STC14846-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14846-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 81001-22-08-000-2022-00059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca el 28 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Flota Sugamuxi S.A. contra el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad y el Instituto de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2014-00169. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, por intermedio de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y \u00abpatrimonio econ\u00f3mico\u00bb, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto refiri\u00f3, que aunque dentro de la ejecuci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del proceso de responsabilidad civil contractual seguido en su contra por Jenny Paola Medina Mur (n\u00b0 2014-00169), ya exist\u00eda medida de embargo dispuesta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso sobre el veh\u00edculo tipo bus de servicio p\u00fablico de placas SSQ-901 (n\u00b0 2013-00126), el Juzgado Civil del Circuito de Arauca por auto del 22 de marzo de la presente anualidad decret\u00f3 nuevamente el embargo y secuestro del automotor, el que fue inmovilizado por la autoridad de polic\u00eda competente el 5 de julio siguiente, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas esenciales, toda vez que como el veh\u00edculo estaba siendo administrado por el secuestre all\u00e1 designado, en ejercicio de sus facultades se lo arrend\u00f3 a la empresa desde el a\u00f1o 2021. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como se inscribi\u00f3 una medida cautelar \u00absin percatarse\u00bb de la existencia de una anterior, el 7 de julio hoga\u00f1o solicit\u00f3 al despacho accionado la entrega del rodante, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 9 de agosto siguiente, sin que haya existido pronunciamiento alguno, pese a que el rodante \u00abpresta un servicio esencial como lo es el de transporte y no puede ni merece encontrarse inmovilizado\u00ab. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Arauca \u00abde manera perentoria, proceda a pronunciarse al respecto de los memoriales radicados por mi representada a trav\u00e9s de apoderado judicial en fecha 07 de julio y 09 de septiembre de 2022\u00bb; y a la Oficina de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo \u00abproceda a eliminar a inscripci\u00f3n de la medida cautelar de embargo proferida dentro del proceso de radicado 2013-00126-00\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Instituto de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo, precis\u00f3 que \u00abno es la entidad ni la autoridad responsable de la posible violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, toda vez que, no fue [quien] decret\u00f3 las medidas de embargo, sino por el contrario dio cumplimiento a ellas y en cumplimiento de la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Edgar Bernardino Chaparro Quijano, en calidad de secuestre designado al interior del proceso de responsabilidad civil seguido en contra de la empresa gestora, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpor un error administrativo de un funcionario de transito (sic) de Santa Rosa de Viterbo se embarg\u00f3 otra vez el bus (\u2026) causando graves perjuicios a la empresa Flota Sugamusi s.a. (\u2026) [quien] debe cumplir con el contrato de arrendamiento del bus\u00bb. <\/p>\n
3. El titular del Juzgado del Circuito de Arauca, tras hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones surtidas al interior del litigio criticado, solicit\u00f3 denegar el amparo, pues \u00abFrente al DERECHO DE PETICI\u00d3N, el 16 de septiembre de la presente calenda, se le comunic\u00f3 a la Dr. JEFERSON MILLAN OCHOA, la respuesta del derecho de petici\u00f3n al correo electr\u00f3nico jeffersonmillan7061@gmail.com, tal como se observa en la constancia que se adjunta, en el cual se le indico que est\u00e1 en tr\u00e1mite de resolver dichas solicitudes\u00bb. <\/p>\n
4. Jenny Paola Medina Mur, demandante y ejecutante, respectivamente, dentro de los asuntos criticados, luego de pronunciarse frente a los hechos del escrito introductorio, efectu\u00f3 se\u00f1alamientos y solicitudes respecto a las \u00abinconsistencias que se evidencian en el contrato de arrendamiento suscrito entre el secuestre y el entonces representante legal de la empresa SUGAMUXI S.A.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado, tras advertir que \u00abcon la respuesta suministrada por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ARAUCA [el 16 de septiembre de 2022], desapareci\u00f3 el motivo que gener\u00f3 la inconformidad; respuesta que fue clara, precisa, suficiente, congruente y de fondo; adem\u00e1s, conforme a las reglas propias del proceso. Adicional a ello, orden\u00f3 el decreto de pruebas, necesarias para resolver dentro de su oportunidad procesal la solicitud planteada por el interesado, que consiste en el levantamiento de la medida cautelar y\/o la entrega del veh\u00edculo objeto del litigio\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, y frente a la queja enrostrada a la Oficina de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo, se\u00f1al\u00f3 que \u00absu proceder depende de las \u00f3rdenes que emiten las autoridades judiciales dentro de las reglas propias del proceso. Por lo que no es dable considerar que haya vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad interesada, argumentando que \u00ablejos est\u00e1 la respuesta aportada por la entidad judicial accionada de ser una resoluci\u00f3n de fondo a la situaci\u00f3n planteada por nuestro apoderado (\u2026) [toda vez que] el rodante se placa SSQ-901 contin\u00faa inmovilizado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si se quebrantaron las prerrogativas fundamentales invocadas por la querellante a saber: (i) el Juzgado Civil del Circuito de Arauca, al no resolver las solicitudes presentadas dentro del proceso de responsabilidad civil contractual n\u00b0 2013-00126; y, (ii) el Instituto de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo, al inscribir la medida de embargo decretada sobre el veh\u00edculo de placas SSQ-901 y ordenar su inmovilizaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio del resguardo, precisando: (i) que la pretensi\u00f3n dirigida a reprochar la mora judicial endilgada al estrado accionado, habr\u00e1 de denegarse en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado; y (ii) que la acci\u00f3n encaminada a censurar las actuaciones del Instituto de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo, deviene improcedente por desatender el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado respecto a las solicitudes presentadas por la actora <\/p>\n
Esta figura jur\u00eddica tiene lugar en relaci\u00f3n con la mora judicial que la compa\u00f1\u00eda gestora endilg\u00f3 al despacho judicial querellado por no atender la petici\u00f3n sobre la \u00abentrega inmediata del veh\u00edculo de palca (sic) SSQ-901\u00bb, pues tras su presentaci\u00f3n el 7 de julio de 2022, reiterada el 9 de agosto siguiente, el encartado mediante oficio No. JCCA-740 del 16 de septiembre de los corrientes le contest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPor Reparto efectuado por la Oficina de Apoyo Judicial, fue asignado a este despacho el d\u00eda 25 de Noviembre de 2013, el proceso ORDINARIO \u2013 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, Demandante: JENNY PAOLA MEDINA MUR, y demandado: FLOTA SUGAMUXI S.A., con radicado de primera instancia No. 81-001-31-03-001-2013-00126-00. <\/p>\n
Una vez se le notifico y corri\u00f3 traslado de la demanda a FLOTA SUGAMUXI, por intermedio del Gerente General y representante legal le concedi\u00f3 poder especial amplio y suficiente al doctor JAVIER EDUARDO CIFUENTES RAMIREZ, con las facultades expresas para representar los intereses del poderdante dentro del tramite (sic) del proceso que se referencia. <\/p>\n
Igualmente, el doctor JAVIER EDUARDO CIFUENTES RAMIREZ, conforme a las facultades a \u00e9l conferida seg\u00fan el poder que obra en el expediente, le sustituye el poder a la doctora YULI SHIRLEY RIVERA SOLANO, a quien este Despacho Judicial mediante Audiencia de fecha del 01 de Abril de 2016, de que trata el Art- 101 del C.P.C, le reconoce personer\u00eda para actuar en los t\u00e9rminos y para lo fines del poder conferido. <\/p>\n
Es as\u00ed, que dentro del expediente no se avizora que a usted le hayan dado poder para actuar dentro del expediente que aqu\u00ed nos ata\u00f1e, habida cuenta que no cumple con los requisitos de que trata el articulo (sic) 5 de la ley 2213 de 2022. <\/p>\n
Igualmente, este Despacho Judicial mediante providencia del 16 de septiembre de 2022, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201cINHIBIRSE de pronunciarse sobre el reconocimiento del poder conferido al abogado JEFERSON MILL\u00c1N OCHOA por parte de FLOTA SUGAMUXY S.A., hasta tanto, APORTE el poder como mensaje de datos verificando su transmisi\u00f3n mediante correo electr\u00f3nico y no como anexo en virtud del art\u00edculo 5 de la LEY 1223 del a\u00f1o 20223. As\u00ed mismo deber\u00e1 aportar la renuncia del apoderado que viene representando a la entidad demandada dentro del presente asunto, junto con la constancia del paz y salvo de dicho togado.\u201d\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas y una vez de cumplimiento a las normas para la postulaci\u00f3n y designaci\u00f3n como apoderado de la parte demandada, FLOTA SUGAMUXI S.A., este despacho estar\u00e1 en la disposici\u00f3n de contestarle formalmente su derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, y tal y como acaba de citarse, mediante prove\u00eddo de la misma data el juzgador decidi\u00f3, previo a resolver la entrega del rodante reclamada, entre otros, \u00abREQU[ERIR] al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO – BOYAC\u00c1, para que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00eda, contado a partir del recibido del oficio de secretaria, informe con destino a este proceso, si dentro del expediente con radicado 2014-00169-00, se encuentra vigente la medida de embargo del veh\u00edculo automotor de servicio p\u00fablico identificado con la placa SSQ-901, y de ser el caso remitir los documentos soporte de la misma, tales como auto que decreto la medida de embargo y aprehensi\u00f3n del rodante, acata de secuestro y contrato de arrendamiento si fuere el caso entre otros, documentos que deber\u00e1n ser remitidos al correo institucional de este despacho, j1ccarau@cendoj.ramajudicial.gov.co, una vez sea aportada tal informaci\u00f3n al despacho, se ordena a secretaria correr traslado de la misma, a las partes, sin necesidad de auto que lo ordene\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, por cuanto se advierte que a trav\u00e9s de las referidas actuaciones se resolvi\u00f3 de manera concreta y clara lo peticionado por la actora, con independencia del sentido de lo resuelto, queda claro que la situaci\u00f3n que constituy\u00f3 el motivo del presente reclamo, fue corregida durante el curso de la salvaguarda -admitida el 15 de septiembre de 2022-. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido se ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad frente a lo reclamado a la Oficina de Transporte de Santa Rosa de Viterbo <\/p>\n
Uno de los requisitos de este excepcional mecanismo constitucional es que el interesado carezca de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial, de ah\u00ed que, su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
En el caso bajo estudio se configura la segunda modalidad, en la medida que, aunque la interesada pretende que a trav\u00e9s de esta senda se ordene al Instituto de Tr\u00e1nsito de Santa Rosa de Viterbo la eliminaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la medida de embargo ordenada sobre el automotor de placas SSQ-901, no acredit\u00f3 que antes de acudir a la tutela hubiera presentado ante esa entidad solicitud alguna en ese sentido, por ser a quien le compete verificar los argumentos planteados por la actora respecto a la supuesta doble inscripci\u00f3n de la cautela, y pronunciarse al respecto, lo que se traduce en el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa antes de acudir al ruego tuitivo. <\/p>\n
En un caso similar en el que se acudi\u00f3 en tutela sin efectuar antes solicitud al funcionario de conocimiento, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC117391-2022, 7 sept. 2022, rad. 01690-01).). <\/p>\n
4. Solicitudes formuladas por la vinculada en la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En cuanto a los reclamos efectuados a trav\u00e9s de apoderada judicial por Jenny Paola Medina Mur, como demandante inicial y ejecutante dentro de los asuntos revisados, relacionados con que se \u00abRequiera al representante legal de SUGAMUXI S.A. para que suministre soportes de pagos mensuales realizados por concepto del contrato de arrendamiento suscrito entre el accionante y el secuestre del proceso identificado bajo radicado N\u00b02014-00169, los cuales y de acuerdo al contrato de arrendamiento son consignados a la cuenta del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso\u00bb; y que \u00abse oficie a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, quienes pueden ser notificados en la direcci\u00f3n Calle 100 Nro 13 – 21 Oficina 601 y en el correo electr\u00f3nico yeison.acosta@pazderio.com.co, para que informe y suministre los contratos de suministro de transporte que haya suscrito con la empresa SUGAMUXI S.A.\u00bb, es preciso destacar que los terceros intervinientes en las acciones de tutela no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, pues si la nombrada interviniente considera lesionadas sus garant\u00edas fundamentales, nada le impide que acuda directamente a proponer la solicitud de amparo de manera independiente, por lo cual se torna improcedente efectuar un pronunciamiento de fondo frente a su pedimento. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en principio, con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026). <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela (\u2026). <\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (CC T-1062\/10 y T-349\/12, citada en CSJ STC11096-2019, 21 ago. 2019, rad. 02516-00 y STC5781-2022, 11 may. 2022, rad. 00151-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar el fallo impugnado, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) frente a la mora judicial enrostrada al enjuiciado, tal situaci\u00f3n, descrita como vulneradora de los derechos fundamentales invocados, fue superada durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n y, ii) en relaci\u00f3n con la eliminaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la medida de embargo por parte de la oficina de tr\u00e1nsito convocada, el resguardo no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto el gestor no acredit\u00f3 haber acudido directamente ante aqu\u00e9lla previamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo desestimatorio. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC14846-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC14846-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 81001-22-08-000-2022-00059-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68706","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}