STC15035-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15035-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03756-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Lucero Quintero Suarez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Treinta Civil Municipal y los Centro de Conciliaci\u00f3n Abraham Lincoln y Convivencia y Paz de Cali y fueron citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional No. 017-2022-00144. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 29 agosto de 2018 inicio ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Abraham Lincoln tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de una deuda, que fue aceptada el 3 de septiembre siguiente, pero como se present\u00f3 controversia sobre su calidad de comerciante, el asunto se remiti\u00f3 al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Buga con el radicado No. 2019-01116, que en providencia de 17 de septiembre de 2020 la rechaz\u00f3 por competencia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 21 de julio de 2021 elev\u00f3 nueva solicitud ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y Paz de Cali, y el acreedor Aprobemos SS que ten\u00eda embargada su casa, objet\u00f3 el acuerdo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la objeci\u00f3n fue conocida por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali con el n\u00famero 2021-00650, y en providencia de 24 de marzo de 2022 \u00abdeclar\u00f3 prescritos los cr\u00e9ditos\u00bb de Mery Dayana Fl\u00f3rez y Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca, quienes promovieron acciones de tutela contra ese despacho judicial, con la intenci\u00f3n que se revocara esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que las acciones constitucionales asignadas por reparto al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, se acumularon en el expediente No. 017-202-00144, y en sentencia de 29 de julio de 2022 neg\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el se\u00f1or Salamanca. <\/p>\n
Sostuvo que al advertir esas irregularidades present\u00f3 incidente de nulidad contra la sentencia, que se rechaz\u00f3 de plano el 15 de septiembre de 2022 con el argumento que no era parte en la acci\u00f3n constitucional, y unos d\u00edas despu\u00e9s el acreedor Aprobemos SAS radic\u00f3 escrito de desacato contra el conciliador por no cumplir la orden de amparo, en el sentido de anular todo lo actuado e inadmitir la insolvencia que promovi\u00f3 en el a\u00f1o 2021. <\/p>\n
Consider\u00f3 que el Tribunal Superior con esa determinaci\u00f3n incurri\u00f3 en \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, porque \u00abla tutela que fallaron no fue la misma que presentaron los accionantes originalmente\u00bb, no existe identidad de partes, los Magistrados se inventaron un veto de cinco a\u00f1os para ella por adelantar una insolvencia con anterioridad, adem\u00e1s citaron de manera incompleta el referido art\u00edculo 574 para cambiar su significado. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 i) \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n contenida en el \u201cfallo de tutela de segunda instancia del 2 de septiembre de 2020, mediante el cual se orden\u00f3 al centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y Paz, \u201cresuelva nuevamente sobre la admisibilidad de la solicitud de conformidad con lo se\u00f1alado en el pronunciamiento\u201d, en raz\u00f3n a que la citada providencia se enmarca en la cosa juzgada fraudulenta, ii) ordenarle que profiera una sentencia en la cual excluya al centro de conciliaci\u00f3n, porque \u00abreform\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca y Mery Dayana Mart\u00ednez Fl\u00f3rez contra el Juzgado 30 Civil Municipal de Cali, y le cambio la parte accionada para vetarme por cinco a\u00f1os de acogerme a la insolvencia\u00bb, y, subsidiariamente reclam\u00f3 que, en caso de no acceder a las anteriores s\u00faplicas, ordenar al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali que \u00abno declare en desacato al Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y paz, y a su conciliador, en caso que dicho centro decida nuevamente admitir mi solicitud de negociaci\u00f3n de la deuda, con fundamento en las pruebas que dicho centro de conciliaci\u00f3n solicit\u00f3 al dar cumplimiento al fallo de tutela e inadmitir nuevamente la solicitud negociaci\u00f3n de deudas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, afirm\u00f3 que no ha tenido incidencia en la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Cali, y se\u00f1al\u00f3 que se encuentra obligado a hacer cumplir la orden de amparo, mediante incidente de desacato. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali, respondi\u00f3 que las pretensiones de la accionante desconocen la naturaleza del amparo, pues al ser un instrumento excepcional, solo se podr\u00e1 dirigir a enfrentar aquellas decisiones en las que el funcionario incurre en graves falencias de connotaci\u00f3n constitucional, abiertamente contrarias a la Carta Pol\u00edtica, las que no fueron acreditadas por la solicitante. <\/p>\n
3. La apoderada judicial de Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca, manifest\u00f3 que present\u00f3 a nombre de su poderdante acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali, puesto que desconoci\u00f3 su acreencia al prescribir el t\u00edtulo valor (pagar\u00e9), en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de insolvencia de persona natural no comerciante de la se\u00f1ora Liliana Lucero Quintero Su\u00e1rez, actuaci\u00f3n que invalid\u00f3 el Tribunal Superior y orden\u00f3 vincular al conciliador. <\/p>\n
4. Juan Carlos Mu\u00f1oz Montoya en calidad de conciliador en el Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y Paz, manifest\u00f3 que los magistrados del Tribunal Superior en una acci\u00f3n de tutela con unas partes procesales bien definidas terminaron fallando un caso totalmente distinto, que no fue puesto en su conocimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante Liliana Lucero Quintero Suarez dirige su reclamo constitucional contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2022, en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, y contra el incidente de desacato adelantado en el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, sin embargo, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de providencia proferida por el juzgador de segundo grado, toda vez que aqu\u00e9lla resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n
3.1 Revisado el enlace del expediente No. 017-2022-00144 que contiene las acciones de tutela promovidas por Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca y Mery Dayana Mart\u00ednez Fl\u00f3rez contra el Juzgado Treinta Civil Municipal de Cali, se observa que solicitaron la revocatoria de los autos de 24 de marzo y 12 de junio de 2022 proferidos en el asunto de insolvencia de persona natural no comerciante No. 030-2021-00650-00 de Liliana Lucero Quintero Suarez. <\/p>\n
Tr\u00e1mite constitucional en el que se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n a todas las personas que intervinieron en el citado asunto, acto procesal que se verific\u00f3 el 29 de julio de 2022 mediante envi\u00f3 del auto admisorio y escrito de tutela a Juan Carlos Mu\u00f1oz Montoya \u2013 Conciliador en Insolvencia de la persona natural no comerciante, al Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y Paz, y a Liliana Lucero Quintero Suarez (derivado No. 013 Soporte notificaci\u00f3n del expediente digital). <\/p>\n
3.2 El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali neg\u00f3 el amparo el 29 de julio de 2022, porque el despacho judicial accionado en la decisi\u00f3n proferida en el tr\u00e1mite de insolvencia de la se\u00f1ora Liliana Lucero Quintero Su\u00e1rez, dio cumplimiento a la Ley que regula la objeci\u00f3n planteada por el Acreedor Aprobamos SAS. <\/p>\n
3.3 El apoderado judicial del se\u00f1or Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca impugn\u00f3 el fallo, al considerar que el Juzgado de conocimiento incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por cuanto no pod\u00eda prescribir los t\u00edtulos valores, y deb\u00eda tener en cuenta la voluntad de la deudora quien reconoci\u00f3 su acreencia con el pago de intereses hasta mayo de 2021. <\/p>\n
3.4 El Tribunal Superior de Cali en sentencia de 2 de septiembre de 2022, revoc\u00f3 la de primera instancia al concluir, luego de examinar los requisitos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, as\u00ed como de la actuaci\u00f3n adelantada en el proceso de insolvencia, que se hab\u00edan vulnerado las garant\u00edas fundamentales del se\u00f1or Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca, porque los accionados no pod\u00edan conocer el 22 de julio de 2021 de una segunda insolvencia de la deudora se\u00f1ora Liliana Lucero Quintero Su\u00e1rez, cuando con anterioridad ante la Fundaci\u00f3n Abraham Lincoln \u2013 Centro de Conciliaci\u00f3n inici\u00f3 un tr\u00e1mite id\u00e9ntico que fue aceptado el 3 de septiembre de 2018, es decir, antes de cumplirse el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os establecido en el numeral 4\u00b0del art\u00edculo 545 en concordancia con el 574 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Motivo por el cual concedi\u00f3 el amparo a la garant\u00eda fundamental el debido proceso, dej\u00f3 sin efecto el auto que admiti\u00f3 el procedimiento de negociaci\u00f3n de deuda proferido por el conciliador del Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y Paz, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en ese tr\u00e1mite y le orden\u00f3 al Juzgado accionado que resolviera nuevamente sobre la admisibilidad de la petici\u00f3n. <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, porque no se acredit\u00f3 ninguno de los presupuestos que la jurisprudencia ha establecido para la procedencia excepcional del amparo constitucional contra los fallos proferidos en sede constitucional, como quiera que, la sentencia de 2 de septiembre de 2022 del Tribunal Superior accionado, obedeci\u00f3 al estudio de los hechos, pruebas y el expediente que origin\u00f3 la queja constitucional en la que evidenci\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del se\u00f1or Ricardo Hip\u00f3lito Salamanca. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al supuesto \u00abfraude\u00bb alegado por la deudora que seg\u00fan la aqu\u00ed accionante ocurri\u00f3 cuando el Tribunal Superior modific\u00f3 las partes en la acci\u00f3n constitucional No. 017-2022-00144, ha de se\u00f1alarse que esa afirmaci\u00f3n es errada y carece de fundamento, pues el examen al expediente, evidencia, que en el curso de la primera instancia se notific\u00f3 tanto al Juzgado accionado, como a los intervinientes en el proceso de insolvencia, siendo estos, el i) Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia y Paz, ii) el Conciliador en Insolvencia Juan Carlos Mu\u00f1oz Montoya y, iii) la se\u00f1ora Liliana Lucero Quintero Suarez aqu\u00ed accionante, quienes en esa actuaci\u00f3n no se pronunciaron. <\/p>\n
De igual manera, se observa que el Tribunal concedi\u00f3 el amparo, al evidenciar la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, para lo cual orden\u00f3 a la persona que transgredi\u00f3 esa garant\u00eda fundamental resolver de nuevo sobre el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de la deuda de persona natural, dej\u00f3 sin efecto la actuaci\u00f3n adelantada tanto en el Juzgado como en el Centro de Conciliaci\u00f3n, y dispuso que se analizara de nuevo la solicitud de la se\u00f1ora Liliana Lucero Quintero Su\u00e1rez de acuerdo con las normas la regulan. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede pretender controvertir la sentencia, con una acci\u00f3n del mismo linaje; m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, esto es, que la sentencia proferida por la Corporaci\u00f3n accionada hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
5. Con todo, se advierte que la demandante tiene a su alcance la revisi\u00f3n del fallo de tutela cuestionado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios eficaces para controvertir los argumentos expuestos por la autoridad accionada en la Corte Constitucional. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Lucero Quintero Suarez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (e) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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