STC14982-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC14982-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03699-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Mu\u00f1oz Rold\u00e1n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintinueve de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2014-00002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas, al resolver el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios propuesto dentro del liquidatorio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el sucesorio de Pedro Libardo Orteg\u00f3n, seguido ante el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, cuando el abogado Guillermo Ram\u00edrez Monroy, \u00abapareci\u00f3 como apoderado de la se\u00f1ora Carmen Mu\u00f1oz Roldan, ya estaban reconocidos todos los herederos, (\u2026) presentados y aprobados los inventarios y aval\u00faos iniciales, incluso ya se hab\u00eda fijado fecha para inventarios adicionales y estaban ejecutoriados los autos respectivos, de suerte que la duraci\u00f3n de su gesti\u00f3n fue corta (apenas 21 meses y 12 d\u00edas), frente a los m\u00e1s de 6 a\u00f1os que hasta ahora lleva el proceso, sin conocerse cuando terminar\u00e1, mayormente porque ni siquiera se han tramitado las objeciones a la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que entre ella y dicho profesional del derecho \u00abno hubo contrato de prestaci\u00f3n de servicios (sic), pues [el abogado] le quiso imponer [como honorarios el] \u201c3% sobre el total de [sus] derechos como cesionaria\u201d, pero esto nunca fue aceptado, precisamente porque [esa] suma era en extremo escandalosa, absurda, exorbitante, arbitraria y claramente ilegal\u00bb, no obstante, el juzgado, mediante auto del 13 de febrero de 2020, \u00abaduce esa propuesta de contrato y los correos exigi\u00e9ndole la suma de 390 millones de pesos por honorarios\u00bb, para fijarlos en \u00ab300 millones de pesos [siendo que esa propuesta del incidentante comprend\u00eda] un acto t\u00edpico de abuso de poder y con inocultable arbitrariedad\u00bb. <\/p>\n
Que en virtud a la apelaci\u00f3n por ella interpuesta, con prove\u00eddo del 18 de julio de 2022 el ad quem redujo los honorarios, pero \u00abpersisten en ser exagerados, pues no se ci\u00f1e con la realidad de la gesti\u00f3n ejecutada por [su] ex apoderado y m\u00e1s a\u00fan en el Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura [pues este] en el punto 1.10., contempla los PROCESOS DE LIQUIDACION. Y advierte que en primera instancia los honorarios proceden \u201cHasta siete (7) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u201d\u00bb, y que con \u00abtoda la argumentaci\u00f3n que en diversas ocasiones ha pronunciado la Jurisprudencia\u00bb, el monto no ha debido superar \u00ablos socorridos 10 millones de pesos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se invaliden las decisiones criticadas y en su lugar se ordene \u00abtasar los honorarios del ex apoderado de la se\u00f1ora Carmen, en los t\u00e9rminos del Acuerdo 1887 del a\u00f1o de 2003 en el punto10.1 esto es la suma equivalente a 07 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, o sea en total $6\u2019144.621\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADAY VINCULADOS <\/p>\n
1. La colegiatura acusada remiti\u00f3 el link para acceder al correspondiente expediente digital. <\/p>\n
2. La Juez Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, se opuso a lo pretendido, aduciendo que, frente a la resoluci\u00f3n del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, el tribunal se pronunci\u00f3 \u00abmediante prove\u00eddo del 18 de julio de 2022\u00bb, en el que \u00abrevoc\u00f3 parcialmente\u00bb, frente a lo cual la inconforme \u00abno formul\u00f3\u00bb el recurso de \u00abs\u00faplica\u00bb (sic), y por tanto \u00abno puede pretender suplir actuaciones judiciales por intermedio de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Guillermo Ram\u00edrez Monroy, obrando \u00aben mi condici\u00f3n de incidentante dentro del tr\u00e1mite que es materia de reparo constitucional\u00bb, tras responder los hechos se opuso a lo pretendido, se\u00f1alando que la accionante \u00abno introduce ni demuestra circunstancia alguna de violaci\u00f3n de la ley o de aplicaci\u00f3n arbitraria de la misma\u00bb, y porque la aducida tarifa sobre agencias en derecho, \u00abno es aplicable a la regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al modificar la regulaci\u00f3n de honorarios de abogado objeto de tr\u00e1mite incidental en el proceso de sucesi\u00f3n n\u00b0 2014-00002, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Veintinueve de Familia de esta ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC11128-2022, 24 ago. 2022, rad. 02755-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la queja con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte establece que la acci\u00f3n incoada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para que la colegiatura querellada, en sala unitaria del 18 de julio de 2022, resolviera \u00abrevocar parcialmente el auto [del] 13 de febrero de 2020\u00bb, para modificar \u00abla cuant\u00eda de los honorarios inicialmente regulados por la a-quo en la suma de $300.000.000 (\u2026), reduciendo[la] a la suma de $180.000.000\u00bb, advirti\u00f3 que estos correspond\u00edan a los \u00abcausados con ocasi\u00f3n de la actuaci\u00f3n desplegada por el abogado \u00fanicamente dentro del proceso de sucesi\u00f3n en el lapso comprendido entre la fecha en que le fue reconocida personar\u00eda adjetiva al abogado en el proceso y la fecha en que se le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva al nuevo apoderado de la incidentada (\u2026); por ello, mal puede en este caso entrar a valorarse actuaciones extraprocesales, o tr\u00e1mites adelantados por el abogado a favor de su poderdante en otros procesos y se itera, por fuera de la fecha del reconocimiento de la personer\u00eda\u00bb, y enseguida adujo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no aparece comprobado que la actividad profesional del incidentante se encuentra respaldada por un contrato de mandato judicial [escrito], como tampoco existe una experticia al respecto, luego, a efectos de entrar a tasar los honorarios profesionales deber\u00e1n aplicarse las tarifas establecidas por el Colegio Nacional de Abogados CONALBOS del respectivo distrito, aprobadas por el Ministerio de Justicia. Seg\u00fan la Tarifa de Honorarios Profesionales CONALBOS, para los procesos de liquidaci\u00f3n como ocurre en este caso, se deber\u00e1n tener en cuenta los siguientes par\u00e1metros: \u201c\u202610. Procesos de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
10.1.1. Ante juzgados. M\u00ednimo el 15% sobre el primer $ 1.000.000; de $ 1.000.001 a $ 5.000.000 el 10%; de $ 5.000.001 hasta $ 50.000.000 el 5%; de $ 50.000.001 a $ 100.000.000 el 4% y de $ 100.000.001 en adelante el 3%. <\/p>\n
NOTA: Si hay solicitud de medidas previas, incidentes o intervenci\u00f3n de terceros se aumentar\u00e1 el honorario en un 10%…\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, tras un recuento de la actuaci\u00f3n procesal surtida en el liquidatorio, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a la actuaci\u00f3n desplegada por el incidentante en el proceso de sucesi\u00f3n, se tiene que, con posterioridad a la presentaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del inventario y los aval\u00faos iniciales, la incidentada, se\u00f1ora Carmen Mu\u00f1oz Rold\u00e1n, el 2 de mayo de 2017, confiri\u00f3 poder especial al abogado Guillermo Ram\u00edrez Monroy (incidentante), para que la representara en el proceso de sucesi\u00f3n del causante Pedro Libardo Orteg\u00f3n (\u2026), a quien se le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva mediante auto del 22 de mayo de 2017, oportunidad en la cual tambi\u00e9n fue reconocida la poderdante como cesionaria del 25% de los derechos herenciales; transacci\u00f3n que no cobij\u00f3 a Ived Magaly Orteg\u00f3n Castro (\u2026), ni a la menor (\u2026), hija del causante y de Carmen Mu\u00f1oz Rold\u00e1n. <\/p>\n
Posteriormente el incidentante conjuntamente con el apoderado judicial de los dem\u00e1s herederos reconocidos, en audiencia celebrada el 1 de agosto de 2017, presentaron por escrito inventario adicional, con el fin de incluir tres inmuebles; inventario que fue aprobado sin objeci\u00f3n alguna. <\/p>\n
El 16 de agosto de 2017, el abogado incidentante elev\u00f3 petici\u00f3n al Juzgado solicitando el nombramiento como partidor en el proceso de sucesi\u00f3n, al abogado de los herederos reconocidos, doctor Francisco Antonio Ragonessi Mu\u00f1oz. <\/p>\n
Sin que posteriormente se registre ninguna actuaci\u00f3n del abogado incidentante, el 6 de febrero de 2019, la se\u00f1ora Carmen Mu\u00f1oz Rold\u00e1n, otorg\u00f3 poder al abogado, Luis Heladio Jaimes Fl\u00f3rez, a quien se le reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva el d\u00eda 6 de marzo de 2019. <\/p>\n
Conforme con lo hasta aqu\u00ed discurrido, encuentra el Despacho que la actividad del abogado incidentante en el proceso de sucesi\u00f3n, para el cual le fue conferido el poder por parte de do\u00f1a Carmen Mu\u00f1oz Rold\u00e1n, tuvo lugar entre el 22 de mayo de 2017 y el 6 de marzo de 2019, esto es, en un transcurso de 21 meses y 12 d\u00edas, y se concret\u00f3 a tres intervenciones: una, al momento de comparecer al proceso por primera vez, cuando solicit\u00f3 el reconocimiento de su poderdante como cesionaria, y de su personer\u00eda adjetiva; la segunda, cuando conjuntamente con el abogado de los dem\u00e1s herederos, present\u00f3 el escrito de inventario y aval\u00faos adicionales, y la \u00faltima intervenci\u00f3n, cuando present\u00f3 el memorial solicitando la designaci\u00f3n del doctor Francisco Antonio Pagonessi Mu\u00f1oz (apoderado de los herederos), como partidor, labor que no abarc\u00f3 la totalidad del proceso de sucesi\u00f3n, sino una parte del mismo, por cuanto el abogado cuando fue reconocido en el asunto como apoderado judicial de su poderdante, el inventario y aval\u00fao inicial ya estaba aprobado, todos los herederos que comparecieron al asunto, reconocidos, labor que a juicio de este Despacho no implic\u00f3 mayor desgaste, pues no gener\u00f3 ninguna controversia al interior del proceso que dejara entrever un esfuerzo o inversi\u00f3n de tiempo adicional, o la necesidad de interponer recursos o formular incidentes; sin desconocer claro est\u00e1, que el hecho de haber logrado en conjunto con los dem\u00e1s herederos y el abogado de los mismos, la transacci\u00f3n sobre las pretensiones de tanto el proceso de sucesi\u00f3n, como del proceso de uni\u00f3n marital de hecho promovido por la aqu\u00ed incidentada, seguramente pudo haber conllevado una labor profesional dispendiosa y calificada con fines a concretar dicha negociaci\u00f3n suscrita por la incidentada y todos los herederos reconocidos, \u00e9sta no puede ser valorada en este proceso para la tasaci\u00f3n de sus honorarios profesionales por cuanto constituye una actividad extraprocesal, que se itera, no compete al Juez del proceso sopesar y por lo tanto atribuirle alg\u00fan valor probatorio con miras a determinar el monto de los honorarios a regular, lo que no \u00f3bice para que el interesado pueda reclamar su reconocimiento econ\u00f3mico ante la jurisdicci\u00f3n civil, pero que, en manera alguna pueden ser el fundamento de pretensiones que hayan de ventilarse en este proceso para los fines ya descritos\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el despacho cognoscente concluy\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta que la labor del abogado incidentante al interior del proceso de sucesi\u00f3n se redujo a tres intervenciones, que no sufrieron ning\u00fan tipo de controversia, como tampoco interpuso recursos de reposici\u00f3n, ni de apelaci\u00f3n, ni formul\u00f3 incidentes, o cualquier clase de oposici\u00f3n que dejara entrever mayor desgaste de su labor profesional, y que la actividad profesional del abogado si bien fue efectiva, no abarc\u00f3 el proceso en su totalidad desde sus inicios hasta la culminaci\u00f3n del mismo, el Despacho, teniendo en cuenta la cuant\u00eda de los bienes sucesorales que es de $53.002\u2019770.000, que la incidentada se reconoci\u00f3 en el proceso como cesionaria del 25% de los bienes herenciales, que equivale a $13.250\u2019692.500, que no actu\u00f3 durante todo el proceso y lo normado al respecto por la Tarifa de Honorarios Profesionales de Abogado \u201cConalbos\u201d, (\u2026) la suma que debe reconoc\u00e9rsele por concepto de honorarios profesionales es de $180.000.000 M\/cte., equivalentes al 1,35% de los eventuales derechos de la incidentada\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no determinan yerro de \u00edndole alguna que sea susceptible de corregirse mediante el empleo de este excepcional mecanismo, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual no puede considerarse caprichosa o antojadiza. <\/p>\n
En el mismo sentido ha sostenido que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, pues este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC11444-2022, 31 ago., rad. 00676-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se desestimar\u00e1 el auxilio, toda vez que la resoluci\u00f3n censurada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este instrumento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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