STC14857-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14857-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03659-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la sociedad Corporaci\u00f3n Cer\u00e1mica S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2018-00074-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Las sociedades Materiales EMO S.A.S. y la tutelante demandaron en proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual a la compa\u00f1\u00eda Colombiana de Cer\u00e1mica S.A.S. \u2013Colcer\u00e1mica-, con el fin de que \u00abse declare a [la demandada] civilmente responsable de los perjuicios causados a [las demandantes], en virtud de la medida cautelar que solicitara al interior del proceso de infracci\u00f3n a los derechos de propiedad industrial dentro del radicado No.13-223810, proceso que se adelant\u00f3 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, donde las pretensiones de la sociedad Colcer\u00e1mica fueron desestimadas e infundadas\u00bb. En consecuencia, requieren que se condene a \u00ab[la demandada] al pago a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios materiales a favor de Materiales EMO, por la suma de [\u2026] $1.603.594.744\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abse le condene al pago de perjuicios sufridos por Corporaci\u00f3n Cer\u00e1mica S.A. por la imposibilidad de vender y comercializar el producto sanitario marca FRESH [\u2026], en suma, equivalente a [\u2026] $2.342.676.862\u00bb. As\u00ed las cosas, como juramento estimatorio indicaron \u00abla suma [\u2026] $3.946.271.606\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con sentencia del 18 de agosto de 2021, resolvi\u00f3 \u00abdeclarar que la sociedad demandada [\u2026] es responsable civilmente por los da\u00f1os causados con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso No. 2013-0223810 que curs\u00f3 en la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio\u00bb. Y, conden\u00f3 al pago por \u00abda\u00f1o emergente: $213.180.000 [\u2026] lucro cesante: $4.847.040 [\u2026] lucro cesante por no haberse podido comercializar los productos sanitarios fresh durante el tiempo de la medida cautelar, [\u2026] la suma de $845.026.626\u00bb2. <\/p>\n
Inconformes con lo determinado, ambos extremos en litis impetraron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 -con fallo del 10 de agosto de 2022- decidi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad\u00bb3. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, la entidad gestora, por v\u00eda de tutela, aduce que los fundamentos del prove\u00eddo cuestionado \u00abfueron diferentes a los planteados por el a quo, dado que pese a reconocer que la relaci\u00f3n entre Corporaci\u00f3n Cer\u00e1mica y Materiales EMO, no era societaria (matriz-filial), sino contractual (fabricante-distribuidor), indic\u00f3 que no podr\u00edan extenderse los efectos de la declaratoria de responsabilidad a Corporaci\u00f3n Cer\u00e1mica por el hecho que hubiese dejado de percibir ingresos derivados de la medida cautelar decretada por la SIC, dado que no fue la destinataria de dicha medida y que la misma se dirigi\u00f3 exclusivamente contra materiales EMO\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, considera que se incurri\u00f3 en defecto procedimental por cuanto se vulner\u00f3 el principio de congruencia \u00abal negar la declaratoria de responsabilidad civil y consecuentemente la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos por Corporaci\u00f3n Cer\u00e1mica con el absurdo argumento que el \u00fanico legitimado para la reclamaci\u00f3n del mismo es el destinatario de las medidas cautelares que para este caso fue la sociedad materiales EMO, cuando fue un tema nunca debatido por las partes y la demandada Colcer\u00e1mica hab\u00eda admitido en las diferentes etapas procesales su responsabilidad frente al da\u00f1o sufrido por las dos sociedades demandantes\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se \u00abdeje parcialmente sin efecto la providencia del 10 de agosto de 2022\u00bb. En consecuencia, se \u00abordene proferir una nueva decisi\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado indic\u00f3 que lo resuelto \u00abno devela que la actuaci\u00f3n que [se] adelant\u00f3 sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho, por el contrario, obedecen a su inter\u00e9s particular en reanudar el debate de una controversia que ya se resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de la providencia de 10 de agosto de 2022\u00bb4. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio manifest\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva toda vez que las presuntas violaciones denunciadas [\u2026] son ajenas al actuar\u00bb de esa autoridad5. <\/p>\n
3. La sociedad Colcer\u00e1mica S.A.S. se\u00f1al\u00f3 que lo errores en la valoraci\u00f3n probatoria \u00abno son los que se se\u00f1ala la sociedad demandante, sino los derivados de la ausencia de valoraci\u00f3n de la prueba pericial con la contestaci\u00f3n de la demanda para controvertir el dictamen presentado por la corporaci\u00f3n cer\u00e1mica con la demanda\u00bb6. <\/p>\n
4. la entidad Materiales EMO S.A.S. solicit\u00f3 que se reconozca que el juzgador colegiado vulner\u00f3 los derechos al debido proceso y a la reparaci\u00f3n integral por cuanto \u00ablos mismos se encontraban claramente acreditados en el proceso\u00bb7. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la tutelante, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 10 de agosto de 2022, con la cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. Ello pues, estima que los falladores de instancia incurrieron en defecto procedimental por cuanto se vulner\u00f3 el principio de congruencia, ya que analiz\u00f3 los reparos que no fueron objeto de debate. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ha de tenerse en cuenta que la sociedad actora no present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n adoptada el 10 de agosto de la presente anualidad, pues en concordancia con los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso, en dicha sede es posible discutir el asunto rebatido a trav\u00e9s del presente resguardo8. Por lo tanto, la entidad gestora tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas propias del tr\u00e1mite ordinario-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa estipulados al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. En un asunto de similar temperamento, la Corte sostuvo que <\/p>\n
Se advierte el fracaso del resguardo por carecer del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto los actores contaron con la posibilidad de discutir el tema aqu\u00ed reprochado en sede de casaci\u00f3n a voces de lo establecido en los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso, empero no lo hicieron, situaci\u00f3n que le cierra el paso a este instrumento residual (STC999-2021). <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 206 a 247 del archivo PDF \u00ab07CuadernoPrincipal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 740 a 741. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab14SEntenciaSegundaInstancia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de octubre de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de octubre de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 26 de octubre de 2022. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 27 de octubre de 2022. <\/p>\n
8\u0002 En efecto, se evidencia que el inter\u00e9s para recurrir se encontraba cumplido, dado que la reparaci\u00f3n reclamada en el escrito inicial, resultaba, por un lado, cercana a los 1.600 S.M.L.M.V. y por otro 2.600 S.M.L.M.V., lo cual, superaba con suficiencia la cuant\u00eda legalmente exigida para acceder a la casaci\u00f3n, que corresponde a 1.000 S.M.L.M.V. <\/p>\n
Esta Sala ha considerado que uno de los presupuestos de procedibilidad para otorgar el referido recurso extraordinario, \u201cse encuentra en el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo refiere el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se determina por el monto de los perjuicios que la sentencia ocasiona al tutelante, estimados al momento en que \u00e9sta se profiere\u201d. <\/p>\n
\u201cDicho inter\u00e9s, por tanto, est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, vale decir a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo, aunque, valga expresarlo, cuando la sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma (CSJ AC, 28 Agosto 2012, Rad. 01238-00), siendo imperativo someterse a los par\u00e1metros que el aludido escrito establece\u201d (CSJ STC de 6 de julio de 2010, Exp. 2010-00241-01. Reiterada en STC999-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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