STC15010-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15010-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda solicitante, a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprincipio de inmediatez de la justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la entidad de control convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 16 de febrero de 2018 la sociedad \u00abRedes y Proyectos de Energ\u00eda S.A. en reorganizaci\u00f3n\u00bb constituy\u00f3 en su favor (G.I.M Ingeniar\u00eda El\u00e9ctrica Ltda.), garant\u00eda mobiliaria con el fin de respaldar la acreencia por valor de \u00ab$2.954\u2019777.000.\u00bb, cediendo las cuentas por cobrar a \u00abComunicaci\u00f3n Celular S.A.\u00bb \u2013 COMCEL S.A. \u2013 y de \u00abConstructora Parque Central S.A.\u00bb <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en el proceso de reorganizaci\u00f3n al que ingres\u00f3 \u00abRedes y Proyectos de Energ\u00eda S.A.\u00bb el promotor del mismo present\u00f3 proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, y determin\u00f3 que la deuda en favor de G.I.M. Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica (que ascend\u00eda a \u00ab$4.579\u2019977.186.\u00bb) deb\u00eda calificarse como de \u00abClase E\u00bb con una participaci\u00f3n de derechos de voto en un 6.830%, todo ello, sin tener en cuenta que \u00abse trataba de un cr\u00e9dito garantizado con garant\u00eda inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
Luego, en audiencia de 26 de septiembre de 2022, la Superintendencia no tuvo en cuenta que la garant\u00eda mobiliaria constituida deb\u00eda ser reconocida como un cr\u00e9dito de segunda clase, m\u00e1s no de quinta. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 dicha determinaci\u00f3n por cuanto, desde octubre de 2020 la accionada le hab\u00eda dado prelaci\u00f3n a la garant\u00eda mobiliaria, para posteriormente desconocer que el cr\u00e9dito pertenece a los de segunda clase, incurriendo de esa manera en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental\u00bb, al no aplicar los derechos de preferencia \u00aba los que se refieren los art\u00edculos 50 y 52 de la ley 1676 de 2013\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se revoque lo decidido por el superintendente delegado \u00ab(\u2026) en cuanto se refiere a la garant\u00eda mobiliaria [\u2026] y que esta sea graduada en segunda clase (\u2026) se ordene a la Superintendencia de Sociedades emitir una nueva graduaci\u00f3n en la que se determine que la garant\u00eda mobiliaria constituida por la sociedad Redes y Proyectos de Energ\u00eda S.A. EMA en reorganizaci\u00f3n a favor de G.I.M. Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica Ltda., es de segunda clase\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, contrario a lo arg\u00fcido por el representante legal de la empresa accionante, en la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones a la graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, tuvo en cuenta todas las manifestaciones formuladas en tiempo, \u00abadvirtiendo que el acreedor GIM Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica Ltda., no despleg\u00f3 en el t\u00e9rmino legal dispuesto la carga procesal que le asiste dentro del tr\u00e1mite concursal, esto es, oponerse dentro del t\u00e9rmino legal [\u2026] que en el presente caso transcurri\u00f3 entre el 13 y 19 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, tras adoptar las determinaciones correspondientes en las audiencias adelantadas el 26 y 28 de septiembre pasado, la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed actora interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto indic\u00e1ndole que, tal como aqu\u00ed lo indica, debi\u00f3 \u00abejercer la oponibilidad a terceros del concurso, lo cual no ocurri\u00f3 pues no se objet\u00f3 como correspond\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. El promotor encargado del proceso de reorganizaci\u00f3n de la empresa \u00abRedes y Proyectos de Energ\u00eda S.A. EMA.\u00bb, explic\u00f3 que elabor\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n, graduaci\u00f3n y determinaci\u00f3n de derechos de voto \u00abtomando como insumos la informaci\u00f3n contable del deudor y los cr\u00e9ditos reclamados por los acreedores mediante escritos acompa\u00f1ados de las pruebas documentales allegados al expediente\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que, present\u00f3 el mismo a la Superintendencia de Sociedades el 12 de abril de 2021, frente al cual surti\u00f3 el t\u00e9rmino legal de objeci\u00f3n entre el 13 y 19 de abril de ese a\u00f1o, sin que se advirtiera objeci\u00f3n alguna por parte de GIM Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica; y acot\u00f3 que, \u00abluego, en la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones celebrada el 26 y 28 de septiembre de 2022 present\u00f3 en forma improcedente un recurso de reposici\u00f3n, que no le era dable al Juez Concursal resolver a su favor, por cuanto no hab\u00eda ejercido sus derechos en las etapas previas mencionadas con el lleno de los requisitos establecidos en la ley\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Santander de Negocios de Colombia S.A., por intermedio de apoderada especial, tras efectuar un recuento de lo acontecido en el juicio concursal, solicit\u00f3 se deniegue el amparo toda vez que, \u00abGIM Ingenier\u00eda El\u00e9ctrica Ltda., no objet\u00f3 los proyectos [de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos] por lo que al parecer se encuentra conforme con su calificaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, dado que, \u00ab(\u2026) la solicitante del amparo no hizo uso de los mecanismos ordinarios para debatir la decisi\u00f3n adoptada por la Superintendencia de Sociedades y pretender valer su acreencia en el segundo nivel, como quiera que, una vez corrido el traslado del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto el d\u00eda 12 de abril de 2021, la accionante no present\u00f3 objeci\u00f3n alguna frente a las determinaciones all\u00ed plasmadas, por lo cual el t\u00e9rmino para ello feneci\u00f3 en silencio el d\u00eda 19 de abril del mentado a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el representante legal de la compa\u00f1\u00eda querellante refutando lo resuelto por el tribunal a quo en el sentido que, no es cierto que la empresa \u00abse mantuviera en una actitud pasiva ante la graduaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se hizo\u00bb, y en sustento aport\u00f3 sendos memoriales, el primero del 15 de enero de 2019, y el segundo, de 24 de mayo de 2021 en los que requiri\u00f3 que su cr\u00e9dito fuera graduado como de segunda clase por tratarse de una garant\u00eda mobiliaria. Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que, la superintendencia no interpret\u00f3 de forma adecuada la ley 1116 de 2006 pues en ninguno de sus art\u00edculos \u00abdetermina la p\u00e9rdida de la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito, as\u00ed como tambi\u00e9n la desnaturalizaci\u00f3n de la garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, que remite a la utilizaci\u00f3n oportuna de todos los mecanismos de impugnaci\u00f3n legalmente previstos y, de superarse lo anterior, constatar si la Superintendencia convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas al interior del juicio de reorganizaci\u00f3n de la sociedad \u00abRedes y Proyectos de Energ\u00eda S.A. EMA\u00bb expediente n\u00ba 58543; al aprobar la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos elaborada por el promotor, en la cual se gradu\u00f3 su deuda como de quinta clase, pese a que se trata de una garant\u00eda mobiliaria, que por su naturaleza correspond\u00eda a un cr\u00e9dito de segunda clase. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Advierte la Corte, prohijando lo resuelto por el tribunal a quo, que la solicitud de amparo no supera el an\u00e1lisis de procedibilidad antedicho, pues la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed actora, en el proceso de reorganizaci\u00f3n objeto de la queja constitucional, tuvo a su alcance la posibilidad oponerse a la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentada por el promotor concursal y plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional en torno a la prelaci\u00f3n de su acreencia, pero la desaprovech\u00f3, conforme pudo constatarse. <\/p>\n
En efecto, como lo puso de presente la entidad accionada, la reclamante durante el traslado que se corri\u00f3 a los interesados de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos el 13 de abril de 2021 contaba con el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para objetar la misma, de conformidad con el art\u00edculo 36 de la ley 1429 de 2010, que modific\u00f3 el canon 29 de la ley 1116 de 2006, plazo que venci\u00f3 el 19 de ese mes sin observaci\u00f3n alguna de la tutelante; instante procesal que resultaba pertinente para exponer los reparos que ante esta sede constitucional aduce. <\/p>\n
De otro lado, aunque el representante de la sociedad aqu\u00ed demandante, aport\u00f3 con el escrito de impugnaci\u00f3n dos memoriales en los que puso de presente a la Supersociedades todo lo relacionado con la prelaci\u00f3n de su cr\u00e9dito, resulta claro que aquellos no fueron allegados en la oportunidad procesal en tanto que, el primero data del 15 de enero de 2019, y el segundo del 25 de mayo de 2021, ambos evidentemente extempor\u00e1neos. <\/p>\n
Entonces, como indudablemente los puntuales reparos formulados por la sociedad accionante mediante esta v\u00eda excepcional, no fueron objeto de tempestiva invocaci\u00f3n, y lo que se observa es que pretende reactivar una discusi\u00f3n que tuvo su escenario ante el juez competente, como se precis\u00f3, la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Lo descrito, analizado a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda, por esta senda, revivir oportunidades que se han desperdiciado por el descuido de los litigantes. Sobre lo indicado, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si la tutelante desaprovech\u00f3 las oportunidades procesales para oponerse y\/u objetar la graduaci\u00f3n de cr\u00e9dito que cuestiona, aspecto que torna inviable la injerencia de esta especial justicia dado su apuntado car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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