STC14851-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14851-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01443-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Fredy Alfonso Boh\u00f3rquez D\u00edaz contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso penal de radicado 50001310700320200008100. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 8 de julio de 2015, la Fiscal\u00eda 7\u00aa Especializada de Villavicencio inici\u00f3 la fase de instrucci\u00f3n y vincul\u00f3 al actor por los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento il\u00edcito, secuestro y tortura en persona protegida. <\/p>\n
2.2. Tras distintas actuaciones que, en sentir del tutelante, no fueron oportunas y a la falta de impulso procesal, el 26 de noviembre de 2020, radic\u00f3 una solicitud de nulidad y, subsidiariamente, pidi\u00f3 que se decretaran unas pruebas, las cuales fueron negadas por el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio el 10 de noviembre de 2021, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 6 de abril de 2022. <\/p>\n
2.3. El promotor censura que le hayan negado las pruebas que pidi\u00f3, las cuales eran \u00abnecesarias para aclarar aspectos sustanciales de la investigaci\u00f3n\u00bb y pod\u00edan hacer la \u00abdiferencia entre una condena injusta y justicia\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos las determinaciones que negaron su petici\u00f3n secundaria -referida a la pr\u00e1ctica de pruebas- y, en su lugar, que se decreten los testimonios y las ampliaciones de indagatoria pedidas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio destac\u00f3 la improcedencia de la tutela, toda vez que su objetivo es \u00abcuestionar unas decisiones judiciales respecto de las cuales se agotaron los recursos\u00bb, pretendiendo con ello convertir el amparo constitucional en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo deprecado al encontrar que la determinaci\u00f3n atacada, en lo relativo \u00abexclusivamente el decreto probatorio\u00bb que es lo cuestionado en sede de tutela, \u00abno comporta alg\u00fan vicio susceptible de ser enmendado a trav\u00e9s del amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, con ocasi\u00f3n de la negativa de las pruebas solicitadas por el tutelante. <\/p>\n
2. Al respecto, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio -con providencia del 6 de abril de 2022-, al resolver la alzada instaurada por el actor frente a la determinaci\u00f3n emitida el 10 de noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la citada ciudad, expres\u00f3 las razones que la llevaron a ratificar dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, luego de resolver lo relativo a la nulidad, cuesti\u00f3n que, como lo indico el a quo constitucional, \u00abno es materia de debate en esta sede de tutela, pues lo es exclusivamente el decreto probatorio\u00bb, procedi\u00f3 a examinar los presupuestos contemplados en el art\u00edculo 235 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y, frente a ello, precis\u00f3 que al funcionario judicial le correspond\u00eda \u00abestablecer la conducencia de los elementos de convicci\u00f3n pedido por los sujetos procesales, lo cual est\u00e1 determinado por su aptitud legal o jur\u00eddica para producir la certeza reivindicada; pero tambi\u00e9n su pertinencia y utilidad\u00bb y a quien pretende su pr\u00e1ctica le asist\u00eda la obligaci\u00f3n de se\u00f1alar las \u00abcircunstancias que aspira a esclarecer o acreditar con el aporte al expediente y su relaci\u00f3n con los hechos objeto del debate, de tal suerte, que mal puede el funcionario judicial suponer dichos aspectos\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, resalt\u00f3 que, en el caso objeto de an\u00e1lisis, el apoderado del actor, en cuanto a los testimonios de la totalidad de las v\u00edctimas, se limit\u00f3 a indicar de \u00abmanera gen\u00e9rica e imprecisa\u00bb que se requer\u00edan para que rindieran \u00abdeclaraciones sobre los hechos que les conste, materia de este proceso, expresando las circunstancias de tiempo, modo y lugar y que involucran al se\u00f1or Fredy Alonso Boh\u00f3rquez D\u00edaz\u00bb, como \u00abpresunto reclutador y\/o secuestrador de las mismas y depongan adem\u00e1s si al momento del cautiverio estuvo acompa\u00f1\u00e1ndolas como miembro de las autodefensas campesinas del Meta y Vichada\u00bb, lo que reiter\u00f3 en su apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Esas probanzas, destac\u00f3, hab\u00edan sido recolectados por el ente instructor, a fin de \u00abdilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que involucran presuntamente al se\u00f1or Fredy Alonso Boh\u00f3rquez D\u00edaz, entre otros, en calidad de supuesto c\u00f3mplice de los delitos de secuestro simple agravado y tortura agravada\u00bb y, en esa medida, los reproches frente al juzgador de primer grado, no tendr\u00edan la vocaci\u00f3n de prosperar, dado que no era viable una nueva declaraci\u00f3n de la totalidad de las v\u00edctimas, para esclarecer \u00ablo que ya fue acreditado preliminarmente para emitir la correspondiente resoluci\u00f3n acusatoria\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, concluy\u00f3 que el requerimiento probatorio inadecuado del apoderado del aqu\u00ed tutelante, sustentado en afirmaciones \u00abgen\u00e9ricas e imprecisas\u00bb y tendiente a practicar testimonios que ya se hab\u00edan recibido en la fase de instrucci\u00f3n era \u00abinsustancial, repetitivo y superfluo\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n objeto de controversia, se observa que, independientemente de que la postura sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las circunstancias del caso concreto y de la normativa que gobierna el asunto, con base en lo cual la Sala accionada estableci\u00f3 que la etapa probatoria no pod\u00eda interpretarse como aquella en la que las partes pueden solicitar \u00abla pr\u00e1ctica indiscriminada y desprovista de todo control de las pruebas\u00bb, m\u00e1xime cuando lo pretendido se circunscrib\u00eda a repetir las que ya hab\u00edan sido practicadas en la fase de la instrucci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que mientras el proceso penal est\u00e1 en curso, la acci\u00f3n de tutela es improcedente. Al respecto, esta Sala, en un asunto similar, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches de los censores se enfilaron a derruir el decreto probatorio dispuesto por el ad-quem en el juicio penal seguido en su contra, porque, en su sentir, con ello se valid\u00f3 la inclusi\u00f3n de medios suasorios il\u00edcitos. <\/p>\n
\u2026la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se ha dictado sentencia de primer grado, la que de resultarles adversa ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n\u2026. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantean, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u2018[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2019. (Se resalta) (CSJ STC2674-2020, reiterada en CSJ STC1550-2021 y en CSJ STC8612-2022)). <\/p>\n
En otra oportunidad, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
De otro lado, se advierte que en el proceso se han decretado distintos medios de prueba, por ende, la inspecci\u00f3n judicial de la que se duele el actor no es el \u00fanico elemento de juicio allegado al tr\u00e1mite, de manera que no se evidencia una situaci\u00f3n que habilite, en forma extraordinaria, la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En este aspecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u2018Es entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente al medio de convicci\u00f3n dejado de decretarse[2], el que no obstante parecer de relevancia para la finalidad del juicio, no es el \u00fanico con tal vigor decretado en el mismo sentido, y que a la postre pudiera resultar inocuo para la decisi\u00f3n a emitirse, eventualidad \u00e9sta que deja al descubierto, adem\u00e1s, la falta de la urgencia e impostergabilidad requeridas para habilitar la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, y el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u2019 (CSJ STC1702-2020 del 19 de febrero de 2020, rad. 2019-02413-01). (Se resalta) (CSJ STC1550-2021, reiterada en CSJ STC8612-2022). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
2\u0002 Relativo a una providencia que \u00abneg\u00f3 una prueba testimonial en el marco del proceso penal\u00bb CSJ STC1702-2020. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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