STC14989-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC14989-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01444-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 16 de agosto1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guzm\u00e1n P\u00e9rez Berm\u00fadez contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, igualdad, vida y \u00abh\u00e1beas data\u00bb. <\/p>\n
2. Dice encontrarse privado de la libertad en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda con Mediana Seguridad de Bucaramanga, \u00abcondenado a una pena de 261 meses de prisi\u00f3n\u2026 que actualmente vigila el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 el proceso transicional contra desmovilizados del frente \u00abH\u00e9ctor Julio Peinado Becerra\u00bb de las AUC, en el que solicit\u00f3 el reconocimiento de la condici\u00f3n de v\u00edctima del delito de reclutamiento forzado y la consecuente indemnizaci\u00f3n, pues fue obligado a incorporarse a las filas del grupo ilegal cuando apenas contaba con 15 a\u00f1os. <\/p>\n
Manifiesta que nunca recibi\u00f3 \u00abning\u00fan tipo de respuesta formal, quedando a la expectativa de lo que se decidi\u00f3\u00bb, solo hasta hace pocos d\u00edas que tuvo la oportunidad de salir del penal donde se halla recluido, por virtud de un permiso administrativo, tuvo conocimiento que con fallo de 24 de marzo de 2020 la corporaci\u00f3n accionada no hab\u00eda accedido a su solicitud, pese a que \u00abse me reconoce que soy v\u00edctima del conflicto y que debo recibir una indemnizaci\u00f3n por estos hechos [sic]\u00bb. <\/p>\n
Aduce que el aludido prove\u00eddo \u00abevidencia la completa vulneraci\u00f3n arbitraria por parte del Estado de los derechos fundamentales, tambi\u00e9n se configura una revictimizaci\u00f3n por parte de las autoridades, porque cuestionan la veracidad de mis hechos (siendo la v\u00edctima), as\u00ed como el reconocimiento de la verdad de los hechos, lo cual deja m\u00e1s dudas que certezas y desmoraliza a las v\u00edctimas que ven cada d\u00eda m\u00e1s lejos una justa y equitativa indemnizaci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, la sentencia resulta ambigua \u00abpues aunque reconoce que el suscrito sufri\u00f3 un reclutamiento il\u00edcito siendo menor de edad, luego le niega dicha indemnizaci\u00f3n que porque para la fecha de los hechos, el mismo ya era un mayor de edad\u00bb, obviando los medios de convicci\u00f3n allegados que daban cuenta que \u00abs\u00ed fue reclutado siendo un menor de edad, sin tener la oportunidad de elegir libremente y sin presi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior solicita: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que se oficie a quien corresponda o tenga competencia, para que se subsane lo de la decisi\u00f3n de no indemnizaci\u00f3n a pesar de ser victima directa del conflicto armado. <\/p>\n
(\u2026) se le reconozca nuevamente al suscrito, que tiene derecho a una indemnizaci\u00f3n por cuenta de las AUC y su indebido reclutamiento por haber sido menor de edad. <\/p>\n
(\u2026) que se modifique el n\u00famero de identidad de mi documento, pues no coincide. <\/p>\n
(\u2026) que se d\u00e9 v\u00eda libre a modificar el auto que neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n y al mismo tiempo la concedio, pues aparte de no haber concenso y si una controversia, lo cierto es que el suscrito est\u00e1 frente a un suceso de da\u00f1o irreparable, por tanto, tiene tambi\u00e9n que recibir ese reconocimiento, pues hace parte del proceso de resocializaci\u00f3n [sic] (\u2026)\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada inform\u00f3 que la lectura de la misma se realiz\u00f3 el 9 de junio de 2020 a trav\u00e9s de la plataforma digital dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, para garantizar la publicidad del fallo, la secretar\u00eda de la Sala de Justicia y Paz remiti\u00f3 telegramas a todas las v\u00edctimas reconocidas en la actuaci\u00f3n, espec\u00edficamente, para el caso del ac\u00e1 gestor, se libr\u00f3 la comunicaci\u00f3n 5743 del 24 de junio de 2020, a trav\u00e9s de la cual se le dio a conocer el link en el que podr\u00eda descargar el texto completo, al tiempo que el prenombrado estuvo representado por una abogada asignada por el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica, quien \u00abno manifest\u00f3 inter\u00e9s en recurrir la sentencia, ni solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de alg\u00fan aspecto contenido en la misma, en relaci\u00f3n con el caso que ahora concita la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Sobre el reproche que sirvi\u00f3 de sustento al resguardo, se\u00f1al\u00f3 que el no reconocimiento de indemnizaci\u00f3n por el hecho victimizante de reclutamiento forzado, \u00abrespondi\u00f3 a la prohibici\u00f3n de orden legal contenida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 1448 de 2011\u00bb, seg\u00fan la cual, para que la persona perjudicada pueda ser acreedora del resarcimiento de los perjuicios, su desvinculaci\u00f3n del grupo al margen de la ley debi\u00f3 haberse dado cuando a\u00fan fuera menor, lo que no se configur\u00f3 en el caso estudiado pues P\u00e9rez Berm\u00fadez al momento de separarse de la organizaci\u00f3n criminal ya hab\u00eda alcanzado la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n
Pidi\u00f3 en consecuencia declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela \u00aben virtud a que, adem\u00e1s de haber contado con la oportunidad de conocer la sentencia a trav\u00e9s de su apoderada judicial\u2026 pudo activar los canales de comunicaci\u00f3n disponibles en esta jurisdicci\u00f3n para obtener copia de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal Treinta y Cuatro Delegado ante el Tribunal Superior, adscrito a la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de ese despacho \u00aben la medida que no se observa incumplimiento, ni denegaci\u00f3n de justicia alguna\u2026 situaci\u00f3n que permite afirmar que se han salvaguardado las garant\u00edas fundamentales de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
3. Una abogada adscrita a la Unidad de Justicia y Paz del Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica, se\u00f1al\u00f3 que la representaci\u00f3n judicial del accionante en el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral estuvo a cargo de otra profesional del derecho quien ejerci\u00f3 adecuadamente el mandato que le fuera conferido. <\/p>\n
4. La jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la UARIV resalt\u00f3 que como \u00abno existe reconocimiento de indemnizaci\u00f3n judicial en favor del accionante, el presente asunto carece de toda competencia por parte del Fondo para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, por lo que se evidencia una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al corroborar la inexistencia de la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso y dijo que de las pruebas allegas, se evidencia que \u00abla autoridad judicial accionada procur\u00f3 comunicar eficazmente a las partes e intervinientes de las actuaciones surtidas dentro del proceso\u2026 con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las mismas dentro de este\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, contrario a lo manifestado por el gestor acerca de no haber tenido conocimiento de la decisi\u00f3n cuestionada, la corporaci\u00f3n judicial le remiti\u00f3 el telegrama n\u00famero 5743 del 24 de junio de 2020 a trav\u00e9s del cual le notific\u00f3 el fallo en que se desestim\u00f3 su pretensi\u00f3n indemnizatoria, al tiempo que estuvo representado por una profesional del derecho que particip\u00f3 activamente del tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n insistiendo (i) en que debi\u00f3 hab\u00e9rsele reconocido la indemnizaci\u00f3n como v\u00edctima de reclutamiento forzado por parte de las AUC y (ii) en la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb de la sentencia que puso fin al proceso de justicia y paz. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Circunscrita a los espec\u00edficos t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, la Corte verificar\u00e1 si la autoridad convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por Guzm\u00e1n P\u00e9rez Berm\u00fadez, dentro del proceso de justicia y paz 2015-00072, al no acceder a la pretensi\u00f3n resarcitoria reclamada como v\u00edctima del delito de reclutamiento forzado por parte del frente \u00abH\u00e9ctor Julio Peinado Becerra\u00bb de las AUC. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el actor acude a esta especial herramienta en procura de obtener la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad que considera vulnerados por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el proceso de justicia y paz 2015-00072 en el que fue reconocido como v\u00edctima del delito de reclutamiento forzado, al desestimar la pretensi\u00f3n resarcitoria formulada. <\/p>\n
No obstante, en el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad, pues el promotor, en el asunto objeto del reproche constitucional, tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n brindada por la magistrada ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, que adem\u00e1s puede corroborarse con los medios de convicci\u00f3n allegados a la presente actuaci\u00f3n, Guzm\u00e1n P\u00e9rez Berm\u00fadez fue debidamente notificado, a trav\u00e9s del telegrama 5743 de 24 de junio de 2020, de la sentencia en la que se resolvi\u00f3 desfavorablemente su postulaci\u00f3n indemnizatoria; no obstante, sin justificaci\u00f3n alguna omiti\u00f3 formular por su cuenta, el recurso de apelaci\u00f3n que resultaba procedente, a efecto de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria, con lo que se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido, permitiendo con ello que la decisi\u00f3n, alcanzara firmeza. <\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n de la Colegiatura a quo, de no acceder al amparo reclamado, result\u00f3 acertada pero porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria, como enf\u00e1ticamente lo ha precisado esta Sala: <\/p>\n
\u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
Conforme con lo anterior, la no utilizaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia cuestionada torna inviable la presente acci\u00f3n de tutela, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 habida consideraci\u00f3n que, como jurisprudencialmente se tiene decantado, uno de los presupuestos de procedibilidad del amparo supralegal es el agotamiento de todos los medios de defensa, pues la salvaguarda no es una instancia adicional o paralela y menos un instrumento para rescatar oportunidades desperdiciadas por el descuido de las partes. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar por la incuria revelada pues, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos dejados de utilizar por los interesados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la alzada el pasado 24 de octubre. <\/p>\n
<\/p>\n
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