STC14850-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14850-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2022-00301-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo invocado por Jhon Jairo Sandoval Camacho contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad y el Banco Caja Social. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos de radicado 2022-000451. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social y \u00abprotecci\u00f3n especial de una persona en estado de debilidad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que, mediante Resoluci\u00f3n 00319 de 28 de marzo de 2022, la Polic\u00eda Nacional le reconoci\u00f3 pensi\u00f3n de invalidez, por la p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 80,11%. <\/p>\n
Despu\u00e9s de retirado de la Polic\u00eda Nacional y \u00abpese a que no pod\u00eda trabajar por [su] enfermedad mental\u00bb, cit\u00f3 a su \u00abesposa\u00bb, Martha Cecilia, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para regular los alimentos de sus 3 hijos, autoridad frente a la cual, el 26 de septiembre de 2018, conciliaron una cuota alimentaria de $300.000. <\/p>\n
Debido a que el tutelante incumpli\u00f3 esa obligaci\u00f3n alimentaria, la progenitora de aquellos formul\u00f3 denuncia penal por el punible de insistencia alimentaria, que correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de conocimiento de C\u00facuta, bajo el radicado 2020-00545. De ah\u00ed que consign\u00f3 a \u00f3rdenes de esa autoridad la suma de $10.000.000, con el prop\u00f3sito de \u00abponer[se] al d\u00eda y pagar unas cuotas futuras\u00bb de alimentos. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, Martha Cecilia, actuando en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad Juan Jos\u00e9, inici\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos en su contra ante el Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta (rad. 2022-00045), en el cual, el 2 de agosto de 2022, se libr\u00f3 mandamiento de pago por $4.930.166,1 y se dict\u00f3 la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que el tutelante posee en diferentes entidades bancarias; en consecuencia, el 25 de agosto de 2022, el Banco Caja Social debit\u00f3 de su cuenta $2.028.264,32, suma que, afirma el tutelante, corresponde a la totalidad de la mesada pensional consignada por la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
3. Al respecto, el actor alega que es \u00abuna persona invalida\u00bb, pues est\u00e1 \u00abdiscapacitado por salud mental\u00bb y que, con la orden de embargo del dinero recibido en su cuenta del Banco Caja Social, la autoridad judicial lo dej\u00f3 desprovisto de \u00ablos medios econ\u00f3micos para [su] congrua subsistencia\u00bb. Argumenta que, si bien la ley permite el embargo de la pensi\u00f3n para alimentos, ello no puede ser en un 100% de la mesada, como sucedi\u00f3 en su caso. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se ordene \u00ablevantar el embargo sobre [su] mesada pensional al menos sobre el 50%\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta manifest\u00f3 que el accionante no ha presentado solicitud alguna en relaci\u00f3n con las medidas cautelares decretadas, ni ha hecho menci\u00f3n de la \u00abafectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital, salvo lo manifestado en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, que se encuentra surtiendo en respectivo tr\u00e1mite procesal pertinente. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3, por improcedente, el amparo rogado. En sustento indic\u00f3 que, frente a la providencia dictada por el Juzgado de Familia el 2 de agosto de 2022, el accionante no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n procedente \u00abdejando de esa forma que adquiera firmeza el citado prove\u00eddo\u00bb. De otro lado, advirti\u00f3 que el gestor ten\u00eda otro medio de defensa, pues pod\u00eda solicitar el levantamiento de la medida cautelar decretada en el respectivo tr\u00e1mite y que, al no haber efectuado ese reclamo ante el juez natural, la tutela era inviable. <\/p>\n
Finalmente, hizo referencia a que el juicio ejecutivo se encuentra en curso, por lo que es all\u00ed donde el promotor debe plantear sus inconformidades, resaltando que las excepciones propuestas por su apoderada estaban en tr\u00e1mite. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien afirm\u00f3 que es una \u00abpersona en estado de debilidad manifiesta\u00bb, por su \u00abenfermedad mental\u00bb, raz\u00f3n por la cual merece especial protecci\u00f3n y que, al suspenderse su pensi\u00f3n en un 100%, se afect\u00f3 su m\u00ednimo vital. En ese sentido precis\u00f3 que la Polic\u00eda Nacional le retuvo el 50% de la mesada y que el Banco Caja Social embarg\u00f3 el 50% restante. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que su apoderada formul\u00f3 excepciones, pero como el proceso ejecutivo no es expedito deb\u00eda acudir a la protecci\u00f3n constitucional, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, a efectos no de que se levante la cautela decretada sino de que se \u00abrespete el porcentaje legal de embargo de las mesadas pensionales\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados por el Juzgado accionado con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 2 de agosto de 2022, mediante el cual se decretaron las medidas cautelares solicitadas por la ejecutante, en lo relativo al embargo de la cuenta bancaria en la cual recibe su mesada pensional del Banco Caja Social. <\/p>\n
2. Analizadas las probanzas obrantes en el plenario, advierte la Sala que la solicitud de amparo constitucional carece de objeto. <\/p>\n
En efecto, se observa que, durante el tr\u00e1mite de esta tutela, el Juzgado accionado, en atenci\u00f3n a una petici\u00f3n posterior formulada por el accionante, profiri\u00f3 auto de 29 de septiembre de 2022, mediante el cual dispuso el levantamiento de la medida cautelar de embargo decretada sobre la cuenta de ahorros del Banco Caja Social, toda vez que all\u00ed se consigna la mesada pensional, frente a la cual se le descuenta previamente el 50% y, en consecuencia, orden\u00f3 librar las comunicaciones correspondientes, lo cual se cumpli\u00f3 el 6 de octubre siguiente2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en este estado del proceso, lo pretendido carece de objeto y, por tanto, la tutela es inviable. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
(…) de suerte que si el demandado ya emiti\u00f3 el acto extra\u00f1ado por el promotor de la acci\u00f3n de tutela, se infiere que el punto materia de protesta ya no existe, pues como lo ha entendido la jurisprudencia, el hecho superado es el evento en el cual han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que torna improcedente la decisi\u00f3n del juez constitucional […], por lo que en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. (resaltado fuera del texto) (CSJ STC, 14 oct. 2007, Rad. 00244-01; CSJ STC, 18 dic. 2012, Rad. 00222-02; y CSJ STC, 27 febr. 2013, Rad. 00024-01, reiterado en STC265-2021). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n <\/p>\n
2\u0002 Oficio 0687 del 6 de octubre de 2022, enviado por correo electr\u00f3nico al Banco en la misma fecha. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14850-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14850-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2022-00301-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68710","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68710"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68710\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}