STC14834-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14834-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76111-22-13-000-2022-00142-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, educaci\u00f3n y confianza leg\u00edtima, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en la acci\u00f3n de tutela de radicado 76520400300520220030601. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que la gestora promovi\u00f3 la mencionada acci\u00f3n contra la Universidad del Valle -sede Cali Mel\u00e9ndez, para que se protegiera su derecho fundamental a la educaci\u00f3n y debido proceso, que consideraba vulnerado con el tr\u00e1mite administrativo disciplinario sancionatorio adelantado en su contra, en calidad de estudiante del programa de Qu\u00edmica, en el cual fue sancionada por Resoluci\u00f3n 032\u20132022 del 3 de febrero de 20221, confirmada mediante Resoluci\u00f3n 091 del 19 de mayo siguiente2, ambas proferidas por el Consejo Acad\u00e9mico de esa Universidad, con la cancelaci\u00f3n de la matr\u00edcula acad\u00e9mica durante 2 semestres, por incurrir en la conducta establecida en el art\u00edculo 112 Literal e., del Reglamento Estudiantil, esto es, \u00abe. Suministrar informaci\u00f3n falsa para efectos de la matr\u00edcula financiera\u00bb, dados \u00ablos actos fraudulentos que despleg\u00f3 para matricularse bajo una condici\u00f3n de excepci\u00f3n que no correspond\u00eda a su realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica\u00bb3. <\/p>\n
La acci\u00f3n fue decidida en primera instancia el 5 de julio del presente a\u00f1o por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira, concediendo el amparo invocado, ante el silencio de la accionada y la comprobaci\u00f3n de los hechos expuestos; en consecuencia, orden\u00f3 a la Universidad dejar sin efectos el tr\u00e1mite administrativo disciplinario sancionatorio, para que se estudiara nuevamente la documentaci\u00f3n allegada, teniendo en cuenta, entre otros, \u00ablos criterios de pertenencia de la comunidad \u00e9tnica de la que dice ser parte la accionante\u00bb y, de manera supletoria, \u00ablos requisitos definidos en la Resoluci\u00f3n N\u00ba 0762 de julio 8 de 2020, del Ministerio del Interior, para la expedici\u00f3n del certificado de autorreconocimiento como miembro de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenqueras (NARP)\u00bb, a efectos de establecer si era procedente el otorgamiento de los beneficios en materia de prestaciones y derechos educativos, \u00abpero no para definir la pertenencia a determinada comunidad \u00e9tnica de la educanda\u00bb. <\/p>\n
El 9 de agosto de 20224, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en virtud de que se hab\u00edan aplicado las sanciones que el reglamento estudiantil vigente estipulaba para el desconocimiento de las obligaciones de los estudiantes. <\/p>\n
3. La parte actora censur\u00f3 la sentencia dictada en segunda instancia, pues el Juzgado del Circuito accionado \u00abomiti\u00f3 valorar de forma efectiva los hechos que dieron nacimiento al proceso disciplinario\u00bb, pues no se tachaba la sanci\u00f3n como injusta sino los presupuestos f\u00e1cticos que dieron lugar a ella. Se\u00f1al\u00f3 que no se tuvo en cuenta el comunicado emitido el 24 de diciembre de 2020 por el Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s del cual \u00abdej\u00f3 claro que no me identificaban como persona integrante de la comunidad afrodescendiente y que mi admisi\u00f3n era 100% por m\u00e9rito\u00bb, como resultado de las pruebas saber 11, por lo que resultaba ilegal la apertura de un proceso disciplinario \u00abcuando mi situaci\u00f3n en torno a si pertenec\u00eda o no a una comunidad afro, fue resuelta incluso antes de ser admitida a la universidad\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que la presente acci\u00f3n procede en contra de la sentencia de tutela aludida, porque no fue proferida por la Corte Constitucional y, en el asunto, se evidencia cosa juzgada fraudulenta. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, anular la sentencia proferida en segunda instancia el 9 de agosto de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira narr\u00f3 las principales actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que los fundamentos de las decisiones se encuentran desarrollados en las providencias que reposan en el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Universidad del Valle refiri\u00f3 que no se cumplen los presupuestos jur\u00eddicos para someter a un reproche constitucional la sentencia de segunda instancia dictada en sede de tutela. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Valle del Cauca destac\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no tiene injerencia en las decisiones que tomaron la Universidad del Valle y el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional advirti\u00f3 la improcedencia de la tutela ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y la inexistencia de un perjuicio irremediable; adem\u00e1s, sostuvo que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues la inconformidad se centraba en las actuaciones del despacho accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3, por improcedente, el amparo, al considerar que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n no es posible controvertir providencias de an\u00e1logo tenor, pues, para el efecto, la actora cuenta con la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional; adem\u00e1s, porque la decisi\u00f3n cuestionada no fue producto de un acto fraudulento y lo que pretende la accionante es reabrir el debate probatorio realizado, lo cual es inviable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien manifest\u00f3 que lo perseguido \u00abno es someramente una nueva decisi\u00f3n con relaci\u00f3n al tema debatido, sino por el contrario, rehacer el tr\u00e1mite por resultar inconstitucional e ilegal\u00bb, para que se repare el defecto factico en que incurri\u00f3 el Juzgado del Circuito accionado al resolver la segunda instancia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con ocasi\u00f3n del fallo proferido en segunda instancia en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00306, mediante el cual se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y, en su lugar, se neg\u00f3 la salvaguarda constitucional invocada, pues, en su criterio, no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas y los hechos expuestos. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de la tutela para refutar fallos o actuaciones de la misma \u00edndole, puesto que, para ello, existen otros mecanismos, como la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional, dado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00, retirada recientemente en CSJ STC12945-2022). <\/p>\n
De lo anterior se sigue que esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las presuntas deficiencias que se adviertan en esas actuaciones, puesto que, de permitirse un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacerse interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, en este caso, el fallo de tutela cuestionado no ha surtido el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional5, por lo que, como lo ha sostenido la Sala en asuntos similares, la censora, \u00absi lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello\u00bb6, de manera que la interesada cuenta con otros mecanismos de defensa, para rebatir la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda ataca. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, solo en particulares situaciones es procedente la tutela dirigida contra decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre que, habi\u00e9ndose agotado los dem\u00e1s mecanismos de revisi\u00f3n, se advierta que las sentencias fueron producto de un hecho de fraude. Al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
En ese orden, se advierte que, adem\u00e1s de existir otro medio de defensa, referente a la eventual revisi\u00f3n y solicitud de insistencia, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que la decisi\u00f3n atacada se hubiera proferido como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, pues el reclamo expuesto se sustenta en un disentimiento frente a lo resuelto en forma adversa a los intereses de la parte accionante, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 29, escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 53, escrito de tutela. <\/p>\n
3\u0002 Ello, pues \u00abpretendi\u00f3, suministrando informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n falsa, matricularse en la Instituci\u00f3n buscando un beneficio respecto a una condici\u00f3n de excepci\u00f3n como lo es pertenecer a una comunidad negra o afrodescendiente, a la cual no pertenece, lo cual se sustenta en ausencia de rasgos f\u00edsicos y factores de parentesco, culturales, sociales e hist\u00f3ricos, as\u00ed como en la inexistencia de relaci\u00f3n con los territorios que tradicionalmente han sido ocupados por dichas comunidades, lo cual pretendi\u00f3 suplir con una certificaci\u00f3n que la acredita como miembro de una fundaci\u00f3n que trabaja con comunidades negras o afrodescendientes\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Documento 25, expediente de tutela 2022-00306-01. <\/p>\n
5\u0002 En este caso, la tutela debatida se envi\u00f3 a la Corte constitucional, donde bajo el radicado T8972896 se remiti\u00f3 el 3 de octubre de 2022 a la Sala de Selecci\u00f3n, para su eventual revisi\u00f3n, y est\u00e1 pendiente del tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00, postura reiterada, entre otras, en CSJ STC6763-2020 y en CSJ STC6424-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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