STC14833-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC14833-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00256-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 5 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Oficina Judicial de reparto de la Direcci\u00f3n Seccional de Pereira, la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas, la defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico de Risaralda <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Sostuvo que, present\u00f3 acci\u00f3n popular al correo electr\u00f3nico del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 10 de agosto de 2022, y el Juzgado se niega a dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 20 de la ley 472 de 1998, pues desconoce los t\u00e9rminos perentorios que le impone la citada norma. <\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00abPido se aclare en derecho, para que se env\u00eda la acci\u00f3n popular a la oficina judicial reparto en Pereira, y no se le da radicado alguno, por ello, presente tambi\u00e9n la acci\u00f3n popular al correo electr\u00f3nico de la entidad competente, hoy tutelada\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas \u00abde aplicaci\u00f3n inmediata del art 20 ley 472 de 1998, como se lo impone y ordena la ley. Se le imponga cumplir t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone art 20 ley 472 de 1998 y admita inmediatamente mi acci\u00f3n pues cumplo art 18 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, afirm\u00f3 que \u00abel accionante no ha presentado en este estrado judicial acci\u00f3n popular donde figure como demandado \u201cEve distribuciones\u201d. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que no tienen injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Pereira-Risaralda inform\u00f3 que \u00abno es cierta la manifestaci\u00f3n del Accionante, pues todas las acciones que llegan a la oficina de reparto se reparten oportunamente con su respectivo radicado, en el caso preciso, y trat\u00e1ndose de un Juzgado del Municipio de Dosquebradas, cuando llega la acci\u00f3n al correo designado para ello demandascivilfliaper@cendoj.ramajudicial.gov.co, se remiten al correo del Juzgado para que este le asigne el respectivo radicado, siempre informando al accionante\u00bb <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente el amparo, al observar que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que sirvi\u00f3 de sustento a la acci\u00f3n de tutela no existe, como quiera que carece de veracidad que el Juzgado accionado tenga en su conocimiento la acci\u00f3n popular promovida por el actor frente a Eve Distribuciones, \u00abSe afirma lo anterior porque en ese sentido el juzgado rindi\u00f3 informe, que se entiende ofrecido bajo juramento (Art. 19 inciso final, Decreto 2591 de 1991); adem\u00e1s el accionante, debiendo acreditar la lesi\u00f3n o amenaza de su derecho fundamental, ninguna prueba aport\u00f3 de haber presentado la demanda popular que menciona\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la impugn\u00f3 el accionante tras se\u00f1alar lo siguiente \u00abNO SE QUE ES LO IMPROCEDENTE…para que env\u00edo mis acciones populares a la oficina judicial reparto, SI NO ASIGNAN RADICADO ALGUNO, ADEM\u00c1S EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS solo hay un juzgado civil cto que es lo impropio de mandar directamente mis acciones populares y ganar celeridad si demande a eve distribuciones y pido sea corroborado se\u00f1orias a fin que no hagan la m\u00e1s f\u00e1cil como lo hizo el tribunal y simplemente nieguen la acci\u00f3n PIDO SE ACLARE EN DERECHO POR QUE NO PUEDO ENVIAR MIS ACCIONES POPULARES DIRECTAMENTE AL UNICO juzgado civil cto que existe en Dosquebradas Rda, que es lo indebido en mi actuar o se ORDENE a la oficina judicial reparto ASIGNAR RADICADO A LAS ACCIONES QUE PRESENTO EN DICHA OFICINA QUE SEAN DIRIGIDAS AL JUZGADO CIVIL CTO DE DOSQUEBRADAS A FIN DE TENER RADICADO Y NO SE EMBOLATEN COMO HOY OCURRE Y MA\u00d1ANA DIGAN QUE NADA HE PRESENTADO COMO HOY OCURRE SI existiera radicaci\u00f3n al momento de presentar mi acci\u00f3n ante oficina judicial reparto en Pereira, mi acci\u00f3n tendr\u00eda radicado como lo manda la ley\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Efectuado el an\u00e1lisis tanto al escrito de tutela como a las manifestaciones efectuadas por las autoridades accionadas y vinculadas, observa la Corte que surge manifiesta la improcedencia del amparo reclamado por la inexistencia de la vulneraci\u00f3n fundamental alegada, en tanto que, se logra establecer que al momento de la interposici\u00f3n del amparo, no exist\u00eda de parte del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que deba ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n y amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela. <\/p>\n
Lo cierto es que, de la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, no se advierte que el accionante haya radicado acci\u00f3n popular en contra de \u00abEve distribuciones\u00bb, ni ante la oficina de reparto, ni al correo institucional del Juzgado accionado, raz\u00f3n por la cual la controversia que plante\u00f3 el actor carece de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, ya que ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n la autoridad judicial accionada ha vulnerado sus derechos, y en esas condiciones no se habilita la injerencia del juez excepcional, en tanto que, de vieja data, la Corte Constitucional ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00abel presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en casos como el sub j\u00fadice, donde no se observa que la autoridad judicial demandada haya afectado los derechos superiores del reclamante, el amparo se vuelve inviable, pues, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha explicado que este excepcional amparo requiere, \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ. STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC6835-2019 y STC6126-2022). <\/p>\n
A la par, la Sala ha considerado que, <\/p>\n
\u00ab[a]nte eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
De esta manera, queda en evidencia la conducta del convocante, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como soporte de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f3 la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC899-2021, reiterada en STC12515-2021). <\/p>\n
2. Ahora, frente al reparo del impugnante que se circunscribe en afirmar que la oficina de reparto no asigna radicado a las acciones populares por \u00e9l presentadas, raz\u00f3n por la cual, las radica de manera directa en el Juzgado accionado, resulta pertinente se\u00f1alar que, dicho argumento carece de asidero f\u00e1ctico, pues conforme a lo informado por la Jefe de la oficina judicial de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Pereira, todas las acciones que llegan a dicha dependencia, se reparten oportunamente con su respectivo radicado, \u00aben el caso preciso, y trat\u00e1ndose de un Juzgado del Municipio de Dosquebradas, cuando llega la acci\u00f3n al correo designado para ello demandascivilfliaper@cendoj.ramajudicial.gov.co, se remiten al correo del Juzgado para que este le asigne el respectivo radicado, siempre informando al accionante como se demuestra en las pruebas que se aportan a la presente\u00bb. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, no se advierte que el accionante haya puesto en conocimiento de la oficina de reparto las inconformidades que trae a este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que torna la tutela improcedente, por carecer del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
4. Y es que, lo pretendido por el actor, es soslayar el procedimiento y los canales de comunicaci\u00f3n establecidos para la radicaci\u00f3n de las demandas y acciones constitucionales, para el caso concreto, las directrices impartidas en la Circular CSJRIC20-194 del 30 de junio de 2020, emitida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. <\/p>\n
5. Las razones expuestas en precedencia se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada, al no evidenciar la vulneraci\u00f3n por parte del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a las garant\u00edas fundamentales invocadas por el peticionario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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