STC14859-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14859-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02665-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rodrigo de Jes\u00fas Madrigal \u00c1lzate contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2016-00449-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Yessi Seleni Morales V\u00e1squez interpuso demanda verbal en contra del tutelante y Ros\u00e1ngela Madrigal \u00c1lzate, con el fin de que se declare la \u00abnulidad absoluta de la venta protocolizada mediante escritura p\u00fablica No. 307 del 2 de marzo de 2015 protocolizada ante la Notar\u00eda Novena de Medell\u00edn y que fuere a favor de Luis Alfredo Vel\u00e1squez Rojo, por parte de [los demandados], ello por haber omitido las formalidades que determina la ley para estos casos como es la de no haber firmado la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite [demandante], la escritura y por falta de causa en el negocio jur\u00eddico, como falta de precio [\u2026]\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con sentencia del 12 de diciembre de 2018, resolvi\u00f3 declarar \u00abque la compraventa vertida en la escritura p\u00fablica No. 307 del 2 de marzo de 2015 de la Notar\u00eda Novena de Medell\u00edn, en lo referente al 50% que dispone el se\u00f1or Rodrigo de Jes\u00fas Madrigal \u00c1lzate en favor de Luis Alfredo Rojo es absolutamente simulada; en consecuencia, se ordena que el 50% proindiviso del bien inmueble objeto de la aludida escritura, vuelva al patrimonio del demandado Rodrigo de Jes\u00fas Madrigal \u00c1lzate\u00bb. <\/p>\n
Inconformes con lo determinado, ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo2. <\/p>\n
2.3. La Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 10 de diciembre de 2019- dispuso \u00abdeclarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado de la parte demandada, ello, ante su no comparecencia a la audiencia\u00bb. Y, acept\u00f3 \u00abel desistimiento que del recurso de apelaci\u00f3n efect\u00faa el apoderado de la parte demandante\u00bb3. <\/p>\n
2.4. Frente al tr\u00e1mite, el gestor manifiesta que interpuso queja disciplinaria en contra de quien fue su abogado, por cuanto \u00abno asisti\u00f3 a la audiencia celebrada ante el Tribunal [\u2026] de Medell\u00edn del caso 00449-03 [\u2026] del 10 de diciembre de 2019 y tampoco contest\u00f3 la demanda [\u2026] seg\u00fan el caso 408-00 [\u2026]\u00bb. Denuncia que fue resuelta por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con fallo del 30 de junio de 2022, en la que se determin\u00f3 \u00abdeclarar disciplinariamente responsable al abogado Norman Alexander Agudelo Naranjo\u00bb. En consecuencia, se le impuso sanci\u00f3n de \u00ab4 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n y multa de 2 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para el a\u00f1o 2020, en favor del Consejo Superior de la Judicatura [\u2026]\u00bb4. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, el actor, por v\u00eda de tutela, anota que la decisi\u00f3n de la autoridad disciplinaria es \u00abun hecho sobreviniente que demuestra la vulneraci\u00f3n de [su] derecho fundamental a tener un debido proceso justo y equilibrado\u00bb. Por lo tanto, requiere que se \u00abrestituya y se tenga en cuenta las pruebas presentadas acorde a las leyes y jurisprudencia y que el Juzgado 11 Civil no siga fallando por v\u00edas de hecho o porque las cosas le parecen, por si se analizan de forma correcta las pruebas expuestas en esa tutela el resultado del juicio debe ser contrario al que dict\u00f3 dicho Juzgado [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
De cara al auto proferido por el Tribunal de Medell\u00edn \u2013el 10 de diciembre de 2019-, se\u00f1al\u00f3 que este vulner\u00f3 su prerrogativa a la igualdad, dado que no se le declar\u00f3 desierta la alzada a su contraparte, aun cuando tampoco asisti\u00f3 a la audiencia programada para sustentar la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que: (i) \u00abse acepte la prueba del giro bancario y que se considere la uni\u00f3n de [su] hermana Ros\u00e1ngela Madrigal \u00c1lzate y Luis Alfredo Vel\u00e1squez Rojo como una persona jur\u00eddica. Con ambos hechos se demuestra que hubo pago anticipado de la propiedad con dicho giro bancario, por tanto, el juicio debe ser contrario a la Sentencia del Juzgado 11\u00bb. (ii) se anule \u00abla demanda por ser inocua debido a que la demandante para la fecha del 2 de marzo de 2015 no ten\u00eda m\u00e9rito jur\u00eddico para demandar\u00bb. (iii) que las costas originadas \u00aben el proceso sean trasladadas a [su] ex abogado [\u2026] por incumplir su mandato constitucional de defender a un usuario dentro de los t\u00e9rminos de ley\u00bb. Y, (iv) se reconsidere el \u00abampar[o] de pobreza [pues] no se le debi\u00f3 conceder a la parte demandante [\u2026]\u00bb5. <\/p>\n
4. En el presente asunto, los magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y el suscrito manifestaron su impedimento para conocer de la presente acci\u00f3n constitucional \u2013con fundamento en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, por cuanto previamente conocieron de un resguardo sustentado bajo similares pretensiones \u2013STC9335-2020-. Sin embargo, con prove\u00eddo del 13 de octubre de la presente anualidad \u2013ATC1537-2022- no se aceptaron los impedimentos formulados. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas pretensiones incoadas por el accionante desbordan el \u00e1mbito constitucional, am\u00e9n que no se observa que se haya hecho una interpretaci\u00f3n contraria a la Constituci\u00f3n o tan siquiera una insuficiente sustentaci\u00f3n o justificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n que afecte los derechos fundamentales de defensa o debido proceso del actor de la presente tutela\u00bb6. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Medell\u00edn relat\u00f3 lo acontecido al interior del juicio sub judice y remiti\u00f3 el enlace virtual para la revisi\u00f3n del expediente respectivo7. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n del auto dictado el 10 de diciembre de 2019, que declar\u00f3 desierto el remedio de alzada formulado. Ello, por cuanto su abogado no se present\u00f3 a la audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso ante el Tribunal querellado, raz\u00f3n por la que, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con fallo del 30 de junio de 2022, lo declar\u00f3 disciplinariamente responsable. Circunstancia que, considera el censor, resulta sobreviniente para que sea revisado su caso. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional -de cara a las pretensiones expuestas por el censor-. Ello, toda vez que las inconformidades aducidas ya fueron objeto de debate constitucional. En efecto, esta Sala con prove\u00eddo del 29 de octubre de 2020 \u2013STC9335-2020-8, luego de analizar los presupuestos de procedencia de las acciones de tutela y los aspectos de fondo de las mentadas providencias, resolvi\u00f3 denegar el amparo solicitado. Para ello, consider\u00f3 que: <\/p>\n
En el presente asunto se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la \u00faltima decisi\u00f3n en el marco del proceso verbal de simulaci\u00f3n antes citado fue proferida por el Tribunal de Medell\u00edn el 10 de diciembre de 2019, con que se declar\u00f3 desierto por falta de sustentaci\u00f3n, el mecanismo vertical presentado contra la sentencia de primera instancia; y, en el juicio para obtener la declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho en comento, la \u00faltima determinaci\u00f3n data del 25 de agosto de 2017, con que, por conciliaci\u00f3n entre las partes, el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, mientras la salvaguarda constitucional s\u00f3lo fue presentada hasta el pasado 9 de octubre (expediente en versi\u00f3n digital, archivo \u00abacta de reparto\u00bb), es decir, transcurridos diez (10) meses, y, tres (3) a\u00f1os y un (1) mes, respectivamente, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar las actuaciones procesales y la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro del proceso de simulaci\u00f3n, as\u00ed como el que supuestamente no se le permiti\u00f3 contestar la demanda para declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, al ser evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con las fechas de las decisiones con que finalizaron los mismos, queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n para que hasta ahora aquel considere lesionadas sus prerrogativas superiores debido a tal actividad desplegada por los estrados accionados [\u2026]. <\/p>\n
Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, observa la Corte que la determinaci\u00f3n criticada al Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, consistente en haber declarado desierto el recurso vertical presentado contra el fallo del a quo por ausencia de sustentaci\u00f3n ante esa instancia, se soport\u00f3 en argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico, pues, tal y como lo estableci\u00f3 el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional en la sentencia SU-418 de 2019, \u00abuna determinada interpretaci\u00f3n respecto del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, estableciendo que \u201cel recurso de apelaci\u00f3n debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, y la consecuencia de no hacerlo as\u00ed, es la declaratoria de desierto del recurso\u201d, criterio orientador que debe ser acogido por todos los Jueces de la Rep\u00fablica, incluidas las Altas Cortes, conforme a la jurisprudencia emitida por esa misma Corporaci\u00f3n9\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, aunque el tutelante le endilga a la Colegiatura criticada que no tuvo en cuenta que su censura ven\u00eda suficientemente sustentada ante el a quo, tal reproche no tiene la virtualidad necesaria para tornar procedente el resguardo implorado, dado que, se reitera, el recurso de apelaci\u00f3n, sin excepci\u00f3n, debe soportarse ante el Superior en la respectiva audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, con independencia de si la determinaci\u00f3n atacada fue dictada en audiencia o de manera escritural, por lo que, la consecuencia de no hacerlo as\u00ed, es declararlo desierto como aqu\u00ed aconteci\u00f3, ante la inasistencia de la parte recurrente. <\/p>\n
3. Ahora bien, de cara a la afirmaci\u00f3n del actor relativa a que es procedente conocer de fondo el presente asunto, debido a que con la sentencia proferida por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia -el 30 de junio de 2022, que declar\u00f3 disciplinariamente responsable a quien era su abogado-, se cumpli\u00f3 un hecho sobreviniente que abre el respectivo paso. La Corte advierte que, si bien el togado fue sancionado por los hechos imputados, tambi\u00e9n lo es que el tr\u00e1mite surtido por los jueces ordinarios -donde fuere apoderado el castigado-, no es susceptible de ser deslegitimado a trav\u00e9s de la presente senda, pues lo acontecido al interior del tr\u00e1mite se cumpli\u00f3 bajo las reglas sustanciales y procesales que gobiernan los asuntos judiciales, m\u00e1xime cuando, como se explic\u00f3, lo demandado ya hab\u00eda sido objeto de pronunciamiento constitucional. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, la Sala sostuvo que <\/p>\n
[a]unado a lo anterior, si su queja va dirigida contra la gesti\u00f3n desplegada por el togado que lo asisti\u00f3 en el proceso penal, a ra\u00edz de la no formulaci\u00f3n la demanda del recurso de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado, pertinente es destacar que \u00ab[e]n cuanto toca con la supuesta negligencia que el actor le endilga a su defensor, tal circunstancia no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u00bb (subrayas fuera del texto) (CSJ STC, 6 may. 2013, rad. 2013-00479-01; y STC, 24 jun. 2013, rad. 2013-00919-01) (STC6379-2022). <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 11 del archivo PDF \u00ab1.1. 2016-00449 demanda-admision-tramite\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab1.4. 2016-00449 Acta Aud-Liq Costas\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab1.1. 2016-00449 Tramite en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00abAnexos_5_8_2022, 10_52_29\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Escrito de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 31 de octubre de 2022. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 1\u00b0 de noviembre de 2022. <\/p>\n
8\u0002 Acci\u00f3n de tutela impetrada por Rodrigo de Jes\u00fas Madrigal \u00c1lzate contra la Sala Civil del Tribunal de Medell\u00edn, el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1, Juan Antonio G\u00f3mez G\u00f3mez y Yessi Selene Morales V\u00e1squez. Rad. 11001-02-03-000-02758-00. En esa acci\u00f3n constitucional se pretendi\u00f3: que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn y al Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, \u00abse valoren y acepten las pruebas presentadas (\u2026) del expediente 449, que demuestran que si hubo un giro bancario, que si hubo una transacci\u00f3n bancaria hecha por Luis Alfredo Vel\u00e1squez, lo que a la vez demuestra el inter\u00e9s en el negocio de la familia Vel\u00e1squez Madrigal desde los mismos inicios de la compra de la propiedad, transacci\u00f3n bancaria que desvirt\u00faa la simulaci\u00f3n (\u2026); se anule la demanda porque la parte demandante no asisti\u00f3 a la primera audiencia a sustentar el recurso [interpuesta contra la sentencia de primer grado], por carecer al demandante de legitimaci\u00f3n jur\u00eddica para demandar (\u2026), es imposible que se geste la simulaci\u00f3n en un proindiviso con las figuras de representaci\u00f3n, mandato o apoderado (\u2026); se niegue el amparo de pobreza al demandante por tratarse de una demanda a t\u00edtulo oneroso\u00bb; y de otro lado, que \u00abse [l]e permita contestar la demanda en el Juzgado Octavo de Familia\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Ver en este sentido, C.C. T-260\/95, T-715\/97, T-439\/00, C-539\/11, SU-053\/15, SU-621\/15 y SU-354\/17, entre otras. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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