STC14862-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14862-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03684-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Antonio Freddy Lizarazo Bacca, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad1, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, a Teodolinda G\u00f3mez Armani y a todas las partes e intervinientes en el proceso 2019-00472. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso y el derecho a los alimentos de que son titulares sus hijos. <\/p>\n
2. De lo en el escrito inicial y las pruebas allegas, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En el 2019, Teodolinda G\u00f3mez Armani demand\u00f3 al aqu\u00ed actor, Antonio Freddy Lizarazo Bacca, para que se declarara la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio que ellos celebraron el 3 de agosto de 1996, se decretara la disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, se condenara al demandado a indemnizarla y se fijara, a cargo suyo, una cuota alimentaria a t\u00edtulo de \u00absanci\u00f3n civil\u00bb. La causa petendi la fund\u00f3 aduciendo que su c\u00f3nyuge Lizarazo Bacca la maltrataba constantemente desde el 2008 (f\u00edsica, emocional y econ\u00f3micamente), que le fue infiel en reiteradas oportunidades y procre\u00f3 hijos por fuera del matrimonio2. <\/p>\n
2.2. La demanda fue admitida a tr\u00e1mite el 12 de septiembre de 2019, bajo el radicado 2019-004723. <\/p>\n
2.3. En la contestaci\u00f3n, el accionado admiti\u00f3 algunos hechos, neg\u00f3 otros y se opuso a lo pretendido por la se\u00f1ora G\u00f3mez Armani, particularmente a los alimentos reclamados, en atenci\u00f3n que ella recib\u00eda c\u00e1nones por el arrendamiento de un inmueble social (aport\u00f3 recibos) y un salario mensual superior a $5.000.000, por su labor como docente4. <\/p>\n
El Juzgado precis\u00f3 que el demandado era culpable de la ruptura del matrimonio y lo conden\u00f3 al pago de perjuicios, conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 148 y 2341 del C\u00f3digo Civil, y se abstuvo de fijar alimentos a su cargo, en vista de que la promotora no prob\u00f3 que tuviere necesidad de estos y se verific\u00f3 que ella trabajaba como docente y recib\u00eda una de renta de $550.000, por el arrendamiento de un apartamento5, como tampoco acredit\u00f3 sus gastos ni la capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or Lizarazo Bacca, para pagar los alimentos suplicados. <\/p>\n
2.5. Apelada esa determinaci\u00f3n por ambos extremos procesales, el 6 de septiembre de 2022, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta la adicion\u00f3, en el sentido de que tambi\u00e9n se demostr\u00f3 la causal de divorcio prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil (relaciones extramatrimoniales), de modo que conden\u00f3 al se\u00f1or Lizarazo Bacca a pagar mensualmente a la demandante 1 s.m.l.m.v., por concepto de alimentos6. <\/p>\n
3. El censor cuestiona lo decidido por el Colegiado ad quem, por cuanto asegura que los maltratos e infidelidades no estaban acreditados, ya que la \u00fanica prueba de la cual se vali\u00f3 el fallador para tener por acreditados esos hechos fue una denuncia presentada por la demandante G\u00f3mez Armani ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisar\u00eda de Familia, la cual no contaba con m\u00e9rito demostrativo, pues no se le hab\u00eda condenado por ning\u00fan delito. <\/p>\n
De otra parte, sostiene que la condena por alimentos es abiertamente ilegal y contraria al precedente jurisprudencial aplicable7 y a lo dispuesto por el numeral 4 del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, por cuanto \u00e9l no tiene capacidad de sufragar suma alguna por ese concepto, pues recibe $1.000.000, por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento, y una cantidad \u00abque no excede el salario m\u00ednimo\u00bb, por el pago de honorarios como abogado, y mucho menos la demandante tiene necesidad de ellos, porque devenga $5.458.474 por diversos conceptos (salarios y bonificaciones como docente y unas rentas producidas por unos inmuebles); adem\u00e1s, refiere que es padre de tres ni\u00f1os menores de edad, por cuyo sostenimiento debe velar. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado, pide dejar sin efectos el fallo proferido por la Colegiatura accionada el 6 de septiembre de los cursantes. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Teodolinda G\u00f3mez Armani, actuando a trav\u00e9s de apoderada, se opuso a la prosperidad del ruego, dado que los defectos atribuidos por el accionante no se estructuraban. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se deje sin efectos el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 6 de septiembre de 2022, porque las infidelidades y los maltratos no est\u00e1n probados, raz\u00f3n por la cual dicha Colegiatura no pod\u00eda considerar estructuradas las causales de divorcio previstas en los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, a lo cual se suma que la condena por alimentos no resulta viable, en tanto \u00e9l no tiene capacidad de pago y la demandante no los necesita. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisada la determinaci\u00f3n cuestionada se observa que, frente a la acreditaci\u00f3n de los hechos constitutivos de relaciones extramaritales, el \u00f3rgano jurisdiccional accionado, tras evocar el contenido de los preceptos 156 y 176 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la jurisprudencia relacionada (sentencias C-660 de 2000, C-821 de 2005 y C-985 de 2010, todas proferidas por la Corte Constitucional, adem\u00e1s de un fallo de 19 de julio de 1989, emanado de esta Corporaci\u00f3n), adujo que la causal de divorcio aducida por la demandante, consistente en que el se\u00f1or Lizarazo Bacca hab\u00eda sido infiel en repetidas oportunidades y que procre\u00f3 hijos por fuera del matrimonio, estaba plenamente demostrada. A esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 tras advertir: <\/p>\n
[S]e tiene que del interrogatorio de parte absuelto por la demandante, manifest\u00f3 que deseaba separarse del se\u00f1or Lizarazo Bacca producto de las relaciones extramatrimoniales que sostuvo con dos mujeres diferentes, pues tuvieron como resultado el nacimiento de los menores F.C.L.J. y A.G.L.J. (\u2026), y de los cuales se evidenci\u00f3 que el demandado los reconoci\u00f3 como suyos, documentos que no fueron tachados de falsos y que conforme al art\u00edculo 244 del C.G.P., se presume[n] aut\u00e9ntico[s], pliegos que fueron aportados como pruebas, desprendi\u00e9ndose que claramente s\u00ed existi\u00f3 infidelidad por parte del demandado. <\/p>\n
En raz\u00f3n a lo anterior, esta Sala, advierte la prosperidad del reparo presentado por la parte actora parcialmente, pues se tiene que con el nacimiento de los menores en vigencia del matrimonio la parte logr\u00f3 probar que se hab\u00eda configurado la causal para cesar los efectos civiles del matrimonio religioso prevista en el numeral primero del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil (\u2026). <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con los maltratos y agresiones que la demandante manifest\u00f3 haber padecido por parte de su pareja, el Colegiado expuso que s\u00ed estaban plenamente verificados; si bien rest\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a varios testimonios [en concreto, los rendidos por Andrea G\u00f3mez Armani (hermana de Teodolinda), Jes\u00fas Felipe Lizarazo Bacca (hermano del demandado y aqu\u00ed accionante) y Cindy Maestre (amiga)], en tanto \u00abninguno [de esos testigos] presenci\u00f3 los hechos que llevaron a la configuraci\u00f3n de la causal (\u2026) sino que se enteraron de la ocurrencia de los mismos por[que] [fue] la demandante quien se los coment[\u00f3]\u00bb, consider\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) dentro del plenario se tiene[n] como pruebas documentales copia de la solicitud de medida de protecci\u00f3n ante la Comisar\u00eda de Familia \u2013 Zona Centro, en donde la demandante relat\u00f3 los acontecimientos que tuvieron ocurrencia el 17 de diciembre del 2018, indicando que hab\u00eda sido v\u00edctima de violencia f\u00edsica y verbal por parte del demandado; de igual forma, se tiene copia del memorial dirigido a la Fiscal\u00eda 20 de esta ciudad, a trav\u00e9s del cual manifest\u00f3 que el se\u00f1or Antonio Lizarazo Bacca segu\u00eda ejerciendo conductas de violencia intrafamiliar, pues de lo plasmado en dicho escrito, refiere la parte actora que el citado ciudadano no la dejaba ingresar a ninguno de los inmuebles que ten\u00edan; pues de los mismos se permite inferir que la violencia hacia la c\u00f3nyuge lleg\u00f3 al punto de ser intolerable y generar zozobra no teniendo otra opci\u00f3n que acudir a las autoridades pertinentes para salvaguardar su integridad, teniendo un peso probatorio que le permiti[\u00f3] a la Juez de instancia alcanzar el conocimiento requerido para declarar probada la causal tercera y declarar al demandado como el c\u00f3nyuge culpable, por lo que esta Sala, contrario a lo afirmado por el apelante, no avizor\u00f3 que la a quo hubiere realizado una valoraci\u00f3n sesgada de la documental obrante en el expediente, es por ello que este reparo habr\u00e1 de despacharlo de manera desfavorable. <\/p>\n
3.2. En cuanto al reconocimiento de los alimentos a favor de la demandante y a cargo del convocado aqu\u00ed gestor, advirti\u00f3 que se justificaba resolver ultra y extra petita, conforme lo autoriza el par\u00e1grafo del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Luego de efectuar esa precisi\u00f3n, acot\u00f3 sobre el punto: <\/p>\n
Teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio, se evidenci\u00f3 que una de las pretensiones de la parte actora, consist\u00eda en el reconocimiento de cuota alimentaria a cargo del c\u00f3nyuge culpable y teniendo en cuenta que la causal por la cual se decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico es la contemplada en el numeral tercero del C\u00f3digo Civil (\u2026) pues qued\u00f3 demostrado en el transcurrir procesal los maltratos soportados por la demandante, raz\u00f3n por la cual en aras de propender por (sic) por la protecci\u00f3n especial a la mujer v\u00edctima de maltrato o violencia, cuyas garant\u00edas se encuentran amparadas en diversas normas internacionales (\u2026) as\u00ed como de los art\u00edculos 13, 42 y 43 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026) de los que se deriva una medida de protecci\u00f3n al establecer procedimientos a trav\u00e9s de los cuales se puedan debatir y reclamar integralmente los perjuicios que ese hecho le hubiera generado, por lo que resulta procedente acceder a la cuota alimentaria solicitada por la demandante pero a t\u00edtulo de sanci\u00f3n civil como c\u00f3nyuge inocente en los t\u00e9rminos del numeral 4 del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Advirti\u00f3 enseguida que: <\/p>\n
Para la fijaci\u00f3n de la mentada cuota se deben tener en cuenta las condiciones econ\u00f3micas tanto del alimentante como del alimentario y para el caso del demandado Antonio Freddy Lizarazo Bacca, qued\u00f3 probado que cuenta con 4 bienes aparte del de su residencia y sobre los cuales recibe c\u00e1nones de arrendamiento estim\u00e1ndose que sobre ello recibe mensual $2.000.000, as\u00ed como tambi\u00e9n qued\u00f3 probado que es abogado de profesi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 el pago de alimentos en favor de la parte actora por el valor de un salario m\u00ednimo mensual para el a\u00f1o respectivo (\u2026). <\/p>\n
4. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Tribunal atacado explicit\u00f3, motivadamente, las razones que lo condujeron a acceder a lo pretendido por la demandante y a desechar las defensas planteadas por el accionado, y las conclusiones a las cuales arrib\u00f3, con independencia de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente arbitrarias o totalmente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto a ellas el Colegiado atacado lleg\u00f3 luego de realizar una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de las pruebas arrimadas al plenario y de la normatividad llamada a regir el caso. <\/p>\n
4.2. Tampoco es esta una instancia para reabrir el debate probatorio, como mal se sugiere en el amparo que se ausculta, pues <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (\u2026)\u2019 (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020, del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
5. De otro lado, es preciso advertir que, como la decisi\u00f3n sobre la fijaci\u00f3n de alimentos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, conforme lo ha puntualizado ya esta Sala (Cfr. CSJ STC7236-2021, CSJ STC5639-2021, entre otras), el peticionario puede acudir a un tr\u00e1mite de disminuci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, a fin de obtener cuanto por esta v\u00eda residual y subsidiaria procura, lo cual torna improcedente el auxilio peticionado. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto puntual que se analiza, se impone negar la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Fls. 3-21, archivo \u00ab01.PG.1-180.PDF\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 155-156, archivo \u00ab01.PG.1-180.PDF\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 211-217, archivo \u00ab01.PG.1-180.PDF\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u00ab39. ACTA SENTENCIA.PDF\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u00ab20SentenciaConfirmatoria.pdf.\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 En apoyo de este reparo, trae a colaci\u00f3n lo decidido por la Corte Constitucional en el fallo T-559 de 2017 y lo dictaminado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 15 de mayo de 2019, en el proceso de radicado 2018-00479. <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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