STC14853-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14853-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01692-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de agosto de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo reclamado por B.A.A.D en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, L.A.D.1, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales de su hija a la dignidad humana, \u00abprotecci\u00f3n de la doble victimizaci\u00f3n\u00bb y prevalencia de los derechos de los menores de edad, presuntamente conculcadas por el Tribunal accionado en el curso del proceso penal de radicado 050016000248201603769. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 9 de febrero de 2021, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello -Antioquia- conden\u00f3 a A.R.I. a la pena de 196 meses de prisi\u00f3n y en igual periodo a la inhabilitaci\u00f3n para ejercer derechos y funciones p\u00fablicas, por hallarlo responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, siendo v\u00edctima la hija de la tutelante. <\/p>\n
2.2. La defensa del condenado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 16 de noviembre de 20212, decretando la nulidad del tr\u00e1mite a partir del inicio del juicio oral, 18 de mayo de 2018 inclusive, por violaci\u00f3n al principio de imparcialidad, en raz\u00f3n a la \u00abexigencia econ\u00f3mica que se realiz\u00f3 por la compa\u00f1era permanente del exjuez\u00bb3; tambi\u00e9n orden\u00f3 rehacer la actuaci\u00f3n, as\u00ed como la libertad inmediata de R.I., debido a que el t\u00e9rmino previsto en el numeral 5 y par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004 se hab\u00eda superado ampliamente. Contra esa providencia no se interpuso recurso4. <\/p>\n
2.3. La promotora alega que el auto del 16 de noviembre de 2021 vulnera los derechos fundamentales de su hija, toda vez que la obliga a comparecer nuevamente a juicio y narrar los abusos sufridos, situaci\u00f3n que, en su criterio, la revictimiza. <\/p>\n
Adujo que, aunque en principio est\u00e1 de acuerdo con la decisi\u00f3n, toda vez que se acredit\u00f3 un acto de corrupci\u00f3n del juez que en su momento conoc\u00eda el proceso, lo cierto era que la \u00abpetici\u00f3n indebida\u00bb se dio al final de \u00abla pr\u00e1ctica probatoria de la defensa y ya cuando se hab\u00edan evacuado por lo menos seis (6) meses atr\u00e1s las pruebas de la Fiscal\u00eda\u00bb y, por tanto, no se afect\u00f3 el devenir del juicio, m\u00e1xime que todas las determinaciones fueron revisadas en segunda instancia por el Tribunal. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que cuando se enter\u00f3 de lo resuelto no ten\u00eda conocimiento de los recursos que pod\u00eda ejercer, raz\u00f3n por la cual solo \u00abdespu\u00e9s de meses de pensar en el asunto y asesorarme (\u2026) [decide] interponer esta acci\u00f3n y encuentro que ya han pasado seis (6) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb, por lo cual solicit\u00f3 que se tenga en cuenta que se han vulnerado \u00ablos derechos de una menor de edad (\u2026) por la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la actora pide que se anule el auto proferido por el Tribunal cuestionado el 16 de noviembre de 2021 y se \u00abordene dictar la respectiva sentencia\u00bb; subsidiariamente, inst\u00f3 que se anule parcialmente el juicio y \u00abse dejen inc\u00f3lumes las pruebas de la Fiscal\u00eda (\u2026) al menos (\u2026) la declaraci\u00f3n de mi hija\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn respald\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que la providencia fue adoptada en audiencia y all\u00ed qued\u00f3 ejecutoriada, porque no se interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bello inform\u00f3 que, en cumplimiento de la determinaci\u00f3n debatida, reasumi\u00f3 el conocimiento del asunto y fij\u00f3 las fechas para la audiencia del juicio oral. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el defensor del condenado asever\u00f3 que la actora fue notificada oportunamente de la providencia atacada, pero no interpuso el recurso correspondiente y solo pasados \u00ab8 meses y 17 d\u00edas\u00bb promueve la tutela \u00abcomo una tercera instancia para debatir actuaciones procesales que se dejaron vencer\u00bb, lo cual es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, por improcedente, dado que, de un lado, no fue tempestivo y no hab\u00eda raz\u00f3n v\u00e1lida que justifique su inactividad procesal y, de otro, porque la providencia controvertida no fue recurrida. <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que el proceso penal no ha concluido y, en consecuencia, es en ese escenario donde debe ejercer el derecho de defensa de su hija y presentar las peticiones pertinentes, \u00abentre esas la de evitar que esta sea sometida a realizar una nueva exposici\u00f3n de los hechos que dieron origen al procesamiento, a fin de conjurar una probable revictimizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, quien manifest\u00f3 que no es abogada y, por tanto, no conoce las leyes, ni los recursos procedentes. Afirm\u00f3 que la profesional del derecho que le design\u00f3 la defensor\u00eda del pueblo \u00abno interpuso recurso alguno, no se me consult\u00f3 y me vine a enterar por el Fiscal, que tampoco interpuso recurso (\u2026) por lo que s\u00ed existe una raz\u00f3n (\u2026) [de] mi \u201csupuesta inactividad\u201d, [pues] tuve que buscar personas que me ayudaran a entender lo que hab\u00eda pasado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la promotora solicita que se revoque el auto proferido por el Colegiado accionado el 16 de noviembre de 2021, que decret\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso penal censurado a partir de la audiencia que dio inicio al juicio oral o, en su defecto, que se mantenga la declaraci\u00f3n de su hija, para que no sea convocada nuevamente a relatar los hechos ocurridos, pues eso la revictimizar\u00eda. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 la providencia recriminada -16 de noviembre de 2021- y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -17 de agosto de 2022-, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
2.1. Frente al citado principio, ha de precisarse que, pese a que no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser. En ese sentido, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de esas causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez; y, aunque la actora aduce que acudi\u00f3 a la tutela \u00abdespu\u00e9s de meses de pensar en el asunto y asesorarme\u00bb y de \u00abbuscar personas que me ayudaran a entender lo que hab\u00eda pasado\u00bb, lo cierto que es que ello no imped\u00eda haber acudido a esta instancia con anterioridad, esto es, en el plazo razonable referido, pues esta acci\u00f3n constitucional se rige por la informalidad y no requiere de la intervenci\u00f3n a trav\u00e9s de un profesional del derecho. <\/p>\n
3. Adicionalmente, del estudio del tr\u00e1mite procesal, la Sala encuentra que frente al auto controvertido no se interpuso el recurso procedente, de manera que se desperdici\u00f3 la oportunidad de exponer ante la autoridad competente las razones de su inconformidad, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias y, por tanto, impone el agotamiento previo de los instrumentos procedentes. Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Finalmente, se advierte que, como el proceso penal se reanud\u00f3 en parte y, en consecuencia, sigui\u00f3 su curso, ese es el escenario para ejercer el derecho de defensa de la hija de la tutelante y para plantear las solicitudes pertinentes, \u00aba fin de conjurar una probable revictimizaci\u00f3n\u00bb, como lo sostuvo el a quo constitucional, pues no puede el juez constitucional adelantarse a decidir ni disponer la forma o el sentido de resolver los aspectos que corresponde definir al juez de conocimiento. Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020- 00195-01). <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 2004. <\/p>\n
2\u0002 Pdf. 006AutoSegundaInstancia201603769. Cuaderno C02SegundaInstancia. Carpeta DECISION T.S.M.20211118. Expediente digital <\/p>\n
3\u0002 Refiri\u00e9ndose al funcionario judicial que inicialmente conoci\u00f3 el asunto. <\/p>\n
4\u0002 Pdf. 008ActaLecturaAutoSegundaInstancia201603769. Cuaderno C02SegundaInstancia. Carpeta DECISION T.S.M.20211118. Expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14853-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14853-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01692-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68713","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68713\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}