STC14854-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14854-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2022-00434-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que decidi\u00f3 la tutela promovida por Rosalba Acosta de Torres contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura1 y a las Secretar\u00edas Jur\u00eddica y de Desarrollo Social de la Alcald\u00eda de Bucaramanga. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, propiedad y protecci\u00f3n al adulto mayor, presuntamente conculcadas por la autoridad accionada en el proceso de entrega del tradente al adquirente de radicado 2015-00656. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Rene Gil Ariza y Ludis Margarita Amaris Rojas promovieron una demanda contra Rosalba Acosta de Torres, con el fin de obtener la entrega del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 300-333702, que adquirieron de la accionada mediante escritura p\u00fablica 973 del 3 de abril de 2014. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, en audiencia del 30 de enero de 2017, profiri\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones y orden\u00f3 la entrega del inmueble, decisi\u00f3n que fue revocada por el a quem el 26 de enero de 2018 y, en su lugar, se negaron las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
2.3. Inconforme con lo decidido, los demandantes -Ren\u00e9 Gil Ariza y Ludis Margarita Amaris Rojas- promovieron acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que fue fallada por esta Sala en providencia CSJ STC4272-2018 del 4 de abril de 20182, mediante la cual se concedi\u00f3 el amparo constitucional y se orden\u00f3 resolver nuevamente la apelaci\u00f3n con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso; en consecuencia, la Corporaci\u00f3n acusada emiti\u00f3 fallo el 30 de abril siguiente, confirmando la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.4. La ejecuci\u00f3n de la sentencia la asumi\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, tr\u00e1mite en el cual, entre otras actuaciones, se neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada a la diligencia de entrega propuesta por Lisbeth Yaneth, Edgar Alberto y Jos\u00e9 Fernando Torres Acosta en calidad de herederos de Alfonso Torres Jaimes el 10 de febrero de 2022, decisi\u00f3n confirmada en apelaci\u00f3n el 28 de marzo posterior. <\/p>\n
En dicha providencia, el Tribunal consider\u00f3 que la oposici\u00f3n no era procedente, porque no se acredit\u00f3 que \u00ablos opositores son terceros poseedores del inmueble [\u2026] la real pretensi\u00f3n [\u2026] es la ineficacia del contrato, por recaer sobre cosa ajena [\u2026] no se cumple con lo dispuesto en el mencionado art\u00edculo 338 del CPC para que triunfe la oposici\u00f3n\u00bb3. Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que \u00abes claro que a los hijos del se\u00f1or ALFONSO TORRES JAIMES les asiste el derecho de pretender la ineficacia del negocio jur\u00eddico (\u2026) Pero esa pretensi\u00f3n deben elevarla a trav\u00e9s de una demanda\u00bb. <\/p>\n
2.5. Con auto del 18 de julio de 2022 se fij\u00f3 el 29 de agosto siguiente para realizar la entrega del inmueble involucrado en la litis, con citaci\u00f3n previa de distintas autoridades, para realizar un Comit\u00e9 \u00abcon miras a establecer los lineamientos en los cuales se va a llevar a cabo la diligencia\u00bb. Contra esa providencia no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
2.6. El Comit\u00e9 tuvo lugar el 23 de agosto siguiente, all\u00ed se analizaron \u00ablos pormenores de la diligencia de entrega\u00bb y la apoderada de la actora solicit\u00f3 el aplazamiento de esta, manifestando que el inmueble estaba \u00abhabitado por nueve personas, de las cuales dos son menores de edad y una persona adulta mayor de 87 a\u00f1os de edad, con problemas de salud\u00bb; dicha petici\u00f3n fue negada, por cuanto lo pertinente hab\u00eda sido resuelto en el incidente de oposici\u00f3n y no exist\u00edan fundamentos facticos ni jur\u00eddicos para suspenderla. <\/p>\n
Sin embargo, adopt\u00f3 algunas medidas, tales como: i) convocar a la diligencia a la personer\u00eda municipal; ii) oficiar a la Secretar\u00eda de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga, para que realizara una valoraci\u00f3n de las personas adultas mayores que residen en el inmueble; iii) requerir al ICBF, para que efectuara una visita de un equipo sicosocial, conformado por una trabajadora social, psic\u00f3loga y nutricionista, con la finalidad de emitir un informe de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica e indicar la oferta de los programas institucionales. De otro lado, precis\u00f3 que, si los informes requeridos no se allegaban antes de la diligencia de entrega, \u00e9sta se reprogramar\u00e1, \u00abbuscando ofrecer soluciones a las condiciones de los adultos mayores y menores de edad que residen en el inmueble que garanticen su supervivencia\u00bb4. <\/p>\n
2.7. La apoderada de la accionante pidi\u00f3 suspender la diligencia de entrega, debido a la presentaci\u00f3n de la actual tutela ante el Tribunal Superior de Bucaramanga y a que el Procurador y el ICBF no hab\u00edan rendidos informes al Despacho; dicha solicitud fue atendida por el Juzgado cognoscente, por auto del 29 de agosto de los corrientes, reprogram\u00e1ndola para el 10 de octubre posterior, pero no por las razones aducidas por el representante judicial de la tutelante, sino porque no se hab\u00edan recibido los informes requeridos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretar\u00eda de Desarrollo Social de Bucaramanga. A su vez, dispuso que el 26 de septiembre se realizar\u00eda el Comit\u00e9, con el fin de establecer los lineamientos de la diligencia de entrega. <\/p>\n
2.8. Al respecto, la actora afirm\u00f3 que en el auto proferido el 28 de marzo de 2022 por el Tribunal, mediante el cual se neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada a la diligencia de entrega, se dej\u00f3 claro que \u00aba los hijos del se\u00f1or ALFONSO TORRES JAIMES les asiste derecho de pretender la ineficacia del negocio jur\u00eddico\u00bb, pues la actora dispuso de cosa ajena, debido a que el inmueble involucrado en el juicio le pertenece a la sociedad conyugal que tuvo con el se\u00f1or Torres Jaimes, oportunidad en que tambi\u00e9n se precis\u00f3 que esa pretensi\u00f3n deben elevarla a trav\u00e9s de una nueva demanda; no obstante, el Juzgado de ejecuci\u00f3n accionado program\u00f3 la entrega del inmueble, desconociendo la propiedad de sus hijos en calidad de herederos del causante y las resultas del proceso que ellos adelanten para reclamar sus derechos. <\/p>\n
De otro lado, la tutelante adujo que la orden de desalojo desconoce que es una adulta mayor, as\u00ed como el principio de solidaridad con las personas de la tercera edad y los derechos de los ni\u00f1os que habitan el lugar, raz\u00f3n por la cual reclama el apoyo de las autoridades involucradas en la diligencia de entrega, para que pueda mantener su casa o, en su defecto, que el municipio de Bucaramanga le \u00absuministre una habitaci\u00f3n digna\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se suspenda la diligencia de entrega del inmueble y se le \u00abconceda la tutela de car\u00e1cter provisional hasta tanto se resuelven las acciones\u00bb que promuevan sus hijos, en calidad de herederos de Alonso Torres Jaimes. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primeo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga respald\u00f3 la legalidad de sus actuaciones, que tienen como fin cumplir la sentencia dictada en la respectiva instancia el 30 de abril de 2018. Asever\u00f3 que ha tomado medidas a favor de la tutelante, \u00abtanto as\u00ed que en comit\u00e9 de entrega del pasado 23 de agosto de 2022 y auto de fecha 24 de agosto siguiente, se dispuso oficiar a la Secretar\u00eda de Desarrollo Social de la Alcald\u00eda Municipal de Bucaramanga y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u00bb, para que realizaran un informe de valoraci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n de las personas adultas mayores y de los ni\u00f1os que residen en el inmueble y para que determinaran la oferta de los programas institucionales que les puedan favorecer. Destac\u00f3 que, como no se hab\u00edan recibido dichos informes, procedi\u00f3 a la reprogramaci\u00f3n de la audiencia para el pr\u00f3ximo 10 de octubre 2022. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia asignada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander dio cuenta de las gestiones realizadas para el desalojo y precis\u00f3 que no se pudo realizar la verificaci\u00f3n ordenada, toda vez que \u00abno se logra ubicar\u00bb a los dos menores de edad que residen en el inmueble, sin embargo, enfatiz\u00f3 que acudir\u00e1 a la diligencia programada el 10 de octubre, en calidad de garante de los derechos de los ni\u00f1os que all\u00ed habiten, a quienes se \u00ables puede asignar un hogar sustituto\u00bb y se les brindar\u00e1 toda la atenci\u00f3n que requieran. <\/p>\n
Por su parte, la directora del ICBF-Regional Santander, dio a conocer el concepto integral rendido por el equipo interdisciplinario, tambi\u00e9n inform\u00f3 que, el 25 de agosto pasado la apoderada judicial de la accionante hizo presencia en el centro zonal Carlos Lleras Restrepo, abordando a la trabajadora social designada y solicit\u00e1ndole si \u00abpodr\u00edan colaborarnos en demorar las diligencias [que el ICBF debe] realizar, a m\u00ed me dijo la doctora Martha Mart\u00ednez que hasta que [el ICBF] hiciera las actuaciones, el embargo deb\u00eda prolongarse y no hacerse este lunes 29\u00bb; petici\u00f3n frente a la cual se indic\u00f3 que tal cosa no era posible, pues la determinaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de la diligencia no era competencia de esa Instituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el apoderado de los vinculados Rene Gil Ariza y Ludis Margarita Amaris Rojas expuso que los hechos relacionados en la acci\u00f3n de tutela ya fueron debatidos en el proceso y que debe cumplirse con la sentencia del 30 de abril de 2018 y realizar la diligencia de entrega del inmueble \u00absin m\u00e1s dilaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional clarific\u00f3, en primera medida, que el Juzgado accionado ha realizado todas las gestiones necesarias para \u00abevitar hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de los individuos que se ver\u00e1n afectados con el desalojo, dentro de los cuales se encuentran menores de edad; propiciando, adem\u00e1s, que se lleve a cabo bajo condiciones dignas, raz\u00f3n por la cual no proced\u00eda la tutela en su contra\u00bb; m\u00e1xime que su actuaci\u00f3n estaba amparada en el cumplimiento de la sentencia que orden\u00f3 la entrega del inmueble. <\/p>\n
No obstante, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, al considerar que, si bien contra el auto de julio de 2022, que fijo la fecha para realizar la diligencia de entrega del inmueble en disputa, proced\u00eda recurso de reposici\u00f3n y este no fue interpuesto, la tutelante aleg\u00f3 un perjuicio irremediable y acredit\u00f3 haber solicitado la suspensi\u00f3n de la diligencia ante el Juzgado, sin que ese requerimiento hubiera sido atendido, raz\u00f3n por la cual, aunque no exist\u00eda duda sobre la legalidad de las decisiones del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, la entrega del inmueble debe \u00abestablecer las condiciones que garanticen el debido proceso y respeto por la dignidad de la tutelante y todos aquellos que para el 10 de octubre de 2022, habiten la residencia\u00bb, esto es, 7 adultos y 2 menores de edad, que no pueden \u00abquedar a su merced, sin un techo en el cual vivir\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Alcald\u00eda de Bucaramanga, autoridad vinculada a la tutela, llevar a cabo una visita en la vivienda, con el fin de informar a sus habitantes sobre la oferta institucional que el municipio les puede suministrar en materia de vivienda, tanto en t\u00e9rminos de subsidio de arriendo como para adquisici\u00f3n de vivienda nueva o usada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la promotora, insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el escrito inicial. Asimismo, reclam\u00f3 que el amparo otorgado a su favor debe extenderse, para que la diligencia de entrega no se realice \u00abhasta el momento en que el municipio de Bucaramanga proteja mis derechos y como consecuencia la entrega de mi vivienda sea como se sugiere otorgando los valores o entreg\u00e1ndome un inmueble\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que, en este caso, proced\u00eda la salvaguarda propuesta contra providencia judicial, espec\u00edficamente, \u00abla acci\u00f3n de tutela contra tutela\u00bb, porque la decisi\u00f3n de esta Sala (CSJ STC4275-2018), \u00abdej\u00f3 sin efecto la sentencia judicial dejo (sic) de observar que el predio cuya entrega se orden\u00f3 es indiviso circunstancia que el juzgado que la decret\u00f3 no ha tenido en cuenta [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la promotora pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado por el Juzgado censurado el 18 de julio de 2022, que fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la entrega del inmueble, pues considera que no se puede desconocer la propiedad de los herederos de Alfonso Torres Jaimes, ni su condici\u00f3n de adulto mayor, ni las garant\u00edas de los ni\u00f1os que habitan el bien en disputa, razones por las cuales no puede ser desalojada de su vivienda. <\/p>\n
2. En primer lugar, observa la Sala que, frente al auto del 18 de julio pasado, publicado en el estado electr\u00f3nico 118 del 19 de julio siguiente, que fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la entrega del inmueble, la actora no interpuso recurso; tampoco recurri\u00f3 la providencia del 29 de agosto de 2022, notificada por estado electr\u00f3nico 142 del 30 de agosto, por la cual el Juzgado accionado neg\u00f3 la suspensi\u00f3n de la diligencia reclamada por la apoderada de la actora y la reprogram\u00f3 para el 10 de octubre de 2022, en raz\u00f3n a que no hab\u00edan sido aportados los informes requeridos a la Secretar\u00eda de Desarrollo Social Bucaramanga y al ICBF, en procura de ofrecer soluciones a las condiciones de los adultos mayores y menores de edad que residen en el inmueble que garanticen su supervivencia. <\/p>\n
Las omisiones aludidas imposibilitan el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias y, por tanto, la tutela es improcedente. Al respecto, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
El accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas\u2026 (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. En segundo orden, respecto de la pretensi\u00f3n de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble, hasta tanto se adelanten unos procesos por parte de sus hijos, para reclamar la propiedad del inmueble en disputa o hasta tanto las autoridades administrativas competentes le asignen una vivienda y garanticen sus derechos, se advierte que lo pretendido no es procedente, pues, como lo ha indicado la Sala, no es viable acudir a este mecanismo excepcional, para suspender o invalidar una actuaci\u00f3n que se sustenta en una sentencia judicial que ha cobrado fuerza ejecutoria. <\/p>\n
En efecto, en el presente asunto, el juicio promovido por Rene Gil Ariza y Ludis Margarita Amaris Rojas contra Rosalba Acosta de Torres finaliz\u00f3 con sentencia emitida en segunda instancia el 30 de abril de 2018, que confirm\u00f3 la de primera instancia proferida el 30 de enero de 2017, en la cual se dispuso: <\/p>\n
ORDENAR a la tradente demandada ROSALBA ACOSTA DE TORRES, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, entregue el bien inmueble (\u2026) identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-333708 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga, a los adquirentes demandantes RENE GIL ARIZA y LUDIS MARGARITA AMARIS ROJAS. En caso de incumplimiento se comisiona a la SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL E INSPECCIONES CIVILES MUNICIPALES COMISORIAS DE BUCARAMANGA, para efectos de la entrega a los demandantes RENE GIL ARIZA y LUDIS MARGARITA AMARIS ROJAS del inmueble\u2026 <\/p>\n
Ante situaciones como la descrita, la Sala ha se\u00f1alado que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues <\/p>\n
La tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (Ver cita en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC038-2020). <\/p>\n
3.1. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable aducido por la promotora y derivado de la orden de entrega emitida en cumplimiento de un fallo ejecutoriado, esta Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales [\u2026]. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales. (Ver cita en CSJ STC7979-2016, CSJ STC638-2017 y en CSJ STC038-2020). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
pese a que no se desconoce las dificultades que ello pueda representar a nivel personal y familiar, no es circunstancia que, individualmente considerada, tenga la potencialidad de enervar el cumplimiento de la actuaci\u00f3n judicial, m\u00e1xime si se tiene en cuenta, como ya se puntualiz\u00f3, que se trata de una determinaci\u00f3n que corresponde al final de un proceso judicial tramitado legalmente, y que desde la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 la continuidad de la ejecuci\u00f3n \u2013 15 de marzo de 2017 \u2013 transcurrieron algo m\u00e1s de dos a\u00f1os, tiempo suficiente para que la interesada gestionara la soluci\u00f3n a la circunstancia que plantea (Se subraya, CSJ STC038-2020). <\/p>\n
De manera que no es posible, a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, dejar sin efectos una sentencia que ha cobrado fuerza ejecutoria y que fue emitida hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, m\u00e1xime que ha trascurrido un tiempo bastante considerable para que la promotora hubiera gestionado los apoyos que reclama en esa instancia. <\/p>\n
3.2. Lo relativo a la presencia de menores de edad en el inmueble objeto de la entrega tampoco es suficiente para desconocer la legalidad de la sentencia dictada el 30 de abril de 2018 ni para suspender las \u00f3rdenes all\u00ed emitidas, toda vez que, como ya lo ha definido la jurisprudencia de esta Sala: <\/p>\n
los privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (CSJ STC 1\u00ba ago. 2011, rad. 00769-01, criterio reiterado en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC638-2017). <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad comisionada realice todas las actuaciones correspondientes o que considere necesarias para proteger a los menores de edad en el desarrollo de la diligencia de entrega, lo cual se viene garantizando, pues, como se advirti\u00f3, el Juzgado ejecutor ha adoptado medidas, tales como, convocar a la personer\u00eda municipal y al ICBF para la diligencia y requerir a este \u00faltimo y a la Alcald\u00eda de Bucaramanga, para que, con el equipo id\u00f3neo, realicen visitas y valoren a las personas que residen en el lugar, ofreciendo, para el caso de los ni\u00f1os y por parte del ICBF los programas o resguardo pertinentes, s\u00ed es necesario, entre otras acciones log\u00edsticas para el desarrollo normal de la entrega del bien ordenada y, por tanto, no hay lugar a conceder la tutela. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que la Sala ya se pronunci\u00f3 sobre la orden de entrega del tradente al adquirente, al resolver otra acci\u00f3n constitucional promovida por la tutelante, Rosalba Acosta de Torres, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y cuyo fin era dejar sin efectos la sentencia dictada el 30 de abril de 2018, oportunidad en la cual se concluy\u00f3: <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Magistratura demandada resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada contra el fallo de 30 de enero de 2017, que accedi\u00f3 a las pretensiones dentro del juicio verbal de entrega de tradente al adquirente, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que, contrario a lo alegado por la quejosa, el Tribunal s\u00ed abord\u00f3 cada uno de los planteamientos expuestos en la sustentaci\u00f3n de la \u00abalzada\u00bb\u2026 <\/p>\n
\u2026repasada la audiencia en la que fue zanjada la apelaci\u00f3n, donde el Tribunal atendi\u00f3 lo ordenado por esta Sala en la sentencia de tutela STC4272-2018, ciertamente se contuvo a los reparos desarrollados en el recurso y absolvi\u00f3 la totalidad de ellos, contrario a lo alegado por la actora, adem\u00e1s, lo resuelto se advierte como un leg\u00edtimo ejercicio de interpretaci\u00f3n de la situaci\u00f3n controvertida, soportada en los elementos de juicio revisados en dicho tr\u00e1mite\u2026 <\/p>\n
Ahora, el que la querellante discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite\u2026 <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. (CSJ STC12103-2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que, respecto de la sentencia judicial que result\u00f3 desfavorable a los intereses de la actora, se surti\u00f3 un tr\u00e1mite constitucional previo, en el cual se estableci\u00f3 que la determinaci\u00f3n no vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, raz\u00f3n por la cual se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, dado que el asunto ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional5 y, en consecuencia, no hay raz\u00f3n alguna para impedir que aquella se materialice, cuesti\u00f3n que est\u00e1 a cargo del Juzgado accionado, el cual, como se indic\u00f3, ha venido adoptado las medidas pertinentes proteger a la accionante y a los ni\u00f1os que residen en el inmueble. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, advierte la Sala que, en sede de impugnaci\u00f3n, la actora cuestion\u00f3 el fallo constitucional CSJ STC4272-2018 del 4 de abril de 2018, por el cual esta Sala dej\u00f3 sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de enero de 2018 por el Tribunal entonces accionado y orden\u00f3 volver resolver la apelaci\u00f3n interpuesta; no obstante, ning\u00fan pronunciamiento se emitir\u00e1 en torno a dicho reproche, toda vez que corresponde a un hecho nuevo, que no fue la base fundacional de esta petici\u00f3n de amparo constitucional, pues la tutela se formul\u00f3 en contra las actuaciones realizadas por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n, para realizar la entrega ordenada en la sentencia ordinaria que resolvi\u00f3 el asunto y no contra esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ni con el fin de dejar sin efectos la referida providencia. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo explicado en precedencia, se impone revocar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, NEGAR el amparo constitucional invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rene Gil Ariza, Ludis Margarita Amaris Rojas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional Santander. <\/p>\n
3\u0002 Pdf 18SalaCivilFamilia. Carpeta C05Principal. <\/p>\n
4\u0002 Estas determinaciones quedaron consignadas en el auto del 24 de agosto siguiente. <\/p>\n