STC14836-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC14836-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01814-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 15 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam Orjuela Garc\u00eda contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de esa ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2016-00095. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital, vida digna, debido proceso, defensa y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Como sustento de su queja, expuso que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a partir del 22 de marzo de 1989, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su c\u00f3nyuge Jaime Dency Henao Agudelo, as\u00ed como el pago de las mesadas causadas y la indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que indic\u00f3 que la norma aplicable a su situaci\u00f3n es el Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984 que exig\u00eda 150 semanas cotizadas en los 6 a\u00f1os anteriores, lapso en el cual de 1983 a 1989 su c\u00f3nyuge cotiz\u00f3 150,57, cumpliendo as\u00ed con lo requerido en el mencionado precepto. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medell\u00edn en sentencia de 9 de mayo de 2017 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la Administradora a reconocer la prestaci\u00f3n reclamada luego de encontrar acreditadas el n\u00famero de semanas exigidas en las normas referidas, determinaci\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n y grado jurisdiccional de consulta, revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 5 de julio de 2018, para en su lugar, absolver a la demandada. <\/p>\n
Inconforme, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL5626-2021 de 8 de noviembre de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al desconocer el precedente de la Corte Constitucional, entre otras, las sentencias SU769-2014, SU057-2018, SU317-2021 T-344-2021 y SU273-2022 donde se ha establecido la posibilidad de acumulaci\u00f3n de semanas cotizadas en el sector p\u00fablico y privado para el reconocimiento de pensiones y que \u00abla normatividad anterior a la ley 100 de 1993, como es el decreto 758 de 1990, el acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, no exige que el n\u00famero de semanas sea exclusivo al ISS\u00bb. <\/p>\n
Igualmente indic\u00f3 que desconoci\u00f3 el art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, puesto que no argument\u00f3 las razones por las cuales se apartaba del precedente constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostuvo que esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC4357-2019 concedi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 2 por desconocimiento del precedente constitucional que permite la acumulaci\u00f3n de semanas cotizadas en sector p\u00fablico y privado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada \u00abemitir una nueva sentencia donde se acoja el precedente de la Corte Constitucional desarrollado en la sentencia SU769 de 2014, SU057 de 2018, SU317 de 2021, SU273 de 2022 y T-344 de 2021, en virtud del art\u00edculo 4 de la CP\u00bb. y, casar la sentencia del Tribunal por desconocimiento del precedente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral inform\u00f3 que el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante fue resuelto ci\u00f1\u00e9ndose a los precedentes trazados por la Sala permanente en la sentencia SL2304-2021, de donde concluy\u00f3 que no era posible computar tiempos p\u00fablicos y privados para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes al tenor del art\u00edculo 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que remite directamente al 5 ibidem, \u00e9ste \u00faltimo modificado por el Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, norma aplicable al caso, toda vez que la muerte del causante ocurri\u00f3 el 22 de marzo de 1989. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que el afiliado no cumpli\u00f3 con las semanas exigidas puesto que no cotiz\u00f3 al ISS 150 semanas en los seis a\u00f1os anteriores al fallecimiento. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medell\u00edn rese\u00f1\u00f3 las actuaciones en el proceso cuestionado y defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
3. El Municipio de Itag\u00fc\u00ed solicit\u00f3 negar el amparo, argumentando que la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n se encuentra debidamente motivada en sus aspectos de hecho y de derecho, asimismo, puntualiz\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela dada su naturaleza residual y subsidiara no fue instituida como una tercera instancia. <\/p>\n
4. Colpensiones requiri\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, adem\u00e1s porque sobre el asunto debatido existe cosa juzgada y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal determin\u00f3 que, si bien la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 transcurridos un poco m\u00e1s de los 6 meses despu\u00e9s de proferida la sentencia cuestionada, se deb\u00eda tener por superado el presupuesto de inmediatez, toda vez que lo debatido se circunscribe a una controversia judicial derivada de mesadas pensionales, evento que hace mantener actual y vigente la presunta vulneraci\u00f3n denunciada pese al tiempo transcurrido, por tratarse de una obligaci\u00f3n peri\u00f3dica. <\/p>\n
Por otra parte indic\u00f3 que, contrario al parecer de la accionante, el caso fue resuelto de manera razonada y de conformidad con la normativa y jurisprudencia aplicable, de acuerdo con la cual, para el caso concreto, no era posible reconocer el pago de la prestaci\u00f3n, en la medida que la acumulaci\u00f3n de tiempos cotizados en los sectores p\u00fablico y privado, al no estar contemplada tal posibilidad en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo a\u00f1o y modificado por el Acuerdo 019 de 1983, ni tampoco hab\u00eda lugar a partir del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, a proceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante aduciendo que el juez de tutela de primera instancia no analiz\u00f3 el amparo desde el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional o falta de argumentaci\u00f3n para apartarse del mismo. Reiter\u00f3 que la normativa que gobierna el caso estudiado es el Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, el cual exig\u00eda 150 semanas cotizadas en los 6 a\u00f1os anteriores al fallecimiento las cuales dej\u00f3 acreditadas su c\u00f3nyuge entre tiempo p\u00fablico y privado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Myriam Orjuela Garc\u00eda acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL5626-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 8 de noviembre de 2021, mediante la cual dispuso no casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn que revoc\u00f3 lo dispuesto por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de esa ciudad que hab\u00eda otorgado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente reclamada. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en el desconocimiento del precedente constitucional por la autoridad accionada, en especial las sentencias SU769-2014, SU057-2018, SU317-2021 T-344-2021 y SU273-2022 donde se ha establecido la posibilidad de acumulaci\u00f3n de semanas de cotizadas en el sector p\u00fablico y privado para el reconocimiento de pensiones, y asimismo cuestion\u00f3 la ausencia de argumentaci\u00f3n respecto al apartamiento del mencionado precedente. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la actora se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
Luego de rese\u00f1ar los antecedentes del caso, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral procedi\u00f3 a estudiar el cargo \u00fanico formulado por Myriam Orjuela Garc\u00eda indicando que no exist\u00eda discusi\u00f3n frente a lo siguiente, <\/p>\n
\u00ab(i) el se\u00f1or Jaime Henao falleci\u00f3 el 22 de marzo de 1989, quien, en sus \u00faltimos 6 a\u00f1os de vida, labor\u00f3 en los sectores p\u00fablico y privado, un total de 150,56 semanas, de las cuales, 59,42 fueron cotizadas al otrora Instituto de Seguros Sociales, y las restantes (91,14), corresponden a tiempo de servicio oficial y; (ii) Colpensiones, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 392295 del 10 de noviembre de 2014, le neg\u00f3 a la accionante el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, porque no reun\u00eda el n\u00famero m\u00ednimo de semanas requeridas en los 6 a\u00f1os anteriores al deceso del causante\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si el Tribunal Superior err\u00f3, al considerar que el afiliado no alcanz\u00f3 a cotizar el n\u00famero m\u00ednimo de semanas exigidas para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente, puesto que solo acreditaron 59,42 semanas de cotizaci\u00f3n al ISS por parte del causante para los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Enseguida, agreg\u00f3, <\/p>\n
Pues bien, aunque el planteamiento realizado por la recurrente va dirigido a que se aplique el Acuerdo 224 de 1966, no se puede pasar por alto que, teniendo en cuenta la fecha del deceso (22 de marzo de 1989), realmente la norma que regular\u00eda el caso ser\u00eda el Acuerdo 019 de 1983, que modific\u00f3 el anteriormente citado. Adem\u00e1s de ello, tampoco se puede olvidar que el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que, aunque se aplicara la \u00faltima norma mencionada (Acuerdo 019\/83), con \u00e9l tampoco es posible otorgar prestaci\u00f3n alguna, pues \u00abno es dable tomar en cuenta el tiempo de servicios del sector p\u00fablico por no permitirlo esta reglamentaci\u00f3n de seguro social\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente cit\u00f3 in extenso la sentencia SL2304-2021 refiriendo que se trataba de un caso similares connotaciones, donde se estableci\u00f3 con fundamento en los art\u00edculos 32 y 35 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo a\u00f1o, que, <\/p>\n
s\u00ed exist\u00eda una regulaci\u00f3n legal y reglamentaria de la cotizaci\u00f3n como fuente de pago de las prestaciones econ\u00f3micas a reconocer, sustentada en un modelo financiero y matem\u00e1tico, que deb\u00eda ser revisado peri\u00f3dicamente y que no pod\u00eda ser alterado sin que previamente se efectuaran y validaran los estudios pertinentes. <\/p>\n
Ello explica el por qu\u00e9 en ese esquema de los reglamentos del ISS, con fundamento en la ley, s\u00f3lo las cotizaciones efectivamente percibidas por esa entidad eran tenidas en cuenta para el reconocimiento de las prestaciones que fueron reguladas a lo largo del tiempo. <\/p>\n
Obviamente, la legislaci\u00f3n no es est\u00e1tica, menos en el campo de lo social y, por ello, tratando de equilibrar la balanza y reconociendo que las personas pueden trabajar indistintamente en el sector p\u00fablico y en el privado, hizo su aparici\u00f3n la llamada pensi\u00f3n por aportes, consignada en la Ley 71 de 1988, promulgada el 19 de diciembre de ese a\u00f1o, que autoriz\u00f3 por primera vez la mixtura de contribuciones, con los alcances que m\u00e1s adelante la dar\u00eda la sentencia CSJ SL4457-2014, con lo cual era claro que antes de esa normativa, tal combinaci\u00f3n no era posible. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3, <\/p>\n
As\u00ed, como no se encuentra en discusi\u00f3n que el deceso del afiliado, que fue el hecho generador de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, ocurri\u00f3 el 22 de marzo de 1989, es decir, antes de la expedici\u00f3n y vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y del Sistema Integral de Seguridad Social, se concluye que la norma aplicable para la soluci\u00f3n del asunto, es el art\u00edculo 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 1 del Decreto 3041 de esa anualidad, que remite directamente al 5 ib\u00eddem, \u00e9ste \u00faltimo modificado por el 1 del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, cuyas exigencias no cumpli\u00f3 el afiliado, pues no cotiz\u00f3 al ISS, hoy Colpensiones, 150 semanas en los seis a\u00f1os anteriores al \u00f3bito, pues solo realiz\u00f3 59,42, ni 300 en cualquier tiempo, ya que, en total fueron 165.28, como se deprende de los folios 29 y 30 del expediente. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, determin\u00f3 que el cargo no estaba llamado a prosperar y dispuso no casar la sentencia proferida el 5 de julio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto sustantivo alegado Myriam Orjuela Garc\u00eda y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia que sobre la tem\u00e1tica tiene vigente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, en especial la sentencia SL2304-2021 la cual refiri\u00f3 entre otras, la SL1001-2021, SL982-2021, donde se ha explicado que el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo a\u00f1o no contemplaba la posibilidad de acumular tiempos cotizados en el sector p\u00fablico y privado, as\u00ed, determin\u00f3 que el afiliado no cumpli\u00f3 con las 150 semanas cotizadas al ISS en los seis a\u00f1os anteriores a su fallecimiento como lo exig\u00eda dicha norma. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al desconocimiento del precedente constitucional alegado por Myriam Orjuela Garc\u00eda, resulta pertinente se\u00f1alar que, una vez consultadas las decisiones \u2013SU- referidas por la actora, se evidenci\u00f3 que la posibilidad de sumar tiempos cotizados en el sector p\u00fablico y privado se incorpor\u00f3 a partir de la Ley 71 de 1988 y de manera definitiva con la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, normas no aplicables al caso concreto, como quiera que, tal y como lo indic\u00f3 la Sala accionada, la norma que rige el asunto analizado es el art\u00edculo 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 3041 de ese a\u00f1o, modificado por el canon 1\u00ba del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984. <\/p>\n
Por otra parte, se precisa que las sentencias T344-2021 y STC4357-2019 no constituyen un precedente que sea vinculante y obligatorio. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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