumplimiento de los 55 a\u00f1os se configure como un requisito de mero goce, pues, por el contrario, al contemplar la norma que \u00abLos trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensi\u00f3n jubilatoria con los requisitos legales de tiempo m\u00ednimo de servicios de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones [\u2026]\u00bb, lo que evidencia es que para que el empleado pueda disfrutar de la pensi\u00f3n convencional tiene que haber cumplido las dos condiciones, esto es, el tiempo de servicios y la edad. Por ende, tales exigencias deben cumplirse al servicio del empleador para causar la pensi\u00f3n -lo que deb\u00eda ocurrir antes del 31 de julio de 2010-. <\/p>\n
En sustento, se remiti\u00f3 al criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en la CSJ SL3962-2018, en la cual se defini\u00f3 el alcance de dicha cl\u00e1usula, as\u00ed: <\/p>\n
De acuerdo con dicho escenario, se tiene que el tribunal, hall\u00f3 con fundamento en el par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba, del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicion\u00f3 el art. 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual consagr\u00f3 \u00ablas reglas de car\u00e1cter pensionales extralegales que reg\u00edan a la fecha de entrada en vigencia de dicho acto se mantendr\u00edan por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado y que en los pactos, convenciones o laudos que se suscribieran entre la vigencia de la reforma y el 31 de diciembre de 2010, no pod\u00edan consagrarse condiciones m\u00e1s favorables que las vigentes para ese momento y que, en todo caso, perder\u00edan efectos el 31 de julio de 2010\u00bb, que la regla pensional contenida en el art\u00edculo 18 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1997-1999 de la que el se\u00f1or Herrera Zapata deriva el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada, por ser beneficiario, perdi\u00f3 su vigor el 31 de julio de 2010, data para la cual aqu\u00e9l, si bien cumpl\u00eda con el tiempo de servicios, no hab\u00eda satisfecho la edad exigida de 55 a\u00f1os para optar a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n ah\u00ed establecida, pues tal exigencia se materializ\u00f3 el 28 de mayo de 2011. <\/p>\n
Argumento que no resulta equivocado, pues dicha reforma pensional estableci\u00f3 un l\u00edmite temporal m\u00e1ximo, para la vigencia de las reglas extralegales que ven\u00edan pactadas en materia pensional, en el entendido de que las exigencias ah\u00ed establecidas deb\u00edan acreditarse a m\u00e1s tardar el 31 de julio de 2010, pues a partir de esa fecha, las normas convencionales desaparecer\u00edan del mundo jur\u00eddico, tal como sucedi\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conforme al anterior criterio jurisprudencial, como el convenio colectivo, pilar fundamental de la pretensi\u00f3n del actor suscrito en el a\u00f1o de 1997, para regular las relaciones laborales entre el 23 de noviembre de 1997 y el 22 de noviembre de 1999, es por lo que las condiciones contenidas en el art\u00edculo 18 de dicho acuerdo solo pod\u00eda tener vigor hasta el 31 de julio de 2010, por as\u00ed establecerlo el citado par\u00e1grafo 3, del art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, lo cual ocurri\u00f3 porque la convenci\u00f3n se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente. (Subraya fuera del texto). <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que la providencia tra\u00edda a colaci\u00f3n por la recurrente, esto es, el fallo CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 42703, analiz\u00f3 \u00abel art\u00edculo 42 de la convenci\u00f3n celebrada con la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. -en liquidaci\u00f3n, respecto de una pensi\u00f3n restringida y no la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n\u00bb y, por tanto, no era aplicable al caso concreto. <\/p>\n
En lo atinente al principio de la favorabilidad y al principio in dubio pro operario, reiter\u00f3 lo dicho por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencias CSJ SL7882-2015, SL7807-2016 y SL609-2017, a efectos de precisar que, si bien cuando hay dos interpretaciones v\u00e1lidas se debe aplicar la m\u00e1s favorable al trabajador, en el caso de la cl\u00e1usula pactada con el Banco de la Rep\u00fablica \u00abno existe duda en la interpretaci\u00f3n de la estipulaci\u00f3n convencional que regula la tem\u00e1tica planteada, en la medida que tal disposici\u00f3n es clara en se\u00f1alar que la edad corresponde a un requisito para generar el derecho\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, consider\u00f3 que el cargo no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperar, m\u00e1xime cuando la pensi\u00f3n peticionada \u00abno se consolid\u00f3 con el simple cumplimiento del tiempo de servicios, lo que ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2004, sino que era necesario el cumplimiento de la edad\u00bb, lo cual aconteci\u00f3 hasta el 5 de febrero de 2013, esto es, \u00abcuando la norma convencional ya hab\u00eda perdido vigencia por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
2.2. En cuanto al segundo cargo, relacionado con el cumplimiento de los requisitos de servicios y edad antes del 31 de julio de 2010, seg\u00fan lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, destac\u00f3 que aquella normativa s\u00ed \u00abestableci\u00f3 unas reglas de transitoriedad, a trav\u00e9s del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb; no obstante, cit\u00f3 la sentencia CSJ SL3635-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, por la cual se rectific\u00f3 el criterio antes adoptado, para definir que, bajo las reglas del Acto Legislativo 01 de 2005, el t\u00e9rmino de vigencia de las convenciones colectivas deb\u00eda considerarse seg\u00fan los siguientes postulados: <\/p>\n
a) En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, mantendr\u00e1 su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010. (la Sala subraya). <\/p>\n
Con fundamento en dichas pautas, la Sala accionada estim\u00f3 que como el presente asunto se enmarcaba en la hip\u00f3tesis b), toda vez que la convenci\u00f3n suscrita el \u00ab23 de noviembre de 1997 entre \u201cAnebre\u201d y el Banco de la Rep\u00fablica y con vigencia inicial entre el 23 de noviembre de 1997 y el 22 de noviembre de 1999\u00bb, para el 29 de julio de 2005 \u00abestaba surtiendo la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del CST y las partes no presentaron la denuncia del acuerdo\u00bb, era pertinente concluir que el art\u00edculo 18 convencional no pod\u00eda ser extendida m\u00e1s all\u00e1 de 31 de julio de 2010 y, en esa medida, solo hasta esa fecha pod\u00edan cumplirse los requisitos previstos convencionalmente para causar la pensi\u00f3n, por lo cual, consider\u00f3 que el cargo tampoco sal\u00eda avante. <\/p>\n
3. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, lo cierto es que la Sala convocada estudi\u00f3 los reproches expuestos por el casacionista -reiterados en sede de tutela- y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado hall\u00f3 debidamente sustentada la decisi\u00f3n del Tribunal de negar la prestaci\u00f3n pedida, al establecer que para acceder a la pensi\u00f3n convencional reclamada era indispensable cumplir los presupuestos de tiempo de servicios y edad antes del 30 de julio de 2010, pues este \u00faltimo requisito fue pactado entre las partes para causar el derecho y no solo para el disfrute, con soporte en la jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
3.1. Al respecto, esta Sala, en sentencia CSJ STC3534-2022, analiz\u00f3 un caso de similares caracter\u00edsticas al aqu\u00ed estudiado, en el que tambi\u00e9n se discut\u00eda el derecho contenido en el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva celebrada con el Banco de la Rep\u00fablica, de conformidad con los principios de indubio pro operario o favorabilidad, oportunidad en la cual, en atenci\u00f3n a la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente sobre la interpretaci\u00f3n aplicable (CSJ SL660-2021), esto es, que dicha cl\u00e1usula contempl\u00f3 el cumplimiento conjunto de los requisitos de edad y servicios para causar el derecho pensional, neg\u00f3 el amparo constitucional invocado, por encontrar que la determinaci\u00f3n controvertida no era caprichosa, subjetiva o arbitraria, criterio que fue reiterado en CSJ STC11493-2022. <\/p>\n
En ese orden, aunque el tutelante alude al desconocimiento del antecedente contenido en el fallo CSJ SL4650-2020 de la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral, proferido \u00abEn cumplimiento de la sentencia CSJ STP9304-2020\u00bb, resulta pertinente se\u00f1alar que, acorde con lo previsto en la Ley 1781 de 2016, las Salas de Descongesti\u00f3n en materia laboral no pueden cambiar directamente la jurisprudencia sobre un determinado asunto y, en consecuencia, como la decisi\u00f3n cuestionada en esta oportunidad de soport\u00f3 razonadamente en el precedente jurisprudencial reiterado y vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, plasmado, entre otras, en las providencias CSJ SL3962-2018, CSJ SL660-2021, CSJ SL1038-2021 y SL1697-2021, no se configura el vicio alegado por el accionante. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, frente a dicha determinaci\u00f3n se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte solicitante. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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