STC15027-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15027-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03720-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Teodoro Mauricio Fina Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia No. 001-2018-00088-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en el proceso de pertenencia que promovi\u00f3 junto con Ana Rosa Vargas Cifuentes, Karina Verushka, y M\u00f3nica Janette Fina Restrepo, como herederos de Teodoro Fina Quintero contra Mar\u00eda Jacqueline Fina Mazuera, y Arc\u00f3n Ltda en liquidaci\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga en sentencia de 4 de octubre de 2021, neg\u00f3 las pretensiones por falta de identificaci\u00f3n del inmueble, decisi\u00f3n que apelaron. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Tribunal Superior de Buga en el fallo de 25 de abril de 2022, analiz\u00f3 los argumentos de la apelaci\u00f3n, y concluy\u00f3 \u00abque el bien distinguido con la cedula catastral 002-2019-00001 y que corresponde a la matr\u00edcula No. 373-4370, s\u00ed es el mismo que las accionadas dicen poseer y que a la postre aparece inscrito a nombre de los demandados, solo que este predio est\u00e1 comprendido dentro de unas cercas que adem\u00e1s incluyen otras dos propiedades, tambi\u00e9n ocupadas por la misma familia Finas\u00bb, no obstante, centr\u00f3 el an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n en la falta de determinaci\u00f3n del inmueble, y dijo que la pretensi\u00f3n se extend\u00eda a otras propiedades respecto de las que no pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
Indic\u00f3 que contrario a lo afirmando nunca pretendi\u00f3 una propiedad diferente a la reclamada en el pleito, ni sobre un \u00e1rea de menor extensi\u00f3n a la implorada, pues de ser as\u00ed, se permitir\u00eda una decisi\u00f3n parcial infra petita, adem\u00e1s se demostr\u00f3 que la misma siempre ha estado en manos de la familia Fina y abarca todo el bien solicitado, <\/p>\n
Dijo que se profiri\u00f3 pronunciamiento sobre un acto nuevo, no debatido en primera instancia, ni alegado en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, estudio del \u00abfactor temporo espacial exigido por la ley actual de prescripci\u00f3n de dominio\u00bb, y sentenci\u00f3 que no se hab\u00eda cumplido, cuando la pretensi\u00f3n de la demanda fue la pertenencia \u00abextraordinaria de 20 a\u00f1os, t\u00e9rmino que empez\u00f3 a correr desde el a\u00f1o 1976, plazo que estaba m\u00e1s que acreditado, sin contar con la oportunidad de controvertirlo. <\/p>\n
Consider\u00f3 que existe nulidad en la providencia proferida por el Tribunal Superior, porque confirm\u00f3 la sentencia apelada con fundamento en unos argumentos que no fueron alegados y que tampoco analiz\u00f3 el juez a-quo, adem\u00e1s que se equivoc\u00f3 al afirmar que no se hab\u00eda completado el t\u00e9rmino para acceder a la declaraci\u00f3n de pertenencia, cuando en la sentencia de primera instancia nada se dijo al respecto, y el plazo aplicable a la prescripci\u00f3n alegada fue la extraordinaria ocurrida desde el a\u00f1o 1976, es decir, que ese tiempo estaba m\u00e1s que superado. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior de Buga, revocar la providencia de segunda instancia, y en su lugar, proferir una decisi\u00f3n que corresponda a la declaraci\u00f3n del derecho de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la tutela, orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal de Buga, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada no es constitutiva de arbitrariedad o capricho, se enmarca en la discreta y responsable autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como en la aplicaci\u00f3n de las normas correspondientes. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga, se opuso porque consider\u00f3 que lo pretendido es convertir la acci\u00f3n de tutela en un recurso adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el accionante Teodoro Mauricio Fina Restrepo dirige su reclamo constitucional contra la sentencia de 25 de abril de 2022, proferida en segunda instancia por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Buga, mediante la cual confirm\u00f3 la proferida en primera instancia el 21 de octubre de 2021, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demandada, con el argumento que el predio pretendido no estaba plenamente identificado e individualizado. <\/p>\n
En ese sentido, se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente al no cumplirse el requisito de la inmediatez, toda vez que, la acci\u00f3n de tutela fue promovida solo hasta el 26 de octubre de 2022, seg\u00fan acta de reparto (derivado No. 001 del expediente digital), esto es, luego de pasado seis (6) meses de proferida la decisi\u00f3n de segundo grado, t\u00e9rmino que esta Sala ha se\u00f1alado como suficiente para acudir oportunamente a este amparo. (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en CSJ STC703-2020, STC6720-2020 y STC9284-2022, STC11808-2022 entre otras). <\/p>\n
Dicha demora en el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional, descarta la existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales imploradas, evento que seg\u00fan quedo visto, impide al fallador constitucional entrar a analizar el fondo de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s porque la interesada no acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados en la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad, tardanza que descarta la presencia de una conducta irregular atribuible al funcionario convocado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora bien, a\u00fan en el evento de tenerse por superado lo anterior, revisada la sentencia reprochado, observa la Sala que el Tribunal Superior de Buga al desatar la apelaci\u00f3n propuesta en el proceso referido confirm\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, pero por otros motivos, pues seg\u00fan las pretensiones los usucapientes intentaron la declaraci\u00f3n de pertenencia extraordinaria adquisitiva de dominio sobre la totalidad del lote No. 3 con folio de matr\u00edcula No. 373-470, de propiedad los comuneros de Mar\u00eda Jacqueline Fina Mazuera y Arc\u00f3n Ltda, seg\u00fan sentencia proferida en el proceso de divisi\u00f3n material decretada en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga. <\/p>\n
Sin embargo, al analizar los medios de convicci\u00f3n practicados, pudo constatar seg\u00fan la inspecci\u00f3n judicial realizada sobre el inmueble objeto del litigio, as\u00ed como con el dictamen del perito, que <\/p>\n
En este caso ni siquiera se pretende un predio diferente del que est\u00e1 a nombre de los demandados, o que la ocupaci\u00f3n se est\u00e9 ejerciendo sobre un \u00e1rea de menor extensi\u00f3n que permitir\u00eda una decisi\u00f3n parcial infra petita; cuando lo demostrado es que el predio que se mantiene en manos de la familia Fina abarca todo el bien solicitado y se extiende a otras propiedades respecto de las que no se solicit\u00f3 en este caso declaraci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
De lo que concluy\u00f3, \u00abeste tribunal revocar\u00e1 la excepci\u00f3n de falta de identidad que declar\u00f3 probada la juez a quo, por mandato del inc. 3 del art. 282 del C.G.P., corresponde a la sala entrar a estudiar los dem\u00e1s requisitos de la usucapi\u00f3n y el resto de excepciones no estudiadas por la juez de primer grado\u00bb. <\/p>\n
Bajo este prop\u00f3sito, emprendi\u00f3 el estudio de la posesi\u00f3n, \u00abpor ser el requisito esencial que ha sido ampliamente debatido por las partes en litigio\u00bb, y en su an\u00e1lisis destac\u00f3, \u00abno hay ninguna duda acerca de la detentaci\u00f3n -Corpus- que el finado Teodoro Fina Quintero ejerci\u00f3 sobre la heredad (desde 1970 hasta el d\u00eda de su muerte en marzo de 2011) pero lo que s\u00ed se discute es la calidad con la que habitaba el predio\u00bb, y en los testimonios recaudados encontr\u00f3 que, \u00abpasados tres meses de la muerte de Teodoro Fina Quintero en marzo 2011 y hasta el a\u00f1o 2016 el bien qued\u00f3 bajo la administraci\u00f3n de Mar\u00eda Jacqueline. Esto lo aceptaron en sus declaraciones los demandantes Teodoro Mauricio Fina Restrepo, Ana Rosa Vargas Cifuentes, lo que ratifica el dicho de la demandada Mar\u00eda Jacqueline Fina Mazuera\u00bb. <\/p>\n
En seguida agreg\u00f3, <\/p>\n
Desde estos referentes, se impone considerar que la posesi\u00f3n que pudiera haber ejercido Teodoro Fina Quintero y que por ministerio de la ley habr\u00eda pasado a sus herederos, conforme lo determina el art. 757 del C.C., se interrumpi\u00f3 naturalmente en junio de 2011 cuando Mar\u00eda Jacqueline Fina Mazuera tomo la administraci\u00f3n del predio para s\u00ed y para la sociedad Arc\u00f3n Ltda. sobre la cual ejerc\u00eda su representaci\u00f3n legal. De esto dan cuenta los testimonios de Olga Teresa Maldonado y Luz Marina Gallego, quienes testimoniaron que en esa \u00e9poca el predio qued\u00f3 por cuenta de los referidos propietarios inscritos (registro 1 de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento). <\/p>\n
Es decir, aunque hubiera una posesi\u00f3n ejercida por el causante, que luego pas\u00f3 a sus herederos por ministerio de la ley, s\u00ed se interrumpi\u00f3 naturalmente cuando los propietarios inscritos entraron en efectiva posesi\u00f3n a partir junio de 2011, lo que implica, a voces del num. 2 del art. 2523 del C.C., la p\u00e9rdida de todo el tiempo de la posesi\u00f3n anterior. <\/p>\n
Y no se diga que el recobro de la posesi\u00f3n por parte de los propietarios inscritos registra vicio alguno, pues no hay prueba de acto violento, il\u00edcito o clandestino, que a voces del art. 771 del C.C. afecte esta posesi\u00f3n. Es m\u00e1s, fue tan pac\u00edfica la posesi\u00f3n ejercida por Mar\u00eda Jacqueline Fina Mazuera -a nombre propio y de la sociedad Arc\u00f3n Ltda. que representaba- que ella le entreg\u00f3 el predio al liquidador y este lo recibi\u00f3 incluso secuestrado por la Superintendencia de Sociedades, sin que nadie se opusiera a la diligencia (ver declaraci\u00f3n del liquidador en registro 2 de la audiencia inicial). <\/p>\n
De este an\u00e1lisis concluy\u00f3, que los demandantes interrumpieron el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, cuando los propietarios del inmueble tomaron posesi\u00f3n del mismo en el a\u00f1o 2011 hasta 2016, motiv\u00f3 por el cual no pudieron completar el tiempo de 10 a\u00f1os exigido por la norma sustantiva, as\u00ed se afirm\u00f3, <\/p>\n
Lo anterior es determinante, no solo porque -como ya se dijo- dicha interrupci\u00f3n natural implic\u00f3 la perdida de todo el tiempo anterior a voces del num. 2 del art. 2523 del C.C., sino que como los accionantes se acogieron expresamente al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, reducido en el art. 6 de la Ley 791 de 2002, ese plazo decenal de usucapion solo puede computarse a partir de la vigencia de dicha nueva norma, tal y como lo advierte con total claridad el art. 41 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este orden de ideas, como la Ley 791 de 2002 solo rige a partir del 27 de diciembre de 2002 cuando fue promulgada -seg\u00fan dispone su art. 13- el t\u00e9rmino decenal de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio de que trata el correspondiente art. 6 solo puede cumplirse en su vigencia, por lo que resulta imposible que se completara antes del 27 de diciembre de 2012, cuando para mediados de 2011 ya los propietarios inscritos ten\u00edan la posesi\u00f3n, interrumpiendo civilmente la que pudieran haber ejercido Teodoro Fina Quintero y sus herederos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
lo dicho ya es suficiente para negar las pretensiones, pues el t\u00e9rmino legal de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria alegado por los usucapientes no se pudo completar a la fecha en que fue interrumpida naturalmente la invocada posesi\u00f3n del causante -que se dice transmitida legalmente a sus herederos- pues probado qued\u00f3 que para junio de 2011 el predio ya estaba en manos de los demandados propietarios inscritos, destaca la sala que tampoco logr\u00f3 corroborarse que el ocupante del predio tuviera animus como persona natural, excluyendo el reconocimiento de mejor derecho a los dem\u00e1s <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aunque s\u00ed hay identidad del predio, no se pudo completar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria que escogieron invocar los accionantes, pues dicho decenio solo se puede computar a partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002, y probado est\u00e1 que para junio de 2011 ya el bien estaba en posesi\u00f3n de los copropietarios inscritos, lo que significa que la intermitente posesi\u00f3n que pudo haber ejercido Teodoro Fina Quintero -quien por un tiempo desocup\u00f3 el predio para irse a vivir con su \u00faltima c\u00f3nyuge Ana Rosa Vargas Cifuentes, a la espera de que su ex esposa abandonara la finca objeto de pertenencia, la que luego \u00e9l volvi\u00f3 a habitar en su nuevo matrimonio- no alcanz\u00f3 el t\u00e9rmino m\u00ednimo a diciembre 27 de 2012. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se corrobor\u00f3 animus del causante porque este reconoci\u00f3 el dominio ajeno, cuando sirvi\u00f3 como apoderado para transferir los derechos de dominio a terceros y adem\u00e1s \u00e9l fue integrante y fundador de la sociedad familiar adquiriente, de all\u00ed que nunca se probaron actos directamente dirigidos a rebelarse contra el dominio inscrito reconocido por \u00e9l mismo en las transferencias y, se recuerda, no es este el escenario para debatir la simulaci\u00f3n de esos negocios, acciones que -seg\u00fan informaci\u00f3n de las mismas partes- ya fueron intentadas y fracasaron <\/p>\n
Con fundamento en esas razones, resolvi\u00f3 confirmar la sentencia proferida en audiencia de octubre 4 de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que no se evidencia desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Teodoro Mauricio Fina Restrepo y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, en tanto que, el Tribunal Superior de Buga fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales que gobiernan el tr\u00e1mite de la de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria y la jurisprudencia existente para esos casos, encontrando que aun cuando hab\u00eda identidad del predio, no se pudo completar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria que escogieron invocar los accionantes, pues dicho decenio solo se puede computar a partir de la vigencia de la Ley 791 de 2002, y se encontraba probado que para junio de 2011 ya el bien estaba en posesi\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por el accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, se negar\u00e1 el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Teodoro Mauricio Fina Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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