STC14861-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14861-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00914-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Carlos Herrera, \u00aben nombre y representaci\u00f3n de su hija menor de edad\u00bb, frente al fallo proferido el 21 de septiembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que accedi\u00f3 parcialmente a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Diecinueve de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 el resguardo de las garant\u00edas esenciales de su hija al debido proceso, salud, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00ablibre expresi\u00f3n de la opini\u00f3n, el desarrollo arm\u00f3nico e integral\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada al emitir sentencia en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2022 y se ordene al Juzgado [acusado]\u2026 que adopte una nueva\u2026: (i) apreciando todas las pruebas (a) sin derivar conclusiones contraevidentes y (b) d\u00e1ndole prevalencia al inter\u00e9s superior de la menor, (ii) respetando el derecho de Violeta a ser escuchada, (iii) evitando establecer un r\u00e9gimen de custodia compartida que vulnere o amenace vulnerar [sus] derechos\u2026[,] los cuales prevalecen sobre los\u2026 de los dem\u00e1s y (iv) manteniendo la protecci\u00f3n para Violeta en la supervisi\u00f3n de las visitas\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de custodia y cuidado personal interpuesto por Martha Rodr\u00edguez contra el accionante, respecto de su hija com\u00fan, menor de edad (nacida el 26 de agosto de 2018), surtidas las etapas de rigor, el 16 de junio de 2022 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la que, entre otras determinaciones, dispuso i) \u00abDECRETAR la CUSTODIA COMPARTIDA de VIOLETA HERRERA RODR\u00cdGUEZ a sus progenitores CARLOS\u2026 y MARTHA\u2026[,] la cual tendr\u00e1 lugar a la culminaci\u00f3n del grupo familiar y parte positivo de cumplimiento de objetivos por parte del profesional tratante, del tratamiento psicol\u00f3gico y psicoterap\u00e9utico que deber\u00e1n retomar las partes y con los objetivos planteados en el presente proceso, esta vez ante la Entidad de Salud a la que est\u00e9 vinculada la progenitora de manera tal que a la culminaci\u00f3n la se\u00f1ora Martha\u2026 pueda compartir con su hija seis (6) meses y en igual t\u00e9rmino su progenitor; comenzando la progenitora el d\u00eda siguiente al parte positivo por parte del profesional tratante y sin necesidad de decisi\u00f3n alguna adicional\u00bb; y ii) \u00abENTRETANTO se evacua dicho tratamiento[,] las visitas seguir\u00e1n siendo supervisadas por personal adscrito al ICBF, pero \u00fanicamente por parte del \u00e1rea de Trabajo Social los d\u00edas programados para las visitas y sin perjuicio de que se modifiquen en atenci\u00f3n a los avances que acredite el profesional tratante y que deber\u00e1n poner en conocimiento del personal encargado de la supervisi\u00f3n de las visitas\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el actor cuestion\u00f3 que con dicha sentencia el juzgador ordinario incurri\u00f3 en defectos i) f\u00e1ctico (al adoptarla sin escuchar ni sopesar la opini\u00f3n de la ni\u00f1a y valorar contraevidentemente el dictamen de medicina legal en el que se indic\u00f3 que su progenitora \u00abno cumple con las condiciones adecuadas para ejercer un rol materno\u00bb), ii) sustantivo (comoquiera que, contrariando abiertamente lo reglado en el precepto 116 constitucional, termin\u00f3 asign\u00e1ndole una funci\u00f3n jurisdiccional a un \u00abprofesional tratante\u00bb, al delegarle la definici\u00f3n de la custodia de la menor, con lo que, t\u00e1citamente, deneg\u00f3 a esta el acceso a la administraci\u00f3n de justicia), iii) de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n (porque pasando por alto la prelaci\u00f3n de los derechos de la ni\u00f1a, impuso una custodia compartida que desmedidamente la obliga a cambiar, cada seis meses, de ascendiente cuidador y estilo de vida, con las afectaciones que ello puede traer para sus relaciones paterno-filiales; adem\u00e1s, tambi\u00e9n se disminuy\u00f3 la garant\u00eda de protecci\u00f3n establecida para las visitas, en tanto que inicialmente se dispuso que las mismas fueran acompa\u00f1adas por especialistas en trabajo social y psicolog\u00eda del ICBF, mientras que en la sentencia se mantuvo s\u00f3lo el primero) y iv) de desconocimiento del precedente (al desatender los supuestos establecidos jurisprudencialmente para la procedencia de la custodia compartida de acuerdo a las sentencias CSJ STC12085-2018 y CC T-384\/18). <\/p>\n
Recapitul\u00f3 que el sentenciador atacado omiti\u00f3 atender el inter\u00e9s superior de la menor de edad, cediendo a \u00ablos intereses y los deseos particulares de sus padres\u00bb, con lo cual termin\u00f3 edificando su veredicto \u00aben una valoraci\u00f3n caprichosa y contraevidente de los dict\u00e1menes de Medicina Legal y del propio ICBF, as\u00ed como de las actas de las visitas supervisadas por [\u00e9ste]\u00bb, accediendo a \u00abuna custodia compartida intercalada en seis meses para cada progenitor que pasa por alto el inter\u00e9s superior de Violeta y la expone a riesgos graves e inestabilidad emocional\u00bb; sumado a que en la parte resolutiva de la providencia atacada \u00abno indic\u00f3 exactamente qui\u00e9n estar\u00eda a cargo del tratamiento [que all\u00ed se dispuso], cu\u00e1les ser\u00edan [sus] objetivos, qui\u00e9nes deber\u00edan asistir, ni qu\u00e9 pasar\u00eda en situaciones de conflicto entre las partes; tampoco tuvo en cuenta la voz de la ni\u00f1a en la adopci\u00f3n de estas decisiones, ni contempl\u00f3 la manera de escucharla en las\u2026 posteriores que se adoptar\u00edan acerca de la custodia\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Defensora de Familia del Centro Zonal de Barrios Unidos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal por carecer de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, en tanto que, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado acusado, su intervenci\u00f3n \u00abse ha encaminado a la supervisi\u00f3n de las visitas entre la ni\u00f1a\u2026 y su progenitora\u00bb, y no \u00abha emitido pronunciamiento alguno que sea objeto de debate en la acci\u00f3n constitucional presentada\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Primera de Familia – Usaqu\u00e9n II tambi\u00e9n rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno tiene injerencia en el presente asunto[,] pues se dio cumplimiento [a las medidas provisionales all\u00ed dispuestas,] hasta tanto el superior Juez 19 de Familia tom[\u00f3] una determinaci\u00f3n que mud[\u00f3] la competencia de [esa] agencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 histori\u00f3 el tr\u00e1mite all\u00ed surtido y pidi\u00f3 \u00abdesestimar la solicitud de protecci\u00f3n\u2026 por no advertirse vulneraci\u00f3n de derecho alguno del accionante\u2026, toda vez que las actuaciones adelantadas y las decisiones proferidas han sido conforme las normas que regulan la materia, el material probatorio obrante en el proceso, y garant\u00eda de los derechos fundamentales de la hija en com\u00fan de las partes y el inter\u00e9s superior\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su veredicto se edific\u00f3 en el estudio conjunto de todo el material probatorio recaudado, incluidas \u00ablas m\u00faltiples intervenciones realizadas a la ni\u00f1a, hija en com\u00fan, respecto de quien debe indicarse en la actualidad cuenta con apenas 4 a\u00f1os de edad\u00bb, con lo cual logr\u00f3 establecer \u00abel marcado conflicto entre las partes y que lamentablemente han proyectado sobre su hija\u2026, desconociendo su inter\u00e9s superior y derechos fundamentales, como el de tener una familia y no ser separada de ella, su cuidado y el amor que debe brindarse por parte de los adultos a los menores de edad, as\u00ed como la posibilidad de expresar libremente su opini\u00f3n, problem\u00e1tica que no fue ajena para los m\u00faltiples profesionales que intervinieron en el tr\u00e1mite\u2026, y no solo en este, sino en el marco propio de la medida de protecci\u00f3n que se surti\u00f3 en instancia administrativa\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
4. Martha Rodr\u00edguez, a trav\u00e9s de apoderada judicial, defendi\u00f3 la legalidad del proceder del despacho enjuiciado, adujo que el reclamo constitucional no satisfac\u00eda los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia, y enfatiz\u00f3 que la menor fue \u00abescuchada por psic\u00f3logos, trabajadoras sociales, por el ICBF y por medicina legal\u00bb, valoraciones todas que tuvo en cuenta el sentenciador recriminado y en las cuales se garantizaron los derechos de su hija, \u00abinclusive la procuradur\u00eda como interviniente y garante de [sus] derechos\u2026 no se opuso a la sentencia por ser acorde a derecho conforme [a las] pruebas del proceso y el debate realizado\u00bb, siendo evidente que \u00ab[r]ealizar m\u00e1s intervenciones a la NNA\u2026 es contrario a sus derechos y someterla a revictimizaciones cuando ya dicho tr\u00e1mite y an\u00e1lisis fue realizado\u00bb. <\/p>\n
5. La Fundaci\u00f3n Los Pisingos limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir \u00abel expediente digital del proceso llevado a cabo\u2026 [de] CARLOS HERRERA y\u2026 MARTHA RODR\u00cdGUEZ\u00bb, acorde con el tratamiento psicoterap\u00e9utico (individual y familiar) que orden\u00f3 el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 en el curso del juicio de custodia reprochado. <\/p>\n
6. La abogada Johanna Novoa Serna, quien en el asunto atacado fungi\u00f3 como apoderada judicial del aqu\u00ed accionante, sin traer poder especial alguno para actuar en representaci\u00f3n de \u00e9ste en el presente tr\u00e1mite constitucional, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n indicando coadyuvarla. <\/p>\n
7. La psic\u00f3loga Mar\u00eda del Pilar Rojas Mora, actualmente vinculada como enlace de discapacidad para la Regional Bogot\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, manifest\u00f3 haber estado asignada para supervisar las visitas dispuestas en el juicio fustigado, mismas que document\u00f3 y rindi\u00f3 los informes respectivos a la autoridad judicial; destac\u00f3 que en el desarrollo de tales visitas no se alcanzaron los objetivos planteados de cara a lograr transformaciones positivas en la interrelaci\u00f3n de la madre con su peque\u00f1a hija, especialmente por la conducta de la progenitora, evidenci\u00e1ndose su carencia de herramientas para ejercer el rol materno y \u00abuna progresiva repetici\u00f3n de comportamientos y verbalizaciones inadecuadas, en su vinculaci\u00f3n con [la ni\u00f1a]\u2026 y el entorno que podr\u00edan significar un alto impacto en [su] salud mental\u00bb; motivos por los cuales, en su concepto, las visitas s\u00f3lo podr\u00edan retomarse cuando \u00abla madre haya demostrados a trav\u00e9s de la asistencia rigurosa y juiciosa a psicoterapia, NO terapia breve, sino a mediano o largo plazo, seg\u00fan lo indican los resultados de Medicina Legal, y cuyos objetivos cumplidos permitan garantizar los encuentros estructurados y responsables con [la menor]\u2026 por parte de la madre\u00bb, en tanto que su \u00abconstante negativa\u2026 a asistir juiciosamente a procesos psicoterap\u00e9uticos, debilitan la calidad en la crianza y ponen en riesgo psicosocial y de otros \u00f3rdenes a [su hija]\u00bb. <\/p>\n
8. El Fiscal 339 Delegado ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos de Bogot\u00e1, adscrito al Grupo de Casos Querellables de Ciudad Bol\u00edvar, tambi\u00e9n exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este asunto porque \u00abno tuvo ninguna intervenci\u00f3n en la decisi\u00f3n adoptada el 16 de junio de 2022, por parte del Juzgado Diecinueve (19) de Familia del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
9. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 \u00abDECLARAR IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela\u2026 por no haberse acreditado la existencia de los requisitos generales para su procedencia\u00bb. <\/p>\n
10. El Juzgado Primero de Familia de la capital de la Rep\u00fablica pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n de este decurso porque \u00ablas pretensiones y circunstancias f\u00e1cticas enunciadas en la acci\u00f3n de tutela\u2026 se encuentran relacionadas con el proceso adelantado ante el Juzgado 19 de Familia de esta ciudad, donde se discutieron obligaciones frente a la NNA\u2026 concernientes a las visitas, alimentos y custodia y en esta medida desconoce\u2026 los pronunciamientos del hom\u00f3logo 19 o las razones de facto y de derecho que lo llevaron a tomar las decisiones censuradas, cuya manifestaci\u00f3n le corresponde exclusivamente a dicho estrado judicial\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el amparo, con alcance parcial, ordenando al Juzgado accionado complementar la sentencia que emiti\u00f3 el 16 de junio de 2022, \u00abfijando concretamente en su decisi\u00f3n cu\u00e1l es el tratamiento a seguir con cada uno de los progenitores y con el grupo familiar, cu\u00e1les son los objetivos a cumplir individual y grupalmente con el mismo, lo que[,] adem\u00e1s, debe comprender la expedici\u00f3n de una orden concreta en este sentido a la Empresa prestadora de salud de la demandante, la cual se\u00f1ala el fallo como la responsable de realizar el tratamiento, con la obligaci\u00f3n de rendir informes peri\u00f3dicos al Juzgado; advirtiendo en todo caso, que el Juez del proceso de custodia y cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, mantiene la competencia para la supervisi\u00f3n del cumplimiento de las [\u00f3]rdenes impartidas en la sentencia[,] no solamente frente a los sujetos procesales sino frente a las entidades encargadas de realizar la intervenci\u00f3n terap\u00e9utica y psicol\u00f3gica, y de seguimiento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dispuso negar \u00abel amparo de los derechos fundamentales a la salud, a ser o\u00eddo y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esas conclusiones, en lo medular, anot\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n del funcionario accionado no es caprichosa, o arbitraria, dado que, para proferir[la]\u2026 se fund\u00f3 en las pruebas allegadas al proceso y las que de oficio se decretaron, tuvo fundamento objetivo y legal y adem\u00e1s tuvo en cuenta los conceptos de los profesionales de las \u00e1reas de la medicina, pediatr\u00eda, sic\u00f3logos y trabajadores sociales, defensores de familia, entre otros, advirtiendo de entrada la existencia de un conflicto de pareja no resuelto que ha involucrado a la ni\u00f1a\u2026, pero principalmente se hizo consultando el inter\u00e9s superior de la menor involucrada, as\u00ed como el derecho a tener una familia y a no ser separada de ella, lo que comprende las manifestaciones de protecci\u00f3n, afecto, educaci\u00f3n y cuidado para que la ni\u00f1a crezca en \u00f3ptimas condiciones f\u00edsicas y emocionales, as\u00ed como en un entorno familiar adecuado, para lo cual resulta indispensable y m\u00e1xime en las primeras etapas de su vida\u2026, que tenga contacto y establezca y fortalezca los lazos de afecto tambi\u00e9n con su mam\u00e1, figura relevante en la vida de un ni\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, \u00ab[e]n cuanto al hecho que el Juez no entrevist\u00f3 a la menor\u00bb, advirti\u00f3 que era \u00abuna decisi\u00f3n que compete al Juez del proceso, en su leal saber y entender, ya que est\u00e1 supeditado a la presencia de varios factores relevantes como el ciclo vital, la edad f\u00edsica y mental de la ni\u00f1a, que le permitan realizar juicios de valor que sean determinantes a la hora de adoptar una decisi\u00f3n relacionada con su custodia y cuidado personal y las visitas, y en este proceso hay que tener en cuenta que la menor involucrada en este caso cuenta con escasos cuatro a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, finalmente, hall\u00f3 que era necesaria la complementaci\u00f3n de la sentencia fustigada al Juzgado encausado, en los t\u00e9rminos referidos al inicio, en tanto que su parte resolutiva, al respecto, resultaba indeterminada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor aduciendo inconformidad, espec\u00edficamente, frente al despacho adverso del resguardo en torno a la omisi\u00f3n de o\u00edr a la menor de edad, pues consider\u00f3 errada la consideraci\u00f3n del Tribunal en torno a que \u00abel Juzgado ten\u00eda la decisi\u00f3n discrecional de escuchar[la] o no\u2026 antes de adoptar una decisi\u00f3n respecto de la custodia compartida\u00bb; cit\u00f3 copiosamente la normatividad patria e internacional que consider\u00f3 aplicable a la materia, as\u00ed como precedentes sobre el particular, enfatizando que la corta edad de aqu\u00e9lla no constitu\u00eda un argumento suficiente para negarse a o\u00edrla, siendo evidente lo trascendental de su opini\u00f3n de cara a desatar lo concerniente a su custodia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, exclusivamente, con el fin de evitar que quedasen \u00abcomo verdades aceptadas\u00bb, sin pretender \u00abreabrir el debate probatorio\u00bb, era evidente que diferentes atestaciones carentes de veracidad fueron validadas por el Juzgado acusado al emitir su sentencia y por el Tribunal a-quo al validarla con el opugnado fallo de tutela de primera instancia, especialmente las relacionadas con la aparente convivencia de los progenitores, la exigencia por parte del accionante de la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN y su supuesta desatenci\u00f3n de cara a las necesidades emocionales y de todo orden de su hija. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se tiene que el reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n de los derechos de primer grado prevalentes de su hija menor de edad, critic\u00f3 que el Tribunal a-quo desechara la solicitud de protecci\u00f3n en cuanto a la exigencia de o\u00edr a la menor de edad, bajo el argumento errado que el estrado convocado \u00abten\u00eda la decisi\u00f3n discrecional de escuchar[la] o no\u2026 antes de adoptar una decisi\u00f3n respecto de la custodia compartida\u00bb. <\/p>\n
3.1. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. Por ese rumbo, resulta necesario se\u00f1alar que el art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia garantiza el derecho de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella, en armon\u00eda con el canon 23 ib\u00eddem, el cual ense\u00f1a que tambi\u00e9n \u00abtienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral\u00bb (se destac\u00f3), en armon\u00eda con el contenido del precepto 14 del mismo estatuto5, que contempla la responsabilidad parental como un principio complementario de la patria potestad, referente a aspectos de representaci\u00f3n personal y patrimonial del menor, encaminada a facilitar a los progenitores sus deberes6, destacando que es, adem\u00e1s, \u00abla obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Sumado a ello, claramente el art\u00edculo 5\u00ba ib\u00eddem ense\u00f1a que \u00ab[l]as normas sobre los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, contenidas en [ese] c\u00f3digo, son de orden p\u00fablico, de car\u00e1cter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicar\u00e1n de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes\u00bb; igualmente el precepto 9\u00ba de la misma codificaci\u00f3n resalta que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.3. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora, con apoyo en todas esas premisas y de cara al caso concreto, con atenci\u00f3n en todo el material suasorio recaudado en el juicio recriminado y conforme qued\u00f3 establecido en el fallo impugnado, la acreditada existencia de notorias diferencias y conflictividad entre los padres de la menor de edad involucrada en dicha actuaci\u00f3n, cuya problem\u00e1tica reflejada en su inexistente relaci\u00f3n de pareja qued\u00f3 evidenciada, se percibe como el detonante que ha imposibilitado a la ni\u00f1a entablar un adecuada relaci\u00f3n materno-filial con su madre, siendo patente que, antes de adoptar cualquier medida restrictiva, se tornaba necesario procurar el restablecimiento de ese v\u00ednculo, fin \u00faltimo para el cual el fallador cuestionado contaba con suficiente material suasorio para resolver, especialmente los diferentes informes recaudados en el plenario que daban cuenta de las necesidades inmediatas de la infante y de la dificultad de obtener de ella una \u00abopini\u00f3n libre de apremio\u00bb, precisamente al resultar permeada por el conflicto relacional de sus progenitores, motivo mismo por el cual el juzgador acusado condicion\u00f3 la efectividad de la custodia compartida a la superaci\u00f3n de un previo proceso terap\u00e9utico, precisamente en favor de las garant\u00edas de la ni\u00f1a. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, aunque ciertamente la jurisprudencia ha sostenido, en aplicaci\u00f3n del precepto 26 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, que las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes deben ser escuchados en cualquier actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que se vean involucrados; tambi\u00e9n lo es que frente a dicha regla general se han establecido algunas excepciones, como lo han reconocido la Corte Constitucional (ver, entre otras, CC T-959\/13 y T-033\/20) y esta Corporaci\u00f3n (entre otras, CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. 2013-00039-01), a tal punto que la primera ha llegado a sostener que ese derecho no es absoluto, en tanto que: <\/p>\n
\u201c\u2026tiene l\u00edmites en su ejercicio, marcados por las capacidades evolutivas de los NNA. [E]s claro que escuchar en estos casos es permitir la participaci\u00f3n activa de los menores de edad en las decisiones que los afecta, pero ello no implica que las autoridades o los adultos est\u00e9n obligados a hacer lo que los NNA digan o manifiesten. As\u00ed, estos l\u00edmites deben ser evaluados caso a caso por la autoridad a cargo, sin que se puedan establecer est\u00e1ndares universales (\u2026) pues los procesos cognitivos, intelectuales, psicol\u00f3gicos y\/o f\u00edsicos, entre otros, var\u00edan de individuo a individuo, y est\u00e1n generalmente asociados a su entorno familiar, social y\/o cultural, entre otros aspectos, que deben ser valorados a la hora de tener en cuenta la opini\u00f3n del menor de edad\u201d (CC T-663\/17, citada en T-033\/20) <\/p>\n
As\u00ed mismo, en un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, para revocar el fallo de tutela del Tribunal a-quo que orden\u00f3 al Juzgado acusado escuchar a la menor de edad involucrada en la actuaci\u00f3n recriminada, esta Colegiatura dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026la Sala no desconoce que el art\u00edculo 26 de la Ley 1098 de 2006, en su inciso 2\u00ba, precept\u00faa que \u201c[e]n toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial, o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta\u201d (subl\u00edneas fuera del texto). <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite no se evidencia un desconocimiento de la norma en cita, porque as\u00ed como lo indic\u00f3 la autoridad accionada, el derecho de la ni\u00f1a a ser o\u00edda le ha sido garantizado en la actuaci\u00f3n a trav\u00e9s de los distintos informes y conceptos emitidos por especialistas7, raz\u00f3n por la cual la consideraci\u00f3n del Tribunal Constitucional de primera instancia respecto a que el juez debe escuchar directamente a la menor no deviene obligatorio atendiendo las particularidades del asunto que se analiza, m\u00e1s si se tiene presente, que el proceso surti\u00f3 las fases correspondientes y se encuentra en estado de dictar sentencia, la que no puede dilatarse porque esto equivaldr\u00eda desconocer el derecho de la infante a obtener una pronta respuesta de la jurisdicci\u00f3n frente a su caso (CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. 2013-00039-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, la impugnaci\u00f3n propuesta se desatar\u00e1 adversamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, oportunamente, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislaci\u00f3n civil. Es adem\u00e1s, la obligaci\u00f3n inherente a la orientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes puedan lograr el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
En ning\u00fan caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. <\/p>\n
6\u0002 Extracto de la sentencia C-404\/13 de la Corte Constitucional: \u00abPues bien, el art\u00edculo 288 del C\u00f3digo Civil consagra el ejercicio de la patria potestad de forma conjunta por los padres sobre los hijos \u201cleg\u00edtimos\u201d, como un derecho que les reconoce para facilitar los deberes que su calidad de progenitores les impone. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la patria potestad es una instituci\u00f3n de orden p\u00fablico, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, porque es deber de los padres ejercerla en inter\u00e9s del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada. <\/p>\n
<\/p>\n
De all\u00ed que ha definido la patria potestad como \u201cel conjunto de derechos y facultades que la ley atribuye al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su condici\u00f3n les impone, es decir, para garantizar respecto de los hijos su protecci\u00f3n, bienestar y formaci\u00f3n integral, desde el momento mismo de la concepci\u00f3n, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado\u201d. Tambi\u00e9n ha precisado que la patria potestad \u201chace referencia a un r\u00e9gimen paterno-filial de protecci\u00f3n del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de estos pues surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho vinculo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, la Corte ha establecido que la patria potestad es una instituci\u00f3n creada por el derecho para facilitar la observancia adecuada de los deberes impuestos por el parentesco y la filiaci\u00f3n, lo que significa que la patria potestad no se ha otorgado a los padres en provecho personal, sino como un deber que reporta bienestar al menor en cuanto a la crianza, la educaci\u00f3n, el establecimiento de la persona; \u00e9stos \u00faltimo relacionado directamente con la ayuda y asistencia que le deben otorgar al menor\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Al descorrer el traslado de la tutela, precis\u00f3 el despacho de conocimiento: \u201ct\u00e9ngase presente que dentro de los procesos acumulados, reposan las evaluaciones psiqui\u00e1tricas a la ni\u00f1a (sic) por parte de Medicina Legal, rendidas por el Dr. Javier Villa Machado (\u2026) Dictamen de valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica efectuado por psic\u00f3loga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Dra. Margarita Montenegro \u00c1lvarez (\u2026) Doctora Juliana Zuluaga\u201d; entre otros (fl. 134, cdno. 1). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC14861-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68721","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68721"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68721\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}