STC15038-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15038-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00295-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el 17 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar D\u00edaz Caldas contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal y Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la insolvencia n\u00b0 2016-00258. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas indic\u00f3, que present\u00f3 solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Paz Pac\u00edfico, con el prop\u00f3sito de llegar a un acuerdo con sus acreedores, dentro de los cuales, Davivienda y el Conjunto Residencial Los Carboneros de la Urbanizaci\u00f3n Paseo de la Flora presentaron objeciones en la audiencia de negociaci\u00f3n de deudas. <\/p>\n
Refiere que aunque el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cali remiti\u00f3 por competencia las diligencias a los Juzgados del Circuito de esa ciudad con el fin de resolver las objeciones formuladas, por auto del 7 de julio de 2016 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del caso al despacho de origen, tras advertir que trat\u00e1ndose de una insolvencia de persona natural no comerciante, le corresponde al juez municipal en \u00fanica instancia resolver las controversias u objeciones tendientes a cuestionar las obligaciones relacionadas por el deudor. <\/p>\n
Sostiene que, ingresado nuevamente el asunto al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal, mediante prove\u00eddo del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o se le inform\u00f3 al conciliador que el solicitante tiene la calidad de comerciante, por lo que no se cumplen los requisitos para que sea aceptada la solicitud de insolvencia tal y como se present\u00f3. <\/p>\n
Inconforme con estas determinaciones, el gestor promueve la presente solicitud de amparo, argumentando, en lo fundamental, que su intenci\u00f3n como deudor es \u00abreorganizar mis acreencias en un acuerdo de pago o posterior liquidaci\u00f3n patrimonial [por lo que] catalog\u00e1ndome como comerciante y dejando mi situaci\u00f3n jur\u00eddica casi que entredicha, contando con la \u00fanica opci\u00f3n a lo fallado de someterme ante la ley 1116 de 2012 [lo cual lo perjudica, pues] no cuento con los requisitos para acceder a esta (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, solicita \u00ab Dejar sin efecto el auto No. 0561 de julio siete (7) de 2016 y el auto No. 1855 de veintisiete (27) de julio de 2016; salvo guardando mis derechos constitucionales y legales\u00bb, y, \u00abOrdenar al centro de conciliaci\u00f3n continuar con el procedimiento conforme a la ley 1564, citando audiencia de negociaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cali, tras relacionar el tr\u00e1mite impartido a las solicitudes de insolvencia de persona natural no comerciante que han sido presentadas sin \u00e9xito por el gestor, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos alegados por el accionante, toda vez que las objeciones y\/o controversias propuestas por los acreedores, han sido estudiadas las tres ocasiones en que han sido remitidas por los diferentes centros de conciliaci\u00f3n y han sido resueltas conforme las normas procesales y dentro del tr\u00e1mite procesal legal\u00bb. <\/p>\n
2. El Centro de Conciliaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Paz Pac\u00edfico, luego de informar las actuaciones adelantadas dentro de la solicitud de negociaci\u00f3n de sus deudas presentada por el gestor, puso de presente que \u00abel operador de insolvencia realiz\u00f3 el control de legalidad exigido por la ley observando el contenido de las providencias judiciales expedidas por el Juzgado Octavo Civil del Circuito y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de oralidad donde se pronuncian acerca de la calidad de comerciante del se\u00f1or JULIO CESAR DIAZ CALDAS [quien] resulta pertinente se\u00f1alar se desempe\u00f1a como arquitecto, profesi\u00f3n que ejerce de forma liberal e independiente\u00bb. <\/p>\n
3. Davivienda SA pidi\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo por improcedente, toda vez que aunque el querellante \u00abingres\u00f3 al tr\u00e1mite de insolvencia de Persona Natural No Comerciante en el centro de conciliaci\u00f3n paz pacifico (sic), participamos del tr\u00e1mite, sin embargo, solicitamos el retiro del banco como acreedor debido a que \u00edbamos a continuar con la restituci\u00f3n del inmueble en virtud a la sentencia proferida en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble que dio por terminado el contrato de leasing, proceso adelantado en el juzgado 6 Civil del Circuito de Cali Rad. 2015-479, el se\u00f1or Caldas observando la posici\u00f3n del banco, realiz\u00f3 una propuesta para pago total, la cual fue aceptada y cumplida por el deudor, actualmente el cr\u00e9dito se encuentra cancelado y el proceso terminado, por lo anterior, el conciliador acept\u00f3 el retiro del banco como acreedor dentro del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
4. El vinculado Marco Fidel D\u00edaz Cifuentes, puso de presente que \u00abadmitir que el deudor inicie a su antojo las veces que considere un tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante determina un claro abuso de sus derechos, debido a que la admisi\u00f3n a este especial procedimiento conlleva efectos importantes que pueden obrar en detrimento de sus acreedores vulnerando principios constitucionales superiores como lo es la igualdad ante la ley, pues el acreedor igualmente tiene derecho a recibir la misma protecci\u00f3n y trato\u00bb. <\/p>\n
5. Emcali Eice ESP solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abpuesto que el asunto constitucional que hoy se discute es si existe una falla judicial en las decisiones adoptadas por los Despachos Judiciales\u00bb convocados. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por desatender el presupuesto de la inmediatez, dado que las decisiones cuestionadas datan del a\u00f1o 2016, mientras que la tutela fue interpuesta el 30 de septiembre de los corrientes, \u00abun lapso de tiempo que supera con creces el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional como razonable y proporcional a efectos de que quien crea conculcadas sus prerrogativas fundamentales ejerza la tutela, sin que en este caso se avizore en el expediente tutelar causal alguna de la que se desprenda justificaci\u00f3n para la tardanza en acudir a la acci\u00f3n constitucional que hoy es materia de estudio\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, se\u00f1alando en torno al requisito de procedibilidad referido precedentemente, que \u00abla ejecuci\u00f3n de cada etapa surtida dentro de los respectivos procedimientos regulados por la ley 1564 del 2012 y la ley 1116 del 2006 a los que me somet\u00ed con la finalidad de que se me garantizar\u00e1 el debido proceso y el acceso a la justicia justifican, a mi parecer, la raz\u00f3n por la cual no interpuse la acci\u00f3n de tutela tiempo atr\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas lesionaron, dentro del tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante solicitado por el actor (n\u00b0 2016-00165), las garant\u00edas fundamentales por \u00e9ste invocadas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC9728-2022, 28 jul 2022, rad. 00021-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos advierte la Corte, que lo concretamente cuestionado a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional por Julio C\u00e9sar D\u00edaz Caldas, son los autos proferidos (i) el 7 de julio de 2016 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, por medio del cual se resolvi\u00f3 \u00abDEVOLVER las presentes diligencias al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cali con el fin de que, por ser de su competencia, se sirva pronunciar sobre las objeciones planteadas [al interior de la solicitud de insolvencia presentada por el actor], o en su defecto, si a bien lo tiene y lo considera efect\u00fae el control de legalidad, con el fin de ponerle de presente al Conciliador que en el presente asunto el deudor se trata de un comerciante y por ende no se re\u00fanen los requisitos de que tratan los art\u00edculos 531 al 533 del CGP\u00bb; y (ii) el 27 de julio de 2016 por el citado Juzgado Municipal, que dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, y en consecuencia, \u00abEjercer control de legalidad tal como lo dispone el art. 132 del CGP en armon\u00eda con el art. 25 de la ley 1285 de 2009, en el sentido de poner de presente al se\u00f1or CONCILIADOR (\u2026) del CENTRO DE CONCILIACION PAZ PACIFICO, que el deudor se trata de un comerciante\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, comoquiera que las citadas providencias datan del a\u00f1o 2016, mientras que el resguardo fue incoado el 30 de septiembre de 2022; es decir, luego de transcurridos m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os, superando con largueza el semestre ya indicado. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.3. De otra parte, aunque el gestor para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo se\u00f1al\u00f3 que ello se debe a \u00abla ejecuci\u00f3n de cada etapa surtida\u00bb dentro de las distintas solicitudes insolvencia como persona no comerciante que ha presentado, lo cierto es que esa sola raz\u00f3n no es suficiente para justificar la inactividad para adelantar el amparo. <\/p>\n
En lo atinente, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como se indic\u00f3, el actor no demostr\u00f3 la concurrencia de alguno de los eximentes se\u00f1alados por la jurisprudencia como exculpantes del presupuesto de inmediatez, por lo que corresponde ratificar la improcedencia del amparo por ese criterio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, sin que se advierta raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza en la interposici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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