STC14984-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14984-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02109-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Gustavo Manuel Guerrero Pineda y Paola Patricia Pe\u00f1a Palmar frente a la sentencia de 3 de octubre de 2022, proferida por la Sala Primera Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C., en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron al Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Civil del Circuito de la misma ciudad y a Francisco Enrique Chaparro Vargas, extensiva a las partes en el proceso de pertenencia con radicado n\u00b0 11001-31-03-048-2020-00209-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los actores solicitaron la suspensi\u00f3n provisional del proceso civil antes citado, hasta tanto se verifique el pago de las obligaciones laborales debidas por Francisco Enrique Chaparro Vargas. <\/p>\n
En sustento indicaron que ellos son acreedores laborales respecto de una deuda derivada de un accidente laboral, que ya tiene m\u00e1s de siete a\u00f1os de ocurrido. As\u00ed mismo, se\u00f1alaron que el accionado (se\u00f1or Chaparro Vargas) present\u00f3 \u201cdemanda ejecutiva\u201d en contra del Banco Bancolombia S.A., \u201cel BBVA S.A. y Julio Pinedo\u201d, ante el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con el radicado arriba citado, y del cual debe ordenarse su suspensi\u00f3n. De lo contrario, se vulnerar\u00eda su derecho al debido proceso, al trabajo y a la salud. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tanto el Juzgado, como el se\u00f1or Chaparro Vargas, se opusieron a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. Aclar\u00f3 el representante del despacho judicial que, lo que cursa en su despacho no es \u201cun proceso ejecutivo\u201d, sino un proceso de pertenencia; as\u00ed mismo, la acci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra \u201cel Banco BBVA S.A. y Julio Pinedo\u201d sino contra el Banco de Occidente S.A., y se\u00f1al\u00f3 que el amparo deb\u00eda negarse por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ya que \u00ablos accionantes no son parte del proceso de pertenencia\u00bb. Por su parte, el particular accionado indic\u00f3 que no era procedente la acci\u00f3n impetrada por falta del requisito de subsidiariedad, de inmediatez, por pleito pendiente y por falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. decidi\u00f3 no acceder a la s\u00faplica tras advertir el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, ya que los actores son demandantes en demanda ejecutiva laboral que a\u00fan se encuentra en curso. Adem\u00e1s, no contaron con legitimaci\u00f3n en la causa, ya que no fueron sujetos procesales del mismo, por tanto \u00abpretenden inmiscuirse en pleito ajeno, pues no son parte en el que tramita el juez civil accionado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el escrito de impugnaci\u00f3n, los accionantes alegaron lentitud en el tr\u00e1mite del proceso laboral y la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en las contestaciones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se confirmar\u00e1 toda vez que los accionantes no son parte del proceso civil cuestionado, por tanto, no tienen legitimaci\u00f3n para debatir lo que all\u00ed ocurra, tal y como aqu\u00ed se persigue. Ciertamente los derechos que puedan resultar lesionados con ocasi\u00f3n al pleito que se somete a revisi\u00f3n, pertenecen a quienes all\u00ed detentan la calidad de partes y no a terceros, quienes no tienen ning\u00fan inter\u00e9s en el proceso. <\/p>\n
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. <\/p>\n
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte de vieja data tiene asentado sobre el particular que: <\/p>\n
(\u2026), aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026) (CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, STC2657-2021, reiterada en STC6328-2022). <\/p>\n
De otro lado, respecto de los argumentos propuestos con la impugnaci\u00f3n en virtud de los cuales los accionantes est\u00e1n inconformes ante la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas con la contestaci\u00f3n de la demanda, dichos reparos sin lugar a duda constituyen hechos nuevos que no fueron puestos en conocimiento del a quo, lo que descarta la posibilidad de su escrutinio en esta sede superior, so pena de quebrantar el \u00abderecho de defensa\u00bb que les asiste a los querellados (STC14922-2017, reiterado en STC11080-2018). <\/p>\n
Adem\u00e1s, este alto tribunal no tiene competencia alguna para pronunciarse respecto de las actuaciones adelantadas en el proceso laboral ya que la presente acci\u00f3n va dirigida \u00fanicamente en contra del despacho civil. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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