STC14855-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14855-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03640-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por E. Y. B.G, en nombre propio y aduciendo la representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad, M.P.B., R.S y J.C.G.B1, frente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y los Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito y Primero Promiscuo Municipal, ambos de Monterrey -Casanare. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes e interesados en la acci\u00f3n de tutela de radicado 8516231890022022000782. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, m\u00ednimo vital y salud mental, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas en la acci\u00f3n de tutela de radicado 851623189002202200078. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que la gestora promovi\u00f3 la mencionada acci\u00f3n constitucional frente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido en su contra y de L.C.G.M por E.G.M. de radicado 2020-00061-00, para que se protegieran sus derechos fundamentales, por cuanto esa autoridad judicial, al emitir el fallo del 8 de abril de 2022, no tuvo en cuenta que el contrato de arrendamiento del 1\u00ba de marzo de 2010 fue suscrito \u00fanicamente por L.C.G. -arrendatario- y E.G. -arrendador-, entre otras circunstancias. <\/p>\n
El 10 de mayo del presente a\u00f1o, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Monterrey neg\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey estuvo suficiente y razonadamente sustentada, por lo que no evidenci\u00f3 un actuar caprichoso o antojadizo, ni una v\u00eda de hecho que tornara imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
El 13 de junio de 2022, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en virtud de que la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey no adoleci\u00f3 de defecto alguno, de manera que consider\u00f3 \u00abque la inconformidad alegada por la recurrente obedece a una mera discrepancia con el criterio adoptado por el estrado encartado\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 que la presente acci\u00f3n procede en contra de las sentencias de tutela aludidas, porque \u00abson un fraude a la ley\u00bb e inobservan \u00ablas reglas de valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoquen los fallos dictados por el Tribunal y el Juzgado del Circuito accionados en la acci\u00f3n de tutela 2022-00078 y, en su lugar, se ordene \u00abrehacer el fallo dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Yopal respald\u00f3 la legalidad de la sentencia constitucional, porque se soport\u00f3 en la normativa aplicable y en jurisprudencia relacionada y se motiv\u00f3 \u00abde forma razonada y suficiente\u00bb, am\u00e9n de la improcedencia de \u00abla acci\u00f3n de tutela contra decisiones de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Monterrey sostuvo que su decisi\u00f3n se profiri\u00f3 \u00abatendiendo la normatividad sustancial y procesal vigente, aplicable para el caso sub-judice, encontr\u00e1ndose que la decisi\u00f3n se ajusta al margo legal que regula el tr\u00e1mite, sin que se avizore que la determinaci\u00f3n tomada por este Despacho sea violatoria de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. E.G.M. -vinculado- descorri\u00f3 el traslado a trav\u00e9s de apoderada, oponi\u00e9ndose a las pretensiones de la accionante, manifestando que en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble la actora cont\u00f3 con las oportunidades procesales para ejercer su defensa y solicit\u00f3 negar la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con ocasi\u00f3n de los fallos dictados en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00078, pues, en su criterio, no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas y los hechos expuestos. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de la tutela para refutar sentencias o actuaciones de la misma \u00edndole, puesto que, para ello, existen otros mecanismos, como la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional, dado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00, retirada recientemente en CSJ STC12945-2022). <\/p>\n
De lo anterior se sigue que esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las presuntas deficiencias que se adviertan en esas actuaciones, puesto que permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, en este caso, el fallo de tutela cuestionado no ha surtido el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues la tutela debatida, seg\u00fan informe remitido por la Secretar\u00eda del Tribunal de Yopal, fue remitida por el aplicativo TYBA el 26 de junio de 20223 a la Corte Constitucional, de manera que, como lo ha sostenido la Sala en asuntos similares, la censora, \u00absi lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello\u00bb4, de manera que la interesada cuenta con otros mecanismos de defensa, para rebatir la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda ataca. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, solo en particulares situaciones es procedente la tutela dirigida contra decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre que, habi\u00e9ndose agotado los dem\u00e1s mecanismos de revisi\u00f3n, se advierta que las sentencias fueron producto de un hecho de fraude. Al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
En ese orden, se advierte que, adem\u00e1s de existir otro medio de defensa, referente a la eventual revisi\u00f3n y solicitud de insistencia, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que la decisi\u00f3n atacada se hubiera proferido como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, pues el reclamo expuesto se sustenta en un disentimiento frente a lo resuelto en forma adversa a los intereses de la parte accionante, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
3. Por las razones antes anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 L.C.G.M, E.G.M y la Alcald\u00eda Municipal de Monterrey -Casanare-. <\/p>\n
3\u0002 De conformidad con el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, \u00abLos informes se consideran rendidos bajo juramento\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00, postura reiterada, entre otras, en CSJ STC6763-2020 y en CSJ STC6424-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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