STC14856-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14856-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2022-00109-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de septiembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilfredo Pardo Herrera contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se declare \u00abla nulidad constitucional del auto 146 del de 06 de julio de 2022 por sobrepasar el t\u00e9rmino establecido en el C.G.P. para que se fijara audiencia dentro del t\u00e9rmino legal para hacerse\u00bb; as\u00ed como \u00abla p\u00e9rdida de competencia de Juez\u2026 por estar encuadrada dicha causal dentro de los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 121 del C.G.P…\u00bb; se ordene \u00abremitir el expediente a quien corresponda para este en un tiempo de 48 horas fije fecha para adelantar audiencia dentro del t\u00e9rmino establecido por el C.G.P.\u00bb; que se compulsen copias a \u00abla Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investigue las presuntas conductas t\u00edpicas antijur\u00eddicas que se est\u00e9n presentan en esta suspensi\u00f3n nueva fecha para audiencia\u00bb y al Consejo Superior de la Judicatura \u00abpara que se investigue las presuntas conductas disciplinarias en las que puedan estar incurriendo el abogado de la parte demandada y los funcionarios judiciales en esta suspensi\u00f3n nueva fecha para audiencia\u00bb; y se requiera a Migraci\u00f3n Colombia \u00abpara que informe sobre la veracidad de la salida del pa\u00eds del se\u00f1or Am\u00e9rico Ortega\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Wilfredo Pardo Herrera promovi\u00f3 juicio de pertenencia contra Jairo Jos\u00e9 Morales, la sociedad Ortega Orozco & C\u00eda., Am\u00e9rico Ortega, Rafael Antonio Ib\u00e1\u00f1ez y personas indeterminadas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 14 de diciembre de 2021 se dispuso fijar para el 8 de julio de 2022 la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso; y en prove\u00eddo de 6 de julio de 2022 el estrado acusado dispuso que ante la excusa fundada del demandado Am\u00e9rico Ortega, quien tambi\u00e9n acud\u00eda como representante de la sociedad Ortega Orozco, por ser necesario continuar con el tr\u00e1mite que correspond\u00eda, proced\u00eda a se\u00f1alar nueva fecha el 29 de julio de 2022 (data en la que se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial). <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el gestor que despu\u00e9s de solicitar el impulso procesal y advertir sobre la p\u00e9rdida de competencia por la demora en fijar la fecha de la audiencia de que trataba el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se fij\u00f3 el d\u00eda 8 de julio de 2022 para llevar a cabo la misma. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que su apoderado pidi\u00f3 el canal digital para el acceso a la diligencia y el representante legal de la empresa demandada solicit\u00f3 su aplazamiento aduciendo que por situaciones laborales ten\u00eda que viajar a Nueva York; y que el juzgador acusado accedi\u00f3 a dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que la suspensi\u00f3n deb\u00eda fundarse en razones de peso, no por el capricho de la parte, pues en el memorial no se indicaba cual era el motivo laboral, m\u00e9dico o de fuerza mayor; y que se fij\u00f3 nueva fecha para el 29 de julio de 2022, empero, de acuerdo con el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso la audiencia se deb\u00eda celebrar en los 10 d\u00edas siguientes, esto es, el 26 de julio. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que exist\u00eda una omisi\u00f3n del despacho censurado al aceptar la excusa que no ten\u00eda sustento, siendo \u00abevidente que esto ya estaba cuadrado, pues como es que el abogado del demandado remite un memorial absurdo e inmediatamente se le registra en la rama\u00bb; y que se deb\u00eda analizar si el abogado y el demandado estaban manipulando con mentiras al juez, siendo menester la compulsa de copias para investigar las presuntas conductas antijur\u00eddicas. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Oscar Iv\u00e1n Montoya Escarria, quien dice actuar en como agente oficioso de Jairo Jos\u00e9 Morales Viera y Am\u00e9rico Ortega, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no demostrar los supuestos que validaran su proceder en dicha calidad, ni aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira refiri\u00f3 que no se advert\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno; que se estaba a lo resuelto en sus decisiones, las que se enmarcaron dentro de una valoraci\u00f3n legal e incluso ya se hab\u00edan analizado dichos aspectos en otras acciones constitucionales que fueron denegadas; que en prove\u00eddo de 6 de julio de 2022 atendi\u00f3 la excusa presentada con anterioridad a la audiencia inicial y se\u00f1al\u00f3 nueva fecha; que si bien no atendi\u00f3 de manera estricta los diez d\u00edas previstos en la ley en virtud de la agenda de audiencias previamente programadas, adem\u00e1s de las acciones constitucionales, lo cierto era que la diferencia con la nueva data era de tres d\u00edas, que ser\u00edan los mismos de la ejecutoria, lo que no ameritaba un reproche de dicha magnitud, en t\u00e9rminos \u00abdesobligantes e irrespetuosos\u00bb, mas cuando lo pretendido era la asignaci\u00f3n de una fecha, la que desde el inicio correspond\u00eda a la m\u00e1s cercana posible; que contrario a los se\u00f1alamientos del gestor, en el asunto solamente se integr\u00f3 a la totalidad del extremo pasivo el 8 de octubre de 2021, por lo que resultaba apresurado invocar la p\u00e9rdida de competencia de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; que la tutela no era una instancia adicional; y que no exist\u00eda una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. Bernardo Avalo Salguero, curador ad-litem de Rafael Antonio Ib\u00e1\u00f1ez, adujo que no se opon\u00eda a las pretensiones si se probaban todos los hechos de la tutela; y que se acoger\u00eda a la verdad que aflorara del proceso. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que Am\u00e9rico Ortega, previa realizaci\u00f3n de la audiencia inicial, solicit\u00f3 su aplazamiento, aportando como prueba sumaria los pasajes a\u00e9reos, para efectuar diligencias de car\u00e1cter laboral, conforme lo dispone el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso y el Juzgado consider\u00f3 una justa causa para hacer el \u00fanico aplazamiento permitido y reprogramar la audiencia; que era el juez natural el primer llamado a evaluar si las circunstancias expuestas por el memorialista eran susceptibles de encajar dentro de uno u otro concepto, decisi\u00f3n tomada bajo la sana critica, lo que en principio, era intocable en tutela, salvo demostraci\u00f3n de yerro manifiesto; que sobre la solicitud de declarar la perdida de competencia del juez por incurrir en la causal prevista en el art\u00edculo 121 \u00eddem, era la parte la que deb\u00eda solicitarlo al interior del proceso, exponiendo las razones que considerara pertinentes, teniendo en cuenta la sentencia T-341 de 2018; que frente a la pretensi\u00f3n de que se declarara la nulidad del auto de 6 de julio, advert\u00eda que el accionante no la hab\u00eda elevado ante el despacho criticado, por lo que no cumpl\u00eda con la subsidiariedad; y que no encontraba motivos para compulsar copias para una eventual investigaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que los t\u00e9rminos del C\u00f3digo General del Proceso eran perentorios; que las excusas deb\u00edan ser fundadas, pero la misma se present\u00f3 el d\u00eda anterior a la audiencia programada desde diciembre de 2020; y que se deb\u00eda establecer si Am\u00e9rico Ortega realmente sali\u00f3 del pa\u00eds. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia criticada de 6 de julio de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Ante la excusa fundada presentada por el apoderado judicial del demandado AMERICO ORTEGA, quien tambi\u00e9n acude al proceso como representante legal de la entidad demandada; SOCIEDAD ORTEGA OROZCO & CIA S. en C., y por ser necesario para continuar con el tr\u00e1mite que en derecho corresponde su comparecencia, se proceder\u00e1 a se\u00f1alar nueva fecha para agotar la audiencia inicial convocada, con estricta observancia de lo dispuesto en providencia del pasado 14 de diciembre de 2021. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA, RESUELVE <\/p>\n
FIJAR el d\u00eda 29 de julio de 2022, a las 9:00 a.m. para realizar la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual se llevar\u00e1 a cabo a trav\u00e9s de la plataforma tecnol\u00f3gica Microsoft Teams, Life Size o en su defecto de manera presencial en las instalaciones del despacho, dando cumplimiento a las normas de bioseguridad establecidas\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. De otro lado, se destaca que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de la queja atinente a la nulidad por p\u00e9rdida de competencia alegada, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad esta Sala, al resolver la tutela primigenia formulada por el gestor, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Lo propio ha de decirse en relaci\u00f3n con la alegada p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino para dictar sentencia, prevista en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso1, por cuanto es ante el juzgador de la causa donde debe formularse la respectiva solicitud debidamente sustentada, a fin de provocar el estudio de la cuesti\u00f3n, por parte del fallador competente\u2026 (CSJ STC1705-2021, 25 feb., rad. 2020-00221-01). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
5. Finalmente, se advierte frente a la solicitud de compulsa de copias, que si el gestor considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n
Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses. La remisi\u00f3n del expediente se har\u00e1 directamente, sin necesidad de reparto ni participaci\u00f3n de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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