STC15023-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15023-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00201-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 28 de septiembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada al interior del proceso ejecutivo de radicado 20170002300. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, Rub\u00e9n Dar\u00edo Giraldo promovi\u00f3 proceso ejecutivo en su contra. Asunto de conocimiento del Juzgado encarado, el cual, en diligencia de remate llevada a cabo el 7 de junio de 2022, advirti\u00f3 al rematante que \u00abdentro de los 5 d\u00edas siguientes a esta diligencia deber\u00e1 consignar la suma de $84.000.000, por concepto del 5% del impuesto de remate que debe pagarse a \u00f3rdenes del Consejo Superior de la Judicatura en el Banco Agrario de Colombia\u00bb1. <\/p>\n
2.1. Enfatiz\u00f3 que, el rematante consign\u00f3 la suma indicada a \u00f3rdenes del Juzgado, constituyendo un t\u00edtulo o dep\u00f3sito judicial. <\/p>\n
2.2. En su sentir, el demandante no cumpli\u00f3 con la carga de consignar el impuesto a \u00f3rdenes del Consejo superior de la Judicatura, pese a ello, la autoridad cuestionada -con prove\u00eddo del 13 de julio de 2022- orden\u00f3 la conversi\u00f3n del t\u00edtulo a favor de la entidad mencionada. <\/p>\n
2.3. Frente a tal determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. El Juzgado cuestionado mantuvo su postura, sin conceder la alzada. Por tanto, impetr\u00f3 recurso de queja. El Tribunal de Manizales -con auto del 8 de septiembre de 2022- declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n planteado. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado encarado \u00abrevocar su auto de fecha 13 de julio de 2022 e impruebe el remate\u00bb- <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDAS. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales2 solicit\u00f3 denegar el amparo por temeridad, toda vez que \u00abel accionante ya present\u00f3 acci\u00f3n similar por los mismos hechos y derechos, am\u00e9n de que se le han respetado los derechos y garant\u00edas procesales al interior del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El tribunal constitucional resolvi\u00f3 no tutelar el amparo invocado. En cuanto a la temeridad alegada, consider\u00f3 que \u00aben aquella oportunidad de manera paralela estaba en tr\u00e1mite un recurso de queja que fue conocido por este Tribunal y que, para el momento del respectivo fallo, a\u00fan no hab\u00eda sido decidido; situaci\u00f3n que de entrada torn\u00f3 improcedente el mecanismo tuitivo. Empero, a la hora de ahora, la situaci\u00f3n vari\u00f3, merced a que, como se desprende del expediente revisado, el recurso citado ya fue resuelto\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los reparos endilgados al Juzgado enjuiciado, constat\u00f3 que \u00abel proceder del Juzgado no ofreci\u00f3 resultados desbordados de la juridicidad y, por ende, no es reprochable su pronunciamiento. La argumentaci\u00f3n de la Juzgadora fue producto de una reflexi\u00f3n admisible, am\u00e9n de que en verdad el procedimiento requerido, en s\u00ed, para el desarrollo del remate, se surti\u00f3 en todas sus etapas, como se advierte de la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite ejecutivo, sin que, por supuesto, generara vulneraci\u00f3n alguna a la garant\u00eda supra legal al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor basado en similares argumentos a los del escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 3 de agosto de 2022, con el cual se confirm\u00f3 el del 13 de julio de 20223, que resolvi\u00f3 \u00abAPROBAR en todas y cada una de sus partes la diligencia de remate realizada el 07 de junio de 2022 dentro del presente proceso ejecutivo mixto\u00bb. Y orden\u00f3 \u00abla conversi\u00f3n del t\u00edtulo judicial del impuesto del remate a \u00f3rdenes del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
2. Para comenzar, se descarta la temeridad alegada por el Juzgado debatido. Ello pues, la primera acci\u00f3n de tutela fue desestimada por estar en curso el recurso de queja propuesto, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior de Manizales con providencia del 8 de septiembre pasado, lo que configura un hecho nuevo que permite abordar el estudio de la presente acci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
3. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales con prove\u00eddo del 3 de agosto de 2022, al resolver el recurso de reposici\u00f3n, expres\u00f3 las razones que lo llevaron confirmar el prove\u00eddo dictado el 13 de julio del mismo a\u00f1o. Para ello, invoc\u00f3 las normas que regulan lo concerniente al impuesto del remate -art\u00edculo 453 del C.G.P. y la ley 1743 de 2014-, que contempla las alternativas de financiamiento de la Rama Judicial. Ciertamente, en su art\u00edculo 12 establece: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 12. Impuesto de remate. En adelante, el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 11 de 1987 quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 7\u00b0. Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y dem\u00e1s entidades de los \u00f3rdenes nacional, departamental y municipal, pagar\u00e1n un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dar\u00e1 aprobaci\u00f3n a la diligencia respectiva. <\/p>\n
\u00abPar\u00e1grafo. El valor del impuesto de que trata el presente art\u00edculo ser\u00e1 captado por la entidad rematadora, y entregado mensualmente al Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. (Destacado del Despacho). <\/p>\n
3.1. En atenci\u00f3n a ello, indic\u00f3 que \u00abdesconoce la parte recurrente lo consagrado en el par\u00e1grafo de esta \u00faltima normativa, en el sentido que el valor del impuesto ser\u00e1 captado por la entidad rematadora, en este caso, lo fue esta dependencia judicial\u00bb. <\/p>\n
3.2. Seguidamente, precis\u00f3 que, si bien en la diligencia de remate dispuso que el impuesto deb\u00eda ser consignado a \u00f3rdenes del Consejo Superior de la Judicatura, el hecho de que hubiese sido consignado a sus \u00f3rdenes \u00aben nada invalida la carga procesal de quien remat\u00f3 el bien, dado que, en primera medida, dio cumplimiento a la norma al consignarlo dentro del t\u00e9rmino de \u201ccinco (5) d\u00edas siguientes a la diligencia a \u00f3rdenes del juzgado de conocimiento\u201d, y, en segundo lugar, dar una lectura contraria, como lo pretende la parte recurrente, ser\u00eda caer en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el cual, de acuerdo con pronunciamientos tanto de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional es constitutivo de v\u00eda de hecho, al no acatarse el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situaci\u00f3n que lleva a denegar justicia o vulnerar el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de la misma, cuando la Rama Judicial, en virtud de lo ordenado por la ley 1743 de 2014, cuenta con las herramientas para proceder con la respectiva conversi\u00f3n del dep\u00f3sito judicial en los t\u00e9rminos all\u00ed indicados y, de esta manera, fue que se dispuso su conversi\u00f3n al referido Fondo en el auto recurrido\u00bb. <\/p>\n
3.3. Finalmente, sostuvo que con su actuaci\u00f3n \u00abse materializa la efectiva administraci\u00f3n de Justicia, al constatarse que por parte del rematante se dio cumplimiento al plazo otorgado en la diligencia llevada a cabo el pasado 7 de junio, para consignar dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la misma, el valor del impuesto al remate\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo 58GrabacionAudiencia.mp4. Minuto 0:18:00. Subcarpeta 01CPrincipal. Carpeta 10ExpedienteEjecutivo <\/p>\n
2\u0002 Folio 1. Anexo 2022-00331 Respuesta Tutela.pdf. Carpeta 07.RespuestaJuzgado02CivilCtoIbagu\u00e9yLinkExpediente <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-5. Anexo 71AutoApruebaRemate.pdf. Subcarpeta 01CPrincipal. Carpeta 10ExpedienteEjecutivo. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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