STC15030-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15030-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 28 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmelo Jos\u00e9 Serrano Garc\u00eda contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad y las Inspecciones de Polic\u00eda del Centro Hist\u00f3rico y de la Comuna 1 de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal 2014-15527. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abrecta administraci\u00f3n de justicia\u00bb los cuales considera lesionados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n recaudados se extracta que en el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena curs\u00f3 la causa penal 2014-15527, seguida contra Armando Roa por el delito de invasi\u00f3n de tierras, que culmin\u00f3, en primera instancia, con sentencia absolutoria proferida el 15 de febrero de 2020. <\/p>\n
Producto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la representaci\u00f3n de v\u00edctimas, la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial, con fallo de 29 de septiembre de 2021, revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y, en su lugar, impuso al procesado la pena de 48 meses de prisi\u00f3n, la que fue suspendida por virtud del art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Penal, prove\u00eddo contra el cual se formul\u00f3 impugnaci\u00f3n especial, la cual se encuentra pendiente de ser desatada por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, la colegiatura ad quem dispuso, como medida de restablecimiento del derecho a favor de los perjudicados con la conducta punible, la entrega del bien a Enrique y Yolanda Roa Mart\u00ednez, para lo cual comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Comuna 1, barrio Bocagrande; despacho que realiz\u00f3 la diligencia de restituci\u00f3n el pasado 27 de mayo. <\/p>\n
3. Carmelo Jos\u00e9 Serrano Garc\u00eda acude a esta herramienta aduciendo ser arrendatario del predio desalojado, pues considera que la inspectora que llev\u00f3 a cabo el lanzamiento actu\u00f3 sin tener competencia y se extralimit\u00f3 en sus funciones. <\/p>\n
En efecto, asegura que fue \u00abdespojado\u00bb del inmueble \u00absin que mediara orden judicial legal id\u00f3nea o por lo menos quien practicara la diligencia tuviera facultades de ley\u00bb, adem\u00e1s que \u00aben todo momento la actitud de la [funcionaria] supuestamente comisionada\u2026 era irrespetuosa, ciega, sorda y muda, se limitaba a decir que ven\u00eda comisionada por el tribunal y estaba cumpliendo conforme a la ley dicha orden\u00bb; empero, en momento alguno, exhibi\u00f3 el soporte documental que diera sustento a la comisi\u00f3n para adelantar la vista p\u00fablica. <\/p>\n
Pide, en consecuencia, se deje sin valor ni efecto la diligencia de entrega y se le restituya la tenencia del predio del que fue \u00abilegalmente despojado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena indic\u00f3 que no incurri\u00f3 en ninguna conducta irregular que hubiere lesionado los derechos fundamentales del quejoso, tanto as\u00ed que el reclamo no est\u00e1 dirigido a cuestionar alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n suya, por lo que solicit\u00f3 desestimar el amparo en lo que a esa dependencia concierne. <\/p>\n
En efecto, asegur\u00f3 que \u00abse limit\u00f3 a cumplir la comisi\u00f3n encomendada en la cual no [le] era dable aceptar o resolver alg\u00fan tipo de oposici\u00f3n, primero porque ven\u00eda expresamente declarada en la orden de la comisi\u00f3n\u2026 y segundo porque la misma ley as\u00ed lo ordena que los inspectores no pueden resolver oposiciones\u00bb, al tiempo que \u00aben ning\u00fan momento se atropell\u00f3 o se actu\u00f3 con violencia\u00bb. Pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
3. El jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Personer\u00eda de Cartagena manifest\u00f3 que \u00aba partir de los apartes f\u00e1cticos expresados, resulta imposible colegir conducta alguna, que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n pudiere derivar en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, cuya responsabilidad fuere atribuible\u00bb a esa dependencia del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Al margen de ello \u00abinst\u00f3\u00bb al juez constitucional \u00aba que se realice lo pertinente con el fin de proteger o salvaguardar los derechos fundamentales que presuntamente se han visto amenazados o vulnerados ante la situaci\u00f3n manifestada por el accionante y teniendo como base el material probatorio que hace parte integral de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. Enrique Roa Martinez, por conducto de apoderado, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo aduciendo que la actuaci\u00f3n de la inspectora de Polic\u00eda tuvo como soporte la comisi\u00f3n otorgada por el Tribunal Superior de Cartagena; adem\u00e1s, la diligencia cuestionada se adelant\u00f3 con plena observancia de los derechos y garant\u00edas de quienes ocupaban el inmueble. <\/p>\n
5. Del fallo de tutela de primer grado se extractan los siguientes informes, toda vez que no se encuentran anexos al expediente digital remitido para desatar la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. \u00abEl Juzgado 1\u00ba Penal Municipal de Cartagena con Funci\u00f3n de Conocimiento solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n. Para el efecto, indic\u00f3 que el 15 de febrero de 2021 absolvi\u00f3 a Armando Roa Valiente dentro del proceso\u2026 201415527\u2026 seguido en su contra por el delito de invasi\u00f3n de tierras o edificaciones. Asimismo, indic\u00f3 que el asunto se encuentra a cargo del Tribunal Judicial de ese distrito por virtud del recurso de apelaci\u00f3n promovido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la representaci\u00f3n de v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
5.2. \u00abLa Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena se opuso a la prosperidad de la demanda. Inform\u00f3 que el 29 de septiembre de 2021 emiti\u00f3 sentencia de segunda instancia, a trav\u00e9s del cual revoc\u00f3 la proferida por el Juzgado 1\u00ba Penal Municipal de Cartagena\u2026 y, en su lugar, conden\u00f3 a Armando Roa Valiente por el delito de invasi\u00f3n de tierras o edificaciones. Como consecuencia de ello, dispuso como medida de restablecimiento del derecho la entrega del inmueble referido por el actor, en favor de las v\u00edctimas Enrique y Yolanda Roa Mart\u00ednez. <\/p>\n
Para el acatamiento de tal medida, el 1\u00ba de octubre de 2021 emiti\u00f3 la \u201corden judicial de inmediato cumplimiento\u201d ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Comuna 01, barrio Bocagrande para que materialice el restablecimiento del bien. Aclar\u00f3 que \u201cno se admit\u00edan oposiciones a la diligencia en tanto que, el delito no puede ser fuente de derechos\u2026 y est\u00e1 dirigida a proteger a la v\u00edctima y la propiedad privada\u201d. Dicha orden se materializ\u00f3 el 27 de mayo de 2022. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que su decisi\u00f3n no comporta la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor, pues la entrega del bien inmueble que reclama se dio con ocasi\u00f3n a una medida perentoria de restablecimiento del derecho en favor de las v\u00edctimas, con fines reparativos, producto de hallarse acreditada la materialidad de un delito. Y tampoco acredit\u00f3 el demandante ning\u00fan defecto en el prove\u00eddo. <\/p>\n
Inform\u00f3, por \u00faltimo, que la sentencia de segundo grado fue recurrida en impugnaci\u00f3n especial por la defensa del procesado, encontr\u00e1ndose en la actualidad a instancias de la Corte. Aport\u00f3, entre otros, copia del fallo a su cargo y el oficio comisorio\u00bb. <\/p>\n
5.3. \u00abArmando Roa Valiente -procesado- indic\u00f3 que le arrend\u00f3 el inmueble en cuesti\u00f3n a Carmelo Jos\u00e9 Serrano Garc\u00eda y lo facult\u00f3 para subarrendar. Inform\u00f3 que present\u00f3 impugnaci\u00f3n especial contra la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por el Tribunal del Cartagena, la cual se encuentra en tr\u00e1mite en esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Al igual que el accionante, controvirti\u00f3 la falta de competencia de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda\u2026 para adelantar la diligencia de desalojo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por inexistencia de la lesi\u00f3n atribuida, en la medida que \u00abel desahucio fue ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena en fallo proferido el 29 de septiembre de 2021 dentro del proceso \u2026201415527\u00bb en el cual decreto \u00abcon base en el art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la medida de restablecimiento del derecho en favor de las v\u00edctimas reconocidas\u00bb, para lo cual se expidi\u00f3 el despacho comisorio 8066 de 1\u00ba de octubre de 2021, con fundamento en el art\u00edculo 206-e del C\u00f3digo de Polic\u00eda y Convivencia Ciudadana, de all\u00ed que \u00abel desalojo del bien est\u00e1 debidamente justificado en la orden judicial del Tribunal\u00bb y la funcionaria que realiz\u00f3 la diligencia s\u00ed tuviera competencia para ello. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, resalt\u00f3 que el resguardo tampoco satisface el presupuesto de la subsidiariedad comoquiera que, \u00abpor tratarse de un proceso todav\u00eda en curso\u2026 prevalece el principio de autonom\u00eda judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la proferida por la autoridad accionada, solo porque el accionante pretende desconocerla, no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicha determinaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En el acto de notificaci\u00f3n, el querellante manifest\u00f3 su desacuerdo con la anterior determinaci\u00f3n sin realizar consideraci\u00f3n adicional alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron las prerrogativas invocadas por Carmelo Jos\u00e9 Serrano Garc\u00eda dentro del proceso penal 2014-15527 seguido contra Armando Roa Valiente, al ordenar, en la sentencia de 29 de septiembre de 2021, el desalojo del bien que hab\u00eda tomado en arriendo. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4 Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Sala a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, pues la impugnaci\u00f3n especial formulada frente al fallo condenatorio dictado en sede de segunda instancia no ha sido resuelta, siendo ese el escenario id\u00f3neo para que la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n examine tanto la juridicidad de la sanci\u00f3n penal impuesta a Armando Roa Valiente, como de la orden impartida como medida de restablecimiento del derecho. <\/p>\n
De manera que no es la acci\u00f3n supralegal la v\u00eda id\u00f3nea para debatir el tema propuesto por el impugnante puesto que no puede utilizarse como si fuera una instancia paralela a las consagradas en el ordenamiento procedimental, y mucho menos para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos o desconocer la competencia legalmente atribuida a los jueces ordinarios, en este caso la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe resaltar que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches aqu\u00ed formulados. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, observa la Sala que, contrario a lo aducido por el quejoso, el desalojo y la entrega del inmueble sobre el que reclama la tenencia, estuvo soportado en la comisi\u00f3n conferida por el Tribunal Superior de Cartagena a la inspectora de Polic\u00eda 1B de la Comuna 1 de dicha ciudad, funcionaria a quien le asist\u00eda el deber legal de llevar a cabo la respectiva diligencia, por virtud de lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (adicionado por el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 2030 de 2020) que indica: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ART\u00cdCULO 206. Atribuciones de los Inspectores de Polic\u00eda Rurales, Urbanos y Corregidores. Les corresponde la aplicaci\u00f3n de las siguientes medidas: <\/p>\n
7. Ejecutar las comisiones que trata el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso o subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicci\u00f3n y competencia, quienes ejercer\u00e1n transitoriamente como autoridad administrativa de polic\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pues el amparo resulta improcedente por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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