STC14842-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14842-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 13001-22-13-000-2022-00461-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que neg\u00f3 la tutela promovida por Pablo Segundo Romero Mart\u00ednez contra los Juzgados Promiscuo de Familia y Primero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la C\u00e1mara de Comercio de esa municipalidad, a Y.R. Molino y Arrocera Magdalena S.A.S. y a Dar\u00edo Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Fuentes. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Dar\u00edo Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Fuentes inco\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la compa\u00f1\u00eda Molino y Arrocera Magdalena E.G. S.A.S., por la presunta transgresi\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, debido a que fue despedido a causa de la crisis econ\u00f3mica generada por la ola invernal, pese a los padecimientos de salud que ven\u00eda sufriendo. <\/p>\n
2.2. El 13 de diciembre de 2021, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 concedi\u00f3 el amparo invocado, declar\u00f3 la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y orden\u00f3 a la accionada que, en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas, contados desde la ejecutoria del fallo: <\/p>\n
(i) reintegre a su lugar de trabajo al accionante, con las recomendaciones hechas por medicina laboral y los medidos tratantes, (ii) le pague todos los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir entre la terminaci\u00f3n de su contrato y la fecha de reintegro; y (iii) le pague una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta (180) d\u00edas del salario, conforme con el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
2.3. El 11 de febrero de 2022, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Magangu\u00e9 confirm\u00f3 la sentencia del a quo. <\/p>\n
2.4. El 1\u00ba de marzo de 2022, Dar\u00edo Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Fuentes promovi\u00f3 un incidente de desacato, por la desatenci\u00f3n de la orden constitucional1, raz\u00f3n por la cual, el 15 de marzo siguiente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 requiri\u00f3 al representante legal de Molino y Arrocera Magdalena E.G. S.A.S. o a quien haga sus veces, para que informara acerca del cumplimiento de dicho mandato2, decisi\u00f3n que fue notificada el 23 siguiente, a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica arroceramagdalena@gmail.com. <\/p>\n
2.5. El 24 de marzo de 2022, Pablo Segundo Romero Mart\u00ednez -aqu\u00ed accionante-, en calidad de liquidador de la demandada, solicit\u00f3 no proceder con el tr\u00e1mite incidental, pues era imposible acatar el fallo de tutela, comoquiera que la sociedad citada hab\u00eda sido liquidada desde el 11 de diciembre de 2021 por problemas econ\u00f3micos derivados de la pandemia COVID-193. Inform\u00f3, a su vez, que recibir\u00eda notificaciones en el correo dannatete7@hotmail.com, del cual envi\u00f3 la respuesta referida, sin alegar nulidad alguna por la notificaci\u00f3n realizada a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica arroceramagdalena@gmail.com. <\/p>\n
2.6. El 28 de marzo posterior, el incidentante present\u00f3 ante el Despacho de conocimiento algunas evidencias, para acreditar que la sociedad accionada s\u00ed segu\u00eda realizando actividades, pese al cambio de raz\u00f3n social, tales como los certificados de C\u00e1mara y Comercio de Molino y Arrocera Magdalena E.G. S.A.S. (matr\u00edcula cancelada) y de Y.R. Molino y Arrocera Magdalena S.A.S. y unas fotograf\u00edas de la misma sede de la compa\u00f1\u00eda4. <\/p>\n
2.7. El 18 de abril de ulterior, el estrado demandado dio apertura al tr\u00e1mite incidental, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 en la misma fecha al correo arroceramagdalena@gmail.com5. Frente a lo cual, el 19 de abril siguiente, Pablo Segundo Romero Mart\u00ednez, desde esa direcci\u00f3n electr\u00f3nica -arroceramagdalena@gmail.com-, insisti\u00f3 en los argumentos esbozados en el escrito anterior y precis\u00f3 que la empresa fue vendida a terceros por la situaci\u00f3n econ\u00f3mica que afrontaba, sin formular solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n6. <\/p>\n
2.8. El 5 de mayo de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 sancion\u00f3 \u00abal Representante Legal de MOLINOS y ARROCERAS MAGDALENA E.G., se\u00f1or ELKIN RAMIREZ ZULUAGA, (\u2026), o quien haga sus veces, y al se\u00f1or PABLO SEGUNDO ROMERO MARTINEZ, cada uno\u00bb, a pagar la suma de 2 s.m.l.m.v. y 1 d\u00eda de arresto7 y les orden\u00f3 el cumplimiento de la orden constitucional. Esta decisi\u00f3n se notific\u00f3 en la misma fecha al correo arroceramagdalena@gmail.com. <\/p>\n
2.9. El 30 de junio de 2022, el Juzgado Promiscuo de Familia de Magangu\u00e9, en grado de consulta, confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n8. <\/p>\n
2.10. El 7 de julio de los corrientes, el aqu\u00ed tutelante pidi\u00f3 nulitar todo lo actuado en el incidente de desacato por indebida notificaci\u00f3n, con sustento en que no fue enterado de las actuaciones adelantas en su correo personal 9dannatete7@hotmail.com10, solicitud que fue negada por el Juzgado Promiscuo Municipal accionado el 28 de julio siguiente11. <\/p>\n
3. El promotor censura que en las providencias dictadas por los Juzgados cuestionados se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, as\u00ed como en desconocimiento del precedente constitucional, habida cuenta que: (i) no existen pruebas de que los incidentados \u00abpretenden evadir obligaci\u00f3n alguna\u00bb y m\u00e1s cuando desde el 2 de diciembre de 2021 la asamblea de la sociedad accionada decidi\u00f3 su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n; (ii) se presumi\u00f3 la mala fe del actor, al afirmar que \u00abel suscrito en lugar de pagar busca evadir la obligaci\u00f3n ordenada\u00bb, pues la empresa se liquid\u00f3 por problemas econ\u00f3micos; y, (iii) la sanci\u00f3n se impuso con base en una orden de tutela que resulta imposible de cumplir, pues la compa\u00f1\u00eda citada \u00abfue liquidada y (\u2026) dej\u00f3 de existir\u00bb, de modo que no est\u00e1 acreditado el elemento de la culpabilidad y, por ende, los despachos censurados no pod\u00edan sancionarlo. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que no fue notificado en debida forma de las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite incidental, argumentando, concretamente \u00abque la nulidad alegada radica en no haberme sido notificadas las sanciones impuestas en mi contra, es decir, (\u2026) a partir de la falta de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de fecha 5 de mayo de 2022, lo cual vulner\u00f3 mi derecho a un debido proceso\u00bb. En ese sentido, precis\u00f3 que, a pesar de haber indicado en la respuesta dada el 24 de marzo de 2022 que su direcci\u00f3n electr\u00f3nica para efectos de notificaciones es dannatete7@hotmail.com, no le fue enviado a ese correo el prove\u00eddo del 5 de mayo de 2022 que impuso la sanci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se deje sin efectos las providencias dictadas el 5 de mayo de 2022 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 y el 30 de junio de 2022 por el Despacho Promiscuo de Familia de la misma municipalidad. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 requiri\u00f3 denegar el amparo constitucional, porque \u00abla acci\u00f3n de tutela y el incidente de desacato\u00bb se adelantaron con sujeci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico y las decisiones reprochadas se encuentran ajustadas a derecho. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Magangu\u00e9 deprec\u00f3 que se declare improcedente la tutela, con sustento en que el tr\u00e1mite constitucional se llev\u00f3 a cabo de conformidad con las normas que rigen la materia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n pretendida, pues la sanci\u00f3n por desacato se sustent\u00f3 en un an\u00e1lisis razonable de lo planteado y de las evidencias allegadas, toda vez que el fallo constitucional fue emitido el 13 de diciembre de 2021 y la liquidaci\u00f3n de la empresa se registr\u00f3 hasta el 3 de marzo de 2022, de manera que el liquidador tuvo \u00abmargen para maniobrar y cumplir con las obligaciones de la referida sociedad, entre las cuales se encontraba el acatamiento\u00bb de la tutela, pero no lo hizo, sumado a que, para finiquitar el proceso de liquidaci\u00f3n, aqu\u00e9l deb\u00eda superar \u00abtodas las circunstancias que lo pudieran afectar, una de ellas la orden impartida por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a la falta de notificaci\u00f3n al correo personal del sancionado, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado cuestionado lo enter\u00f3 de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite del desacato al correo arroceramagdalena@gmail.com, desde el cual el tutelante remiti\u00f3 la contestaci\u00f3n por \u00e9l suscrita el 19 de abril de 2022, de manera que aqu\u00e9l s\u00ed conoci\u00f3 \u00ablas actuaciones suscitadas desde el inicio\u00bb de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos esbozados en el escrito inicial y sostuvo que cuando se dict\u00f3 el fallo de tutela de primera instancia ya se hab\u00edan pagado las prestaciones sociales del demandante y, por esa raz\u00f3n, al liquidarse la empresa no hab\u00eda pasivo alguno que cancelar frente a aqu\u00e9l ni recursos para cubrir obligaciones adicionales. En soporte alleg\u00f3 el acta de la asamblea de accionistas de la empresa Molino y Arroces Magdalena E.G. S.A.S., que aprob\u00f3 su liquidaci\u00f3n y en la que se indic\u00f3 que no hab\u00eda pasivos por pagar y el correo enviado al Juzgado el 24 de marzo del a\u00f1o en curso desde su direcci\u00f3n electr\u00f3nica personal. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que la respuesta del 19 de abril de 2022 fue remitida desde su correo dannatete7@hotmail.com y reenviada a arroceramagdalena@gmail.com, mas no se envi\u00f3 desde este \u00faltimo. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Dado que la tutela la interpone el se\u00f1or Pablo Segundo Romero Mart\u00ednez, la Sala analizar\u00e1 las determinaciones cuestionadas \u00fanicamente en lo que a \u00e9l respecta. <\/p>\n
2. Insistentemente la jurisprudencia ha dicho que la tutela es una herramienta extraordinaria para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales; no obstante, por regla general, este mecanismo no procede contra decisiones emitidas en sede de desacato, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en CSJ STC, 6 de julio de 2021, rad. 2021-00189-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la jurisprudencia constitucional ha previsto que solo en casos excepcionales la tutela es viable frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n
i) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio (CC, SU034-18). <\/p>\n
3. En el presente asunto, se observa que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9, al resolver tr\u00e1mite incidental censurado, expres\u00f3 fundadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda sancionar al actor, por desacatar la orden constitucional emitida el 13 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Para el efecto, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite incidental, de las alegaciones y elementos suasorios allegados por las partes y del marco normativo que regula la materia, se\u00f1al\u00f3 que el extremo pasivo no alleg\u00f3 \u00abninguna prueba que acredite\u00bb el cumplimiento de las \u00f3rdenes contenidas en el fallo referido. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que, revisadas las probanzas aportadas, entre ellas el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la extinta sociedad Molino y Arrocera Magdalena E.G. S.A.S., constat\u00f3 que \u00aben lugar de acatar lo ordenado por [ese] Juzgado, procedieron a disolver la sociedad comercial, a liquidarla y a cancelar su matr\u00edcula mercantil, tal y como se puede observar en la siguiente trazabilidad extra\u00edda\u00bb de ese documental: <\/p>\n
i) el d\u00eda 28 de febrero de 2022 se decret\u00f3 la disoluci\u00f3n de la sociedad MOLINOS y ARROCERA MAGDALENA E.G. SAS por parte de la C\u00e1mara de comercio de Magangu\u00e9; ii) que su liquidaci\u00f3n fue decretada por la C\u00e1mara de Comercio de Magangu\u00e9 el d\u00eda 3 de marzo de 2022, tramite realizado por PABLO SEGUNDO ROMERO MARTINEZ, identificado con n\u00famero de identificaci\u00f3n ciudadana 92.514.626., y quien funge como liquidador del establecimiento comercial MOLINO Y ARROCERA MAGDALENA E.G. S.A.S.; y iii) la cancelaci\u00f3n de la matr\u00edcula Mercantil de persona jur\u00eddica fue inscrita en el 8 de marzo de 2022, en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal emitido por la C\u00e1mara de Comercio de Magangu\u00e9. <\/p>\n
Por tanto, ese juzgador evidenci\u00f3 que la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda incidentada \u00abse dio despu\u00e9s de haber transcurrido m\u00e1s de dos meses de proferido el fallo de primera instancia y haber sido confirmado en segunda instancia\u00bb, tr\u00e1mite que se debi\u00f3 llevar a cabo justo despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n del acta de asamblea extraordinaria realizada el 2 de diciembre de 2021, en la que se decidi\u00f3 extinguir jur\u00eddicamente la compa\u00f1\u00eda y no con posterioridad a la emisi\u00f3n de las decisiones constitucionales de primer y segundo grado. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, declar\u00f3 \u00aben desacato al Representante Legal de Molinos y Arroceras Magdalena E.G. S.A.S. (\u2026) o a quien haga sus veces (\u2026)\u00bb y al tutelante, en calidad de liquidador de esa empresa, por \u00abla omisi\u00f3n de realizar los actos necesarios para dar estricto cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales emitidas en la providencia objeto del presente incidente\u00bb. <\/p>\n
3.1. En el mismo sentido, el Juez Promiscuo de Familia de Magangu\u00e9, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, advirti\u00f3 la desatenci\u00f3n del fallo memorado. En sustento precis\u00f3, en primer lugar, que en sede de consulta solo pod\u00eda verificar el cumplimiento de la sentencia, m\u00e1s no \u00abentrar en discusiones respecto al reconocimiento de tales garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que el liquidador se limit\u00f3 a se\u00f1alar que no acat\u00f3 la orden constitucional dictada en la sentencia de tutela porque la empresa se liquid\u00f3 y fue vendida a terceros con antelaci\u00f3n a la emisi\u00f3n de esta y, por ende, su cumplimiento era imposible, as\u00ed como que no ten\u00edan recursos para acatar el fallo de tutela; sin embargo, el incidentante aport\u00f3 legajos que permiten evidenciar solo \u00abel cambio de raz\u00f3n social de la accionada\u00bb. <\/p>\n
A partir de esos elementos de juicio, consider\u00f3 que era evidente \u00abel incumplimiento del fallo que se alega en el presente incidente de desacato\u00bb, pues se vislumbraba \u00abuna actitud omisiva frente a las \u00f3rdenes proferidas por el Juzgado de Primera Instancia\u00bb; en consecuencia, confirm\u00f3 la providencia del 5 de mayo de 2022 antelada. <\/p>\n
4. Como se observa, los Juzgados accionados concluyeron que el agente liquidador de la compa\u00f1\u00eda tutelada no alleg\u00f3 pruebas que acreditaran el cumplimiento de la orden judicial proferida el 13 de diciembre de 2021, pues se limit\u00f3 a alegar que no ten\u00edan recursos y que la liquidaci\u00f3n de la sociedad se registr\u00f3 el 28 de febrero de 2022, seg\u00fan el certificado de C\u00e1mara de Comercio aportado, sin demostrar haber adelantado gesti\u00f3n alguna en ese periodo de m\u00e1s de 2 meses para acatar las obligaciones impuestas en sede constitucional, m\u00e1s all\u00e1 de hacer la inscripci\u00f3n de esa disoluci\u00f3n empresarial, de manera que la conducta fue totalmente omisiva. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, como lo advirti\u00f3 el Juzgado que resolvi\u00f3 la consulta, en el tr\u00e1mite incidental solo se analizan las actuaciones realizadas para cumplir la sentencia, m\u00e1s no pueden discutirse los derechos que le fueron reconocidos al tutelante y, por regla general, tampoco las \u00f3rdenes proferidas contra el accionado, en este caso, relativas no solo al reintegro del trabajador, sino al pago de salarios dejados de percibir y una sanci\u00f3n por despido injusto; de manera que lo relativo a que se impuso una carga de imposible cumplimiento en el fallo del 13 de diciembre de 2021, confirmado el 11 de febrero de 2022, pues la empresa fue liquidada el 2 de diciembre de 2021, esto es, antes del fallo, corresponde a un aspecto que debi\u00f3 discutirse en la oportunidad respectiva, pues el incidente se limita a verificar las gestiones que se realizan para ejecutar el amparo concedido, frente a lo cual no se alleg\u00f3 evidencia alguna. <\/p>\n
4.1. Para la Sala, al margen de que se compartan o no las razones esgrimidas por los operadores judiciales cognoscentes, lo cierto es que sus decisiones no se pueden considerar como irrazonables, caprichosas o carentes de sustento, por cuanto fueron proferidas con fundamento en las actuaciones surtidas y bajo una valoraci\u00f3n ponderada de los medios de convicci\u00f3n aportados al proceso, todo lo cual llev\u00f3 al convencimiento de que la empresa tutelada no hab\u00eda realizado gesti\u00f3n alguna para cumplir la orden constitucional impuesta, que hab\u00eda cobrado fuerza ejecutoria. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto. <\/p>\n
5. Por otra parte, respecto de la nulidad propuesta por el tutelante, porque no se le notific\u00f3 el tr\u00e1mite incidental a su correo personal, dannatete7@hotmail.com, pese a que as\u00ed lo solicit\u00f3, se observa que, por auto del 28 de julio del a\u00f1o en curso, el Juzgado de conocimiento manifest\u00f3 razonadamente que dicha s\u00faplica era improcedente, habida cuenta de que no cumpli\u00f3 \u00abcon el principio de oportunidad que rige las nulidades procesales\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que el incidentado, quien \u00abera conocedor del contenido del fallo de tutela y del incidente en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de liquidador, hecho que se evidencia en la respuesta que dio al requerimiento dentro del presente incidente el d\u00eda 24 de marzo de 2022\u00bb, s\u00f3lo procedi\u00f3 a deprecar la nulidad de todo lo actuado habiendo transcurrido m\u00e1s de un mes de proferida y notificada la decisi\u00f3n de 5 de mayo de 2022, de manera que intervino en el asunto sin proponer, en su momento, el vicio procesal aducido. <\/p>\n
Al respecto, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el gestor dio respuesta al prove\u00eddo de apertura del tr\u00e1mite incidental, mediante memorial de 19 de abril de 2022, suscrito y enviado por \u00e9l desde el e-mail arroceramagdalenda@gmail.com y, en efecto, se pronunci\u00f3 en dos oportunidades en el incidente frente a las decisiones que le fueron comunicadas a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica arroceramagdalena@gmail.com, de modo que, ciertamente, el quejoso ten\u00eda acceso a dicho correo y, por tanto, estaba enterado de las actuaciones que se llevaron a cabo en el citado incidente de desacato. Tambi\u00e9n es evidente que s\u00ed conoci\u00f3 las providencias del 5 de mayo y el 30 de junio del a\u00f1o en curso, pues aludi\u00f3 al contenido de ellas en la presente tutela. <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda propuesta, por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c01 Incidente de desacato Dar\u00edo terminado\u201d, expediente digital del incidente de desacato 1343040890012021-01130-00. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c03requerimiento Incidente Desacato\u201d, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c05RESPUESA A REQUERIMIENTO ARROCES\u201d, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivos \u201cDar\u00edo prueba C.C.M.\u201d y \u201c07Elemento Probatorio Dar\u00edo R.F.\u201d, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c08AutoApertura\u201d, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c10RespuestaApertura-Anexos-Recibido\u201d, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c13AutoDecideIncidente\u201d, ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c16Providencia2daInstancia-Recibido\u201d, ibidem. <\/p>\n
9 <\/p>\n
10\u0002 Archivo \u201c17SOLICITUD DE NULIDAD – Recibido\u201d, ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c19AutoDecideNulidad\u201d, ibidem. <\/p>\n
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STC14842-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14842-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 13001-22-13-000-2022-00461-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68703","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68703","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68703"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68703\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68703"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68703"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68703"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}