STC14831-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14831-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01752-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la vida digna, a la seguridad social y a la igualdad ante la ley, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. <\/p>\n
Solicita en consecuencia se ordene \u00abdejar sin valor ni efecto la sentencia SL1857-2022 prove\u00edda por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb y en consecuencia \u00abse ordene dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n prove\u00edda por el accionado Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Laboral (\u2026) a los 4 d\u00edas del mes de marzo del a\u00f1o 2020\u00bb y por ende \u00abdejar en firme y con plenos efectos jur\u00eddicos (\u2026) la sentencia proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 a los 12 d\u00edas del mes de abril del a\u00f1o 2018\u00bb, o en subsidio, \u00abordenar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) casar la sentencia SL1857-2022 y en sede de instancia, proferir una nueva decisi\u00f3n en la cual se eval\u00faen las posturas de esta corporaci\u00f3n frente a casos similares (\u2026) dando lugar a la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida [en primera instancia]\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El accionante afirma que, para el 1\u00ba de abril de 1994 tenia 46 a\u00f1os de edad y m\u00e1s de 750 semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que, dice, cumple con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez \u00abbajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n mancomunado con la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad\u00bb, ya que para el 29 de julio de 2005 contaba con 1091,78 semanas cotizadas y para el 1\u00ba de marzo de 2013 ten\u00eda 1362 semanas abonadas y 64 a\u00f1os de edad. <\/p>\n
2.2. Expone el actor que a trav\u00e9s del referido juicio reclam\u00f3 su pensi\u00f3n por cumplir los requisitos del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pedimento al cual accedi\u00f3 el 12 de abril de 2018 el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, tras encontrar que cumpl\u00eda con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, no obstante, al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por su contraparte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad decidi\u00f3 el 4 de marzo de 2020 revocar lo decidido para en su lugar negar sus pedimentos. <\/p>\n
2.3. El gestor atac\u00f3 el precitado fallo mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y en prove\u00eddo SL1857 de 16 de mayo de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 no casar lo definido, pasando por alto la cantidad de semanas que prob\u00f3 tener cotizadas al sistema de seguridad social, que superaban las 1000 semanas para el 29 de julio de 2005; que es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y; que la mora en los aportes obedeci\u00f3 a sus empleadores, pero ello no imped\u00eda su contabilizaci\u00f3n, todo ello en contrav\u00eda de precedentes emitidos sobre el particular. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de esta Corte pidi\u00f3 que se declare improcedente la protecci\u00f3n, porque en su decisi\u00f3n encontr\u00f3 que de las 1.030,57 semanas cotizadas que report\u00f3 el accionante, 734,57 las ten\u00eda a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que conservaba el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 31 de julio de 2010, fecha para la cual alcanz\u00f3 a sumar 991,85 semanas y 268,71 en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Colpensiones se\u00f1alo que lo pretendido por el accionante es utilizar al presente mecanismo como un nuevo escenario de reestudio de su caso, sin que en lo decidido se haya incurrido en causal de procedencia del amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indici\u00f3 que le corresponde a Colpensiones resolver sobre las solicitudes de reconocimiento pensional, por lo cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras analizar el contenido de la decisi\u00f3n criticada y encontrar que lo pretendido por el actor es sustituir la apreciaci\u00f3n y an\u00e1lisis all\u00ed realizadas, que condujeron a no encontrar yerro alguno en lo definido por el fallador de segunda instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante con fundamento en que no se tuvieron en cuenta los precedentes que aplican a su caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Abraham Salamanca Su\u00e1rez se duele de la sentencia de 16 de mayo de 2022 de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SL1857-2022), donde se resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n de 4 de marzo de 2020 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que a su vez recov\u00f3 el fallo de 12 de abril de 2018 del Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas no acceder a las pretensiones, dentro del proceso ordinario laboral que aquel promovi\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones-, pues, en sentir del actor, lo decidido desconoci\u00f3 el precedente aplicable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la mencionada determinaci\u00f3n, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En la providencia, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada precis\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) [E]videntemente, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha establecido que deben contabilizarse con efectos pensionales, las semanas reportadas en las historias laborales que aparecen con la anotaci\u00f3n de mora patronal, cuando la administradora no ejerce las acciones de cobro sobre ellas. <\/p>\n
Sin embargo, tambi\u00e9n ha precisado que, con dicha finalidad, se impone al extremo demandante \u00abacreditar que en ese lapso existi\u00f3 un contrato de trabajo o, en otros t\u00e9rminos, que [el empleador] estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prest\u00f3 servicios durante el mismo\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como se record\u00f3, el sentenciador de alzada puso en duda la existencia de la relaci\u00f3n laboral con los empleadores Codinsa, Codinsa S. A. Contratista, Estuplas Ltda., Osorio Botero Cia Ltda y Naranjo D\u00edaz Enrique, entre el 21 de abril de 1987 y el 31 mayo de 1989; 7 de junio de 1980 y el 17 de noviembre de 1981; 1\u00b0 de agosto al 29 de septiembre de 1982; 4 noviembre de 1982 al 9 de febrero del 1983; 17 de marzo de 1983 al 31 de enero de 1984; 23 de enero al 24 febrero de 1985; 9 de octubre de 1985 al 7 de enero 1987; 26 de septiembre al 28 octubre 1986; 21 de abril 1987 al 17 abril 1990 y, 3 de abril de 1990 al 31 diciembre de 1994, que totalizan 452.76 semanas. <\/p>\n
Para absolver la inconformidad, en seguida observ\u00f3 que, <\/p>\n
El censor cuestiona la valoraci\u00f3n que el juzgador hizo de la prueba denominada \u201cperiodos de afiliaci\u00f3n al r\u00e9gimen de pensiones\u201d, porque considera que en lo all\u00ed consignado se observa que corresponden al estado de cuenta de las empresas a trav\u00e9s de la cuales cotiz\u00f3, donde adem\u00e1s se identifica cu\u00e1les empleadores presentaban deuda y cu\u00e1les no. <\/p>\n
Examinada por la Sala la mencionada prueba se observa, que si bien es cierto all\u00ed se lee lo que coligi\u00f3 el sentenciador, esto es, <\/p>\n
Que [\u2026] del 21 de abril de 1987 al 31 de mayo de 1989 no exist\u00eda afiliaci\u00f3n por parte de Diel\u00e9ctricos TC Ltda. ni Gerardo Hermanos Ltda, pues hubo retiro el 20 de abril de 1987 y nueva afiliaci\u00f3n el 18 abril de 1990 (f.\u00b0 24); que igual ocurr\u00eda con el periodo 17 junio de 1980 al 17 noviembre de 1981, toda vez que obraba novedad de retiro el 17 de junio de 1989, con el empleador Monsalve Salazar Antonio y una nueva afiliaci\u00f3n en 18 noviembre de 1981 con Colmaqu\u00edmicas S. A., ocurriendo lo mismo con los dem\u00e1s per\u00edodos reconocidos por el juzgado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n lo es, que en la misma adem\u00e1s se informa el \u00abestado de cuenta de las empresas a trav\u00e9s de las cuales cotiz\u00f3\u00bb el demandante, en la que se indica cu\u00e1les de ellas presentan mora y cu\u00e1les no, como se ilustra en el siguiente cuadro: <\/p>\n
RAZ\u00d3N SOCIAL <\/p>\n
DESDE \u2013 HASTA <\/p>\n
TOTAL DEUDA ESTADO <\/p>\n
Hilton International Cia; Ingenio Risaralda S. A; Monsalve Salazar Antonio; Colm\u00e1quinas S. A.; Codinsa S. A. Obra Termozipa; Ayuda Temporal y Asesor\u00eda; Inversiones KL Ltda; Diel\u00e9ctricos TC Ltda.; Giraldo Hermanos Ltda; <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NO TIENEN DEUDA <\/p>\n
Codinsa <\/p>\n
84\/11\/01 – 89\/05\/31 <\/p>\n
$ 327.221 <\/p>\n
Codinsa S. A. IGN Contratista <\/p>\n
80\/06\/01 – 94\/12\/31 <\/p>\n
$ 25.255.187 <\/p>\n
Estuplas Ltda. <\/p>\n
94\/07\/01 – 94\/12\/31 <\/p>\n
$ 76.766.614 <\/p>\n
Osorio Botero C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
83\/07\/01 – 94\/12\/31 <\/p>\n
$ 28.002.570 <\/p>\n
Naranjo D\u00edaz Enrique <\/p>\n
87\/07\/01 – 94\/12\/31 <\/p>\n
$ 5.260.624 <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del medio de convicci\u00f3n la Sala en Descongesti\u00f3n accionada coligi\u00f3 que, <\/p>\n
Empero, el citado documento, en relaci\u00f3n con las anotaciones los \u00faltimos cinco reglones, no permite inferir la existencia de la relaci\u00f3n laboral entre el demandante y los empleadores all\u00ed referidos, que soporte las cotizaciones extra\u00f1adas, en especial, porque esa documental da cuenta que cada uno de esos empleadores, realiz\u00f3 la novedad de retiro, as\u00ed por ejemplo Codinsa en 80\/01\/01, Codinsa S. A. en 80\/03\/17, Estuplas en 82\/05\/14, Osorio Botero Cia. en 82\/11\/03 y Naranjo Diaz Enrique en 86\/09\/25, sin haber vinculado al recurrente como su subordinado nuevamente, lo que significa, que la existencia de esa presunta deuda, carece de soporte alguno. <\/p>\n
A lo \u00faltimo se suma, i) que en el proceso no existe instrumento de convencimiento distinto a aquel, que informe de las cinco vinculaciones laborales registradas en aquella probanza, en el per\u00edodo 1984-1994 y, ii) que el examen de cada uno de esos presuntos v\u00ednculos, muestra que muchos se entreveraron, como si el afiliado hubiera laborado, entonces, para varios empleadores, lo cual si bien es jur\u00eddicamente posible al tenor del art\u00edculo 26 del CST, aunado a lo inicial, genera serias dudas sobre la verdadera existencia de los contratos de trabajo y sus extremos en esos ciclos, pues tampoco hay probanza que indique en qu\u00e9 horarios labor\u00f3 para cada uno, de manera tal que no se superpusieron, afectando la prestaci\u00f3n personal del servicio que es de la esencia del contrato laboral, conforme lo ha explicado la jurisprudencial del trabajo, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 39874 (\u2026). <\/p>\n
Lo antelado le permiti\u00f3 a la Corporaci\u00f3n accionada concluir que, <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la segunda instancia no incurri\u00f3 en equivocaci\u00f3n f\u00e1ctica protuberante al no hallar probados los contratos laborales en el que el afiliado procur\u00f3 anclar las cotizaciones que extra\u00f1aba para pensionarse por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en realidad no hay pruebas de esos v\u00ednculos, ni se equivoc\u00f3 jur\u00eddicamente, como se les enrostra, pues como lo advirti\u00f3 la jurisprudencia laboral y de la seguridad, como arriba se ilustr\u00f3, ha sido iterativa en orientar que en casos de mora patronal en el pago de aportaciones pensionales, el afiliado debe acreditar el v\u00ednculo contractual laboral soporte de las mismas. <\/p>\n
As\u00ed pues, verificada la informaci\u00f3n que obra en expediente, se puede constatar que el se\u00f1or Salamanca Su\u00e1rez reporta en total 1.030,57 semanas, de las cuales, 734,57 lo fueron a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (29 de julio de 2005), por lo tanto, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n solo lo conservaba hasta el 31 de julio del 2010, momento para el cual contaba con 991,85 semanas y en los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad solo acumul\u00f3 268,71. <\/p>\n
A lo expuesto agreg\u00f3, de cara al mismo precedente que el gestor reclama en este escenario que se aplique a su caso, <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la inconformidad que plantea el impugnante, relacionada con que el sentenciador omiti\u00f3 aplicar el precedente, pues no estudi\u00f3 lo considerado en la sentencia \u00abSL40243-2012 (sic)\u00bb, debe indicarse que dicho prove\u00eddo no guarda similitud f\u00e1ctica ni jur\u00eddica con el caso objeto de escrutinio. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Es que, en rigor, lo aqu\u00ed expuesto es una diferencia con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n accionada, por haber considerado que al tamiz de la jurisprudencia que estim\u00f3 aplicable al caso particular, le correspond\u00eda al demandante probar que existi\u00f3 la relaci\u00f3n laboral en los periodos faltantes de cotizaci\u00f3n, empero, a ese respecto los medios de convicci\u00f3n no aportaron la certeza requerida, ya que de hecho dieron cuenta de los momentos de desvinculaci\u00f3n laboral, todo lo cual le impidi\u00f3 a aquel sumar las semanas necesarias para acceder a la pensi\u00f3n pretendida. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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