STC14847-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14847-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00205-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 26 de septiembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Elia Monroy Cifuentes y Jos\u00e9 Guillermo Camacho Valbuena contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso reivindicatorio de radicado 2012-00093-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Omar Sogamoso Clavijo interpuso demanda reivindicatoria en contra de Oscar Ram\u00edrez Braus\u00edn, \u00c1lvaro Linares Gabanzo, Diana Milena Gait\u00e1n Tello, Elkyn Arley Romero Gordillo y Mariela Loaiza S\u00e1nchez, con el fin de que se decrete a su favor el \u00abderecho de dominio pleno y absoluto sobre el predio el silencio 1 [\u2026] localizado en el [\u2026] municipio de Cumaribo del Departamento de Vichada\u00bb. En consecuencia, requiere que el inmueble sea desocupado por los demandados y dem\u00e1s personas indeterminadas1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Jugado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o \u2013 Vichada -con sentencia del 5 de septiembre de 2022- resolvi\u00f3 \u00abdeclarar que pertenece el dominio pleno y absoluto del demandante [\u2026] el inmueble denominado el silencio 1 [\u2026]\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 a \u00ablos demandados [\u2026] que dentro del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas constados a partir de la ejecutoria de esta decisi\u00f3n, entreguen [al demandante] el inmueble [\u2026]\u00bb2. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el extremo pasivo impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo3. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, anotaron que se enteraron del proceso sub examine como efecto del \u00abhomicidio que se diera en la humanidad de Elkin Harley Romero Gordillo [\u2026] y que se encuentran como demandados algunos de las personas que les compramos unas extensiones de tierras de las cuales eran los poseedores y que incluso ten\u00edan t\u00edtulos de los predios [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, cuestionan que no pudieron hacerse \u00abparte de dicho proceso, y ejercer nuestro derecho a la defensa, ya que la se\u00f1ora Juez, aun teniendo conocimiento del homicidio del se\u00f1or Elkin Romero, ya que en esa audiencia el abogado coloco una noticia en audio que hiciera el director de la polic\u00eda de ese sector, donde se hablaba de la muerte del se\u00f1or Elkin Romero y que su esposa fue herida, no le ordeno al abogado que lo representa que acreditara la muerte del se\u00f1or Elkin Romero, y mucho menos ordeno emplazar a los herederos y personas indeterminadas, es decir teniendo la certeza de la muerte de uno de los demandados, decidi\u00f3 condenarlo y le orden[\u00f3] entregar un bien inmueble a un muerto, que como lo es este caso, hace mucho tiempo que no era de su propiedad, que no era el poseedor del bien inmueble objeto de ese litigio\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1alaron que el demandante \u00abdebi\u00f3 actuar de buena fe con los poseedores del bien, porque aportando el certificado de libertad y tradici\u00f3n donde se puede apreciar que el se\u00f1or ya hab\u00eda vendido, debi\u00f3 fue perseguir los otros bienes del se\u00f1or Elkin Romero, determinar la cuant\u00eda de la tierra que estamos en posesi\u00f3n y perseguir esa cantidad con otras propiedades, no pedir un reivindicatorio de una finca que ya no la ten\u00eda en posesi\u00f3n el se\u00f1or\u00bb. En ese orden, sostuvieron que como \u00abla buena o mala fe debe ser apreciada al momento de la adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil, los hechos referidos en las pruebas directas y por inferencia omitidas, acaecidos con posterioridad a la adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n, carecen de incidencia para los fines que se propone el recurrente, a los demandados que aceptaron ser poseedores no se les sindica de haber sido los que de hecho se hicieron a la posesi\u00f3n, como si se hace respecto del antecesor, mucho menos que a pesar de no ser invasores o usurpadores, s\u00ed conoc\u00edan de la situaci\u00f3n de hecho que se imputa a su vendedor\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicitaron que se ordene \u00abla nulidad de la sentencia que decreta la entrega del bien inmueble denominado el silencio 1, de fecha 5 de septiembre de 2022 [\u2026]\u00bb. Y, se decrete \u00abla nulidad del proceso [\u2026] desde el auto admisorio de la demanda [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado querellado, luego de relatar lo acontecido al interior de la causa, indic\u00f3 que ese Despacho \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho, ya que el proceso se cumpli\u00f3 con apego a la ley, no siendo viable interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, pues adem\u00e1s de no cumplirse los requisitos enlistados en la jurisprudencia nacional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial [\u2026], acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n, ir\u00eda en contrav\u00eda de los principios de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y ejecutoriedad de las sentencias\u00bb. <\/p>\n
2. Fabio Gait\u00e1n, \u00c1lvaro Linarez Gabanzo, Mariela Loaiza, Oscar Ram\u00edrez Brausin, coadyuvaron lo pretendido por los tutelantes. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Omar Sogamoso Clavijo mencion\u00f3, frente al emplazamiento propuesto por los actores, que es \u00abclaro que saben de la existencia del mismo y n\u00f3tese como incluso al tener conocimiento de ello, no se acercan para tener si quiera informaci\u00f3n, ni para hacer parte de [ese] proceso ordinario\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador 6 Civil II Ambiental y Agrario, en relaci\u00f3n con el predio \u00abMi conuco\u00bb, refiri\u00f3 que \u00abes un predio de propiedad privada, no cumple con la connotaci\u00f3n de predio bald\u00edo, conforme a lo cual dan un reconocimiento a la propiedad del demandante en el proceso reivindicatorio de acuerdo a la Resoluci\u00f3n 0161 del 30 de agosto de 2004, donde se le adjudica una extensi\u00f3n de 1.724 hect\u00e1reas de terreno dentro de las cuales se sit\u00faa el denominado predio Mi Conuco (de 300 hect\u00e1reas), conforme a lo cual no deviene al presente caso relacionar la adjudicaci\u00f3n a quien alegan les transfiri\u00f3 el dominio, el se\u00f1or Elky Harley Romero Gordillo, porque esta \u00faltima fue revocada\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, por cuanto \u00abla parte actora no activ\u00f3 los mecanismos y medios ofrecidos por la normatividad procesal para la defensa de sus intereses, ya que ni siquiera se hizo parte del proceso, no present\u00f3 memorial alguno ni ejerci\u00f3 su defensa y tampoco propuso incidente de nulidad, siendo ese el escenario id\u00f3neo y eficaz para que el juez natural de la causa analizara los argumentos expuestos en el escrito tutelar y resolviera la controversia suscitada [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
Los actores mencionaron que no alcanzaron \u00aba activar dicho aparato jur\u00eddico, y no precisamente por no haber querido, simplemente porque el despacho accionado, no brind\u00f3 las garant\u00edas necesarias y jur\u00eddicas, y mucho menos dio el espacio o el tiempo justo para que nosotros entr\u00e1ramos a ejercer nuestro derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por los tutelantes, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite surtido al interior del juicio reivindicatorio de radicado 2012-00093-00, que finaliz\u00f3 con sentencia del 5 de septiembre de 2022. Ello pues, indican que no fueron notificados del inicio del proceso, aun cuando la juez querellada conoci\u00f3 del fallecimiento de uno de los demandados y no vincul\u00f3 a la causa a aquellos interesados que hab\u00edan suscrito contratos de compraventa con el finado, de cara al inmueble en litis. <\/p>\n
2. Esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, ha de tenerse en cuenta que los actores, a pesar de que conocieron del juicio de marras con antelaci\u00f3n a la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2022 \u2013seg\u00fan lo manifestado en escrito de tutela-, no atacaron a trav\u00e9s de incidente de nulidad el tr\u00e1mite cuestionado, medio que era viable conforme lo contempla el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Por lo tanto, los gestores tuvieron la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad4. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa estipulados al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, se advierte que, en sede de instancia ordinaria, la causa cuestionada no ha finalizado, en la medida que el proceso reivindicatorio surtir\u00e1 el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n ante el Tribunal de Villavicencio. Autoridad frente a la cual, los convocantes podr\u00e1n elevar la petici\u00f3n de nulidad propuesta a trav\u00e9s de esta v\u00eda, con sustento en los planteamientos aqu\u00ed expuestos, con el fin de que sean analizados por dicha autoridad como juez natural del juicio de marras. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 a 13 del archivo PDF \u00ab01 Proceso 2012-00093-00 Jose Omar Sogamoso CO1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab4.18 Sentencia Reivindicatoria Jose Omar Sogamoso\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab4.21 Auto concede y niega apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 En un caso de similar temperamento, la Sala sostuvo que \u00aben aras de ahondar en razones desestimatorias de la protecci\u00f3n inquirida, debe decirse que la se\u00f1ora Acosta Su\u00e1rez, en una conducta constitutiva de incuria, [\u2026] no promovi\u00f3 el respectivo incidente de nulidad por su indebida notificaci\u00f3n (art\u00edculo 133, numeral 8 ejusdem) [\u2026], motivo por el cual, cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito del ruego tuitivo\u00bb (CSJ STC2262-2021). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con ello, en diversos pronunciamientos la Corte explic\u00f3 que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
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